Adrián Martínez Garces
Expediente 859/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/07/2016
Partes del expediente
- Adrián Martínez Garces
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto emitido el veintiuno de junio del año en curso; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que tuvo por no presentada la demanda de garantías que promovió Adrián Martínez Garcés, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respetivas en el libro de gobierno, cuando esté debidamente digitalizado, archívese como asunto concluido. Por tanto, con apoyo en la certificación de cuenta y con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y auto definitivo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y del auto definitivo, las cuales, además deberán ser digitalizadas.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de cinco días que marca la ley de la materia, no desahogó el requerimiento formulado en proveído de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, de conformidad con lo que establece el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente cuaderno de amparo. Las anotaciones correspondientes háganse en el libro de gobierno.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil dieciséis. Radicación. Visto el oficio 9559/2016 por el cual este órgano jurisdiccional remitió la demanda promovida por Adrián Martínez Garcés, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otras autoridades; por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Formación de expediente. En mérito de lo anterior, téngase por recibida la demanda de cuenta, únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de traslado a diverso dormitorio del que se encuentra el quejoso; por tanto, anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese expediente bajo el número que le corresponda. Antecedentes de la tramitación de la demanda. Previo a pronunciarse respecto de la admisión o desechamiento de la presente demanda de garantías, se considera indispensable realizar la siguiente narración de antecedentes de donde derivan los presentes actos reclamados por el aquí quejoso: El siete de junio de dos mil dieciséis, Andrés Martínez Garcíes, promovió demanda de garantías, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otras autoridades, que los hacía consistir en las órdenes de traslado: A diverso centro penitenciario; De dormitorio; y, De celda. Dicha demanda de garantías fue registrada con el número de juicio de amparo indirecto 834/2016, así como su ingreso en el libro de gobierno y Sistema Integral para Seguimiento de Expedientes. Mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciséis, se requirió al quejoso para que desahogara diversas prevenciones, y se concedió la suspensión de plano, únicamente a efecto de que de ejecutarse el traslado no se practicara sobre el quejoso algún acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. En la misma data, este órgano de control constitucional consideró pertinente decretar en el diverso juicio de amparo 834/2016, la separación de autos en virtud de los actos reclamados se encuentran jurídicamente desvinculados, por ello, este juzgado se pronunció en los términos siguientes: SEPARACIÓN DE AUTOS. Ahora, visto el escrito de demanda de amparo que promueve Andrés Martínez Garcés, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otras autoridades, que los hacen consistir en: La orden de traslado: A diverso centro penitenciario; Dormitorio; y, Celda. En atención a tal circunstancia y al hecho de que el presente asunto se rige por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente, ahora, dentro de la jurisprudencia que se integra como en la Ley de Amparo no está prevista la separación de juicios; fue incorporada al juicio de amparo como se advierte a través de los criterios jurisprudenciales con números de registro 2008742 y 2009070, pronunciados por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos rubros son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, DEBE TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO EN UNA MISMA DEMANDA SE RECLAMEN ACTOS VINCULADOS ENTRE SÍ, EN APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)"; y, "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDEN RELACIÓN ENTRE SÍ". Criterios de cuya lectura se colige que dicha figura jurídica tiene por objeto dividir la demanda de amparo, a efecto de analizar, en forma separada y autónoma, los diversos actos que provienen de juicios desvinculados entre sí, reclamados a las autoridades responsables en una sola demanda, y que para determinar la separación de los juicios de amparo, los actos que se reclamen en una misma demanda de garantías deben ser distintos por derivar de diferentes procedimientos, o bien, porque se reclamen a las mismas autoridades responsables, actos derivados del mismo procedimiento pero aduciendo derechos diversos, aunque sean diversos los quejosos. Es importante señalar que el objetivo primordial de las separación de juicios es que se logre una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, para evitar que en lo futuro se dicten fallos complicados y confusos en su comprensión, además de evitar en lo posible las complicaciones en su cumplimiento y facilitar la tramitación de los recursos que llegaren a interponerse. Así pues, en el presente caso, y atento a que la Ley de Amparo vigente no contiene ninguna disposición en la que se prohíba la separación de juicios, este juzgador federal, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 66 de la citada ley, donde se nos da la posibilidad de determinar, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si alguna cuestión incidental como la que aquí se presenta, se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia, considera que procede declarar de plano la separación de la demanda de amparo que originó el presente juicio pues, como se ve, el quejoso Andrés Martínez Garcés, reclama: La orden de traslado: A diverso centro penitenciario; Dormitorio; y, Celda. De modo que se está ante la presencia de derechos reclamados jurídicamente desvinculados, es decir, que aun relacionados con el mismo juicio no guardan conexión alguna, pues se insiste el derecho del que derivan es de diversa índole; por tanto, se considera que lo procedente es dividir los actos reclamados del presente asunto, a efecto de dar mayor celeridad, claridad y autonomía al trámite y resolución de la demanda de amparo. Máxime que la jurisprudencia invocada con antelación, como ya se dijo, resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del referido artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente. En consecuencia, por oficio dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, remítase copia autorizada de la totalidad de las actuaciones que integran el juicio de amparo en que se actúa, con la finalidad de que les asignen los turnos correspondientes y remita a este Juzgado de Distrito, junto con las papeletas de