ADRIÁN AGUILAR LÓPEZ y Otros.
Expediente 900/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- ADRIÁN AGUILAR LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Quejoso cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por medio del cual ***, quien se ostenta defensor particular de los quejosos ***, ***, ***, ***, cumple con la prevención formulada mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones y medidas de Seguridad en el Estado de Colima, en el que no se admitió el recurso de apelación en contra la determinación adoptada en la audiencia de siete de julio de dos mil veintidós. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia P./J. 128/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, página 803, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones y medidas de Seguridad en el Estado de Colima, en el que no se admitió el recurso de apelación en contra la determinación adoptada en la audiencia de siete de julio de dos mil veintidós. Una vez examinado el acto reclamado se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio constitucional. El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Por su parte, el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece lo siguiente: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." De la interpretación literal del precepto transcrito se obtiene que el recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en la propia Ley, en donde se examinará de nueva cuenta la resolución impugnada dictando la resolución que corresponda. Asimismo, si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Además, si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." Ahora bien, en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones y medidas de Seguridad en el Estado de Colima, en el que no se admitió el recurso de apelación en contra la determinación adoptada en la audiencia de siete de julio de dos mil veintidós. En este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 193/2019, dilucidó la naturaleza que tiene el auto que inadmite un recurso de apelación, esto es, si el mismo es un acuerdo de mero trámite que se resuelva sin sustanciación, y como consecuencia si en contra de dicho pronunciamiento procede el recurso de revocación previamente a promover el juicio de amparo. Así, estimó que el recurso de revocación es un medio amplio de defensa en varios sentidos, pues el legislador en la materia previó que fuera aplicable en diversos momentos del procedimiento penal, por ejemplo, desde que una carpeta de investigación se judicializa a través de la solicitud de una orden de aprehensión o la celebración de la audiencia inicial, y durante todas las etapas siguientes del proceso penal acusatorio en que interviene alguna autoridad judicial. De igual forma, el legislador determinó que la procedencia del recurso de revocación no se constriñe a un listado limitativo de decisiones judiciales que son recurribles por este medio, sino que estableció un enunciado jurídico abierto, que permite a las partes intentar el recurso de revocación contra cualquier decisión que se resuelva de mero trámite sin substanciación. En este sentido, consideró que el auto de no admisión al recurso de apelación es una determinación de mero trámite que califica dentro de los supuestos de la revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, como lo establece el artículo 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso." En esta tesitura, señaló que la decisión de inadmitir un recurso de apelación de ninguna manera involucra la respuesta de los agravios formulados por la parte recurrente, sino su objetivo es el análisis de los requisitos previstos por los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y las hipótesis del artículo 470 del invocado código nacional. Esto es, su materia descansa exclusivamente en verificar si lo impugnado constituye alguna de las resoluciones del Juez control a que se refieren las fracciones I a XI del artículo 467 del código nacional, o del Tribunal de enjuiciamiento previstas en las fracciones I y II del artículo 468; y en corroborar que el recurso sea oportuno, que lo impugnado no sea apelable, que lo interponga legitima persona y que contenga fundamentos de agravio o peticiones concretas. Lo anterior adujo, pone de manifiesto que el acuerdo que desecha el recurso de apelación es de mero trámite, es decir, en él únicamente se verifica el cumplimiento a los requisitos de procedencia, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto. Además, expuso que la interpretación en cuanto a que las decisiones que inadmiten medios de impugnación tienen la naturaleza jurídica de acuerdos de trámite, ha sido establecida por el Alto Tribunal en otros medios de defensa, como es el recurso de reclamación en el juicio de amparo, cuya procedencia, conforme al artículo 104 de la Ley de Amparo, se da para los autos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. En dicho caso, se ha determinado que el acuerdo por el que se desecha el recurso de revisión en amparo directo, al no cumplirse los requisitos como la oportunidad o la legitimación, e incluso, el incumplimiento a lo previsto en el artículo 107, fracción IX de la Constitución, que exige el análisis de la demanda de amparo, la sentencia impugnada y los agravios para establecer si existe de un tema de constitucionalidad y que su eventual estudio pueda llegar a generar un criterio de importancia y trascendencia, es impugnable a través del recurso de reclamación por considerarse de trámite. Para sustentar lo anterior se acogieron a los siguientes criterios: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ALCANCES DEL ESTUDIO QUE EN AQUÉL SE REALIZA SOBRE LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN CUYA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO SE IMPUGNA. