Adrian Garcia Almaras

Expediente 510/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 4 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
510/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
04/05/2017

Partes del expediente

  • Adrian Garcia Almaras

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 510/2017-A; y, visto su contenido se provee: En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados por el promovente Adrián García Almaras en esta instancia se hacen consistir en: "A) El no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 118/2017/UF/CM2 y su remisión al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla y, B) El acuerdo reparatorio elaborado el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete dentro del expediente de mecanismos alternativos 32/2017/FLAG-118/2017/UF/CM2." Este juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados, ya que el quejoso tiene a su alcance la prerrogativa constitucional y legal, de impugnarlos ante el Juez de Control. Dichos numerales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. El precepto 61 de la ley en cita, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. A lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.-Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Ciertamente, el numeral 20 de la Ley Fundamental, regula constitucionalmente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestro país para dejar a un lado el inquisitorio, derivado de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La envergadura de la reforma constitucional en materia penal representa no sólo un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso. Dicha reforma modifica, entre otros, el actuar de las autoridades que intervienen en el procedimiento jurisdiccional, debiendo contar con un juez para una etapa preliminar (como controlador de la investigación, quien concluirá el procedimiento derivado de convenciones entre las partes); otro, resolverá el asunto (en el juicio oral). Esto asegura el debido proceso legal y evita lo extenso de los procedimientos; al final, un juez vigilará y controlará la ejecución de la pena. Ahora, es pertinente señalar que, la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, de corte acusatorio y oral, tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios constitucionales rectores que rigen a dicho sistema a saber: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Cabe resaltar que dichos principios son la base y unificación que dota de coherencia y funcionalidad al nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro País; de ahí que las actuaciones (obligaciones y facultades) de los Jueces de tal sistema, como operadores de éste, debe ceñirse en todo momento a tales máximas contempladas en la Constitución Federal y a los diversos instituidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 128, 129 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo al sistema acusatorio, destacándose las siguientes etapas: Etapa preliminar o de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con vigilancia judicial garantizada por el Juez de Control; aquí es cuando el Ministerio Público puede optar por la aplicación de un criterio de oportunidad; siempre que no se haya formulado imputación; Etapa intermedia o de preparación de juicio oral, en la que el juez de control resuelve sobre la aplicación de justicia restaurativa, esto es, de las formas alternativas de terminación del proceso, como son la mediación, conciliación, arbitraje, entre otras, las cuales procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura del juicio oral; además, deberá calificar, en su caso, la detención; celebrar si es solicitada la audiencia de formulación de imputación, así como la de vinculación a proceso y de solicitud de medidas cautelares; depurar y admitir pruebas ofrecidas por los intervinientes, resolver sobre excepciones procesales y sobre la apertura del juicio oral; Etapa de juicio, donde se desahogan pruebas, se escuchan alegatos y se dicta sentencia definitiva; Así, en el tema de que se trata conviene precisar que la primera etapa llamada preliminar o de investigación comienza a partir de la noticia criminis y se agota una vez concluido el plazo que conceda el juez de control para su complementación. No obstante, siendo una sola etapa, tiene dos fases o momentos destacados: Antes de que el imputado quede a disposición del juez de control para la formulación de la imputación, a la que el Código Nacional de Procedimientos Penales denomina "investigación inicial"; y, A partir de la formulación de la imputación y hasta que se haya cerrado la investigación, a la que se le llama "investigación complementaria". La investigación inicial tiene el objetivo principal de que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como datos y medios de prueba para sustentar el inicio del ejercicio de la acción penal de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, que establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Ahora, para procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejerza las funciones constitucionales de investigación, tiene las facultades y deberes que se encuentran contenidos en los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que textualmente disponen: "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Artículo 128. Deber de lealtad El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien,en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." Así, de la interpretación de los preceptos transcritos, se colige que el Ministerio Público es quien constitucionalmente tiene la encomienda de la investigación de los ilícitos, y para ello tiene a su alcance no solamente los mecanismos que las leyes secundarias le otorguen, sino aquellos elevados a rango constitucional y los del ámbito internacional. Asimismo, que tan pronto el Ministerio Público, reciba la noticia criminis, deberá dirigir la investigación penal, de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, cuya actuación en todo momento debe ser acorde con los principios de lealtad, objetividad y debida diligencia. Entendiéndose el primero de estos - lealtad- como aquel deber de informar de manera veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. Mientras que la objetividad implica que tal investigación se refiera tanto a los elementos de cargo como de descargo, procurando recoger con urgencia los elementos de convicción y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo, con el fin de determinar, incluso, el no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento y finalmente el de debida diligencia, definido propiamente por el numeral 212 segundo párrafo del código en cita. De ahí que puede colegirse fundadamente que la carpeta de investigación está encaminada a demostrar que los hechos denunciados son o no constitutivos de algún delito y que la conducta está sancionada por la legislación penal, pero para ello, se exigen ciertas obligaciones de actuación de la representación social del conocimiento. Al respecto el artículo 20 Constitucional en su apartado C fracción VII establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido:. