Adrian Lopez Solis

Expediente 381/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
381/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Adrian Lopez Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado, toda vez que no se ha recibido a la fecha escrito alguno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, el cual no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de conservación, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, transfiéranse el juicio y el cuaderno único del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 17, 26 y 29 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a las autoridades responsables las documentales que allegaron al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 381/2023; promovido por ******************** por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************en su carácter de******************** por conducto de su apoderado jurídico ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado de Distrito, quien lo registró con el número 381/2023 y en auto de tres de abril de dos mil veintitrés (foja 18), lo admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En proveído de tres de mayo del año en curso (foja 45) se reconoció el carácter de terceras interesadas a ********************y a ********************, en su calidad de actoras dentro del juicio administrativo de origen. Finalmente, el veintisiete de junio del año en curso se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a autoridades jurisdiccionales y administrativas con sede en esta ciudad, en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por el quejoso es: Del Titular de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado: La sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de reconsideración ********************hecho valer contra el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio administrativo ********************, el cual impuso una multa de manera individual a ********************en cuanto Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo, por la cantidad de $28,866.00 (veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), así como el cobro de la citada multa. De la Titular del Juzgado Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; Notificador de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; Administrador de Rentas; y, Notificadores de la Administración de Rentas. La ejecución y cobro de la citada multa. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a los Titulares de la Tercera Sala Ordinaria y del Juzgado Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 38), al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, Notificador de la Dirección de Recaudación de la Secretaria de Finanzas y Administración, Administrador de Rentas de Morelia y notificadores de la Administración de Rentas de Morelia, en su carácter de ejecutoras ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (foja 28). Certeza que se corrobora con las constancias que remitió el Magistrado y Juez responsable, consistentes en copia certificada de los expedientes JA-R-0142/2022-III y ******************** (constante de dos tomos). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a las autoridades responsables, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Así, la Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, consideró que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al estimar que el acto que se le atribuye es inexistente, atendiendo a que la ejecución de la multa se encomienda a la Dirección de Recaudación de la ********************, para que el ámbito de sus facultades la haga efectiva. Causal que se impone desestimar en la medida que el acto que se le atribuye no es el propio a la ejecución material del medio de apremio a través del procedimiento administrativo de ejecución, sino en realidad, en cuanto a la imposición de la multa en el juicio administrativo de origen en el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós y que a la postre, fue ********************do por el magistrado responsable; de ahí que, sea impróspera la causal de improcedencia invocada. En esas condiciones y toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia y este juzgado tampoco advierte de manera oficiosa la existencia de alguna; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Al respecto, el solicitante del amparo aduce que la resolución reclamada de ocho de noviembre de dos mil veintidós, violó en su perjuicio los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no debió ********************r la multa que se establece en el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, al ser una resolución infundada y carente razón legal. Que la multa impuesta no se encuentra motivada ni mucho menos fundada, ya que no se establece la normatividad en la que se basa para pretender obligar a mi representada a pagar un seguro de vida que no está establecido en ninguna ley, reglamento a disposición aplicable a la ********************, si no que le son aplicables al Poder Ejecutivo del Estado. Estima que, el Tercer Transitorio de la Ley Orgánica de la ******************** de Michoacán, establece las funciones, facultades, derechos, obligaciones o referencias normativas correspondientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado o al Procurador General de Justicia del Estado, se entenderán referidas a la ******************** o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales y de esta ley; por lo que los únicos derechos, obligaciones o referencias normativas correspondientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que pasan a la ahora ******************** de Michoacán, son aquellas a que se refiere en términos de sus funciones constitucionales y legales, así como el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público, en los términos de la Constitución Federal, la Constitución del Estado, los tratados e instrumentos internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales y la legislación aplicable, mas no aquellas obligaciones de pago que contrajo la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado, con motivo de la celebración de contratación de pago de seguros como es el caso, pues se insiste que al haber desaparecido la Procuraduría citada, la obligada al pago es la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Por esas razones estima la violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica contemplada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además por considerar la responsable que por ser un organismo autónomo tiene suficiencia presupuestaria para cubrir el seguro de vida, apoyándose en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la ******************** de