Adrian Cesar Vazquez Avila
Expediente 1041/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adrian Cesar Vazquez Avila
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1041/2021-I. Puebla, Puebla, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso, no se inconformó contra el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. La notificación al quejoso del referido auto, se realizó el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por lo cual la notificación surtió efectos al día siguiente, de manera que el plazo para impugnarlo transcurrió del veinticinco al veintinueve del presente mes y año. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. . Ello en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 1041/2021. Puebla, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve , por derecho propio, contra actos del Fiscal General de la República y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Ahora de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que el quejoso, señala como acto reclamado lo siguiente: ". .". De la transcripción anterior se advierten como actos reclamados: el libramiento, mandato o dictado de una orden de presentación, detención, aprehensión o cualquier otra determinación similar. De ellos, respecto del libramiento de mandato u orden de detención o cualquier otra determinación similar reclamadas a las fiscalías señaladas como responsables, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 21 constitucional3. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si el quejoso reclama como actos las órdenes que las fiscalías señaladas como responsables han dado para realizar algún acto de investigación, con independencia de la calidad que tenga en la investigación (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Aunado a ello, es de precisar que en el sistema de justicia penal adversarial, el representante social carece de facultades legales y constitucionales para ordenar aprehensión de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos narrados en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, el quejoso sólo menciona que cerca de las dieciocho horas del once de octubre de dos mil veintiuno, se presentaron en su domicilio dos personas que mencionaron ser Policías Ministeriales Federales y le mencionaron a un familiar del quejoso tener una orden de detención en su contra, por un problema que se ventila ante autoridades federales. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, como lo supone el quejoso, se desarrolla una investigación en su contra, pero no que el representante social ordenara detenerla; ya que una orden de detención o aprehensión sólo puede ser emitida por una autoridad jurisdiccional. Aunado a ello, aun si el representante legal lo llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principio y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción, lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impele al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Incluso, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface las exigencias constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, se encontrará en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra el libramiento, mandato o dictado de una orden de detención, o cualquier otra determinación similar, reclamadas a las autoridades ministeriales..... Por otra parte, respecto de la improcedencia del juicio de amparo contra la orden de presentación emitido por autoridad judicial se tiene que, debe considerarse la regulación de la orden de presentación a la audiencia de formulación de imputación está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales4. Luego, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales5. Audiencia en la cual podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. De ahí que esos actos de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Lo anterior es así, pues una orden de presentación no puede implicar la restricción de la libertad del quejoso cuya comparecencia se dispone, pues dicha situación únicamente se da con la aprehensión, la detención por caso urgente, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentación. Por otra parte, de la transcripción que antecede, se advierte que el quejoso también se duele al parecer, del inicio de una carpeta de investigación en su contra, la cual pudiera ocasionar la privación de su libertad, misma que atribuye únicamente a diversas autoridades administrativas, sin que mencione alguna judicial. Sin embargo, tal acto actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la investigación como tal, consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables, Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado; por ello, el inicio o trámite de una carpeta de investigación en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se pretende reclamar el inicio de una carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta de investigación sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra el quejoso, con la cual se integre una carpeta de investigación, pues por sí misma, no le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. En efecto, la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de ella determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera, en su caso, acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la investigación en su contra, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos omiten ser de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de datos de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que la persona que resulte imputada haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Por ello, debe considerarse a la eventual integración de una carpeta de investigación contra el quejoso, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente, conforme a las razones y fundamentos expuestos con antelación. Anotaciones Internas. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio del quejoso, el indicado en la demanda de amparo. De igual forma, se toma nota del correo electrónico proporcionado, el cual podrá utilizado para establecer contacto cuando así se requiera. Sin embargo, se le hace saber que las notificaciones que legalmente le correspondan, serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese en forma personal al quejoso.
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