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 109, fracción XXI y 258 y la Ley General de Victimas en sus artículos 10, 11, 12 fracciones III, IV, V, VI, XI y XII y 14 disponen: Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por me,dio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.) "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Ley General de Víctimas. Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación. Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales. Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas; XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia. El artículo constitucional y los diversos numerales legales transcritos, revelan que la víctima tiene el derecho de impugnar ante la autoridad judicial los actos del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, lo anterior en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional (Juez de Control) conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad. Por tanto, conforme al nuevo paradigma del orden jurídico nacional, esa garantía o mecanismo, no es otra cosa que el derecho de la víctima a impugnar ante el Juez de Control los actos del Ministerio Público en la investigación de los delitos, esto es, que en la etapa preliminar la víctima acuda ante el órgano jurisdiccional competente ante el desacato de los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte de la representación social del conocimiento y por ende del artículo 17 de la Constitución Federal respecto de una impartición de justicia pronta y expedita. Sobre este aspecto, el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Articulo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. (.)" Por su parte los ordinales 3 fracción VII, 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: (.) VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; (.) Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; (.) Los preceptos transcritos, revelan que el Juez de Control tiene competencia constitucional para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de inicio a juicio en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) Control sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control (artículo 16 Constitucional párrafo décimo cuarto). b) Control posterior sobre detenciones realizadas por el Ministerio Público (artículo 16 constitucional párrafo séptimo). c) Control sobre cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales en la fase de investigación artículo 16 Constitucional párrafo décimo cuarto). Control sobre omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; resoluciones de reserva; no ejercicio de la acción penal; desistimiento de la acción penal; suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, y aplicación del criterio de oportunidad (Artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional). Ahora bien, los referidos artículos constitucionales y los diversos dispositivos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen la competencia de los jueces de control del nuevo sistema de justicia penal, concediéndoles la facultad para subsanar la violación a los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como para revisar las determinaciones del Ministerio Público relativas a la terminación de la investigación, al prever el derecho de las víctimas/ofendidos de acudir ante la autoridad judicial para impugnar en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la resolución de no ejercicio de la acción penal. Así, el Juez de control es el contrapeso natural para el director de la investigación como es el Ministerio Público, sin importar si la autoridad ministerial depende del Ejecutivo, del Judicial o es un órgano autónomo. La dependencia o no a una rama del Estado no impide hablar de principios a ser observados durante el ejercicio de la función del fiscal y el respeto a los derechos constitucionales durante el desarrollo de la investigación penal, o bien, de la necesidad de órganos de control y vigilancia de la actuación investigadora como es el caso de este juez. En esa tónica, analizadas en su conjunto las disposiciones constitucionales y legales, se obtiene que al Juez de Control, corresponde en la etapa de investigación resolver en forma inmediata y por cualquier medio, entre otros, sobre el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las facultades del fiscal investigador; otorgar autorizaciones; exigir el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales; así como resolver la impugnación en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, de acuerdo al principio de igualdad procesal de conformidad con el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido, al igual que el imputado, tiene el derecho de impugnar ante el Juez de Control, las determinaciones del Fiscal investigador en el ejercicio de sus funciones; como son el no ejercicio de la acción penal, así como la celebración de un acuerdo reparatorio, como el que también se reclama en la demanda que se analiza, pues el artículo 190, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando ese tipo de actos hayan sido celebrados ante Ministerio Público (como ocurre en el caso), las partes tendrán derecho a acudir ante el Juez de Control, dentro de los cinco días siguientes a su aprobación, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia; y, en el supuesto de que el Juez determine como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar su modificación. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase al accionante del juicio señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, los estrados de este juzgado, los cuales no constituyen un domicilio para ello; en consecuencia, realícense las notificaciones por lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se tienen como autorizados en términos en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las diversas personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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