Michoacán, lo cual considera es incorrecto. Que esa Fiscalía, dio cabal cumplimiento al requerimiento del acuerdo del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se precisó, que no es a través de Documentos de Ejecución Presupuestaria que se le realizan los pagos del seguro de vida requerido, sino que es a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, es por ello que tal como consta si se han realizado las gestiones necesarias para que ésa autoridad dé cumplimiento con la sentencia emitida, mismo que se ingresó mediante escrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán dando cumplimiento el trece de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se señala la imposibilidad jurídica que se tiene para dar cumplimiento al pago de seguro de vida, debido a que el trámite es a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y no de la ******************** de Michoacán. Que el elemento caído en cumplimiento del deber, fue contratado por la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, cuya naturaleza jurídica consistía en ser una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, esto con fundamento en el artículo 17 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que le correspondería a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, haber contratado el Seguro de Vida del elemento caído, esto con fundamento en lo establecido en el Artículo 23 del Reglamento de Remuneraciones y Régimen Complementario de Seguridad Social de los Integrantes de los Cuerpos de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública. Luego entonces, si el seguro que le fue otorgado al elemento antes referido, fue contratado por el Poder Ejecutivo del Estado, en la época en que aún existía la Procuraduría General de Justicia del Estado, es esa dependencia la encargada de efectuar el pago. Lo anterior está apoyado en el transitorio noveno de la Ley Orgánica de la ******************** de Michoacán. Que, si bien es cierto que la ******************** de Michoacán está obligada a contratar el servicio de seguro de vida de sus trabajadores, también es cierto que al momento de fallecimiento del elemento esto es el día cinco de octubre de dos mil dieciocho, no tenía relación laboral con la ******************** de Michoacán, si no por el contrario la relación laboral la tenía con la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, por lo que le corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, asumir la responsabilidad. Conceptos de violación que resultan infundados. De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, el estudio de dichos conceptos de violación se realizara de manera conjunta, lo cual no le causa agravio al quejoso, mientras estos se estudien en su totalidad. Previo a realizar el estudio de fondo del presente juicio Constitucional, por cuestión de técnica, conviene precisar que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que ya les fue otorgado valor probatorio pleno, consistentes en testimonio autorizado de la etapa de ejecución del expediente JA-R-0142/2022-III y ********************, se advierten los antecedentes que para su mejor comprensión se reseñan de la siguiente forma: 1. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, ********************y ********************, por propio derecho, presentaron demanda en contra del******************** respecto del acto: "La resolución de negativa ficta que se configura por el silencio en que incurrió la autoridad municipal, que aquí se señala como demandada, del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán (sic), al no dar respuesta a mi escrito presentado el 21 de mayo de 2019, al C. Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo. (.) 2. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a la Juez Segundo Administrativa de ese Tribunal, la que, mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la admitió a trámite, proveyó lo conducente respecto de los medios de convicción ofrecidos y ordenó emplazar a la autoridad demandada a efecto de que emitiera su contestación en el término de ley, lo que así aconteció. 3. Por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la Juez tuvo al******************** por contestada la demanda del juicio administrativo, y ordenó dar vista a la parte actora para que ampliara la demanda, requiriéndole al propio tiempo para que manifestara si tenía interés en llamar a juicio a la ********************. 4. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por ampliada la demanda y se admitieron las pruebas ofrecidas, ordenándose correr traslado al******************** para que en el término legal ocurriera a contestar la ampliación de la demanda, ordenándose correr traslado a la Secretaría de Finanzas y Administración y al Director General de Administración de la Fiscalía General, ambos del Estado de Michoacán, como nuevas autoridades, para que formularan la contestación a la ampliación de la demanda. 5. En auto de cinco de febrero de dos mil veinte, se tuvo al******************** dando contestación a la ampliación de demanda; asimismo a las diversas autoridades Secretaría de Finanzas y Administración y al Director General de Administración de la Fiscalía General, ambos del Estado de Michoacán, por contestada la demanda y ampliación, admitiéndoseles las pruebas respectivas. 6. Seguido el trámite del juicio por sus cauces legales, una vez celebrada la audiencia de pruebas y alegatos el dos de septiembre de dos mil veinte; se dictó sentencia el siete de diciembre siguiente, la que concluyó con los resolutivos que se insertan: "PRIMERO. Esta autoridad jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio administrativo. SEGUNDO. No se actualizaron causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. TERCERO. Se configuró la negativa ficta respecto del escrito de petición presentado por las accionantes el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dirigido al******************** en términos de lo expuesto en el Considerando Tercero (apartado 3.1.) del presente fallo. CUARTO. Se declara la nulidad parcial de la resolución negativa expresa, emitida por el******************** para los efectos considerados en el último Considerando del presente fallo. QUINTO. Notifíquese personalmente a las accionantes, y por oficio a las autoridades demandadas. CÚMPLASE." 7. Inconforme con la sentencia, la ******************** de Michoacán, promovió recurso de apelación administrativa RAA-0025/2021-I, el que mediante sentencia de siete de septiembre de dos mil veintiuno, determinó ********************r el fallo emitido en el juicio administrativo de origen. 