Adrian Galan Guerrero

Expediente 590/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 43 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
590/2018
Año
2018
Actuaciones
43
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Adrian Galan Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, dado que por resolución de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se sobreseyó y negó el amparo al quejoso; luego, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 78/2019 declaro firme la parte no impugnada, modifico la sentencia recurrida, negó el amparo y lo concedió; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de este asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los mismos se advierte que resulta oportuno hacer la calificativa acerca de si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. En primer lugar debe indicarse que el quejoso *****************, en esta vía constitucional, reclamó: El incumplimiento a la obligación prevista por el artículo 14 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, al omitir cubrir al quejoso los gastos que sufragó por concepto de viaje y menaje de casa, con motivo de habérsele cambiado de adscripción, de Mazatlán a otros lugares del Estado, en su calidad de Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común y los concernientes al daño económico que ello le generó al dejar de percibir el sueldo como catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de tener que erogar gastos relativos a su subsistencia como alimentos, renta de casa y servicio de energía eléctrica. Integrada la Litis, este juzgado de distrito dictó sentencia constitucional en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ************, resolución que fue recurrida por el impetrante y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión administrativo 78/2019, determinó: "PRIMERO. FIRME parte no impugnada. SEGUNDO. En la materia de la revisión MODIFICA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ************** contra los actos consistentes en el impago de los gastos por concepto de renta, pasajes, comida y luz, así como lo concerniente al daño económico generado con motivo de los cambios de adscripción de que fue objeto el quejoso, en su carácter de agente de Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado, reclamados a las autoridades responsables secretario de Administración y Finanzas; Fiscal General y Vice Fiscal Zona Norte, del Estado de Sinaloa. CUARTO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *************** contra el acto consistente en el incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, reclamado a las autoridades responsables secretario de Administración y Finanzas; Fiscal General y Vice Fiscal Zona Norte, todos del Estado de Sinaloa, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.". Por lo que, en atención a la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se requirió a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Sinaloa, Secretario de Administración y Finanzas, Fiscal General de Estado de Sinaloa, todas con residencia en Culiacán, y al Vice Fiscal Zona Norte del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, remitiéndose copia de la misma, a fin de que otorgaran cabal y puntual cumplimiento a la sentencia constitucional. Ello, en el entendido de que, acorde a la ejecutoria, la concesión del amparo fue para el efecto de que, se pagaran al quejoso los gastos de viaje y menaje de casa, en relación al primero y último de los cambios de su adscripción, por ser los que excedieron el plazo de seis meses. Tal es el caso, que después excesivos requerimientos ante el incumplimiento de las mencionadas responsables, al no contar con los elementos necesarios para cuantificar esos conceptos y por haberlo solicitado, se aperturó incidente innominado para determinar, precisar o concretar la forma y términos del cumplimiento de la sentencia de amparo, en cuya resolución, se procedió a la cuantificación, en los términos siguientes: "Tercero. Operaciones aritméticas para determinar la cantidad monetaria que la autoridad responsable debe entregar a la parte quejosa con motivo de los gastos de traslado realizados. En el primer cambio de adscripción, el quejoso se trasladó de Mazatlan a Badiraguato, el nueve de mayo de dos mil quince, por lo que el traslado por la línea de transporte es a través de las rutas Mazatlán-Culiacán (lugar este último donde reside la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa) y Culiacán-Badiraguato, el mismo día. En ese sentido, el costo de pasaje de Mazatlán a Culiacán, en esa época (como se ve a foja 643) era de $120.00; y de Culiacán a Badiraguato de $74.00 (foja 674), cuya suma arroja la cantidad de $294.00 (Doscientos noventa y cuatro 00/100 moneda nacional). Y para su traslado con motivo del tercer cambio de adscripción (último), el quince de noviembre de dos mil dieciséis, a la población de Choix, Sinaloa, el quejoso, tendría que haber tomado las rutas Mazatlán-Culiacán (ciudad ésta última donde reside la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa) Culiacán-Los Mochis y Los Mochis-Choix, cuyos costos en esa época, respectivamente, fueron: de $120.00, $205.00 y $130.00 (fojas 642 y 643). La suma de esas tres cantidades da como resultado un monto de $455,00 (cuatrocientos cincuenta y cinco pesos), que arroja dicho traslado del quejoso a Choix, Sinaloa. Las referidas cantidades de $294.00 y $455.00.00 a que asciende cada uno de los traslados con motivo de los cambios de adscripción a Badiruaguato y a Choix, al sumarse, a su vez arrojan un monto de $749.00 (setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), como total a sufragar al quejoso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán y la Vice Fiscalía Zona Norte, residente en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria que resolvió en definitiva este juicio de amparo, sin que pueda considerarse para el computo lo relativo al concepto de menaje, pues como se estableció, no se aportó elemento