Adolfo Àngel Avilés Trejo

Expediente 58/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
58/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Adolfo Àngel Avilés Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos aportados por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cincuenta y ocho minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 58/2023-III, promovido por Adolfo Àngel Avilés Trejo, por conducto de su apoderado legal, Iván Vladimir Sánchez Grande, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Laura Pérez López, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada alguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Adolfo Àngel Avilés Trejo, por conducto de su apoderado legal, Iván Vladimir Sánchez Grande; auto admisorio de veinte de enero de dos mil veintitrés e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se encuentra debidamente emplazado. Del mismo modo, agréguese a la presente audiencia la razón del Actuario adscrito a este Juzgado con el número de registro 2921, mediante la cual manifiesta la imposibilidad para emplazar a este juicio a la parte tercera interesada, moral denominada Eige Construcciones e Ingenierías Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos que expone. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En lo tocante a la falta de emplazamiento de la tercera interesada, tal circunstancia no le depara perjuicio, dado el sentido que regirá en la sentencia que se dicte en el presente asunto. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que las autoridades responsables Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del escrito de dos de septiembre de dos mil veintidós y el proveído de trece de febrero de este año dentro del expediente laboral C.D.T. 356/2020-3. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 58/2023-III, promovido por Adolfo Àngel Avilés Trejo, por conducto de su apoderado legal, Iván Vladimir Sánchez Grande, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, Adolfo Ángel Avilés Trejo, por conducto de su apoderado legal, Iván Vladimir Sánchez Grande, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: La omisión de acordar el escrito dentro del expediente C.D.T. 356/2020-3 mediante el cual solicita cierre de instrucción, toda vez que no quedan pruebas pendientes por desahogar y hecho lo anterior dicte el laudo correspondiente. Ello, por estimar que tales actos son violatorios en perjuicio de su apoderada de la garantía contenida en el artículo 17 Constitucional. SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, quien lo rindió con anticipación a la audiencia constitucional; se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su modificación contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el propio medio oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza laboral y porque se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de la certeza o existencia de los actos reclamados, a fin de cumplir con la congruencia que debe distinguir toda decisión judicial y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, conviene indicar que en este juicio la parte quejosa reclama: La omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el dos de septiembre de dos mil veintidós, en el que renuncia a su derecho de formular alegatos y solicita el cierre de instrucción, por no existir pruebas pendientes de desahogar; a fin de que se turnen los autos para el dictado del laudo respectivo, dentro del expediente C.D.T. 356/2020-3. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidente y representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al rendir el informe con justificación, manifestó que es cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora con la copia certificada derivada del juicio laboral C.D.T. 356/2020-3, de su estadística, que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en el escrito de dos de septiembre de do mil veintidós, presentado ante su autoridad el veintiuno de ese mismo mes y año y, el auto de trece de febrero pasado; constancia que que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, de la que se advierte que al momento de presentarse la demanda la demanda de amparo (dieciocho de enero de dos mil veintitrés) no había pronunciamiento respecto del cierre de instrucción solicitado por la parte quejosa (en escrito de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós). De ahí, que se tiene por cierto el acto que se le atribuye a la indicada autoridad responsable. CUARTO. Causal de improcedencia del juicio. Previo al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, es pertinente examinar las causas de improcedencia o de sobreseimiento que se hagan valer por las partes y las que se adviertan de oficio por este Juzgador Federal, dado que la improcedencia del amparo es una cuestión de orden público y, una institución por virtud de la cual el órgano de amparo se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal, la que se analiza de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. En el caso, de las constancias que se allegaron al presente juicio de amparo, la suscrita Juez considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo anterior al haber cesado en sus efectos los actos reclamados consistentes en: La omisión de proveer el escrito presentado por la parte quejosa el dos de septiembre de dos mil veintidós, en el que renuncia a su derecho de formular alegatos y solicita el cierre de instrucción, por no existir pruebas pendientes de desahogar; a fin de que se turnen los autos para el dictado del laudo respectivo, dentro del expediente C.D.T. 356/2020-3. A efecto de demostrar lo anterior, se transcribe el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto Reclamado; [...]". Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, y, esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del impetrante, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino también como la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija. En esa línea, la causal de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consiste en la cesación de efectos del acto reclamado y se actualiza cuando, ante la inexistencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. Así, de las pruebas que ofreció la responsable, se advierte que: Mediante escrito presentado por a la parte quejosa ante la autoridad responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, renunció a su derecho de formular alegatos y solicitó el cierre de instrucción en el procedimiento laboral de origen, por no existir pruebas pendientes de desahogar; ello, a fin de que se turnen los autos para el dictado del laudo respectivo. Y, en trece de febrero de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Junta responsable emitió el auto correspondiente a la solicitud de dicho quejoso dentro del expediente laboral C.D.T. 356/2020-3. De lo anterior, se advierte que la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante resolución de trece de febrero del año en curso, emitió la resolución cuya omisión impugna el quejoso; mismo que se encuentra en vías de notificación, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo De ahí que los actos reclamados en esta vía constitucional han cesado en sus efectos. Entonces, tales circunstancias evidencian la actualización del motivo de improcedencia previsto en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, y como se adelantó, ante la actualización de la causal de improcedencia en estudio se sobresee en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que señala: "[.] SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que nos ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, sise decreta el sobreseimiento del juicio [.]". QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo, asimismo, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el precitado Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentras acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la Constitución Federal; 63, fracción II, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE. PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Adolfo Àngel Avilés Trejo, por conducto de su apoderado legal, Iván Vladimir Sánchez Grande, en términos de lo expuesto en el quinto considerando de este fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previa exhibición de las constancias impresas, dejando razón de su recibo en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala,; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes justificados; asimismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte la documental que adjunta consistente en copia certificada del expediente laboral C.D.T 356/2020-3, sin perjuicio de hacer relación de la misma al momento de resolver. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica dependiente de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur, por medio del cual rinde informe justificado; sin mayor pronunciamiento, toda vez que de autos se advierte que en fecha siete de enero de dos mil veintidós, se tuvo al Asesor Jurídico de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Baja California Sur, rindiendo su respectivo informe justificado. Notifíquese.

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