8. Sentencia del recurso de apelación que fue impugnada por la ********************, a través del juicio de amparo A.D.A 463/2021, mismo que fue desechado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito. 9. En ese tenor, por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en el juicio de origen, requiriéndose la autoridad demandada******************** para que dentro del término de quince días hábiles, cumpliera específicamente en lo siguiente: ". A) Dé contestación de manera puntual y completa a las peticiones precisadas en los puntos "1", "3" y "4" del escrito presentado por las accionantes ********************y ********************, ante dicha autoridad el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, proporcione la correspondiente documentación en los términos en que fueron solicitados, o en su caso, de existir algún impedimento legal, emita una resolución debidamente fundada y motivada, exponiendo las razones por las cuales no es posible proporcionar las copias certificadas de todas y cada una de las constancias que se hayan integrado en su favor y/o del finado referente al pago del seguro de vida. B) Efectúe el pago a las accionantes ********************y ********************, de la cantidad $********************, en los porcentajes que corresponda a cada una por concepto de pago de seguro de vida por el fallecimiento de Saúl Betancio Guerrero, integrante caído en el ejercicio de sus funciones. .". Lo anterior, con el apercibimiento que de incurrir en la falta de cumplimiento, que el mismo resulte excesivo o defectuoso, se continuaría con el procedimiento de ejecución en los términos de lo establecido en los artículos 283 y 285 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. 10. En acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, se vinculó al cumplimiento de la sentencia al Titular de la ********************, a fin de que dentro del término de quince días ocurriera a exhibir las constancias con las que acreditara el cabal cumplimiento de la sentencia, en los términos en que fue dictado, esto es que demostrara haber pagado materialmente a la parte actora la cantidad monetaria señalada en la sentencia por el concepto de pago de seguro de vida, o en su caso exhibiera las constancias de las gestiones llevadas a cabo para dar cumplimiento a lo condenado, con el apercibimiento respectivo. 11. En acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la Secretaría de Finanzas y Administración de Estado de Michoacán, informando que se encontraba jurídica y materialmente imposibilitada como autoridad vinculada para cumplir con la sentencia dictada en autos, al referir que le corresponde a la ******************** como órgano constitucionalmente autónomo, que cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaría, técnica y de gestión; respecto de lo cual se ordenó dar vista a la ********************, requiriéndole para que acredité el cabal cumplimiento de la sentencia dictada en autos, bajo nuevo apercibimiento. 12. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, una vez reseñadas las constancias allegadas por la ******************** y lo expuesto por el******************** se determinó que resultaba incongruente que la Fiscalía demandada adujera que, no tenía obligación de pagar el seguro de vida reconocido en sentencia en favor de las beneficiarias actoras, y menos aún argumentara inexistencia de un dispositivo legal que le ordene cumplir con sus obligaciones en cuanto órgano autónomo constitucional. 13. En ese tenor, conforme a lo dispuesto en los artículos 5, 163 fracción VIII, 278 fracción II, 280, 282, 283 y 285 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se requirió de nueva cuenta a la ******************** de Michoacán, para que dentro del término de tres días, acreditara el cabal cumplimiento de la sentencia dictada en autos, esto es, realizara el pago del seguro de vida en favor de las beneficiarias actoras ********************y ********************, por la cantidad de ********************) en los porcentajes que correspondan, con el apercibimiento legal que de no hacerlo, se continuaría con el trámite de ejecución de sentencia y se procedería a imponer una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el numeral 283 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. 14. Seguido el procedimiento de ejecución, a través de proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento realizado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, imponiéndose a ****************************************una multa por la cantidad de ********************, equivalente a cien unidades de medida y actualización a valor diario. 15. Inconforme con el anterior proveído, por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de ese Tribunal Administrativo, ********************en cuanto******************** interpuso recurso de reconsideración. 16. Por razón de turno, correspondió conocer del citado recurso de reconsideración a la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, la que mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y ordenó correr traslado a la parte actora, para que manifestara lo que a su interés conviniere. 17. En sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintidós, la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, emitió sentencia en la que determinó ********************r el ********************: ". . . R E S U E L V E: PRIMERO. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente recurso de reconsideración. SEGUNDO. Resultaron en una parte ********************, los argumentos de agravio, expresados por la autoridad recurrente. TERCERO. En consecuencia, se ******************** el ********************, acorde a lo establecido en el Considerando Sexto de esta resolución. CUARTO. Notifíquese personalmente a la parte actora del juicio de origen y por oficio a la recurrente." 18. Seguido el procedimiento de ejecución por auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento realizado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, imponiéndose a Adrián López Solis,******************** una multa por la cantidad de $28,866.00 (veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a trecientas veces el valor diario de la medida y actualización. 