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el recurso de revisión, en los juicios de amparo directo, opera a partir de tres presupuestos fundamentales: 1) la existencia de una cuestión propiamente constitucional no determina automáticamente la procedencia del recurso de revisión; 2) la importancia y trascendencia del asunto se exigen como un segundo requisito de procedencia, cuyo cumplimiento se estudiará una vez satisfecho el primero, y entraña una decisión discrecional que parte de los parámetros sentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acuerdos generales y, evidentemente, en la interpretación jurisprudencial que de aquéllos se realice; y, 3) la materia del recurso se limitará a las cuestiones propiamente constitucionales. Asimismo, de lo expuesto no debe perderse de vista que el estudio de constitucionalidad se desarrolla con motivo de la interposición de un recurso en el sentido técnico-procesal, de modo que la procedencia de un estudio de fondo también se acota por la posibilidad de que éste pueda traducirse en un beneficio para la parte recurrente. En este contexto, tiene relevancia el contenido del Acuerdo General Plenario Número 9/2015, que es el marco de referencia para el estudio de la importancia y trascendencia del citado recurso; como lo reconocen sus considerandos segundo, tercero y cuarto, las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos ampliaron el espectro de lo que puede entenderse como "cuestiones propiamente constitucionales". Por esta razón, el punto tercero del Acuerdo, a la luz del considerando quinto, amplió las facultades del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice si fueron interpuestos oportunamente y por parte legitimada; así como si se cuestiona un tema de constitucionalidad, y si un eventual estudio de fondo cumple con los requisitos de importancia y trascendencia, descritos en el punto segundo. Al respecto, es pertinente señalar que el Acuerdo Plenario 5/1999 abrogado, que regulaba la procedencia de dicho recurso, no confería a la Presidencia del alto tribunal la posibilidad de revisar la importancia y trascendencia del asunto, de modo que el nuevo acuerdo representa una clara ampliación de sus facultades en la materia. En este contexto, cobran pertinencia los puntos cuarto y sexto del Acuerdo General Plenario Número 9/2015, pues en ellos se reconoce que las notas de importancia y trascendencia del asunto serán revisadas en definitiva por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte, según corresponda, ya sea al estudiar la procedencia de un recurso de revisión admitido, o al conocer del recurso de reclamación contra la admisión o desechamiento del de revisión. Por ello, la posibilidad de las Salas del Máximo Tribunal de pronunciarse en los recursos de reclamación sobre la importancia y trascendencia de los recursos de revisión, debe entenderse en un sentido amplio, lo cual implica que, además de poder analizar la validez de las razones por las cuales el de revisión fue admitido o desechado según su función como fuente de estándares constitucionales, se encuentran facultadas para pronunciarse sobre la función tutelar del recurso, es decir, para determinar si, preliminarmente, los argumentos de la parte recurrente son inatendibles o inoperantes. "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES NECESARIO COMBATIR CADA UNO DE LOS RAZONAMIENTOS AUTÓNOMOS QUE SUSTENTAN EL AUTO POR EL QUE SE DESECHA EL RECURSO DE REVISIÓN. Cuando el Presidente de la Suprema Corte desecha el recurso de revisión formulado en contra de una sentencia emitida en un juicio de amparo directo, sustentándose para ello en dos o más razonamientos que, por ser autónomos, pueden subsistir de manera independiente, para poder declarar fundado el recurso de reclamación que se interpone en contra de esa determinación, todos los razonamientos deben ser destruidos." De igual forma, se mencionó que el Pleno del Alto Tribunal al resolver el recurso de reclamación 365/2002, derivado de la controversia constitucional 64/2002, señaló que la naturaleza jurídica del auto que admite o desecha una demanda es de mero trámite, pues en él únicamente se dictan las medidas necesarias para la debida integración del expediente, tal como da cuenta la siguiente jurisprudencia: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MERO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO. Los artículos 22, 25, 26 y 28 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los requisitos que debe contener la demanda, así como la obligación del Ministro instructor de examinarla, debiendo desecharla si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y si no lo encontrare, admitirla y ordenar emplazar a la demandada para que dentro del plazo legal produzca su contestación; asimismo, en caso de que el escrito fuere irregular u oscuro, establecen que