Adrian Armando Pedroza Flores
Expediente 7/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Adrian Armando Pedroza Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha dos de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo, de las constancias remitidas por el Presidente Municipal y Síndica Procuradora ambos del Municipio de Ahome con residencia en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso Adrián Armando Pedroza Flores el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que las autoridades responsables Presidente Municipal y Síndica Procuradora ambos del Municipio de Ahome con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, den respuesta completa a la petición del quejoso Adrián Armando Pedroza Flores contenida en el escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho y que fue recibido en esa misma fecha. En ese contexto, las autoridades responsables Presidente Municipal y Síndica Procuradora ambos del Municipio de Ahome con residencia en esta ciudad, a través de su oficio sin número, recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de marzo del año en curso, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional, y para acreditar lo anterior remitió copia del oficio número DAJ/536/03/2019 de veintiocho de dos mil diecinueve, mediante el cual el Director de Asuntos Jurídicos, dio respuesta a solicitud hecha por el quejoso el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, he hizo entrega de las copias certificadas solicitadas por éste, mismo oficio que le fue notificado al quejoso por conducto de su autorizado legal en el domicilio para ello señalado. Con lo anterior se dio vista al quejoso en auto de uno de abril de dos mil diecinueve, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre el cumplimiento, con base en los elementos que obraran en el presente juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, sin que el quejoso haya hecho manifestación alguna, no obstante haber quedado legalmente notificado el cuatro de abril de este año. En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Municipal y Síndica Procuradora ambos del Municipio de Ahome con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, diera respuesta completa a la petición del quejoso Adrián Armando Pedroza Flores contenida en el escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho y que fue recibido en esa misma fecha; lo que en la especie ya aconteció, toda vez que remitió copia del oficio número DAJ/536/03/2019 de veintiocho de dos mil diecinueve, mediante el cual el Director de Asuntos Jurídicos, dio respuesta a la solicitud hecha por el quejoso el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, he hizo entrega de las copias certificadas solicitadas por éste, mismo oficio que le fue notificado al quejoso por conducto de su autorizado legal en el domicilio para ello señalado; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio sin número suscrito por el licenciado Víctor Inés Báez Gill en su carácter de delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal y Síndica Procuradora, ambos del Municipio de Ahome, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional, y para acreditar lo anterior remite copia del oficio número DAJ/536/03/2019 de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual el Director de Asuntos Jurídicos, da respuesta a solicitud hecha por el quejoso el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, haciendo entrega de las copias certificadas solicitadas por éste, mismo oficio que le fue notificado al quejoso por conducto de su autorizado legal en el domicilio para ello señalado. Con lo anterior dese vista al quejoso, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en la que se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Adrián Armando Pedroza Flores, con fundamento en los numerales 2o., 86 y 192, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la Materia, en términos de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Cabe precisar que por sentencia pronunciada el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Adrián Armando Pedroza Flores, para el efecto de que las autoridades responsables Presidente y Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento del municipio de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, den respuesta completa a la petición del quejoso Adrián Armando Pedroza Flores contenida en el escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho y que fue recibido en esa misma fecha. En la inteligencia de que, las autoridades responsables deberán justificar con las constancias pertinentes, que observando los requisitos del artículo 16 Constitucional, realizaron el análisis de lo peticionado por el quejoso pronunciándose al respecto de manera fundada y motivada. En consecuencia con apoyo en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Presidente y Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento del municipio de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, informen sobre el cumplimiento, o bien, los actos que estén realizando para tal efecto, apercibidos que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
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