Adela Lizaldi Arizmendi
Expediente 703/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adela Lizaldi Arizmendi
- El Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1 y 7.5 en sus numerales 2 y 3 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; misma suerte corre el original del incidente de suspensión toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva; sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita el presente asunto al archivo adjúntese el mismo. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, a), del citado acuerdo general. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-703/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, turnado el día siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Adela Lizaldi Arizmendi, por conducto de su apoderado legal David Viveros Vázquez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las omisiones de autoridad que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías otorgadas para su protección. Asimismo, narró bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. En proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, se requirió a la autoridad responsable el informe justificado correspondiente; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló el pedimento 262/202 solicitando el sobreseimiento en el juicio por negativa de actos. Asimismo, en auto de once de noviembre de dos mil veinte se dio vista a la parte quejosa para que aclarara, corrigiera o precisara cuál era la denominación correcta de las autoridades que señaló como Subsecretario de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública en el Estado y Director de Oficialía de partes de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, dado a que, al intentar notificarles el oficio por el que se les requirió el informe justificado, el actuario adscrito a este órgano fue informado de su inexistencia; requerimiento que fue atendido mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veinte en el que se realizaron las siguientes precisiones: "En tales condiciones, por conducto de este escrito vengo a dar cumplimiento a dicho requerimiento en los términos siguientes: En relación al señalamiento de la autoridad que se refirió desde la demanda de amparo como Subsecretario de Educación Inicial, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que lo correcto debe ser SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN INICIAL, según consta en la página de internet oficial de la Secretaría de Educación Pública. En relación al señalamiento de la autoridad que se refirió desde la demanda de amparo como encargado o director de la Oficialía de Partes de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que lo correcto debe ser ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, según consta en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública". No obstante lo anterior, es oportuno destacar que, mediante oficio sin número recibido por este órgano el veinte de enero de dos mil veintiuno, la Subsecretaria de Educación Inicial rindió el informe justificado que se le requirió bajo esa denominación (página 168, expediente digital). Asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente para conocer de este juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que los actos reclamados están constituidos por actos emitidos por autoridad administrativa distinta a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para fijar con precisión en qué consisten los actos reclamados debe tomarse en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De la tesis de jurisprudencia invocada, como ya se dijo, se desprende que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad, por lo que si la parte quejosa designa de manera incorrecta o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte esa situación, el juez de distrito debe precisarlo, a fin de que las personas no vean obstaculizado el derecho de acceso a la justicia. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es dable concluir que la intención de la parte quejosa es reclamar: La omisión de ordenar la reapertura ordenada, vigilada y segura de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, a efecto de que, en forma ordenada, vigilada y segura, se lleve a cabo una reactivación de las funciones y actividades de atención al público en general en la Secretaría de Educación Pública. Actos omisión que se reclama al (1) Gobernador del Estado de Michoacán. La omisión de ordenar la reapertura ordenada, vigilada y segura, de las oficinas de la Secretaría de educación Pública del Estado de Michoacán, a efecto de que, de forma ordenada, vigilada y segura, con medidas de protección sanitarias necesarias para el ingreso del público en general, se lleve a cabo una reactivación de las actividades de atención al público en general. La negativa a recibir documentos para trámites y demás asuntos pendientes. Omisiones que se atribuyen a la (2) Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. La omisión de ordenar la reapertura ordenada, vigilada, y segura, con medidas de protección sanitarias necesarias para el ingreso del público en general, de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, a efecto de que, de forma ordenada, vigilada y segura, se lleve a cabo una reactivación de las actividades de atención al público en general. La negativa a recibir documentos para trámites y demás asuntos pendientes. Omisión y acto que demanda a la (3) Subsecretaría de Educación Inicial