el instructor debe prevenir a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días subsanen las irregularidades o lo aclaren. Lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo inicial que admite o desecha la demanda de controversia constitucional es de mero trámite, es decir, en él únicamente deben dictarse las medidas necesarias para la debida integración del expediente, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto." Por tanto, como se señaló, la determinación a través de la cual un tribunal tiene por no admitido el recurso de apelación dentro del procedimiento penal acusatorio, debe considerarse como un auto de mero trámite, el cual dicho de paso, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, en términos de artículo 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sin substanciación alguna. Lo último corrobora que el pronunciamiento sobre la inadmisión del recurso de apelación es impugnable en el recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció que se debía emitir de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo expuesto, en cumplimiento del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente que las partes combatan la decisión de inadmitir el recurso de apelación a través del diverso recurso de revocación. Determinado lo anterior, cabe preguntarse si los gobernados previamente a la promoción del juicio de amparo en contra de la inadmisión del recurso de apelación deben agotar el recurso de revocación. Así, la Primera Sala expresó que, como evidencia el análisis anterior, la expresión "de mero trámite" a que hace referencia el recurso de revocación corresponde a un enunciado jurídico con una indeterminación tal, que actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que el quejoso puede decidir entre interponer el medio ordinario de defensa que considere aplicable o acudir directamente al juicio de amparo. Es así, pues hasta este momento no existe jurisprudencia definida por el Alto Tribunal, pues fue esa indeterminación la que generó que uno de los Tribunales Colegiados en contienda estimara que la determinación judicial en cuestión debe ser considerada un acuerdo de mero trámite, en tanto que el otro Tribunal Colegiado estimó que tal decisión implica un estudio de fondo, pues tiene la finalidad de poner el asunto en un estado de resolución, lo que requiere estudiar la procedencia del recurso de apelación. Lo que muestra que aun entre distintos tribunales colegiados de este país, no hay acuerdo en cuanto a lo que debe entenderse por una decisión de "mero trámite", por lo que no es lógico exigirle a los gobernados que interpreten tal enunciado y determinen por si mismos que el recurso de revocación es o no procedente. De esta manera, el artículo 465 del Código Adjetivo Nacional no es suficientemente claro y exige a los gobernados realizar una interpretación adicional, ya que el precepto jurídico no dota de un fundamento legal suficiente para determinar la procedencia del recurso de revocación, sino que exige a los gobernados interpretar lo qué debe entenderse por una resolución "de mero trámite". Lo anterior de ninguna forma significa exigir al legislador que siempre que establezca los requisitos de procedencia de un medio de defensa ordinario estipule un listado limitativo de las decisiones emitidas por autoridad que son recurribles por ese medio, sino que cuando decida establecer su procedencia a través de un enunciado jurídico abierto, como en el caso, lo haga a través de los términos más claros que le sea posible, para garantizar que los gobernados tengan a su alcance el conocimiento de qué resoluciones o actos son combatibles a través de tal medio de defensa. Sin embargo, esta condición de incertidumbre, que actualiza la excepción al principio de definitividad y permite promover el juicio de amparo en contra del auto que inadmite el recurso de apelación sin necesidad de agotar el recurso de revocación, dejara de materializarse a partir la obligatoriedad del criterio emitido en esta contradicción de tesis, por la que se determina jurisprudencialmente que contra el auto referido es procedente el recurso de revocación. Lo anterior, conforme a la doctrina de la Segunda Sala de este Máximo Tribunal Constitucional, que la Primera Sala comparte, en donde se ha establecido que la excepción al principio de definitividad que hace optativo el medio de impugnación ordinario, deja de actualizarse cuando el propio Máximo Tribunal precisa jurisprudencialmente que un recurso ordinario es procedente. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." Refuerza a esta conclusión, la tesis aislada 2a. XCII/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, y que la Primera Sala comparte, en donde se señala que en el caso de una sustitución o modificación de jurisprudencia, el nuevo criterio no puede aplicarse al gobernado en su perjuicio, pues con ello se afectarían la seguridad jurídica del justiciable, la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, y el principio de irretroactividad de la jurisprudencia, tutelado en el artículo 217 último párrafo de la Ley de Amparo. En términos similares, cuando sobre un problema jurídico en un primer momento no existe pronunciamiento de la Suprema Corte, pero luego se emite una tesis jurisprudencial al respecto, no puede exigírsele a gobernados y jueces