alguno del que se advirtiera que el quejoso haya sufragado cantidad alguna por ese concepto. Por tanto, deberá requerirse a dichas autoridades, a fin de que en el término de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación de este proveído, otorguen el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo o, en su caso, manifiesten el impedimento legal o material que para ello tuvieren.". Como resultado de lo anterior, mediante oficio 01187 el Vicefiscal General del Estado de Sinaloa, expreso lo siguiente: " En seguimiento al oficio número 87/2022-3B, de fecha veinte de julio de dos mil veintidós, signado por el Secretario de ese Juzgado de Distrito, recibido en la Dirección General Jurídica de esta institución, el día once de agosto del año en curso, relativo al juicio de amparo indirecto 590/2018-313, promovido por ***************, a través del cual remite resolución del incidente innominado para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos del juicio de amparo señalado, en la cual se requiere a la Fiscal General del Estado, para que en un plazo de tres días hábiles, dé cumplimiento a la ejecutoria que se atiende. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, de la Ley de Amparo vigente, el Vicefiscal Regional de la Zona Norte emitió el oficio 1384/2022, de fecha veintiséis de julio del año en curso, en el cual solicitó al Oficial Mayor de esta institución se realicen las gestiones necesarias para realizar el pago a favor del C. *****************, por la .cantidad de $749.00 (setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de gastos de traslado realizados por el quejoso, con motivo de los cambios de adscripción a las ciudades de Badiraguato y Choix; en respuesta a lo anterior el Oficial Mayor le envío al Vicefiscal Regional Zona Norte, cheque número 1917, expedido a favor de **************, de fecha diez de agosto del año en curso, por la cantidad de $749.00 (setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), de la institución bancaria BANORTE, así como la póliza ED0000052, de la misma fecha, que ampara la expedición del cheque señalado, por concepto de gastos de traslado por cambio de adscripción (sentencia), a fin de dar cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo señalado en el párrafo anterior. Anexo al presente, remito copia fotostática de la documentación que acredita lo señalado en el presente informe.". Así también, se anexó a ese oficio 01187, copia fotostática del cheque número 1917 expedido a favor del quejoso **************, por la cantidad de $749.00 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de gastos de traslado realizados por el quejoso con motivo de cambios de adscripción. Luego, a través de diverso comunicado numero 2016 el Vicefiscal Regional Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, informó que el trece de agosto de dos mil veintidós, recibió por parte del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado un cheque expedido a favor del quejoso ****************, por la cantidad de $749.00 (setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), y que, consecuentemente procedió a comunicarse con el quejoso vía telefónica en reiteradas ocasiones obteniendo la negativa para acudir a esta ciudad de Los Mochis para realizarle la entrega del mismo; por lo que procedió a solicitar el apoyo a la Vicefiscalía Zona Sur, obteniéndose que el peticionario recibió el cheque mencionado el día veintisiete de septiembre de este año, como se desprende de los anexos. Expuesto lo anterior, y tomando en cuenta que en la resolución incidental se determinó que las responsables Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán y la Vice Fiscalía Zona Norte, residente en esta ciudad, debían sufragar al quejoso la cantidad de $749.00 (setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de los cambios de adscripción a Badiruaguato y a Choix, abas poblaciones del Estado de Sinaloa, circunstancia que ya aconteció tal y como queda probado con la expedición del cheque 1917 a favor del quejoso **************, por la referida cantidad, quien ya lo recibió; por lo tanto, se precisa que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 2016 de cuenta, suscrito por el Vicefiscal Regional Zona Norte del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el trece de agosto de dos mil veintidós, recibió por parte del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado un cheque expedido a favor del quejoso ****************, por la cantidad de $749.00 (setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), y que, consecuentemente procedió a comunicarse con el quejoso vía telefónica en reiteradas ocasiones obteniendo la negativa para acudir a esta ciudad de Los Mochis para realizarle la entrega del mismo; por lo que procedió a solicitar el apoyo a la Vicefiscalía Zona Sur, obteniéndose que el peticionario recibió el cheque mencionado el día veintisiete de septiembre de este año, como se desprende de los anexos. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo informado a través del oficio de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los mismos se advierte que no obra constancia que acredite que el Vicefiscal Regional Zona Norte, con sede en esta ciudad, haya recibido el cheque 1917 expedido a favor del quejoso Adrián Galán Guerrero, por la cantidad de $749.00 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de gastos de traslado realizados por el citado quejoso con motivo de cambios de adscripción, y, a su vez lo haya puesto a disposición del mismo, como se determinó en autos En consecuencia, requiérase al Vicefiscal Regional Zona Norte, con sede en esta ciudad, para que informe de inmediato a este órgano de control constitucional si ya recibió el cheque en mención, e igualmente a partir de qué momento lo puso a disposición del peticionario de amparo, con objeto de acordar lo conducente. Con el apercibimiento, que de no otorgar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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