Adrian Aranda Castillo

Expediente 230/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
230/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
02/05/2017

Partes del expediente

  • Adrian Aranda Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, misma que sobreseyó en el presente juicio de garantías promovido por Adrián Aranda Castillo, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Adrián Aranda Castillo, en contra de la omisión reclamada al Fiscal general del Estado de Puebla, precisado en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando séptimo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de la Unidad Centro del Sistema Tradicional quien tiene conocimiento de las averiguaciones previas de la Sexta Agencia (antes mesa cinco de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur), atento a su contenido, téngasele informando lo siguiente: -Que el nueve de marzo de dos mil diecisiete notificó personalmente a María Elvira Alejandrina Cisneros Luna (aquí quejosa), y vía correo electrónico a Carmen Yolanda Vicente Torres, del acuerdo mediante el cual dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1636/2016 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Lo que acredita con copia certificada de las constancias conducentes. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales procedentes; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que el quince de marzo pasado éste Juzgado Federal requirió al Delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República, para que informara el seguimiento que dio al oficio en el que el Agente del Ministerio responsable se declaró incompetente, por lo que una vez que obre en autos dicha información se proveerá lo conducente.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil diecisiete. I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 230/2017-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Adrián Aranda Castillo, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de tres de marzo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Adrián Aranda Castillo, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146 fracción I de la Ley de Amparo vigente, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa, fue: "IV.- ACTO RECLAMADO, del CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo QUE NO HA RESPETADO MI DERECHO DE PETICIÓN, TODA VEZ QUE MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2017, Y PRESENTADO ANTE LA RESPONSABLE CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, HE SOLICITADO REQUIERA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y A SUS PERITOS EN VIALIDAD TERRESTRE, VALUACIÓN DE DAÑOS Y MECÁNICO IDENTIFICADOR DE VEHÍCULOS EMITAN SUS RESPECTIVOS DICTÁMENES DE LA NUAT 50/2017/ZONA CENTRO, y CON ELLO SE REALICE LA LIBERACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI TIPO GRAN 110 CON PLACA DE CIRCULACIÓN UAE2620 DEL ESTADO DE PUEBLA." TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo Foja 1 Fiscal General del Estado de Puebla. Negó 11 a 13 Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe previo negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, atendiendo a que la responsable no acreditó con constancia alguna su dicho, y que, por el contrario obra en autos copia certificada del escrito de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, signado por el quejoso Adrián Aranda Castillo con sello de recibido en esa data ante la autoridad responsable (foja 4), se desvirtúa tal negativa, y se tiene por ciertos éstos sólo para efectos de la suspensión. En efecto, al consistir el acto reclamado en una omisión de la autoridad responsable, la carga de la prueba no corresponde a la parte quejosa, sino que es la responsable a la que le toca demostrar que no incurrió en ellas, por aplicación del principio aceptado por nuestro derecho positivo, consistente en que los hechos negativos no son susceptibles de prueba, salvo en los casos en que la negativa implique una afirmación. Sin embargo, se niega la suspensión definitiva solicitada, por los motivos que enseguida se explican: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de derechos fundamentales se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Entonces, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que la solicite el quejoso y 2. Que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.3o.C.25 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Adrián Aranda Castillo, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.

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