Adolfo Tlacuatl Fragoso
Expediente 308/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adolfo Tlacuatl Fragoso
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 308/2022-VIII. Puebla, Puebla, once de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja -ya fuera de manera física o con los requisitos del artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la firma electrónica-, contra el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 308/2022-VIII. Puebla, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1, signada por el quejoso , contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano...., la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende: a) La orden de presentación girada en su contra; b) La abstención de brindarle copias certificadas de la carpeta de investigación para garantizar su defensa; c) La ejecución de la orden de presentación y; d) La abstención de garantizar su derecho a una defensa. Pronunciamiento respecto de los actos marcados con los incisos a y c. La emisión de la orden de captura la atribuye el quejoso únicamente al . En efecto, las facultades legales de la autoridad ministerial señalada como responsable, permiten afirmar que ésta sólo pretende recabar la declaración del quejoso en una carpeta de investigación y al tratarse de una autoridad ministerial, no puede visualizarse una orden de aprehensión, porque ésta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, sin que alguna hubiera sido señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a éste, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,6 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal de los gobernados, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. se invoca en apoyo a lo considerado, : "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis : "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. ". Pronunciamiento respecto de los actos marcados con los incisos b y d. Ahora, en cuanto a la abstención de brindarle copias certificadas de la carpeta de investigación para garantizar su defensa, se actualiza la causal de improcedencia que deviene del contenido interrelacionado de los artículos 107, fracción I9, de la Constitución General de la República, a contrario sensu, en relación con los diversos 5, fracción I10, primer párrafo, y 61, fracción XII11 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de la referida intelección de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés jurídico o legítimo), esto es, no afecta algún derecho humano consagrado en la Norma Fundamental o instrumento internacional en el que el Estado Mexicano sea parte. En relación con este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 151/2007- PS, sustentó que el juicio de amparo es improcedente contra la determinación que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior, pues dicho Alto Tribunal sostiene que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1a./J.87/2008 de la Primera Sala : "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. ". Partiendo que el acto reclamado por el cual el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 4 del Equipo de Investigación y Litigación II de la UIL "A", se ha abstenido de expedir copias de la carpeta de investigación y a partir de lo que refiere el quejoso, se le niega el acceso a esa indagatoria y a su derecho a una adecuada defensa, no afecta el interés jurídico del peticionario del amparo. Para justificar esta afirmación, es oportuno destacar los supuestos constitucionales en los que se autoriza el acceso a los registros de una investigación inicial, pues acorde a lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ;" Como es de observarse, existe una restricción constitucional de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: ? El imputado se encuentre detenido; ? Pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, ? Antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. El precitado dispositivo constitucional tiene correspondencia con las restricciones de acceso a los registros de investigación contemplados en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la parte que interesa, establece: "Reserva de los actos de investigación." "La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código". De lo anterior se obtiene que el acceso a los registros durante la etapa de investigación inicial establece una restricción para la persona investigada y a su defensa, pues tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisan los momentos a partir de los cuales pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Al tratarse de una restricción constitucional, la Jurisprudencia Internacional no otorga una protección más amplia respecto a esa restricción constitucional y aun en caso de existir esta circunstancia, se deberá estar a lo que indica la norma suprema. Sirve de apoyo a lo anterior, : "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. ". Ahora, si el aquí quejoso no se encuentra detenido; no ha sido citado dentro de la carpeta de investigación , ni se ha requerido su comparecencia por primera vez ante el Juez de Control, como se advierte de la demanda; por ende, es evidente que carece de interés jurídico para reclamar en esta instancia extraordinaria de defensa la omisión de acceso a la referida carpeta de investigación y la expedición de copias de la misma. Ello es así, pues es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado, esto es, al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva de los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. Es de aplicación obligatoria : "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." ." Asimismo, tiene aplicación, en lo conducente la tesis "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ". De igual forma es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA. ". Consecuentemente, aun cuando de la demanda se advierte que existe una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no pueden tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, en sí misma no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Ello es así, en virtud de que, el hecho de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputado. La anterior afirmación se hace, en atención a que, la denuncia o querella con la que da inicio la fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan su apertura; ello, debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el Agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, la representación social sólo puede recabar en esa fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de Control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que, el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Consecuentemente, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos estos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 5 fracción I, 61, fracciones XII y XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por , porque los actos que reclamó en la demanda, encontraron las causales de improcedencia manifiestas e indudables, que han quedado precisadas con antelación. Domicilio procesal y autorizado del quejoso. De la demanda se advierte que el quejoso hace el señalamiento siguiente: "AUTORIZANDO.