19. Inconforme con lo anterior, por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el apoderado legal del******************** interpuso recurso de reconsideración; mismo que fue del conocimiento de la Tercera Sala Administrativa ordinaria de dicho tribunal y que se resolvió el tres de marzo de dos mil veintitrés, la que culminó con los siguientes puntos resolutivos: ". . . R E S U E L V E: PRIMERO. Esta Tercera Sala Administrativa Ordinaria de este Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Michoacán de Ocampo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de reconsideración. SEGUNDO. Resultaron infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios identificados como "a), b), c), d), e) y f)", expresados por la autoridad recurrente; en consecuencia SE CONFIRMA el proveído recurrido de data ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio administrativo ********************, por la Jueza Administrativa de este órgano jurisdiccional, en el que determinó imponer al******************** una multa por la cantidad de $28,866.00 (veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100), equivalente a multiplicar trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, para los efectos trazados en el último considerando. TERCERO. Remítase copia certificada de la presente determinación al Juzgado Segundo Administrativo de este Tribual de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo para los efectos legales a que haya lugar. CUARTO. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad recurrente; que al efecto se realicen a través del sistema informativo de este Tribunal; mediante lista a la parte actora en el juicio de origen, Cúmplase." Esta última determinación es la que constituye el acto reclamado. En ese orden, como se adelantó, los conceptos de violación sintetizados son infundados, por las razones que a continuación se expondrán. Para explicar por qué son infundados los conceptos de disenso, es conveniente señalar cuáles son las actuaciones del Fiscal en el procedimiento de ejecución: a) Oficio de diez de marzo de dos mil veintidós, presentado en esa fecha, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, mediante el cual, quien se ostentó apoderada jurídica de la ******************** de Michoacán, informó que el ocho de marzo del dos mil veintidós, notificó a las actoras el diverso oficio ********************, con el que refiere se le dio respuesta puntual respecto al escrito que le fue dirigido el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve; documento en el que indica se les informó que a través de diversos oficios ******************** y ********************, de tres de octubre de dos mil diecinueve y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se realizó la gestión necesaria para el pago del seguro de vida condenado en sentencia por la cantidad de ********************). b) Acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, en el que, atendiendo a las manifestaciones vertidas por la parte actora y considerando el contenido del oficio de la ********************, se vinculó a la ********************, para que dentro del término de quince días hábiles ocurriera a exhibir las constancias con las cuáles acredite el cabal cumplimiento de la sentencia, con el apercibimiento respectivo. c) Oficio presentado el siete de junio de dos mil veintidós, por la ********************, por conducto de la Jefa de Departamento de Juicios Fiscales, mediante el cual manifiesta que se encuentra jurídica y materialmente imposibilitada para cumplir con la sentencia dictada en autos del juicio, dado que indica que la ******************** de Michoacán, es un órgano autónomo que cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaría, técnica y de gestión. d) Oficio recibido el trece de septiembre de dos mil veintidós, por el que la ******************** de Michoacán, por conducto del ********************, en cumplimiento a lo requerido en el acuerdo citado en el inciso anterior, informó: "Al respecto me permito informar que esta Fiscalía, ha dado cabal cumplimiento a la sentencia emitida dentro del juicio que nos ocupa, ya que no es a través de Documentos de Ejecución Presupuestaría que se le realizan los pagos del seguro de vida requerido, sino que es a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. Resulta falso que la actora se halla constituido en las oficinas de la demandada a exhibir la documentación solicitada, porque en diversos oficios y tal como consta en autos siempre se les ha informado que se tienen que presentar ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a realizar su trámite de pago, y de su misma afirmación se deduce la falsedad de declaración ante autoridad, constitutiva del delito de FRAUDE PROCEDIMENTAL, de conformidad con el artículo 271 del Código Penal del Estado, por lo que esta autoridad se reserva el derecho de dar vista al Ministerio Público en el momento procesal oportuno, a efecto de la investigación respecto al delito antes señalado. Luego entonces ni la ********************, ni la Secretaría de Finanzas y Administración han sido contumaces en el pago del seguro que se requiere, si no que la parte actora no ha hecho el trámite que le toca, y ese Tribunal con la copia simple de la afirmación de la actor, le cree sin más pruebas respecto que se les ha negado el acceso y la exhibición de la documentación necesaria. Por tanto no resulta procedente requerir o multar a esta Autoridad porque tal como se deduce de la Tesis Jurisprudencial con número de registro 2007911, antes de imponer las sanciones correspondientes ese Tribunal tiene la obligación de determinar con precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatar el fallo los actos que le corresponde realizar a cada una de ellas, criterio citado por ese H. Juzgado y que a rubro dice: (se inserta datos de localización) CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De dicha tesis jurisprudencial, se aprecia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que cuando el juzgador requiera el cumplimiento del fallo, debe contar con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, en virtud de que si el debido acatamiento de la sentencia está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su competencia, regulado en el ordenamiento legal correspondiente, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, es necesario que el requerimiento respectivo vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir que jurídicamente le correspondan. Así respecto a que, esta autoridad tiene la obligación de realizar el pago de seguros de vida, es errado, y conduce a esta autoridad a que realice un desvió de recurso público, sin considerar que esta Fiscalía General, está sujeta al principio de legalidad y en la especie, no existe sustento legal para que se le obligue a que realice un pago indebido del presupuesto autónomo que ejercer, porque el artículo 23 del Reglamento de Remuneraciones y Régimen Complementario de Seguridad de los Integrantes de los Cuerpos de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Social de los Integrantes de los Cuerpos de Seguridad de la Secretara de Seguridad Pública, establece que EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, realizará el pago de un seguro de vida por la cantidad solicitada, y