de la Secretaría de Ecuación. La negativa a recibir documentos para trámite y demás asuntos pendientes. Actos de autoridad que se atribuyen de forma particular la (4) la Encargada del Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir el informe justificado, negaron la existencia de las omisiones que se les reclaman en los términos siguientes: Gobernador del estado de Michoacán: "Los actos reclamados a la autoridad que represento consisten en: "la omisión de ordenar la reapertura ordenada, vigilada y segura, de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, a efecto de que, de forma ordenada, vigilada y segura, se lleve a cabo una reactivación de las funciones y actividades de atención al público en general en la Secretaría de Educación Pública". Al respecto, se niega el acto reclamado por no ser propio de esta autoridad, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, solicito sobresea en el juicio al no existir los actos reclamados a la autoridad que represento". Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán: "ANTE USTED, ME PERMITO RENDIR INFORME JUSTIFICADO, LO CUAL HAGO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: En relación con el acto reclamado a la Autoridad que represento, mismo que se precisa en el escrito inicial de Demanda de Amparo signado por la Quejosa y que en la especie medularmente se hace consistir en: 'la omisión de ordenar la reapertura, vigilada y segura, de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán, a efecto de que, de forma ordenada, vigilada y segura, con medidas de protección sanitarias necesarias para el ingreso del público en general, como (iii) la negativa a recibir documentos para trámites y demás asuntos pendientes que atañen no solo a mi Mandante, sino al público en general.' Al respecto manifiesto que, no es cierto el acto que se reclama de esta autoridad señalada como responsable, ya que si bien debido a los diversos decretos emitidos por el Ejecutivo del Estado, las oficinas de la Secretaría de Educación a partir del 16 de marzo de 2020 se encontraban cerradas para evitar la propagación del virus SARS-COV-2 o COVID-19, esto como una medida de prevención y así evitar la propagación del virus entre los empleados y usuarios de la dependencia, sin embargo, aún y cuando no se ha emitido decreto alguno por parte de la Autoridad competente y aun y cuando no hay una atención masiva a público, en la página oficial de Facebook de la Dependencia, se han señalado los correos para trámites o gestiones, de igual manera, se ha estado recibiendo correspondencia en las oficinas alternas de la dependencia, por lo que las propias oficinas de la Secretaría de Educación se encuentran ejerciendo funciones siguiendo los protocolos de seguridad para combatir y prevenir el contagio y propagación del virus SARS-COV-2 o COVID 19, por lo que ya se encuentran abiertas siempre y cunado se acuda y solicite cita con los titulares de la misma". Subsecretaría de Educación Inicial. "ANTE USTED, ME PERMITO RENDIR INFORME JUSTIFICADO informe que rindo EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: En relación con el acto reclamado a la Autoridad que represento, mismo que se precisa en el escrito inicial de Demanda de Amparo signado por la quejosa y que en la especie medularmente se hace consistir en: 'la omisión de ordenar la reapertura ordenada, vigilada y segura, de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán, a efecto de que, de forma ordenada, vigilada y segura, con medidas de protección sanitarias necesarias para el ingreso del público en general, como (i) la negativa a recibir documentos para trámites y demás asuntos pendientes que atañen no solo a mi Mandante, si no al público en general.' Al respecto manifiesto que NO ES CIERTO EL ACTO QUE SE RECLAMA DE ESTA AUTORIDAD señalada como responsable, ya que si bien debido a los diversos decretos emitidos por el Ejecutivo del Estado, las oficinas de la Secretaría de Educación a partir del 16 de marzo del 2020 se encontraban cerradas para evitar la propagación del virus SARS-COV-2 o COVID-19, esto como una medida de prevención y así evitar la propagación del virus entre los empleados y usuarios de la dependencia, sin embargo, si bien no se ha emitido decreto alguno para ordenar una reapertura de las oficinas administrativas que la integran, el realizar dicha acción, o bien, el ordenado a toda la estructura de la dependencia, no es una atribución que me corresponda como titular de la Dirección que represento. Sin embrago, aún y cuando no se ha emitido decreto alguno por parte de la Autoridad competente y aun y cuando no hay una atención masiva a público, en la página oficial de Facebook de la Dependencia, se han señalado los correos para trámites o gestiones, de igual manera, se ha estado recibiendo correspondencia en las oficinas alternas de la dependencia, por lo que las propias oficinas de la Secretaria de Educación se encuentran ejerciendo funciones siguiendo los protocolos de seguridad para combatir y prevenir el contagio y propagación del virus SARS-COV-2 o COVID 19, por lo que ya se encuentran abiertas siempre y cuando se acuda y solicite cita con los titulares de la misma. Así mismo, informo a Usted que en el sitio web de la dependencia hfip://www.educacion.michoacanoob.mxl, se encuentran el directorio con el número de cada una de las oficinas, en caso de que la quejosa requiera le sea agendada una cita para atención. No omito señalar su Señoría, que el hecho de que la Secretaría de