Adolfo Escobar Jardinez

Expediente 688/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
688/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
15/02/2018

Partes del expediente

  • Adolfo Escobar Jardinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; asimismo, se ordena guardar por separado, tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión en el estado en que se encuentran. Archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Ahora bien, y toda vez que el original del incidente de suspensión derivado del presente expediente es susceptible de depuración; previa digitalización, únicamente deberá conservarse la demanda, suspensión provisional e interlocutoria respectivas, toda vez que las mismas fueron concedidas, ya que a criterio del suscrito, no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso ADOLFO ESCOBAR JARDINEZ; en atención a su contenido, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito de cuenta, excepto a Octaviano Liceaga Zermeño e Ismael Rodríguez Vieyra. Por otra parte, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Octaviano Liceaga Zermeño e Ismael Rodríguez Vieyra, en virtud de que no tienen cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese por lista a la partes.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 688/2017-II-B; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Adolfo Escobar Jardinez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, señalando como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- Determinación de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete dictada (presuntamente) dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa MTLX/PM/PARA/01/2017 y su consecuencia, consistente en la orden de comparecencia que mediante escrito de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, me gira el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala y las citaciones futuras derivadas del procedimiento señalado. Por escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, el quejoso Adolfo Escobar Jardinez, amplió su demanda de amparo, respecto del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, respecto del proveído de veinticinco de julio del mismo año, dictado dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa MTLX/PM/PARA/01/2017. SEGUNDO. Por autos de veinticinco y treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se admitieron la demanda de amparo y ampliación de la misma, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción 1, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a una autoridad circunscrita a la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular se invocan las Jurisprudencias P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004, emitidas por el Pleno del más Alto Tribunal de la Nación, con los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", la primera de ellas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32 y la segunda del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255 Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en los citatorios de catorce y veinticinco de julio de dos mil diecisiete, deducido del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa MTLX/PM/PARA/01/2017, del índice de la Secretaría del Ayuntamiento de Tlaxcala. Precisados los actos reclamados, antes de analizar las causas de improcedencia del juicio de garantías y, en su caso, la constitucionalidad de aquéllos, lo procedente es verificar su existencia; siendo aplicable al respecto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo V, primera parte, enero a junio de 1990, página 95, del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS.". TERCERO. El Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, rindió sus informes justificados negándola existencia de los actos reclamados en el escrito de demanda de amparo y en la aplicación de la misma; sin embargo, del contenido de dichos informes y de las constancias que remitió como justificante de su actos, a las cuales se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º., por constituir un documento público expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte la existencia de los citatorios de catorce y veinticinco de julio de dos mil diecisiete, deducido del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa MTLX/PM/PARA/01/2017; por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de garantías, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página quinientos cincuenta y tres, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, consistente en los citatorios de catorce y veinticinco de julio de dos mil diecisiete, deducido del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa MTLX/PM/PARA/01/2017, deducidos de los proveídos de diez de julio del año en cita, por el cual se radicó el procedimiento mencionado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" [.] De la interpretación sistemática de los artículos antes trascritos, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el cual no exista resolución definitiva, y cuando no se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tiene aplicación al respecto, la tesis publicada en la página 81, del Semanario Judicial de la Federación 133-138 Tercera Parte, Séptima Época, que establece: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio". También la jurisprudencia 22/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, página 196, que dice: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." Ahora bien, como ya se adelantó, se advierte que el aquí quejoso reclama del Secretario del Ayuntamiento de Tlaxcala, las citaciones para que el quejoso comparezca a la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa MTLX/PM/PARA/01/2017. Luego, es evidente, que los actos reclamados provienen de autoridad administrativa, distinta de la judicial, en un procedimiento seguido en forma de juicio; sin embargo, la instauración del procedimiento, no tiene sobre la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, que haga procedente la instancia constitucional, sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva respecto de dicho procedimiento de responsabilidad administrativa MTLX/PM/PARA/01/2017. Efectivamente, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se advierte que por acuerdo de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, se inició el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra del hoy quejoso, declarándose competente y registrándose con el número MTLX/PM/PARA/01/2017, por lo que se ordenó informar y mandar a citar al hoy quejoso para que compareciera con el objeto de llevarse a cabo la audiencia conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el día veinticinco de julio del año dos mil diecisiete. De lo anterior, se advierte, sin duda alguna, que se está en presencia de un procedimiento administrativo, y que en éste aún no se ha dictado la resolución definitiva. Bajo esa tesitura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el amparo procede ante el Juez de Distrito contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se advierte de la tesis jurisprudencial número P./J. 24/92, del Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Octava Época, Tomo: 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo en su fracción IV previene que procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio sólo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que deba aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto del juicio." Bajo ese contexto, es evidente que el acto reclamado, consistente sustancialmente en la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa MTLX/PM/PARA/01/2017, no puede ser considerado como de imposible reparación, pues no afecta de modo directo o inmediato algún derecho sustantivo, en razón de que, en el caso particular, no se tiene conocimiento de si la resolución definitiva que llegare a dictarse le será adversa o no. En efecto, se afirma que los actos reclamados no tienen sobre el aquí quejoso una ejecución de imposible reparación, ya que no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tienen como efecto sujetar a la parte quejosa, al procedimiento administrativo en cuestión. Por lo tanto, no hay duda de que no se está en presencia de actos emitidos por autoridad distinta de la judicial dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, que haga procedente la instancia constitucional; pues como ya se vio, en el procedimiento administrativo en cuestión, aún no se ha dictado la resolución definitiva. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª. /J. 43/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y dos, Tomo XXII, abril de dos mil seis del Semanario Judicial de la Federal y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." De igual forma es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2ª. /J. 119/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y dos, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federal y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL (ACTUALMENTE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN RELATIVO NO ES ACTO IRREPARABLE NI CAUSA AFECTACIÓN EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. Conforme a los artículos 114, fracciones II y IV, 158, 159, fracción III, y 161, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por regla general el desechamiento de pruebas dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio constituye una afectación a derechos adjetivos o procesales de defensa que debe impugnarse en amparo directo promovido contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a la contienda, salvo que con motivo de ese acto intraprocesal se cause una ejecución irreparable, caso en el cual procede el juicio de garantías en la vía indirecta. En ese tenor, se concluye que el desechamiento de las pruebas de descargo ofrecidas por el servidor público sujeto al procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (actualmente Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial) de la Procuraduría General de la República, no constituye un acto de imposible reparación, al no lesionar de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, sino sólo una afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad resolutora al emitir fallo favorable, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del quejoso por esa actuación. Igualmente, las consecuencias de ésta no producen una afectación en grado predominante o superior, en tanto no se impide la debida integración de la litis; tampoco ocasionan el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa, ni determina definitivamente el rumbo del procedimiento por la posibilidad de que, aun sin pruebas de su parte, pueda obtener una resolución a su favor atendiendo a la universalidad de las constancias respectivas." En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia referida, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo. Atenta la conclusión alcanzada, resulta innecesario realizar un análisis exhaustivo de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, ya que en nada cambiaría el sentido del presente fallo. De igual forma, conforme al sentido de la presente resolución, resulta innecesario ocuparse de los demás motivos de queja, y de los conceptos de violación, de acuerdo a lo que sostiene la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adolfo Escobar Jardinez, respecto de los actos y autoridad precisado en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, toda vez que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente se encuentra transcurriendo el término para que las partes, se impongan del contenido del informe justificado que rindió el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J54/2000, sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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