- Desde este momento al Lic. Víctor Hugo Zaca Téllez, . NOTIFICACIONES.- Señalo el domicilio del profesionista en mención para su recepción, el cual se encuentra ubicado en calle San Pedro Cholula, Pue. JUICIO EN LINEA.- Deseo continuar con la tramitación del presente mediante dicho esquema, para que las notificaciones de carácter no personal sean electrónicas y pueda consultar el expediente a través del portal de servicios en línea del PJF, autorizando al usuario ." Cabe precisar que si bien el quejoso señala dos domicilios, uno "para recepción" ubicado en San Pedro Cholula y otro "para notificaciones no personales" a través de la vía electrónica, lo cierto es que resulta confuso el señalamiento del domicilio del quejoso para para oír y recibir notificaciones. Lo anterior es así pues el artículo 2612 de la Ley de Amparo, establece como deberán realizarse las notificaciones dentro de los juicios de amparo; entonces el señalamiento de un domicilio para notificaciones no personales, resulta improcedente pues la ley de la materia no establece que puedan señalarse dos domicilios diversos para recibir notificaciones personales y no personales. Ello, pues de conformidad con la fracción III de dicho numeral las notificaciones diversas a las personales se harán por lista y las que deban de practicarse de manera personal, puedan realizarse en el domicilio físico señalado para ello, o bien, por la vía electrónica. En esas condiciones, se requiere al quejoso para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente en el que surta efectos la notificación del presente auto, aclare cuál es el domicilio que señala para que se realicen las notificaciones de manera personal -cuando sea el caso-, mientras que el resto de las notificaciones se practicarán por lista. Bajo el apercibimiento que de ser omiso en el término otorgado para ello, las notificaciones personales se le practicarán en el domicilio físico señalado para ello, en atención a que fue el que precisó para recibir las notificaciones personales; en razón de ello, el presente auto deberá notificársele de manera personal en el domicilio señalado en San Pedro Cholula, Puebla. El anterior requerimiento se realiza para evitar que se ocasione una falta de certeza jurídica de la forma y lugar donde se recibirán las notificaciones del quejoso. Por otra parte, no pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala un correo electrónico y un número telefónico; empero, se precisa dichas vías no se encuentran establecidas como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, queda autorizado en los mismos términos a Víctor Hugo Zaca Téllez, porque así fue solicitado expresamente por el quejoso, además de que no fue encontrada la cédula profesional del citado profesionista, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Comunicación no procesal con el quejoso. se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico proporcionados en la demanda. Se hace la precisión que los referidos medios de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; Notifíquese; personalmente al quejoso (en el inmueble ubicado en San Pedro Cholula con las medidas de protección) y cúmplase.
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JUICIO DE AMPARO 308/2022-VIII. Puebla, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales1, signada por el quejoso , contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano...., la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende: a) La orden de presentación girada en su contra; b) La abstención de brindarle copias certificadas de la carpeta de investigación para garantizar su defensa; c) La ejecución de la orden de presentación y; d) La abstención de garantizar su derecho a una defensa. Pronunciamiento respecto de los actos marcados con los incisos a y c. La emisión de la orden de captura la atribuye el quejoso únicamente al . En efecto, las facultades legales de la autoridad ministerial señalada como responsable, permiten afirmar que ésta sólo pretende recabar la declaración del quejoso en una carpeta de investigación y al tratarse de una autoridad ministerial, no puede visualizarse una orden de aprehensión, porque ésta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, sin que alguna hubiera sido señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a éste, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,6 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal de los gobernados, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. se invoca en apoyo a lo considerado, : "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis : "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. ". Pronunciamiento respecto de los actos marcados con los incisos b y d. Ahora, en cuanto a la abstención de brindarle copias certificadas de la carpeta de investigación para garantizar su defensa, se actualiza la causal de improcedencia que deviene del contenido interrelacionado de los artículos 107, fracción I9, de la Constitución General de la República, a contrario sensu, en relación con los diversos 5, fracción I10, primer párrafo, y 61, fracción XII11 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de la referida intelección de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés jurídico o legítimo), esto es, no afecta algún derecho humano consagrado en la Norma Fundamental o instrumento internacional en el que el Estado Mexicano sea parte. En relación con este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 151/2007- PS, sustentó que el juicio de amparo es improcedente contra la determinación que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior, pues dicho Alto Tribunal sostiene que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1a./J.87/2008 de la Primera Sala : "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. ". Partiendo que el acto reclamado por el cual el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 4 del Equipo de Investigación y Litigación II de la UIL "A", se ha abstenido de expedir copias de la carpeta de investigación y a partir de lo que refiere el quejoso, se le niega el acceso a esa indagatoria y a su derecho a una adecuada defensa, no afecta el interés jurídico del peticionario del amparo. Para justificar esta afirmación, es oportuno destacar los supuestos constitucionales en los que se autoriza el acceso a los registros de una investigación inicial, pues acorde a lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ;" Como es de observarse, existe una restricción constitucional de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: ? El imputado se encuentre detenido; ? Pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, ? Antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. El precitado dispositivo constitucional tiene correspondencia con las restricciones de acceso a los registros de investigación contemplados en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la parte que interesa, establece: "Reserva de los actos de investigación." "La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código". De lo anterior se obtiene que el acceso a los registros durante la etapa de investigación inicial establece una restricción para la persona investigada y a su defensa, pues tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisan los momentos a partir de los cuales pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Al tratarse de una restricción constitucional, la Jurisprudencia Internacional no otorga una protección más amplia respecto a esa restricción constitucional y aun en caso de existir esta circunstancia, se deberá estar a lo que indica la norma suprema. Sirve de apoyo a lo anterior, : "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. ". Ahora, si el aquí quejoso no se encuentra detenido; no ha sido citado dentro de la carpeta de investigación , ni se ha requerido su comparecencia por primera vez ante el Juez de Control, como se advierte de la demanda; por ende, es evidente que carece de interés jurídico para reclamar en esta instancia extraordinaria de defensa la omisión de acceso a la referida carpeta de investigación y la expedición de copias de la misma. Ello es así, pues es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado, esto es, al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva de los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. Es de aplicación obligatoria : "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." ." Asimismo, tiene aplicación, en lo conducente la tesis "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ". De igual forma es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA. ". Consecuentemente, aun cuando de la demanda se advierte que existe una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no pueden tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, en sí misma no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Ello es así, en virtud de que, el hecho de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputado. La anterior afirmación se hace, en atención a que, la denuncia o querella con la que da inicio la fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan su apertura; ello, debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el Agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, la representación social sólo puede recabar en esa fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de Control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que, el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Consecuentemente, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos estos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 5 fracción I, 61, fracciones XII y XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por , porque los actos que reclamó en la demanda, encontraron las causales de improcedencia manifiestas e indudables, que han quedado precisadas con antelación. Domicilio procesal y autorizado del quejoso. De la demanda se advierte que el quejoso hace el señalamiento siguiente: "AUTORIZANDO.- Desde este momento al Lic. Víctor Hugo Zaca Téllez, . NOTIFICACIONES.- Señalo el domicilio del profesionista en mención para su recepción, el cual se encuentra ubicado en calle San Pedro Cholula, Pue. JUICIO EN LINEA.- Deseo continuar con la tramitación del presente mediante dicho esquema, para que las notificaciones de carácter no personal sean electrónicas y pueda consultar el expediente a través del portal de servicios en línea del PJF, autorizando al usuario ." Cabe precisar que si bien el quejoso señala dos domicilios, uno "para recepción" ubicado en San Pedro Cholula y otro "para notificaciones no personales" a través de la vía electrónica, lo cierto es que resulta confuso el señalamiento del domicilio del quejoso para para oír y recibir notificaciones. Lo anterior es así pues el artículo 2612 de la Ley de Amparo, establece como deberán realizarse las notificaciones dentro de los juicios de amparo; entonces el señalamiento de un domicilio para notificaciones no personales, resulta improcedente pues la ley de la materia no establece que puedan señalarse dos domicilios diversos para recibir notificaciones personales y no personales. Ello, pues de conformidad con la fracción III de dicho numeral las notificaciones diversas a las personales se harán por lista y las que deban de practicarse de manera personal, puedan realizarse en el domicilio físico señalado para ello, o bien, por la vía electrónica. En esas condiciones, se requiere al quejoso para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente en el que surta efectos la notificación del presente auto, aclare cuál es el domicilio que señala para que se realicen las notificaciones de manera personal -cuando sea el caso-, mientras que el resto de las notificaciones se practicarán por lista. Bajo el apercibimiento que de ser omiso en el término otorgado para ello, las notificaciones personales se le practicarán en el domicilio físico señalado para ello, en atención a que fue el que precisó para recibir las notificaciones personales; en razón de ello, el presente auto deberá notificársele de manera personal en el domicilio señalado en San Pedro Cholula, Puebla. El anterior requerimiento se realiza para evitar que se ocasione una falta de certeza jurídica de la forma y lugar donde se recibirán las notificaciones del quejoso. Por otra parte, no pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala un correo electrónico y un número telefónico; empero, se precisa dichas vías no se encuentran establecidas como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, queda autorizado en los mismos términos a Víctor Hugo Zaca Téllez, porque así fue solicitado expresamente por el quejoso, además de que no fue encontrada la cédula profesional del citado profesionista, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Comunicación no procesal con el quejoso. se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico proporcionados en la demanda. Se hace la precisión que los referidos medios de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; Notifíquese; personalmente al quejoso (en el inmueble ubicado en San Pedro Cholula con las medidas de protección) y cúmplase.
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