Educación a la fecha no haya emitido una apertura igual a las diversas dependencias del Estado, lo es a causa de que se está prevaleciendo el cuidar de la salud de las y los trabajadores adscritos a ella, así como de los usuarios, en virtud de que las dinámicas de atención, de estar a puertas abiertas, se volverían caóticas de acuerdo al número de usuarios que diariamente pueden visitar, por lo que si bien no se ha mantenido puertas abiertas para atender a todo aquel que realice un trámite (trabajadores, estudiantes, padres y madres de familia) por medio de las páginas oficiales y Unidades Regionales se ha procurado brindar la atención a los asuntos en materia educativa, laboral, penal, civil y administrativa que son de nuestra competencia. Por lo que no se considera exista una violación a los derechos de la quejosa y por ende, es inexistente el acto que reclama". Jefa del Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de educación en el Estado de Michoacán. "[.] respetuosamente comparecemos a: RENDIR INFORME JUSTIFICADO AD CAUTELAM, en virtud de que la autoridad señalada corno responsable por la quejosa es el encargo del 'DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES' y la denominación correcta del área, acorde al Manual de Organización de la Secretaría de Educación lo es 'Departamento de Servicios Generales' informe que rindo EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: En relación con el acto relativo a la Autoridad que represento, mismo que se precisa en el escrito de Demanda de Amparo signado por la quejosa y que en la especie medularmente se hace consistir en: 'la omisión de ordenar la reapertura ordenada, vigilada y segura, de las oficinas de la Secretaria de Educación Pública en el Estado de Michoacán, a efecto de que, de forma ordenada, vigilada y segura con medidas de protección sanitarias necesarias para el ingreso del público en general, como (ii) la negativa a recibir documentos para trámites y demás asuntos pendientes que atañen no solo a mi mandante sino al público en general.' Al respecto manifiesto que, NO ES CIERTO EL ACTO QUE SE RECLAMA DE ESTA AUTORIDAD señalada como responsable, ya que si bien debido a los diversos decretos Saldos por el Ejecutivo del Estado, las oficinas de la Secretaría de Educación a partir del 16 de marzo del 2020 se encontraban cerradas para evitar la propagación del virus SARS:COV-2 o COVID-19, esto como una medida de prevención y así evitar la propagación del virus entre los trabajadores y usuarios de la dependencia; sin embargo, si bien no se ha emitido decreto alguno para ordenar una reapertura de las oficinas administrativas que la integran, el realizar dicha acción o bien ordenarlo a toda la estructura de la dependencia no es una atribución que me corresponda como titular del Departamento que represento. Sin embrago, aun y cuando no se ha emitido decreto alguno por parte de la Autoridad competente y aun y cuando no hay una atención masiva a público, en la página oficial de Facebook de la Dependencia, se han señalado los correos para trámites o gestiones, de igual manera se ha estado recibiendo correspondencia en las oficinas alternas de la dependencia, por lo que las propias oficinas de la Secretaria de Educación se encuentran ejerciendo funciones siguiendo los protocolos de seguridad para combatir y prevenir el contagio y propagación del virus SARS-COV-2 o COVID 19, por lo que ya se encuentran abiertas siempre y cuando se acuda y solicite cita con los titulares de la misma. Aunado lo anterior, anexo al presente la circular 12/2020, de fecha 31 de julio del 2020, signada por la Mtra. BARBARA DE JESUS TORRES MORA, en cuanto a Directora de Administración de Personal en la Secretaría de Educación en el Estado en ese momento, mediante la cual, se emitieron las recomendaciones y lineamientos a seguir para el regreso a labores, circular con una vigencia señalada del 1 al 31 de agosto del 2020, sin embargo, dichas medidas a la fecha se han seguido aplicando, circular con la que se pretende acreditar que si bien no ha existido una apertura completa de las oficinas que ocupan la Secretaría de Educación, si se han emitido lineamientos y recomendaciones para brindar el servicio. Así mismo, en el sitio Web de, la dependencia http://www.educaciorimichoacan.qob.mx/, se encuentran el directorio con el número de Cada una de las oficinas, en caso de que la quejosa requiera le sea agendada una cita para atención". III.1. Ahora, respecto de las omisiones que se atribuyen a las autoridades responsables (1) Gobernador, (2) Secretaría de Educación en el Estado y (3) Subsecretaria de Educación Inicial, de ordenar la reapertura ordenada, vigilada y segura de las oficinas de la Secretaría de Educación en Estado, es indispensable establecer en dónde se encuentra consignada tal obligación, debido a que la violación de los derechos humanos de las personas también puede producirse por la inactividad del estado, cuando una dependencia de éste se encuentre llamada a realizar o cumplir con un deber jurídico no se realiza, como así lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis XVII/2018 (10a.) que establece: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". En ese orden, para determinar si las autoridades precisadas violaron o no el deber realizar la conducta que el quejoso reclama, primero debe establecerse en dónde se encuentra consignada tal obligación. Precisado lo anterior, en términos generales, puede establecerse que el Estado es una institución que