que apliquen a los casos del primer momento la jurisprudencia que se emitió con posterioridad, puesto que con ello se afectaría su seguridad jurídica, su derecho a la igualdad de trato y el principio de irretroactividad de la jurisprudencia. Por tanto, dado que la Primera Sala ya definió que el recurso de revocación sí procede contra el auto de no admisión que dicta un tribunal en un recurso de apelación; debe considerarse que a partir de la obligatoriedad de la jurisprudencia que define lo anterior, deja de actualizarse la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, pues el objetivo de la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo antes referida, es permitir que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance para combatir el acto que estima violatorio de su esfera de derechos, y puesto que en la presente ejecutoria la Primera Sala ya determinó que la inadmisión del recurso de apelación en el proceso penal acusatorio es impugnable a través del recurso de revocación, resulta lógico concluir que tal excepción no es procedente en lo que al recurso de revocación se refiere. Consideraciones de las cuales dimanó la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Décima Época, página 283, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." En este sentido, los quejosos ***, ***, ***, ***, se encuentran constreñidos previamente a promover el presente juicio de amparo el medio de impugnación ordinario ?revocación? que tenga por efecto revocar o modificar el proveído controvertido, pues no se actualiza una excepción al principio de definitividad. Lo anterior, pues el proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones y medidas de Seguridad en el Estado de Colima, en el que no se admitió el recurso de apelación en contra la determinación adoptada en la audiencia de siete de julio de dos mil veintidós, es un auto de "mero trámite", en virtud de que de ninguna manera involucra la respuesta de los agravios formulados por la parte recurrente. Por lo que, en él únicamente se verifica el cumplimiento a los requisitos de procedencia, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto. Aunado a que dicho auto fue emitido por el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones y medidas de Seguridad en el Estado de Colima, es decir, que ante dicha autoridad debió promoverse el medio de impugnación en análisis, en observancia de lo establecido en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ilustra lo expuestos la tesis I.7o.P.3 P (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, Undécima Época, página 4772, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de epígrafe y contenido siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO [APLICABILIDAD, POR IDENTIDAD JURÍDICA, DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 85/2019 (10a.)]. Hechos: En la sentencia de amparo sujeta a revisión el secretario encargado del despacho en el Juzgado de Distrito, además de decretar el sobreseimiento en el juicio, indicó que contra el acuerdo de la Sala que inadmitió el recurso de apelación contra un proveído de la Jueza de Ejecución, procedía el recurso de revocación -el cual no se interpuso- y citó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), en relación con el procedimiento penal, que comienza con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció la procedencia del recurso de revocación contra el acuerdo que no admite la apelación; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito, en aplicación de dicho criterio por identidad jurídica, determina que previamente a promover el juicio de amparo indirecto contra el auto que no admite la apelación en la etapa de ejecución de sentencia del proceso penal acusatorio, debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en observancia al principio de definitividad. Justificación: Lo anterior es así, en virtud de que el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) en la ejecución penal y ii) de mero trámite, que califica en los supuestos de procedencia del recurso de revocación, cuyo objetivo es analizar los requisitos establecidos en el artículo 132 de la ley de ejecución mencionada. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo; asimismo, lo dispuesto en la norma en cuanto a que el objeto de la revocación es que el mismo Juez de Ejecución examine su determinación, no debe interpretarse en el sentido de que no procede contra determinaciones de la alzada pues, hacerlo, constituiría una interpretación restringida, no acorde con el sistema de impugnación previsto en la citada legislación." En ese sentido, el acto reclamado -auto de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones y medidas de Seguridad en el Estado de Colima, en el que no se admitió el recurso de apelación en contra la determinación adoptada en la audiencia de siete de julio de dos mil veintidós- es una resolución que, de conformidad con el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es impugnable a través del recurso de revocación, pues constituye una determinación de mero trámite ante la autoridad que lo emitió, como se delimitó en parágrafos precedentes. En esa tesitura, la resolución reclamada de que se trata, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, pues el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones y medidas