nueva cuenta, en los que se conocerá y resolverá: En un juicio respecto del quejoso Andrés Martínez Garcés, en el que señala como autoridades responsables al Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otras autoridades y como acto reclamado: La orden de traslado: De dormitorio En un juicio respecto del quejoso Andrés Martínez Garcés, en el que señala como autoridades responsables al Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otras autoridades y como acto reclamado: La orden de traslado: De celda Lo anterior, con la finalidad de que en su oportunidad se emita la sentencia que en derecho corresponda, debiendo hacer la compensación correspondiente. Radicación. En esas condiciones, se tiene por recibida la demanda de cuenta promovida por Andrés Martínez Garcés, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otras autoridades, consistentes en: La orden de traslado a diverso dormitorio. Prevención. Ahora, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda, con fundamento en los artículos 108, fracciones V, VI y 114 fracción II, ambos del ordenamiento legal invocado, requiérase al peticionario de garantías para que dentro del plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad, satisfaga los requisitos que establece el numeral 108 de la legislación de la materia; es decir, amplíe y narre de manera sucinta y cronológica los antecedentes del acto que por esta vía impugna y que dieron origen al mismo. De la misma manera, se le requiere para que: Refiera si dentro de una temporalidad reciente ha promovido diverso o diversos juicios de garantías, en contra de los mismos actos, o similares al que impugna a través del presente; y, En su caso, indique el número de juicios con el cual fue registrado y ante qué órgano jurisdiccional se llevó su trámite, así también, cuáles fueron los efectos de la suspensión que, de actualizarse tal supuesto, se hubiere decretado para ello. De igual, forma deberá precisar si es su deseo señalar como autoridad responsable al Secretario de Seguridad Ciudadana, para efectos del sumario constitucional en que se actúa, o bien a todas aquellas que hubieran intervenido, en la inteligencia, de que deberá precisar su denominación, cual acto atribuye a cada una de ellas, y los antecedentes correspondientes. Sustenta lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que señala: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS." (S.J.F., 8ª Época, Tomo XII, Septiembre de 1993, Página 186). Así como: a). Refiera su carácter actual con el que promueve, es decir, sí al día de la fecha tiene carácter de procesado o de sentenciado dentro de la causa penal respectiva de su proceso. b). Si la orden fue emitida por algún Juez o únicamente las autoridades administrativas que señala. c). Deberá indicar las causas o procesos con los cuales está vinculado. d). Los motivos por los cuales señala a todas y cada una de las autoridades responsables, dado que de su apartado de antecedentes no se advierte claramente la vinculación que tengan cada una de las mismas con el acto aquí reclamado, asimismo, deberá señalar el acto reclamado que le atribuye a cada una de las autoridades mencionadas. Lo anterior, dado que en el apartado correspondiente no indica con precisión tales datos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra establece: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. (9 Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Marzo de 1996; Pág. 871) Así como el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto refieren: DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. (10 Época; 2 Sala; Semanario Judicial de la Federación) Lo anterior en razón de que como está planteada la demanda se pueden tener al alcance mayores datos de los que fueron proporcionados por la parte agraviada con el fin de dilucidar el acto que tilda de inconstitucional; además de que con ello se podrá estudiar la legalidad o no del mismo, en los términos en que se haga la petición. Apercibimiento. Se le apercibe que para el caso de no desahogar los requerimientos formulados, dentro del término que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Lo anterior en razón de que como está planteada la demanda pueden tener al alcance mayores datos de los que fueron proporcionados por la parte agraviada, con el fin de conocer provisionalmente los actos que se tildan de inconstitucionales. Así también, hágase del conocimiento de la impetrante de amparo de LAS PENAS A QUE SE HACEN ACREEDORES LOS QUE AFIRMAN HECHOS FALSOS ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, de conformidad con lo que establece el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, se le apercibe que para el caso de DESAHOGAR LOS REQUERIMIENTOS DE MÉRITO O EN SU CASO, DENTRO DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, haya manifestado hechos falsos u omita los que le consten, EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO SE DARÁ VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE ALGÚN DELITO. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. (9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Julio de 2006; Pág. 348) Suspensión de plano. De igual forma, se reitera la suspensión de plano concedida en autos del juicio 834/2016 de que dio origen al presente sumario, a efecto de que, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo "se suspenda de plano todo acto de traslado (incluyendo dormitorio), siempre y cuando el mismo tenga como propósito mantener al quejoso Andrés Martínez Garcés incomunicado, privado de su libertad, golpearlo, torturarlo o a practicar en su persona cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional." Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Requiere informe suspensión de plano. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.] La suspensión aquí otorgada meramente con base en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, podrá ser inobservada por las autoridades penitenciarias, ante el desconocimiento que tiene este órgano de los pormenores de la orden de traslado reclamada; si previo a la presente determinación está acreditado, fundada y motivadamente, que el traslado tiene origen en: Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; Motivos de salud del recluso quejoso; Peligro para los internos; Seguridad del propio quejoso; y, Seguridad del Centro Carcelario. Finalmente, la suspensión concedida no surtirá efectos si la orden es emitida con posterioridad al momento en que se presentó esta demanda. Domicilio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad, por así haberlo solicitado. Se habilitan días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la a reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Sistema Electrónico y Consulta de Expedientes. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Notificación a las autoridades. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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