es creada por un grupo de personas habitan en un territorio determinado en una época, también determinada, con valores en común, libres por naturaleza pero que tienen la necesidad de crear un ente, que se encargue de armonizar las libertades de todos los individuos y garantizar a todos ellos su libre ejercicio. Para cumplir tal propósito, las personas ceden una parte del poder que de forma natural se deposita en ellos, para que sea un tercero depositario de un poder supremo, que organice y distribuya las funciones necesarias para que todos los individuos puedan vivir en comunidad (elementos anteriores al estado). El estado como tal, se crea por virtud de la voluntad del pueblo representada por el Poder Constituyente Originario que toma su legitimación directamente de la voluntad del pueblo que desea constituirse en un estado de derecho, para dar seguridad jurídica a su estatus de persona para ser el centro de imputación de los derechos y obligaciones que el Poder Constituyente habrá de reconocerles a todos por igual y de forma equitativa e imponerles para garantizar que todos puedan ejercerlos de manera funcional. Al proclamarse la constitución de un estado, se crea en sí mismo el ente jurídico que en lo sucesivo habrá de administrar el patrimonio común del pueblo, y distribuirá las funciones esenciales a través de las cuales se lograra el objeto del estado constituido (elementos constitutivos). En México, el Estado Mexicano se constituyó a través de la Constitución Política de la República Mexicana promulgada el cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete por el entonces presidente substituto de la República Mexicana Ignacio Comomfort, y en los artículos 40 y 41 se expresó la voluntad del pueblo de la forma siguiente: "40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente á su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de su competencia, y por los de los Estados para lo que toca á su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos por esta Constitución federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir á las estipulaciones del pacto federal". Estas disposiciones pasaron a la Constitución de mil novecientos diecisiete prácticamente sin ningún cambio, ya que en el decreto publicado en el Diario Oficial del Gobierno Provisional de la República Mexicana publicado el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Nación Venustiano Carranza, promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857, la que, e los artículos 40 y 41 precisa: "Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal". El texto de estos preceptos sólo ha sufrido una reforma la que se promulgó el veintinueve de enero de dos mil dieciséis para incluir en el artículo 40, la pablara "laica" e introducir en el 41 la obligación de renovar los poderes Legislativo y ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódica conforme a las base que ahí se establecieron, pero en esencia pervivió el espíritu que le imprimió el Poder Constituyente. Pues bien, en lo que interesa en este asunto, en toda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente y en la propia del Estado de Michoacán, no se advierte una obligación expresa en las que se establezca el deber jurídico a cargo de las autoridades responsables de emitir una norma general o un acto administrativo en particular en el que deba ordenarse la reapertura ordenada, vigilada y segura de las oficinas de la Secretaría de Educación en Estado, lo que resulta lógico porque el cierre temporal de esta dependencia básica del Poder Ejecutivo del Estado se debió a una situación de emergencia sanitaria derivada de enfermedad Covid-19, producida por el virus SARS CoV-2, que afectó a todo el orbe; sin embargo, ello no significa que el Estado Mexicano no haya adquirido el deber de proveer en la esfera administrativa de las normas generales que permitan, de alguna manera, hacer frente a la emergencia sanitaria. Lo anterior es así, porque el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: [.] XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 1a.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. 2a.- En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 3a.- La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País". Nominalmente hablando, este apartado constitucional contiene una cláusula habilitante a través de cual aprovechando el conocimiento de dos dependencias básicas del Poder Ejecutivo de la Federación como son el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, el Congreso les traslada la facultad de emitir actos formal y materialmente legislativos para hacer frente al estado de emergencia, de ahí que (prima facie) la obligación de emitir las normas generales para suspender las actividades y su posterior reanudación corresponde al Consejo de la Salubridad General y a la Secretaría de Salud, no al Gobernador, al Secretario de Educación en el Estado o al Subsecretario de Educación Inicial de dicha secretaría. No obstante lo anterior, como el derecho a la salud reconocido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece obligaciones tanto primarias o de prestación como secundarias o de garantía, la Ley General de Salud -reglamentaria del precepto constitucional- establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Pues bien, es en esta concurrencia en donde puede encontrarse la obligación de las autoridad responsable de modular las restricciones impuestas por la autoridad de la Federación, dentro de los