Adolfo Escobar Jardinez
Expediente 64/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Adolfo Escobar Jardinez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que el promovente dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de enero del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio suscrito por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con el que remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 112/2018, promovido por Adolfo Escobar Jardinez, por derecho propio, en atención a la separación de juicios decretada; en el entendido que el presente juicio de amparo, únicamente versará respecto de los actos reclamados por el quejoso en su demanda de amparo, derivados de la carpeta de investigación C.I.UITLAX/T4/259/2017, atribuidos a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala adscrito a la Fiscalía de Servicios Públicos. En esa tesitura, se procede acordar lo concerniente a la demanda de amparo correspondiente al presente sumario, y al respecto se provee: Vista la demanda de amparo promovida por Adolfo Escobar Jardinez, por derecho propio, en contra de los actos reclamados del Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala adscrito a la Fiscalía de Servicios Públicos; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda, que es el 64/2018. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, Adolfo Escobar Jardinez, señaló como actos reclamados las violaciones directas a derechos fundamentales concernientes en la imposibilidad material de ejercer su derecho y oportunidad de defensa adecuada, someterse a la investigación, tener acceso a los registros de la carpeta de investigación C.I.UITLAX/T4/259/2017, así como ofrecer datos de pruebas pertinentes y necesarios para un ejercicio de defensa adecuada y presunción de inocencia; sin embargo dichos actos no le deparan perjuicio alguno al quejoso, y por tanto, el juicio de amparo es improcedente. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudiera allegar las partes. En otras palabras el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2º.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203,196, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS.- La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertida y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.Efectivamente, en la especie, como ya se vio, los actos reclamados se hacen consistir en las violaciones directas a derechos fundamentales concernientes en la imposibilidad material de ejercer su derecho y oportunidad de defensa adecuada, someterse a la investigación, tener acceso a los registros de la carpeta de investigación C.I.UITLAX/T4/259/2017, así como ofrecer datos de pruebas pertinentes y necesarios para un ejercicio de defensa adecuada y presunción de inocencia; sin embargo en contra de dichos actos reclamados, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, Constitucional, así como el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, resulta necesario traer a contexto el contenido del normativo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye: ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional, establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. Luego, por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo anterior se explica en virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el juicio de amparo como un medio de defensa de los derechos sustantivos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de las garantías individuales. Al respecto conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación, ante la comisión de un delito. Ahora bien, en relación con esto último, el artículo 21, de la Constitución Política del os Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público". Del texto constitucional transcrito se desprende que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público en representación de la sociedad, por lo tanto, debe colegirse que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no forma parte de los derechos fundamentales de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución". De ahí que las actuaciones de la autoridad responsable tendientes a la integración y consignación de averiguación previa o carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, puesto que son de orden público, excepción hecha cuando en aquella se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En el caso, del texto integral de su demanda de amparo, se desprende que, en esencia, el impetrante de amparo reclama la integración de la carpeta de investigación C.I.UITLAX/T4/259/2017, iniciada en su contra, así como la omisión de la autoridad responsable, de citarlo o hacerlo comparecer dentro de dicha indagatoria, a fin de darle intervención y acceso a la misma, para estar en aptitud de ofrecer pruebas y demás elementos necesarios para su defensa. En esas condiciones, dichos actos no le deparan perjuicio alguno al quejoso, pues dichas actuaciones no implican que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, como ya se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica de los quejosos, sino que es un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a la institución antes mencionada; además, debe decirse que la resolución sobre el ejercicio de aquélla, no le irroga perjuicio alguno, puesto que esta se materializaría una vez que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resuelve procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Máxime que en su demanda de amparo el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que no ha recibido comunicación o citatorio alguno para comparecer ante la autoridad responsable. Resulta aplicable la tesis aislada VI.3º.8P., sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación de 1917, a la fecha, con número de registro 203374, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACION PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales". En ese sentido, la integración de la carpeta de investigación C.I.UITLAX/T4/259/2017, en contra del quejoso, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, ya que, en todo caso, forma parte de la facultad de investigación de la Fiscalía del Ministerio Público. Ello es así, puesto que dichas actuaciones no tienen como finalidad restringir la libertad personal de la parte quejosa, ni siquiera de manera momentánea, sino la de allegarse de elementos a fin de estar en aptitud de determinar si se configuran o no los ilícitos materia de la indagatoria, de ahí que no se esté en presencia de un acto que afecte a las personas involucradas en la misma. De igual forma, tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.2°.P.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial del a Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 226462, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA.- Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". De ahí que la averiguación previa o fase previa de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales, en ejercicio de las funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional de la autoridad investigadora. Resulta ilustrativa por las razones en ella expuesta la tesis aislada 1ª. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 180028 de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Por otro lado, respecto a la manifestación que realiza el quejoso en el sentido de que resulta ilegal que exista una investigación en su contra sin poder defenderse, cabe señalar que la omisión del Ministerio Público de tomar su declaración ministerial dentro de una indagatoria no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que tal declaración no constituye un requisito indispensable para que se integre aquélla, ya que el artículo 21 de la Constitución Federal no lo dispone de tal forma, y en todo caso, constituye un elemento más de prueba que puede tener en cuenta el Ministerio Público para efectos de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, en ejercicio de la facultad que le concede la propia Carta Magna. Robustece lo anterior, la circunstancia de que la fracción II, del artículo 20, Constitucional, consagra el principio de no autoincriminación, que se traduce en que el inculpado no podrá ser obligado a declarar en su contra, lo que conduce a establecer que la presentación de éste dentro de la fase de investigación, únicamente tiene como consecuencia otorgarle la oportunidad de declarar, es decir, manifestar lo que a su derecho convenga, compareciendo a defenderse desvirtuando los hechos que se le imputan, pero tal acto no implica que pueda abstenerse de declarar o hacerlo en los términos que estime pertinentes y que a su entender favorezca sus intereses. Lo anterior, fue así determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis aislada I.9º.P (10ª.), visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2009697, rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así". Resulta aplicable la tesis aislada XXVII.3º.48 P, sustentada por el Tercero Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2015500, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO.- De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión". Resulta aplicable la tesis aislada I.9o.P.172 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2015566, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO.- Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley". Finalmente, resulta aplicable la tesis aislada XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2015501 de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.- De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente". En esa tesitura, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, Constitucional, así como el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto de los actos que reclama, pues son cuestiones de orden público e interés social, ya que la sociedad está interesada en que la función investigadora no se paralice; por tanto, conforme al artículo 113 de la ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO LADEMANDA DE AMPARO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Montoya Rodríguez, Ameyali Fujiko Espinosa Nava, Ismael Rodríguez Vieyra y Jesús Ortíz Xilotl, y no así a Alejandro Solís Anguiano y Octaviano Liceaga Zermeño, por no contar con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado par el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, por tanto, se les tiene como autorizados únicamente en términos del segundo párrafo del numeral antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese personalmente.
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