Adolfo Macías Valencia
Expediente 452/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Adolfo Macías Valencia
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Recepción de oficio. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el oficio 8654/2021, que suscribe el Juez y Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, al que anexa el juicio de amparo 279/2021-8, promovido por Adolfo Macías Valencia, contra actos del Juez Penal del Sistema Tradicional del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en Manzanillo, Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20 y 21 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Acúsese recibo de estilo. Se acepta returno. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, se avoca al conocimiento de la demanda de garantías. Hágase del conocimiento del órgano jurisdiccional declinante el sentido de la anterior determinación, para los efectos legales procedentes. Registro e integración del expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, la demanda se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 452/2021-VII. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. De la lectura de la demanda de amparo, en particular del apartado correspondiente al acto reclamado, así como del oficio de cuenta, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la omisión de proveer el escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, mediante el cual el aquí quejoso solicitó copias certificadas de la causa penal 81/2014. Ahora bien, del informe justificado y de las constancias que adjunta la Juez de lo Penal de Manzanillo, Colima, relativas a la causa penal 81/2014 pruebas que por encontrarse certificadas, constituyen un documento público y tiene eficacia plena en términos de los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia doscientos veintiséis, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hace prueba plena." En efecto, para determinar lo que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de manera notoria la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley en cita, que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, como lo señala el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Al efecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial 2a./J.10/2003, que derivó de la contradicción de tesis 26/200-PL, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional". En la especie, el suscrito considera que acerca del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que a la letra estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." El dispositivo en mención, en relación con la fracción X del propio precepto, establece que dicha instancia será improcedente cuando lo ahí reclamado verse o involucre un acto que hubiese sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por la propia norma o acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Como se ve, esta hipótesis de improcedencia está vinculada con la cosa juzgada. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado que la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta figura descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, que es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Además, el Alto Tribunal determinó, en diversos criterios, que la autoridad de la cosa juzgada se integra y extiende en el plano material con diversas intensidades. Por un lado, en sentido estricto, se desdobla con un efecto directo respecto a juicios futuros, al implicar la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse posteriormente en diverso proceso y, en este caso, su actualización se sujeta a la condición de que concurran los siguientes elementos: a) Identidad de las partes con la misma calidad en ambos procesos. b) Identidad en la causa aducida en el juicio. c) Identidad en el objeto. Ejemplo de lo anterior es la jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 72, Quinta Parte, Séptima Época, página 49, que dice: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. En este sentido, en términos del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cosa juzgada que provoca la improcedencia del juicio de amparo exige, de manera estricta, que concurra lo siguiente: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de la misma naturaleza. 2) Que tales juicios hubiesen sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, es importante mencionar que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el diverso juicio de amparo 566/2020, se tramitó en este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para este juzgador. De la certificación con que dio cuenta la secretaría se desprende que ese expediente se conoce, fue promovido por el hoy quejoso Adolfo Macías Valencia en contra de actos de la Juez Penal del Sistema Tradicional del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en Manzanillo, Colima; asimismo, que seguido el juicio en todas sus etapas, este órgano jurisdiccional dictó auto de sobreseimiento fuera de audiencia, resolución que causó estado el ocho de noviembre de dos mil veinte, precisando que el acto reclamado lo constituyó la omisión de acordar el escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, en el que solicitó copias certificadas de la causa penal 81/2014. Como se advierte, se satisfacen las condiciones para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el quejoso y la autoridad responsable es la misma en el juicio de amparo 566/2020 y en el que nos ocupa, por lo que hay identidad de partes. También existe identidad de actos reclamados, pues en ambos juicios se reclama la omisión de dar respuesta al escrito de seis de agosto de dos mil veinte, en el que solicitó copias de la causa penal 81/2014; y, en el juicio de amparo 566/2020 se dictó un auto en el que se determinó sobreseer en el amparo. En consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente asunto, al sobrevenir de forma manifiesta e indubitable la causal de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. También sirve de apoyo a esto la anterior determinación, la jurisprudencia 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea necesario dejar sin efectos la audiencia constitucional, toda vez que el juez oficiante ya se pronunció al respecto. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adolfo Macías Valencia, Irma Estela Hernández Rosales y María Andrea Venegas Serrano, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley. Así lo firma Francisco Javier García Contreras, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, ante la Secretaria que autoriza y da fe Lucía del Carmen Galván Aguilar, quien certifica que la promoción y el acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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