tal como se deduce del análisis realizado por ese Tribunal, esta Fiscalía no es parte del Poder Ejecutivo del Estado, y no resulta lógico y menos constitucional o legal, que bajo criterios errados, se pretenda obligar a este órgano constitucional autónomo que emita Documentos de Ejecución Presupuestaria, para realizar un pago que le toca al Poder Ejecutivo del Estado y que jamás le ha negado el acceso a la actora simplemente que ésta no realiza el trámite conducente. Por lo anteriormente expuesto, es claro que la ******************** tiene total Autonomía y no está subordinada al Poder Ejecutivo del Estado, por lo que la Secretaría de Finanzas y Administración es la autoridad vinculada directamente y competente para realizar el pago del seguro de vida en mención, por lo que mi representada no está obligada al pago pues tiene una imposibilidad jurídica para realizarlo. Lo anterior es así, en virtud de que con fecha 13 de Agosto de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que en su artículo 100, dispone que la ******************** es un órgano autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaría, técnica y de gestión en los términos que determina la ley; por su parte la Ley Orgánica de la ******************** de Michoacán, publicada el día 19 de febrero de 2019, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, establece en su artículo 2 de la Fiscalía General que es un órgano autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaría, técnica y de gestión, a través del cual ejercer sus facultades el Ministerio Público en el Estado de Michoacán de Ocampo. Por su parte la otrora Procuraduría General del Estado, cuya naturaleza jurídica consistía en ser una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, con fundamento en el artículo 17, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, con la reforma constitucional y legal supra señalada se extinguió. Sin embargo, al haber realizado en su momento la tramitación del pago de seguro de vida para las beneficiarias, por parte de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado, le corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la ********************, realizar dicho pago demandado a mi representada, pues es esa dependencia quien asume las obligaciones de pago de la extinta Procuraduría y no la ahora ********************, pues si bien en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la ******************** de Michoacán, señala que: (se inserta) Del anterior transitorio se desprende que los únicos derechos, obligaciones o referencias normativas correspondientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que pasan a la ahora Fiscalía General del Estado de Michoacán, son aquellas a que se refiere en términos de sus funciones constitucionales y legales, así como el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público, en los términos de la Constitución Federal, la Constitución del Estado, los tratados e instrumentos internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales y la legislación aplicable, más no aquellas obligaciones de pago que contrajo la Procuraduría General de Justicia del Estado, con motivo de la celebración de contratación de pago de seguros como es el caso, pues se insiste que al haber desaparecido la Procuraduría citada, la obligada al pago es la Secretaría referida. Por lo expuesto, solicito se tenga a la autoridad demandada que represento por manifestando el impedimento legal que se tiene para el cumplimiento del pago pues se han realizado las gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado, para que ésta realice el pago del seguro de vida solicitado por las actoras.". Sumado a lo anterior, se tiene que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio contencioso de origen, se hizo del conocimiento a la autoridad obligada que el cumplimiento de la sentencia, así como todas las facultades, derechos, obligaciones o referencias normativas correspondientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado o al Procurador General de Justicia del Estado, se entenderían referidas a la ******************** o a su titular, respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales o de esta Ley, dejando de pertenecer así a la esfera del Poder Ejecutivo, conforme al artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la ******************** de Michoacán; y por tanto, a la competencia de la Secretaría. Asimismo, se concluyó que la ******************** al ser un órgano autónomo e independiente no tiene vinculación alguna con el Poder Ejecutivo Estatal, ya que por decreto legislativo número 631 publicado el trece de agosto de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial del Estado, se dotó de independencia financiera y funcional, lo que significa que no se está en presencia que una dependencia de la administración pública estatal, sino de un órgano autónomo de personalidad jurídica y de patrimonio propio; por lo mismo, en dicho auto se desvirtuó el argumento de la autoridad en el sentido que no tiene obligación de pagar el seguro de vida reconocido en sentencia a favor de las actoras beneficiarias, se le impuso multa y se le requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia. Por otra parte, por auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable del procedimiento de origen, se impuso multa al quejoso en cuanto******************** por el incumplimiento de la sentencia dictada y lo requirió para que acreditará el cabal cumplimiento de la misma; esto es, para que realizara el pago del seguro de vida en favor de la beneficiarias actoras del juicio de origen, con el apercibimiento de continuar con el trámite de la ejecución de la sentencia e imponer una multa de cien a cinco mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, conformidad con el numeral 283 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y para el supuesto de que incurriera en el cumplimiento injustificado le será aplicable lo dispuesto en el artículo 285 del citado ordenamiento. e) Por oficio presentado el treinta y uno de octubre del año dos mil veintidós, por parte de la apoderada jurídica de la ******************** de Michoacán, hizo del conocimiento que se encontraba en vías de cumplimiento a la sentencia, refiriendo que no es a través de esa Fiscalía que se realizan los pagos del seguro de vida requeridos, en virtud, de que a quien corresponde es a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, oficina a la que la actora tiene que comparecer para realizar y dar seguimiento a dicho trámite; por ello, dicha autoridad demandada estimó que no era dable que se le impusiera multa porque estaba coadyuvando con el cumplimiento de la sentencia. A lo