Adrian Gonzalez Fernando
Expediente 735/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adrian Gonzalez Fernando
- Agente del Ministerio Publico adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 735/2021-V. Puebla, Puebla, seis de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado aparentemente por el quejoso *** (en su versión digitalizada), sin embargo, dicho escrito fue presentado con una firma electrónica del ***, por lo que se procese a proveer: Desechamiento. Ahora bien, de la lectura integral del escrito inicial de demanda permite advertir establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que, *** promueve la demanda de amparo por propio derecho, sin embargo, contrario a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica de aquél. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/20204, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica únicamente cuando se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero, en la especie, el promovente señaló como acto reclamado ".la orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública...", ".la orden de aprehensión.".y la orden de detención o presentación." Por consiguiente, la demanda de amparo promovida, al parecer, por Adrián González Fernández, no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo. Además, de la lectura de la demanda de amparo, no se desprende que el quejoso se encuentre incomunicado de modo tal que esté impedido para suscribir mediante el uso de su firma electrónica la demanda de amparo por propio derecho. Entonces, una vez descartado que la demanda no se ubica en una de las hipótesis previstas por el artículo 15 de la Ley de amparo, es concluyente que la misma debe contar con evidencia criptográfica del promovente, lo cual no acontece. En efecto, el artículo 35 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que la autógrafa. En ese sentido, los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, establecen que, para hacer uso de las herramientas del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De este modo, conforme lo establece el último párrafo del artículo 45, del referido acuerdo general, a la solicitud o escrito de demanda se agregará la firma electrónica vigente; pues, de lo contrario, se soslayaría el principio de "instancia de parte agraviada". Entonces, aun cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido, a través del Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el diverso 18/2020 que lo modifica, un esquema de contingencia que privilegia el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pues son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos; ello, de ninguna manera implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si en el caso particular Adrián González Fernández, presentó -al parecer- la demanda de amparo sin agregar su evidencia criptográfica; es concluyente que no se cumple con el principio de "instancia de parte agraviada", sobre todo, porque como ya se explicó en párrafos precedentes, el supuesto promovente no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que lo faculte para promover la demanda de amparo sin necesidad de firma electrónica. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica del quejoso; pues, la falta de esta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. No obstante lo anterior del escrito de cuenta por el cual el quejoso pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de quince de julio del año en curso, el mismo fue presentado mediante firma electrónica de ***, por lo que en forma alguna manifiesta la voluntad del citado quejoso. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica lo que en el caso no acontese. De ahí que, acorde a lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el precepto 112 de la propia ley de la materia. Indicaciones para la actuaria Se ordena notificar de manera personal este proveído a la parte quejosa. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Puebla, Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado aparentemente por el quejoso *** (en su versión digitalizada), sin embargo, dicho escrito fue presentado con una firma electrónica del ***, por lo que se procese a proveer: Desechamiento. Ahora bien, de la lectura integral del escrito inicial de demanda permite advertir establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que, *** promueve la demanda de amparo por propio derecho, sin embargo, contrario a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica de aquél. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/20204, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica únicamente cuando se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero, en la especie, el promovente señaló como acto reclamado ".la orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública...", ".la orden de aprehensión.".y la orden de detención o presentación." Por consiguiente, la demanda de amparo promovida, al parecer, por Adrián González Fernández, no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo. Además, de la lectura de la demanda de amparo, no se desprende que el quejoso se encuentre incomunicado de modo tal que esté impedido para suscribir mediante el uso de su firma electrónica la demanda de amparo por propio derecho. Entonces, una vez descartado que la demanda no se ubica en una de las hipótesis previstas por el artículo 15 de la Ley de amparo, es concluyente que la misma debe contar con evidencia criptográfica del promovente, lo cual no acontece. En efecto, el artículo 35 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que la autógrafa. En ese sentido, los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, establecen que, para hacer uso de las herramientas del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De este modo, conforme lo establece el último párrafo del artículo 45, del referido acuerdo general, a la solicitud o escrito de demanda se agregará la firma electrónica vigente; pues, de lo contrario, se soslayaría el principio de "instancia de parte agraviada". Entonces, aun cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido, a través del Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el diverso 18/2020 que lo modifica, un esquema de contingencia que privilegia el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pues son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos; ello, de ninguna manera implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si en el caso particular Adrián González Fernández, presentó -al parecer- la demanda de amparo sin agregar su evidencia criptográfica; es concluyente que no se cumple con el principio de "instancia de parte agraviada", sobre todo, porque como ya se explicó en párrafos precedentes, el supuesto promovente no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que lo faculte para promover la demanda de amparo sin necesidad de firma electrónica. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica del quejoso; pues, la falta de esta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. No obstante lo anterior del escrito de cuenta por el cual el quejoso pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de quince de julio del año en curso, el mismo fue presentado mediante firma electrónica de ***, por lo que en forma alguna manifiesta la voluntad del citado quejoso. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica lo que en el caso no acontese. De ahí que, acorde a lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el precepto 112 de la propia ley de la materia. Indicaciones para la actuaria Se ordena notificar de manera personal este proveído a la parte quejosa. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe el quejoso ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades.Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica).PREVENCIÓN. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte irregularidades en los actos reclamados. Lo anterior, se sostiene por los siguientes motivos: Se advierte que el quejoso reclama a las autoridades ordenadoras la orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública y la orden de aprehensión.- En tanto a las autoridades responsables ejecutoras Director General de la agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, y al Comisario/Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Puebla, les reclama la ejecución de las órdenes de detención, presentación, comparecencia o aprehensión. Siendo diversos los actos señaladas a las autoridades responsables, lo que traería consigo que las autoridades responsables al momento de rendir su respectivo informe justificado no pueda rendirlo o se creen dudas respecto a que actos deben rendir dicho informe. Por lo tanto, es necesaria la aclaración dado que una orden de aprehensión es distinta a los actos que reclama, pues los señala de manera genérica, generando que la autoridad pudiera tener duda respecto de los actos por los cuales va a versar este juicio. Sumado a ello, el juicio de amparo resulta improcedente contra manifestaciones genéricas, pues el artículo 1 fracción I, de la Ley de Amparo, exige al quejoso puntualizar el acto u omisión concreta que pretendan imputar a las responsables. Sobre todo, porque las autoridades deben tener los elementos necesarios para identificar el acto u omisión concreta que se les imputa, a fin de que puedan rendir su informe justificado y con esto se realice el análisis de la litis constitucional. Además, los órganos jurisdiccionales carecen de facultades para subsanar el señalamiento del acto reclamado, dado que la suplencia de la queja está limitada a los conceptos de violación o agravios que formule la parte quejosa. De ahí la necesidad de que la parte quejosa aclare la demanda. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción II, y 114 fracción II, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, presente un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad: Manifieste que actos señala concretamente a las autoridades responsables ordenadoras, teniendo que ser reclamada la ejecución de los mismos actos a las diversas autoridades ejecutoras. Señale si desea limitar los actos a la orden de aprehensión y su ejecución, y excluir los restantes por los motivos citados en este acuerdo. APERCIBIMIENTO Se formula a la parte quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla) Asimismo, se tienen como autorizado solo para oír y recibir notificaciones a Lauro Cuahuaey Salazar, por no estar registrado ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito y los restantes para los mismos efectos por así haberlo señalado el quejoso en su demanda de amparo.. Por su parte, se tiene únicamente como medio de comunicación el correo electrónico y el número telefónico que señala en el escrito de demanda. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo.Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
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