Adrian Aranda Castillo

Expediente 784/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
784/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
15/08/2017

Partes del expediente

  • Adrian Aranda Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de veintiséis de julio de dos mil diecisiete que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, contra la omisión reclamada al Fiscal General del Estado de Puebla, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Visto; con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Puebla, a través de su representante legal, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, téngase a la citada responsable designando como delegada en el presente juicio de garantías, la indicada en su informe con que se da cuenta, en términos del artículo 9 de la Ley Reglamentaria. Por otra parte, se tienen como pruebas de la citada autoridad responsable las documentales que acompaña a su informe de cuenta, en términos del numeral 119 del ordenamiento legal antes citado, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en la audiencia constitucional.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con quince minutos del once de julio de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental prevista por el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 784/2017-C (foja 4), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistida de Rafael Torres Campos, Secretario con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Adrián Aranda Castillo (fojas 1 y 2) y auto de cuatro de julio de dos mil diecisiete (suspensión provisional, con fojas 3 a 7). A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo vigente, se admite y se tiene por desahogada con base en su naturaleza la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, consistente en la copia certificada del original del acuse de recibo del escrito de quince de junio de dos mil diecisiete, presentado ante la autoridad responsable el día siguiente, por lo que se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público presentó el pedimento 320/2017, donde solicitó: 1. Que se le tuviera formulando alegatos y 2. Se resuelva el presente incidente de conformidad a lo expresado en el pedimento de cuenta respecto a la concesión o no de la medida de suspensión solicitada por el quejoso, y que las demás no formularon alegatos de su parte. A lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 144 de la Ley de Amparo vigente; téngasele por hechas las manifestaciones vertidas en vía de alegatos que realiza el representante social federal adscrito y, perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Por lo que, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 784/2017-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Adrián Aranda Castillo, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Adrián Aranda Castillo, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, el acto reclamado en el presente asunto es: IV. ACTO RECLAMADO, del CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo QUE NO HA RESPETADO MI DERECHO DE PETICIÓN, TODA VEZ QUE MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017, Y PRESENTADO ANTE LA RESPONSABLE CON FECHA 16 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, HE SOLICITADO REQUIERA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y A SUS PERITOS EN VIALIDAD TERRESTRE Y VALUACIÓN DE DAÑOS Y MECÁNICO IDENTIFICADOR DE VEHÍCULOS EMITAN SUS RESPECTIVOS DICTÁMENES DE NUAT 3068782017/UAT-04, Y CON ELLO SE REALICE LA LIBERACIÓN EL VEHÍCULO, MARCA NISSAN, TIPO NP300, MODELO 2012, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN SJ63203 PARTICULARES DEL ESTADO DE PUEBLA." TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede - a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe previo Foja 1 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega 14 a 17 La autoridad responsable señalada, al rendir su informe previo, negó la existencia del acto que se le reclama, sin que al efecto haya aportado prueba alguna para acreditar su dicho; sin embargo, de autos se advierte que obra copia certificada del original del acuse de recibo del escrito de quince de junio de dos mil diecisiete, presentado ante la autoridad responsable el día siguiente (antecedente del acto reclamado), constancia que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En consecuencia, toda vez que la omisión en acordar dicho escrito consiste el acto reclamado, se tiene por cierto dicho acto, proveyéndose sobre la suspensión definitiva en los siguientes términos: Atento a la naturaleza del acto reclamado (omisión), debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera o, como ocurre con el acto reclamado, en el sentido de que se ha abstenido de proveer la petición de la aquí quejosa, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues el acto reclamado por la parte quejosa es un acto negativo, traducido en una omisión, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Adrián Aranda Castillo, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por la autoridad responsable ahí indicada.

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