anterior, en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós emitido en el juicio administrativo ********************, la Juez Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, consideró que la Fiscalía demandada había asumido una postura omisa y renuente a cumplimentar la ejecutoria dictada en autos, pues había comparecido a esa instrucción argumentando la imposibilidad legal para dar cumplimiento a la sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil veinte, limitándose a externar la inexistencia de una norma jurídica que la coaccione a realizar el pago del seguro de vida a favor de las actoras, por la cantidad de ********************), siendo su postura reiterada al afirmar que dicha obligación fue asumida por la extinta Procuraduría General del Estado, por lo que, ahora corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, realizar el pago por la cantidad referida a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. Asimismo, consideró que el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la ******************** de Michoacán, el cual establece que todas las facultades, derechos, obligaciones o referencias normativas correspondientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado o al Procurador General de Justicia del Estado, se entenderán referidas a la ******************** o a su titular, respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales o de esta Ley, dejando de pertenecer así a la esfera del Poder Ejecutivo; y por tanto, a la competencia de la Secretaría. Lo que lo llevó a concluir que la ******************** al ser un órgano constitucional autónomo e independiente, no tiene vinculación alguna con el Poder Ejecutivo Estatal, ello porque el decreto legislativo número 631, publicado el trece de agosto de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Estado, le dotó de independencia financiera y funcional, órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de ahí que estimó no sean aplicables los argumentos vertidos por el apoderado jurídico y ********************. Señaló que el Reglamento de la Ley Orgánica de la ******************** de Michoacán de Ocampo, prevé la obligación de contratar seguros de vida para el personal adscrito a la misma, -entendiéndose como parte de dicho personal, aquellos adscritos a la entonces Procuraduría General del Estado- atribución otorgada a la Dirección General de Administración y de la Diversa de Recursos Humanos. En ese mismo tenor, indicó que el acuerdo 03/2020 que establece la organización funcional de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, -entendiéndose como parte de dicho personal, aquellos adscritos a la entonces Procuraduría General del Estado-, publicado el doce de marzo de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en la Octava Sección, Tomo CLXXIV, número 26, artículo 10, que señala que la Fiscalía otorgará seguro de vida a todas las personas servidoras públicas que la integran. De ahí que, la juez responsable consideró incongruente que la autoridad demandada adujera que no tiene obligación de pagar el seguro de vida reconocido en sentencia a favor de las beneficiarias actoras en el presente controvertido, y más aún que argumentara la inexistencia de un dispositivo legal que le ordenara cumplir con sus obligaciones en cuanto órgano autónomo constitucional. Enfatizó además que conforme al artículo 17 Constitucional el Juzgado administrativo se encuentra obligado a garantizar el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva, que exige el acatamiento de las decisiones judiciales en las que las sentencias emitidas son imperativas y por tanto obligatorias para las partes, al constituir una cuestión de grado preferente y de orden público, en la que el incumplimiento se traduce en un retraso a la impartición de justicia administrativa aunado a que la responsabilidad de las autoridades demandadas de cubrir las obligaciones que deriven de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes; lo que significa que las sentencias deben ejecutarse en la forma y términos que hayan sido establecidos en sus lineamientos, total sin excesos ni defectos, al constituir su ejecución un derecho humano previsto en dicho texto constitucional. Por ello, como la autoridad demandada no acreditó el cabal cumplimiento a la sentencia dictada, al no apreciar que haya realizado las acciones contundentes que conlleven al cumplimiento de la sentencia, porque para ello se requiere de actos efectivos tendientes a realizar y materializar de inmediato el pago de la condena, procedió a la imposición de la multa correspondiente a TRESCIENTAS VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALZIACIÓN, lo que equivale a la suma de $28,866.00 (veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Finalmente, requirió de nueva cuenta a la ******************** de Michoacán, para que dentro del término de tres días hábiles, acreditara el cabal cumplimiento de la sentencia dictada en autos, esto es, realizara el pago del seguro de vida en favor de las beneficiarias actoras, por la cantidad de ********************); lo anterior con apercibimiento que de no hacerlo se continuará con el trámite de ejecución de sentencia, procediéndose a imponer una multa de cien a cinco mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con el numeral 283 del Código de Justicia Adminstrativa del Estado de Michoacán. Y para el supuesto de que incurra en incumplimiento injustificado, les será aplicable lo dispuesto en el numeral 285 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. f) Inconforme con la anterior determinación el apoderado jurídico del Fiscal General del Estado de Michoacán, por escrito presentado el veintidós de noviembre pasado, interpuso recurso de reconsideración, el cual fue admitido el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, seguido su trámite se resolvió el tres de marzo pasado, lo que constituye el acto reclamado. Establecido el anterior panorama, debe precisarse que los artículos 283, 284 y 285, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, disponen: "Artículo 283. Cuando una sentencia ejecutoria sea favorable a un particular, la Sala la notificará dentro de los tres días hábiles siguientes por oficio a las partes para su debido cumplimiento, previniéndolas para que informen dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación sobre el cumplimiento que den a la sentencia respectiva y, en su caso, requerirá a la autoridad para que la cumpla." "Artículo 284. Si dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que haya causado ejecutoria la sentencia, ésta no se cumpliere, el Tribunal de oficio o a petición de parte, hará uso de los medios de apremio previstos por este Código. Si una vez agotados los medios de apremio, persistiere el incumplimiento de la sentencia, el Tribunal podrá decretar la destitución del servidor público que la incumplió. En caso de que el incumplimiento sea realizado por una autoridad que requiera juicio de procedencia para su destitución, se procederá conforme a la ley de la materia. Las sanciones, también serán procedentes cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto impugnado." "Artículo 285. En caso de incumplimiento injustificado de la sentencia, se procederá como sigue: I. Se fijará multa de entre cien y quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días hábiles y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas en los términos de esta fracción, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada; II. Si al concluir el plazo mencionado en la fracción anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días hábiles la obligue a cumplir sin demora; III. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por la fracción I; y, IV. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia." Del análisis de dichos preceptos legales, se desprende el procedimiento a seguir para asegurar el pleno cumplimiento de las sentencias emitidas en el procedimiento administrativo, en el supuesto de que la autoridad demandada omita dar cumplimiento. Asimismo, puede advertirse que en caso de que las autoridades demandadas no cumplan la sentencia, en caso de renuencia, le impondrán nuevas multas en los términos de dicho numeral, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. Bajo ese contexto, y de los antecedentes reseñados, se puede observar que, si bien es cierto existen gestiones tendientes al cumplimiento de la sentencia pues a través del oficio de diez de marzo de dos mil veintidós, la autoridad demandada informó que el ocho de marzo del dos mil veintidós, notificó a las actoras el diverso oficio ********************, con el que refiere se le dio respuesta puntual respecto al escrito que le fue dirigido el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, a través del que está realizando la gestión necesaria para realizar el pago del seguro de vida condenado en sentencia por la cantidad de ********************; dado que se advierte que giro oficio al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, para que realice las acciones conducentes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a efecto de cubro la cantidad citada. También lo es que dichas gestiones fueron consideradas como no suficientes para lograr el cumplimiento efecto de la sentencia, lo cual es correcto, pues ello se dará hasta el momento en que se efectúe el pago a la parte actora de las cantidades a que resultó la autoridad demandada, Por ello, aún y cuando ha realizado gestiones necesarias para el cumplimiento de la sentencia ante diversa autoridad, manifestando que no es a través de Documentos de Ejecución Presupuestaria que se le realizan los pagos del seguro de vida requerido, sino que es a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, ello no significa que se haya cumplido con la sentencia ejecutoriada, pues como se dijo, ello se cumplirá hasta que se efectué el pago correspondiente. Por lo que aún y cuando se diga que dicho trámite es a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y no de la ******************** de Michoacán; ella como autoridad condenada, deberá realizar todo lo que este a su alcance a efecto de que se cumpla en su totalidad con la sentencia. Además, si bien ha realizado gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, dichas gestiones no se consideraron suficientes para acreditar el debido cumplimiento de la sentencia, pues su cumplimiento no podía ser aplazado o condicionado a procedimientos internos realizados por la autoridad administrativa, sino que se requería de actos que tendientes a realizar la materialización del pago. Asimismo, son infundados los conceptos de violación relativos a que el elemento caído en cumplimiento del deber, fue contratado por la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, y que si el seguro que le fue otorgado al elemento, fue contratado por el Poder Ejecutivo del Estado, en la época en que aún existía la Procuraduría General de Justicia del Estado, es esa dependencia la encargada de efectuar el pago. En principio cabe señalar que la Ley Orgánica de la ******************** de Michoacán, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en su artículo transitorio prevé que se sucedió a la ******************** de Michoacán, las obligaciones y derechos sustantivos y procesales de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, y por ello, es procedente afirmar, que el presente asunto, continuaría ante las autoridades y conforme a la normatividad que les fue aplicable en el momento del inicio del procedimiento. Por lo que, aun y cuando en el transitorio noveno se diga que los procedimientos relacionados con la conclusión, remoción, cese o cualquier otra forma de separación de los servidores públicos al servicio de la Procuraduría General de Justicia del Estado que estuviesen en trámite a la entrada en vigor de este Decreto, se concluirán conforme a la normatividad que les era aplicable al inicio del procedimiento de que se trate; pero no desliga a esta autoridad de responder por dichos procedimientos, esto es, únicamente refiere que normatividad será aplicable. Por lo anterior, también resulta infundado lo referente a la falta de fundamentación de la multa para obligar a pagar dicho seguro, pues como se atendió anteriormente, sí existe dicho fundamento y razonamiento, por el que está obligado acatar dicha resolución, que es el pago del seguro de vida. Ahora bien, respecto a la violación que aduce el quejoso a los derechos fundamentales de fundamentación y motivación y seguridad jurídica inmersos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitucionales, los cuales en la parte conducente, refieren: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.] De la interpretación de los artículos transcritos, se advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como requisitos de un acto de privación o de molestia, que sea dictado por autoridad competente, por escrito fundado y motivado. Mientras que el referido artículo 17 párrafo segundo y sexto de la Constitución Federal, albergan diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; y ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento es imperativo para la autoridad responsable, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas bases fundamentales. Así los requisitos mencionados, tratándose de resoluciones jurisdiccionales se cumplen si los razonamientos en ellas expuestos contienen el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, siempre