ADRIAN IVAN MATA AGUILAR y Otros.

Expediente 1326/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1326/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2016

Partes del expediente

  • ADRIAN IVAN MATA AGUILAR y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Adrián Iván Mata Aguilar, con el que señala como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Paulo Rivas Torres, Moisés Humberto Guerrero Calderón y Martha Elvia Hernández Rangel. En ese sentido, dígasele al ocursante que no ha lugar a tener por autorizados en términos amplios a las personas que refiere, en virtud de que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, ni proporcionan los datos correspondientes en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 12 del citado cuerpo normativo (reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis); sin perjuicio de que con posterioridad puedan acreditar contar con tal calidad. En consecuencia, se tienen por autorizados a Juan Paulo Rivas Torres, Moisés Humberto Guerrero Calderón y Martha Elvia Hernández Rangel en términos restringidos del ordinal en cita.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, como lo dispone el artículo 119 del precitado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la documental que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ésta en el momento procesal oportuno. Así mismo, remite copia certificada de la constancia de la que se advierte que Ángel Carrera Juárez efectivamente es defensor particular del aquí quejoso Adrián Iván Mata Aguilar; en consecuencia, téngase por reconocida la personalidad con la que comparece al presente juicio en términos del último párrafo del artículo 11, en relación con el diverso 14, ambos de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del informe de cuenta, esta autoridad federal advierte de oficio que en la especie se actualiza una causa de improcedencia, por lo que se atiende a la misma y se provee lo que enseguida se expone. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que Ángel Carrera Juárez en su carácter de defensor particular del quejoso Adrián Iván Mata Aguilar ocurrió a este juzgado Federal a reclamar de la autoridad responsable la omisión para darle trámite a la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 327/2015 del índice del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla. En ese sentido, al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada del oficio 6518 de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, a través del cual en cumplimiento a la resolución dictada el siete de septiembre del referido año, ordenó remitir a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado el original del proceso 327/2015 instruido en contra de Adrián Iván Mata Aguilar, como probable responsable en la comisión de los delitos de robo agravado en grado de tentativa, para la sustanciación del recurso de apelación promovido por el defensor particular, en contra de la sentencia definitiva de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, documental que en la parte de atrás tiene el sello de recibido de la Oficialía Común de las Salas Penales fechado el veintidós de septiembre actual; misma que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo anterior, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que si la pretensión de la parte quejosa era que la autoridad responsable diera el trámite correspondiente al recurso de apelación interpuesto por la defensa del aquí quejoso, dentro de los autos de la causa penal 327/2015 del índice del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, al haberse remitido los autos originales de dicho proceso penal a la Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado en turno para la sustanciación del medio de impugnación interpuesto (como se advierte de la constancia que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado), resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en la presente instancia, en virtud de que han quedado destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa o, habiéndolo irrumpido, la cesación no hubiera dejado ahí ninguna consecuencia, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no está surtiendo efecto alguno ni lo surtirá en la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este orden de ideas, procede decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo, deben considerarse consumadas irreparablemente, ya que han cesado los efectos del acto reclamado, de ahí la procedencia del sobreseimiento, aunado a que la citada causa de improcedencia de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudiera rendir la parte quejosa y, el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En razón de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por el Director de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte, mediante el cual informa el estado procesal que guarda averiguación previa 770/2015/RVPUE, para los efectos legales a que haya lugar.

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