Adolfo Leal Rodiguez
Expediente 580/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Adolfo Leal Rodiguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte (notificado el diecisiete siguiente), en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Adolfo Leal Rodríguez; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se desechó la presente demanda de amparo por improcedente, acuerdo que fue notificado a la parte quejosa por estrados el diecisiete de diciembre de dos mil veinte; sin embargo, conforme a la Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se suspendieron los plazos y términos con las salvedades expuestas en el citado acuerdo y con relación a los temas de asuntos urgentes, físicos y juicios en línea se estará a lo dispuesto en el diverso Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que, le sigue transcurriendo el término a la parte quejosa para recurrir dicho proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la presente demanda. Por último, se comunica a las partes que conforme a la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resulta aplicable el acuerdo general 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo.
- Principal
Visto el ocurso de cuenta, mediante el cual Adolfo Leal Rodríguez presentó demanda de amparo contra actos del agente del Ministerio Público del Fueron Común, adscrita a la Unidad Integral, Especializada en Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos en situación de Vulnerabilidad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 580/2020-5. A) Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.128/2001, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 803, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esto es, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". B) Causa de improcedencia que se actualiza. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5º, fracción I, párrafo primero, y 6º, párrafo primero, del mismo ordenamiento legal y 107, fracción I, de la Constitución Federal, porque el promovente Adolfo Leal Rodríguez presentó demanda de amparo indirecto, en el Buzón Judicial, pero sin firma autógrafa (en la demanda se advierte una firma que está en copia fotostática). En los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El referido principio es requisito básico para que el juicio de amparo pueda iniciarse, ya que sin la promoción del gobernado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, conforme a los artículos 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien le afecte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá hacerlos por sí o por su representante legal o apoderado, por lo que debe contener la firma del promovente. La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de la firma la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Dicho de otra forma, la firma autógrafa es un requisito formal esencial para iniciar un juicio de amparo, que en dicha demanda, debe quedar demostrada, en forma expresa, la voluntad previa y legítima del promovente para ejercer su potestad de acción, que obedece a garantizar la seguridad jurídica de éste como titular de un derecho que considere afectado. Por tanto, tal formalidad es indispensable por constituir un requisito sine qua non independiente de los previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, que debe contener todo escrito de demanda de amparo indirecto (nombres y domicilios del quejoso y tercero interesado, autoridades responsables, norma general, acto y omisión reclamados, antecedentes del acto reclamado, preceptos legales cuya violación se reclame y conceptos de violación). En ese sentido, recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En la especie, Adolfo Leal Rodríguez presentó demanda de amparo; sin embargo, no puede tenerse por manifiesta su voluntad de instar a este órgano de control constitucional, ya que el documento presentado, no cuenta con firma autógrafa; de manera que no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, pues, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la entonces la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y uno, en el tomo 181- 186 Quinta Parte, séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 242,775, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Es aplicable también, la tesis aislada, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, en el tomo IX, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, a página cuatrocientos noventa y cuatro, con número de registro 219,413, que dice: "PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente." No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, la jurisprudencia 2ª/J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 3632, Libro IV, Tomo IV, enero de 2012, Décima Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, intitulada "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA"; sin embargo, no es aplicable al caso concreto, porque en ésta, al Más Alto Tribunal del país se circunscribió a establecer que, cuando los oficiales de partes de los órganos jurisdiccionales, quienes ".son servidores públicos que, aun cuando pertenecen a la rama jurisdiccional, realizan funciones materialmente administrativas vinculadas directamente con la recepción, registro y turno de las promociones vinculadas con los órganos jurisdiccionales a los que se encuentran adscritos, entre las que destaca, para lo que al caso interesa y en términos del numeral 8 arriba aludido, la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley.", al recibir una copia de la promoción sin firma en calidad de original, empero, entregan por error, como acuse, el original con la firma autógrafa del quejoso, el cual adquiere valor probatorio pleno, es un elemento que permite presumir que la presentación de la demanda original sí contaba con tal signatura, en la medida de que el oficial de partes la recibió sin asentar razón alguna de ese defecto, por lo que ".a efecto de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad y certeza a los que se ha hecho alusión, es menester que las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales desempeñen sus funciones diligentemente, razón por la que deben relacionar con precisión los documentos que reciben y anotar si éstos se entregaron en original y con la firma autógrafa del promovente. Ello, en la lógica de que lo asentado en el acuse de recibo o razón que levanten, será un elemento determinante para verificar qué escritos se presentaron, los anexos que se recibieron, en qué fecha, y si éstos cumplían los requisitos legales, entre los que se encuentra, en el juicio de amparo, el de contar con la firma autógrafa del promovente.". Sin embargo, y como se adelantó, lo así dicho no beneficia al promovente de amparo, porque en el presente caso no existió la intervención de algún servidor público adscrito a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que estuviera en la aptitud de observar y calificar que las promociones y demandas por él recibidas tengan firma autógrafa, si son originales o copias y, por consiguiente, asentar la razón de tal defecto; por tanto, si en algún momento existió alguna irregularidad en la presentación de la demanda de amparo, es totalmente imputable al quejoso. ??????????????? ??????????????? En efecto, la citada demanda de amparo se presentó en el Buzón Judicial que se encuentra en la entrada principal del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en Los Mochis, Sinaloa, pues así se advierte de la boleta con número de folio 34564 y sello checador "OCC JD. LOS MOCHIS, SIN"; por su parte, el servidor público que tomó la presente demanda de amparo del citado Buzón Judicial, y la registró en el sistema correspondiente (que turna a los distintos Juzgados de Distrito de esta circunscripción territorial, las demandas y promociones presentadas en dicho buzón), apuntó en la boleta condigna, lo siguiente: "CUENTA C/FIRMA AL PARECER EN COPIA."; de igual forma, asentó en la parte superior de la demanda de amparo, la siguiente leyenda: "RECIBÍ CON FIRMA EL PRESENTE, AL PARECE EN COPIA"; por tanto, como ningún servidor público intervino en la recepción de la demanda de amparo en estudio, que pudiera denegar la recepción del documento o asentar las posibles irregularidades en su recepción, es que, el promovente es el único responsable de la omisión aquí detectada, en el sentido de que su demanda de amparo no cuenta firma autógrafa, y ello origina que deba desecharse por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.7 K(10ª), del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 2154, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, Tomo III, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de ??????????????? ??????????????? Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA."" En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo aparentemente promovida por Adolfo Leal Rodríguez. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, en los estrados de este juzgado, y como su autorizados para tales efectos, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados José Manuel Cervantes León y Bibiano Trinidad Cota Ruiz y únicamente para que oigan, reciban notificaciones y se imponga de autos, a Pedro Espinoza Perea y Luis Fernando Espinoza Félix en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el sistema computarizado para el registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.
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