y cuando dentro de dicho análisis se den razonamientos que apoyen el sentido de la resolución que involucren las disposiciones en que se funda, por lo tanto, cumplen con dicha garantía, sin necesidad de invocar expresamente el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad la norma jurídica en que se basa. De lo expuesto se colige que, fundar como motivar una resolución jurisdiccional consiste en la exposición de los argumentos o razonamientos de la autoridad con los cuales se analicen exhaustivamente los puntos que integran la litis, apoyándose en los preceptos legales que permiten su emisión, exponiendo de forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tomaron en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 139/2005, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, Novena Época, de rubro y contenido siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Así como la tesis número CXVI/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 143, Novena Época, rubro y contenido son los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Se impone destacar que la falta de fundamentación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra; la primera consiste en que la autoridad emisora del acto omita expresar el precepto legal aplicable al caso y exponer las razones que se hayan considerado para la emisión de dicho acto; por otro lado, hay una indebida fundamentación y motivación cuando en el acto de autoridad si se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa o las razones están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Al respecto, se tiene presente la jurisprudencia número J/47, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1964, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal, ha establecido lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Ahora bien, el acto reclamado a que se hizo alusión en el presente considerando consistente en la resolución de tres de marzo de dos mil veintitrés, que confirmó el auto que impone una multa al aquí quejoso por parte de la autoridad responsable, se advierte que en sentido contrario a lo argumentado por el solicitante del amparo, la autoridad responsable citó de manera específica las razones particulares y circunstancias especiales que tuvo para la ********************ción del auto que le impuso la multa, pues al efecto precisó los motivos que existen para ello. Aunado a que también atendió lo referente a la imposición de la multa, pues atendió a las constancias que obran en autos, atendió a los motivos por el cual la Jueza Segunda Administrativa, impuso tal medida de apremio, ya que estableció que del estado procesal de los autos advirtió que no existió constancia de que la autoridad demandada Procurador General de Justicia del Estado, hoy Fiscal General del Estado, hubiera dado cumplimiento a la sentencia definitiva, dictada en el procedimiento administrativo ********************. En efecto, tal como se aprecia de la resolución que impuso la multa, en el presente considerando, la autoridad responsable precisó las razones particulares y valoró las constancias existentes en el juicio administrativo de origen pues estableció que no existía constancia que acreditara haber realizado el cumplimiento cabal a la sentencia definitiva; que se precisaron las fechas en las que se impusieron sendos requerimientos previos al proveído impugnado, incluyendo los parámetros que sirvieron de motivación y fundamentación para determinar la gravedad en la que incurrió ante el incumplimiento de la sentencia que dio origen a la imposición del monto de la multa; es decir, fundó y motivó suficientemente su actuar; circunstancias por las que se determina que es infundado el argumento en estudio. Aunado a lo anterior, la Juez Segundo, a fin de decretar la multa en perjuicio del aquí quejoso, tomó en consideración la gravedad de la infracción y las consecuencias que la omisión del cumplimiento de la sentencia le causaron al actor, así como que se tomaba en cuenta que el servidor público al que le es impuesta la multa, es******************** por lo que está obligado a llevar a cabo con esmero el ejercicio de sus funciones y la reincidencia, ya que no obstante de que se llevaron a cabo los requerimientos respectivos de conformidad con el artículo 283 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y el tiempo transcurrido y no se advertía que haya dado cumplimiento a la sentencia definitiva; es decir, el quejoso fue omiso en realizar las acciones necesarias para liberar un recurso que ya se había autorizado, sin que el actor del juicio de nulidad obtenga las cantidades que resultaron a su favor. De lo expuesto, se infiere que la autoridad responsable sí valoró las constancias procesales y documentos que obran en autos; de ahí que resultan infundados los argumentos en estudio. Por ello, no existe la transgresión de derechos fundamentales que aduce la parte quejosa, pues en virtud de no haber dado cumplimiento al requerimiento que se le formuló, ello trajo como consecuencia la aplicación de la sanción pecuniaria, de modo que sí fundó la imposición de la multa y se expusieron los motivos y causas por las cuales se impuso, aunado a que existe adecuación entre el precepto legal aplicable y las causas que originaron la imposición de la multa. Así las cosas, al resultar infundados los conceptos de violación y tomando en consideración que la suplencia de la queja deficiente sobre el tema del acto reclamado no procede, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al no transgredir derechos humanos como lo solicita el quejoso ********************por sí y en cuanto representante de la ********************, por tanto, lo que procede es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal se ha solicitado. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución consistente en el cobro de la multa impuesta al quejoso, atribuido a las autoridades señaladas como ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del acto reclamado, respecto del cual se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a ********************por sí y en cuanto representante de la ********************, contra el acto reclamado a la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, materia de estudio en dicho apartado. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 30 de junio de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 381/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad; asimismo, hace constar que no quedan otros medios de prueba pendientes por admitir o desahogar. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán Maestro en Amparo José Ramón Rocha González.

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