Adrián Alejandro Ochoa Silva

Expediente 1351/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1351/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Adrián Alejandro Ochoa Silva
  • Dalia Silva Medina
  • Dalia Silva Medina y Otros.

Actuaciones

  1. Incidental

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Juez Primero de lo Familiar de Colima, rinde informe previo; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Colima, Colima, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Quejosa cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de la promovente Dalia Silva Medina, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de trece de noviembre del año en curso; sin embargo, sigue sin cumplir con lo requerido en el sentido de que no exhibe un documento fehaciente con el que acredite que cuenta con personalidad, para representar al menor D.A.O.L., en términos del artículo 414 del Código Civil para el Estado de Colima, tal como se le indicó en el auto referido. En razón de lo anterior, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento efectuado en trece de noviembre de dos mil veintitrés, únicamente por lo que respecta al menor D.A.O.L.; en consecuencia, ante la omisión descrita, desde este momento, se interrumpe el plazo de cinco días concedido en el citado proveído, en virtud de que presentó su ocurso el veintiuno del mes y año que transcurre, esto es, el quinto día del plazo otorgado, conforme al cómputo respectivo, de ahí que le resta un día a fin de que cumpla debidamente con lo requerido en aquel acuerdo; sin que esté por demás precisar, que el plazo será reanudado una vez que surta sus efectos la notificación que del presente acuerdo se practique. Conviene mencionar que de no cumplir con lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento anunciado en el auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, respecto a la prevención en cita, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, Noviembre de 2003, materia Común, página 133, que establece: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAROPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." En el entendido que de presentar el escrito aclaratorio de manera física, deberán acompañar copias suficientes, así como del referido documento para correr traslado a las partes, en atención al artículo 110 de la Ley de Amparo. Admisión. Por otra parte, por lo que respecta a Dalia Silva Medina, por propio derecho y como representante legal de Adrián Alejandro Ochoa Silva, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda. Requerimiento de informe justificado a las autoridades responsables. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo por escrito dentro del plazo de quince días hábiles, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. En la inteligencia que de no hacerlo o de no remitir, en su caso, las referidas constancias, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo; y, se presumirán ciertos los actos reclamados en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición el correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio las exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, mismas que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estimen conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Asimismo, se comisiona al actuario para que en caso de que la oficina encargada de recibir los oficios girados a las autoridades responsables se niegue a recibirlos de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, le haga saber que se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de eso subsiste en negarse a recibirlo, se asentará la razón y se tendrá por hecha; además de que si su negación es con motivo del cambio de denominación parcial de la autoridad o de algún sinónimo constitucional, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, que corresponden a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos), en razón de que su negativa implica un retardo injustificado en la procuración y administración de justicia. Aviso de causal de improcedencia y existencia amparos previos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase tanto a las autoridades responsables, como a la parte quejosa, para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por ocurrir alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado; asimismo, se solicita que se informe sobre la existencia de amparos promovidos previamente por el solicitante de amparo, o bien, por alguna de las partes intervinientes en el juicio de origen, para lo cual se deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con apoyo en el dispositivo 251 de la ley en comento. Requerimiento a las partes en el juicio. Tomando en consideración el considerable número de asuntos que se llevan por este juzgador, se requiere a todas las partes del presente juicio para que - en el supuesto de que el suscrito Juez Federal hubiese conocido en diversa instancia en materia mercantil, penal, civil, amparo, o de cualquier otra naturaleza-, de un juicio distinto que tenga relación alguna con los bienes o derechos materia del presente juicio de amparo, lo informen a este juzgado federal, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les haga, precisando para tal efecto, la materia y el número de expediente del juicio respectivo. Lo anterior a fin de estar en aptitud de analizar si en el caso se actualiza alguna causa de impedimento para conocer y resolver el presente juicio, dado que en atención a la competencia y jurisdicción de este órgano jurisdiccional, el suscrito Juez Federal conoce de juicios de amparo, causas penales, juicios mercantiles y juicios civiles federales en los que en ocasiones el suscrito conoce sobre un mismo bien o derecho como juzgador de primera instancia y como juzgador de amparo y resulta necesario que sean las partes quienes informen lo conducente; máxime que son éstas quienes cuentan con el mejor conocimiento particular de los juicios que tienen relación con sus bienes y derechos. Se apercibe a las partes que en caso de no hacerlo, se impondrá al omiso como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; y, además atendiendo a la naturaleza de la omisión, se ponderará si en el caso resulta procedente dar vista a la autoridad competente para que proceda conforme a derecho corresponda. Pronunciamiento a la suspensión de oficio y/o apertura de cuaderno incidental. Toda vez que la parte quejosa solicita la medida cautelar del acto reclamado, tramítese por separado y únicamente en original el cuaderno incidental relativo al presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con quince minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Intervención al Ministerio Público Federal. Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. Designación y emplazamiento de tercero interesado. De la demanda de amparo se aprecia que a Jessica Astrid Larios Rosales, le corresponde el carácter de tercera interesada, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan en el domicilio de la parte tercera interesa de referencia y con copia de la demanda de amparo, la emplace al presente juicio constitucional.

  3. Incidental

    Colima, Colima, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con dos copias del escrito de demanda y aclaratorio, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1351/2023-V, promovido por Dalia Silva Medina, quien se ostenta apoderada legal de Adrián Alejandro Ochoa Silva y en representación del menor de iniciales D.A.O.L., contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Colima. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe previo, mismo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sea notificada, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable de que en caso de que no rinda el informe requerido, se les sancionara con una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos); con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo; y, se presumirá cierto el acto reclamado en términos del artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento que el informe que se les requiere debe preferentemente enviarlo al correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx, previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (312) 316-48-00 extensión 1251; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Colima, código postal 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En ese sentido, del escrito de demanda de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de acordar lo relativo a la convivencia híbrida del niño D.A.O.L., con su progenitor; así como con su abuela paterna, dentro el juicio 21-0039-115F, lo cual aduce ha solicitado en diversos escritos, siendo el último el de trece de setiembre de dos mil veintitrés. Y solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para los efectos de que la Juez responsable establezca las convivencias del menor con su progenitor y su abuela paterna. Por lo que, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva, es necesario conocer el contenido de los artículos 128 y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente (.)". El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Y, el segundo de los citados, precisa que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Así, el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Ahora, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Informes. Volumen: Informe 1973, Parte II, tesis 8, página 44, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". Por su parte, este juzgador pondera las consideraciones sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dilucidar la contradicción de tesis 85/2018, en el que la Sala del Alto Tribunal considero que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social, y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, sostuvo que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la Sala afirmó que la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, estimó que dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión provisional permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Consideraciones de las cuales dimanó la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Décima Época, Página: 286, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." En tal virtud, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, fracción I, y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para que la autoridad responsable se pronuncie sobre la petición de la parte quejosa y decreté el régimen de convivencias a través de los medios correspondientes para su consumación, en el juicio 21-0039-115F, entre el menor con su progenitor y su abuela paterna. Es de precisarse que no obstante que el acto reclamado es de naturaleza omisiva; éste tiene efectos positivos, que infieren sobre las convivencias provisionales de un menor con su familia. Lo anterior sin necesidad de que se fije garantía, en virtud de que los actos reclamados versan sobre un juicio en el que se encuentran involucrados derechos de menores de edad, por lo que los derechos que pudieran afectarse con la concesión de esta medida no pueden ser estimables en dinero. Sirve de apoyo a lo anterior a tesis de jurisprudencia número 387, publicada en la página doscientos cincuenta y nueve, Tomo IV, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Quinta Época que dice: "SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE MENORES. PRIVACIÓN DE LA GUARDA. Contra la resolución que pretenda privar a quienes ejerzan la patria potestad, de la custodia del menor, procede conceder la suspensión sin fianza, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, entretanto se falla el fondo del amparo". Es ilustrativo al caso la tesis de jurisprudencia número 386, publicada en la página doscientos cincuenta y ocho, Tomo IV, Parte SCJN, del Apéndice 1995, Sexta Época, que establece: "SUSPENSIÓN SIN FIANZA. ACTOS DEL ESTADO CIVIL. Cuando el acto reclamado afecta el estado civil, debe concederse la suspensión sin fianza, porque buen número de los derechos correspondientes a ese estado, no son estimables en dinero". Notificación al tercero interesado. De la demanda de amparo se aprecia que a Jessica Astrid Larios Rosales, le corresponde el carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan en el domicilio de la parte tercera interesa de referencia y se les notifique la presente medida cautelar. Autorizados. Se tiene a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Blanca Rocío Gómez Heredia y Eric Ricardo Ramírez Álvarez, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto y cuentan con sus cédulas profesionales debidamente inscritas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y por lo que respecta a Mónica Micaela Orozco Machuca y Juan Francisco Aguiñaga Alonso, únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo señalado la propia promovente. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

  4. Principal

    notificación personal electrónica

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