de Seguridad en el Estado de Colima, en el que no se admitió el recurso de apelación en contra la determinación adoptada en la audiencia de siete de julio de dos mil veintidós, es impugnable ante la autoridad que lo emitió, lo que pudo traer como consecuencia la reparación de las violaciones aducidas, antes de acudir al juicio de amparo, agotando, en principio, el medio de defensa a su alcance y dar con ello cumplimiento al citado principio rector del juicio de amparo. Ilustra lo expuesto la tesis V.1o.P.A.5 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Décima Época, página 1573, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 1, 2, 4, 9, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135, prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Así, como esos procedimientos se traducen en un medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para resolver dichas inconformidades o peticiones, deberán agotarse previo a instar el juicio de amparo indirecto en su contra, de lo contrario será improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; máxime que, acorde con el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Ejecución se instituyó como protector inmediato de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de su libertad." Sin que sea óbice a lo anterior la existencia de la tesis I.9o.P.56 P (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, Undécima Época, página 6368, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 85/2019 (10a.)]." Lo anterior, pues dicha tesis no es obligatoria para este órgano de control constitucional, pues en observancia del artículo 217 de la Ley de Amparo, dicho criterio sólo es orientador para el circuito en el que tiene jurisdicción y competencia el Tribunal Colegiado que la emitió, y no para todo órgano jurisdiccional del país, pues no constituye jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, Pleno Regional o Tribunal Colegiado. Máxime que en dicho criterio se analizó sí procede el recurso de revocación en contra de la Sala que debe conocer del recurso, y no así del Juez de Ejecución, pues en el presente caso la decisión de no admitir el recurso de apelación, se emitió por el Juzgador de origen y no así por la Sala, por lo que, no se está realizando interpretación adicional del artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que genere que este órgano jurisdiccional emprenda el estudio en dicho sentido. Asimismo, no es obstáculo la jurisprudencia PC.I.P. J/63 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, Décima Época, página 1798, emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE INADMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN, AL NO SER UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE QUE SE RESUELVA SIN SUSTANCIACIÓN." Lo anterior, pues existe la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dilucidó dicho problema jurídico, cuyo criterio resulta obligatorio para este órgano de control constitucional, pues se reitera que la jurisprudencia que cita la parte quejosa, al haber sido emitida por un Pleno de Circuito, y existir criterio por contradicción de Suprema Corte, es jerárquicamente aplicable la interpretación realizada por el Alto Tribunal. Por ende, queda demostrado que la parte quejosa sí estaba obligada a agotar el principio de definitividad que regula al juicio constitucional, ya que, como se precisó en párrafos precedentes, el recurso de apelación procede en contra de la resolución que recaiga al remate en el juicio especial hipotecario. En este sentido, la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa, para acatar el principio de definitividad, ello por las razones expuestas. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, Página 8, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, los quejosos no es tercero extraño a juicio en estricto sentido, ya que son sentenciados en la causa penal 289/2020. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento penal, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. En consecuencia, se desecha de plano la presente demanda de amparo, ya que en modo alguno el acto reclamado puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hace derivar el acto, a través del recurso de revocación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos ***, ***, ***, ***, contra actos del Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones y medidas de Seguridad del Estado de Colima y otra; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 900/2022-I. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. De la lectura de la demanda de amparo se obtiene que ***, se ostenta como defensor particular de los quejosos ***, ***, ***, ***; sin embargo, omitió manifestar bajo protesta de decir verdad tener tal carácter, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente." (Énfasis añadido). Asimismo, dentro del apartado de antecedentes del acto reclamado, el promovente menciona que "(.) el cuatro de julio de dos mil veintidós, el Director del Centro Penitenciario de Colima, decidió unilateralmente realizar traslado involuntario de mi persona, así como demás internos, entre ellos algunos co imputados del suscrito (.)"; sin que señale a cuál de los quejosos por los que promueve esta demanda de amparo se refiere. Irregularidades que no permiten dar inicio al juicio que se pretende. Prevención Entonces, en vista de que no justifica la personalidad con la que comparece, con fundamento en los artículos 14, 108, fracciones I, III y IV, y 114, fracciones I, II y IV de la ley de la materia, requiérase al promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad tener reconocido el carácter de defensor particular de ***, ***, ***, ***, por lo cual deberá precisar la causa penal en la cual tiene dicha personalidad, a fin de proveer lo conducente. Amplíe los antecedentes del acto reclamado de forma clara, sucinta, cronológica y precise a quien de sus representados se refiere en la narrativa de los hechos, pues los mismos están redactados en primera persona, lo cual impide conocer a cuál de ellos se refiere. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, si promovió algún medio de defensa ordinario contra la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós. Manifieste porqué le atribuye al Director del Centro Penitenciario de Colima, Colima, el carácter de autoridad tercera interesada. Se apercibe al promovente que en caso de afirmar bajo protesta de decir verdad que tiene dicho carácter y resultar que no sea así, se podrá hacer acreedor a una multa de cincuenta o hasta quinientas unidades de medida y actualización; además, que en caso de incumplir con lo requerido o que lo haga de manera extemporánea, de conformidad con el artículo 114 de la Ley, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2021 (10a.), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2023191, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. PARA EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO QUE PROMUEVA EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, BASTA LA SIMPLE MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE TENER RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja respectivos sostuvieron un criterio divergente en torno a si basta la manifestación del asesor jurídico victimal de ostentar dicha representación ante la autoridad responsable, para efecto de que le sea admitida la demanda de amparo indirecto, promovida por éste a nombre de la víctima u ofendido del delito, que representa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en materia penal, el asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito se encuentra facultado para promover la demanda de amparo en nombre de ésta, a quien representa en el procedimiento penal, por lo que tratándose de la presentación del juicio de amparo indirecto, bastará su simple manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de tener reconocido ese carácter ante la autoridad responsable, para que la demanda sea admitida a trámite En este supuesto, se tendrá por actualizada la excepción prevista en el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 14, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así, cuando la citada ley refiere que en materia penal bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad tener ese carácter, no puede limitarse únicamente al defensor del imputado, sino que necesariamente debe incluir al asesor jurídico de la víctima que actúa en su representación, a fin de que ésta no quede en estado de vulnerabilidad frente al poder punitivo estatal y las determinaciones que el Ministerio Público o los Jueces realicen a lo largo del procedimiento penal. Justificación: De una interpretación sistemática de la Ley de Amparo, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, se advierte un reconocimiento explícito de las víctimas como parte de los procedimientos y el derecho a la asesoría jurídica técnica -por una persona licenciada en derecho con cédula profesional- como una garantía del pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. También se reconoce el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo contra las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos, por lo que la legislación en la materia deberá regular la intervención en los diferentes procedimientos, a efecto de facilitar su participación. En ese sentido, resulta fundamental que el juicio de amparo, como medio constitucional de defensa de los derechos humanos, equilibre las asimetrías y el estado de vulnerabilidad que pueden llegar a enfrentar las víctimas en el acceso a la justicia, lo que conlleva el deber de flexibilizar ciertas reglas -como la forma de acreditar la representación- ante la necesidad de asegurar que los recursos sean efectivos y protejan a las víctimas contra actos que violen sus derechos humanos". En el entendido de que, la presente aclaración la debe hacer de manera directa el promovente, toda vez que si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presente requerimiento se formula, sin prejuicio de que una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional, analice la competencia y procedencia del juicio. Intervención de autorizados. Se tienen como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** toda vez que no señalaron los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica únicamente por lo que ve al usuario "LicJancarloLoza", en el entendido de que las partes que así lo solicitan quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica". Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Notifíquese en términos de ley.
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