Adrian Juarez Allende

Expediente 1677/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1677/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
11/01/2017

Partes del expediente

  • Adrian Juarez Allende

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en los cuadernos incidentales. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Visto; con conocimiento de las partes, agréguese a sus autos el oficio 6966 signado por la autoridad responsable 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual en cumplimiento al auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis, informa el cambio de situación jurídica que ha operado en el presente juicio de amparo, pues al efecto remite copia certificada del auto de formal prisión dictado en el proceso penal 245/2014 de su índice, en contra del aquí quejoso Adrián Juárez Allende, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos y con base en las constancias que obran en este expediente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso Adrián Juárez Allende señaló como actos reclamados la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. La autoridad responsable 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó que el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, dentro de la causa penal 245/2014 de su índice, dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Adrián Juárez Allende, por su probable comisión del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 284 Bis y 284 Quater, segundo párrafo en relación a los diversos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de una menor. Por su parte, las autoridades responsables ejecutoras 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, grupo Huejotzingo aceptaron el acto que se les atribuye, en los términos precisados en el párrafo que antecede. En esas condiciones, con el oficio 6966 de cuenta, el juez responsable remitió copia certificada del auto dictado el quince de diciembre del año en curso dentro del proceso de origen 245/2014, a través del cual resolvió la situación jurídica del inculpado (aquí quejoso) y dictó auto de formal prisión o preventiva en su contra como probable responsable en la comisión del ilícito supra indicado (fojas 29 a 39); documental a la que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga pleno valor probatorio. Atento a lo anterior, resulta inconcuso que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable ordenadora 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla al dictar la orden de aprehensión reclamada, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. Esto es, la orden de captura en cuestión fue sustituida jurídica y procesalmente por el auto de formal prisión, razón por la cual no podría analizarse su constitucionalidad sin afectar el indicado auto de término constitucional, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: "SITUACION JURIDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." Así como la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a las diversas autoridades señaladas como responsables ejecutoras 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, grupo Huejotzingo, ya que el acto que se les imputa no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No se soslaya que la parte agraviada dentro del proceso penal de origen no fue emplazada al presente juicio de derechos fundamentales con el carácter de tercero interesada; sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado del presente acuerdo, pues al haberse sobreseído, es inconcuso que dicha resolución no le causa perjuicio alguno a dicha parte. Cobra aplicación al caso la tesis aislada P. V/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1677/2016-I-A (foja 25 vuelta), el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Paulo César Falcón Gómez, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones concedidas a la titular de este órgano jurisdiccional, informada a través del oficio CCJ/ST/7992/2016 del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Zeus Islas González, secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Adrián Juárez Allende (fojas 1 a 4) y auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 5 a 14). A lo anterior, el secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y el secretario encargado del despacho: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, el secretario encargado del despacho: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1677/2016-I-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Adrián Juárez Allende, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Adrián Juárez Allende, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, los actos reclamados en el presente asunto son: I. La orden de presentación o comparecencia emitida por un juez de lo penal; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión girada en su contra. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe previo Foja 1 Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Acepta 30 2 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Acepta 26 3 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, grupo Huejotzingo. Acepta 27 y 28 CUARTO. Procedencia de la Medida Cautelar. Como se aprecia, las autoridades responsables 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, grupo Huejotzingo, aceptaron la existencia del acto que se les reclama, consistentes en la orden de aprehensión de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, librada en contra del quejoso Adrián Juárez Allende, como probable responsable en la comisión del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 284 bis y 284 quáter, segundo párrafo, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la menor Lizbeth Ojeda García. Así las cosas, ya que el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 284 bis y 284 quáter, segundo párrafo, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, no es considerado como grave por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, quien quedan a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo principal. La suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos si en el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto, el quejoso no exhibe, una garantía por la cantidad de $4,652.00 (cuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos cero centavos moneda nacional), suma que se establece de forma discrecional, tomando en consideración la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa, la posibilidad de que se sustraiga de la acción de justicia, de conformidad por el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada que prevé como requisito de efectividad de la suspensión que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía. Ponderando: Que la naturaleza de los delitos imputados a la parte quejosa es dolosa al tratarse de violencia familiar. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia; se debe considerar que, como ya se dijo, el delito de violencia familiar por el cual se le instruye el proceso penal 245/2014, no es considerado como grave. Que en autos no obra el salario que percibe mensualmente el imputado, por lo que se estima asequible estimar mil pesos por dicho concepto; y, que el delito imputado a la parte quejosa -previsto por el artículo 284 bis del Código Penal para el Estado de Puebla-, se sanciona pecuniariamente con multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario, inclinándose el suscrito a la cantidad mínima (cincuenta días) y multiplicándolos por el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización ( [$73.04] setenta y tres pesos y cuatro centavos moneda nacional) lo que sumado a la anterior cantidad, da como resultado la cifra ya mencionada. Sirve de sustento a lo anterior, la jurispduencia 1a./J.68/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)." En la inteligencia de que la parte quejosa podrá exhibir la garantía solicitada en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) pero de exhibirla en billete de depósito o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: EN CASO DE EXHIBIR BILLETE DE DEPÓSITO: a) En el apartado AUTORIDAD asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado CONCEPTO deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a Adrián Juárez Allende, respectivamente, en el incidente de suspensión 1677/2016-I-A. EN CASO DE EXHIBIR PÓLIZA DE FIANZA: a) Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión definitiva concedida a Adrián Juárez Allende, respectivamente, en el incidente de suspensión 1677/2016-I-A; y, c) Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada. La suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos si en el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto, la parte quejosa no exhibe la garantía antes mencionada. Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 138, párrafo segundo del ordenamiento legal en cita abrogado, comparezca ante el juez de la causa dentro del plazo de tres días, a rendir su declaración preparatoria o para la continuación del proceso, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía otorgada, en favor del erario federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar la orden de captura reclamada e internar a la parte quejosa en el reclusorio correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." (No. Registro: 170,432. Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Enero de 2008. Tesis: 1a./J. 149/2007. Página: 371) Se requiere al Juez de lo Penal responsable para que informe del cumplimiento dado a lo señalado en el inciso anterior. Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 136 del citado cuerpo de leyes abrogado, se dicta como medida de aseguramiento de la parte quejosa a efecto de que pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de no concederse el amparo, que comparezca a firmar en el libro de procesados que gozan del beneficio de la libertad provisional bajo caución en el juzgado de la autoridad responsable, los días viernes de cada semana, desde que se notifique esta resolución y hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal. Signifíquese al juez penal responsable que deberá informar el incumplimiento de la parte quejosa de la medida antes referida. De igual modo, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo establecido anteriormente, la suspensión dejará de surtir efectos dejando a las autoridades en aptitud de cumplir la orden de captura reclamada y se hará efectiva la garantía exhibida. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de captura reclamada es dictada por autoridad federal o por autoridad judicial distinta a la aquí señalada o si se sorprende a la parte quejosa en la comisión flagrante de delito. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Adrián Juárez Allende, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria por las autoridades responsables 1. Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, grupo Huejotzingo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil dieciséis. Visto; agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Penal de Huejotzingo, Puebla, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable las documentales que acompaña a su informe de cuenta, en términos del numeral 119 del ordenamiento legal antes citado, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en la audiencia constitucional. Ahora bien, en razón al cuantioso número de fojas que conforman el duplicado del proceso 245/2014 que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo I, conservando el folio de origen, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. En diverso aspecto, agréguese a sus autos el oficio 6892 del mencionado juez responsable, por medio del cual informa que el nueve de diciembre pasado el aquí quejoso ******************** compareció ante el juzgado a su cargo, bajo los efectos de la suspensión concedida en el incidente de suspensión derivado del presente sumario constitucional, a efecto de rendir su declaración preparatoria dentro de la causa penal 245/2014 de su índice; y, refiere que la duplicidad del término constitucional que le fue concedida, fenecerá a las once horas con treinta minutos del quince de diciembre próximo. Atento a lo anterior, a efecto de acordar lo que conforme a derecho corresponda, requiérase al juez oficiante para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que dicte el auto que resuelva la situación jurídica del impetrante de amparo ********************, remita copia certificada del mismo, o bien, del acuse de recibo del oficio por medio del cual ordenó dejar sin efectos la orden de aprehensión que aquí se combate. Se apercibe a la autoridad requerida que, de no dar cumplimiento a lo ordenado en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 259 de la Ley de Amparo.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano