Adolfo Armando Pereyra Villaburo

Expediente 405/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 32 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
405/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Adolfo Armando Pereyra Villaburo
  • ACTUARIO PRIMERO ADCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, SINALOA, quienes tienen su domicilio en la calle Benito Juárez S/N entre 5 de mayo e independencia, Colonia Centro, El Fuerte, Sinaloa.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós (notificado por lista el dieciséis siguiente), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherente al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se negó y concedió la suspensión de los actos reclamados, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, el proveído por el que se negó y concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se negó y concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada por este juzgado: así como del proveído por el cual se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que obra en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio número 149/2022, suscrito por el titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, del que se desprende que está cumplida la ejecutoria de amparo. Una vez realizados los actos procesales correspondientes al cumplimiento de la sentencia de que se trata, por auto del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el citado documento para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó a la parte quejosa el uno de marzo de dos mil veintidós, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado. Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto del diecinueve de enero de dos mil veintiuno, causó estado la sentencia de amparo y, se requirió de la autoridad responsable el cumplimiento correspondiente. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió realizar, los siguientes actos (fojas 134 de autos): ". SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Atento a lo anterior, quedó demostrado en la presente ejecutoria que el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, que el recurso procedente contra el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, es el de revocación se imponer conceder la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto de que: La responsable deje insubsistente su auto de siete de junio de dos mil veintiuno. En su lugar, emita otro en el que determine procedente el recurso de revocación interpuesto por Agustín Zamora Soto, procurador judicial de Adolfo Armando Pereyra Villaburo, aquí quejoso. ." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo el oficio 149/2022, al que adjuntó copia certificada de la sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintidós, donde resuelve el recurso de revocación interpuesto por Adolfo Armando Pereyra Villaburo, en el sentido de dejar insubsistente el auto de siete de junio de dos mil veintiuno, determinó procedente el recurso de revocación interpuesto y se declaró legalmente incompetente para conocer de la sucesión intestamentaria a bienes de María Luz Villaburo Ibarra. Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, efectuó actos con los que cumple con la sentencia de amparo, porque dejó insubsistente el actor reclamado y dictó otro en donde siguió los lineamientos fijados en el fallo constitucional. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta que suscribe el titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, mediante el cual comunica dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el presente oficio ya había sigo agregado por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, y se está en espera que el agraviado se pronuncie al respecto.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta que suscribe el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, mediante el cual comunica ya dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el cual fue remitido por oficio 149/2022 de fecha diez de febrero de dos mil veintidós; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que ya obra en autos el oficio que hace referencia la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual fue agregado por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós (auto en donde se le da vista a la parte quejosa para que se pronuncie al respecto).

Quedan 28 actuaciones en este expediente

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