límites que ésta haya impuesto, porque no debe perderse de vista que las disposiciones del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud emitidas en el marco de la emergencia sanitaria son actos formal y materialmente legislativos, porque se emiten con base en una facultad originaria del Congreso de la Unión que se las delega para hacer frente al estado de emergencia, por tanto, las normas que en su caso emitan las Entidades Federativa quedan sujetas al principio de jerarquía normativa. En ese entendido, para hacer frente a la emergencia sanitaria, se han emitido diversas disposiciones por parte de la autoridad federal, entre ellas el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad general por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte en la que, entre otras cosas se estableció: "Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior". Luego el treinta y uno de marzo de dos mil veinte se publicó en el mismo órgano de difusión el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria general por el virus SARS-CoV-2, en el que se precisó: "ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; III. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas: a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; b) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal; IV. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible; V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México; VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas, y VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas [.]". De lo anterior deriva, que la suspensión de actividades en los sectores público, social y privado, no fue decretado por ninguna de las autoridades que el quejoso señaló como responsables, y que, una vez que concluyera la vigencia de ese acuerdo general, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México. Posteriormente, acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de abril de dos mil veinte se modificó el acuerdo antes descrito para quedar como sigue: "Artículo Primero.- Se modifica la fracción I, del artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, para quedar como sigue: "ARTÍCULO PRIMERO. [...] I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; [.]". El catorce de mayo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, y entre otras medidas se establecieron las siguientes: "ARTICULO SEGUNDO.- La estrategia consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando las siguientes etapas: i) Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19; ii) Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud, conforme al Artículo Cuarto, segundo párrafo, del presente Acuerdo, y iii) Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas". Pues bien, es partir de esta publicación que la reapertura de las actividades económicas quedó sujeta al semáforo epidemiológico de la forma siguiente: En virtud de lo anterior, sin que se soslaye la concurrencia d facultades que el Estado de Michoacán tiene con la Federación en materia de salubridad general que contemple la obligación del (1) Gobernador, de la (2) Secretaría de Educación en el Estado y de la (3) Subsecretaría de Educación Inicial a emitir una norma general que ordene la reapertura ordenada, vigilada y segura de las oficinas de la Secretaría de Educación en Estado, porque esa reapertura está condicionada a que la entidad federativa se encuentre en semáforo verde, lo que hasta este momento no ha sucedido; por tanto, no es cierta la omisión reclamada y con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio por lo que a dichos actos se refiere. Además de lo anterior, del contenido de los informes justificados también se advierte que en la Secretaría de Educación en el Estado, no existe una suspensión total de actividades, sino que éstas -acorde con el color del semáforo epidemiológico- se encuentran con aforos reducidos, ya que es factible acudir a realizar trámites administrativos ante dicha secretaría previa cita, que puede agendarse por medio de los teléfonos que se encuentran publicado en las página de internet de la secretaría en comento en la dirección https://directorio.michoacan.gob.mx/dependencia/4/oficinas, de ahí que las omisiones reclamadas en este aspecto sea inexistentes. III.2. Tampoco es cierta la omisión que la quejosa reclama a la (4) Jefe del Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de Educación en el Estado, consistente en la negativa la documentación para trámites y demás asuntos pendientes, ya que al rendir el informe justificado la autoridad responsable lo negó, además afirmó que aun y cuando no se ha emitido decreto alguno por parte de la Autoridad competente, no existe una atención masiva a público, pero en la página oficial de Facebook de la Dependencia se han señalado los correos para trámites o gestiones, de igual manera se ha estado recibiendo correspondencia en las oficinas alternas de la dependencia, por lo que las propias oficinas de la Secretaria de Educación se encuentran ejerciendo funciones siguiendo los protocolos de seguridad para combatir y prevenir el contagio y propagación del virus SARS-COV-2 o COVID 19, por lo que ya se encuentran abiertas siempre y cuando se acuda y solicite cita con los titulares de la misma. También señaló que en la circular 12/2020, de fecha 31 de julio del 2020, signada por la Mtra. BARBARA DE JESUS TORRES MORA, en cuanto a Directora de Administración de Personal en la Secretaría de Educación en el Estado en ese momento, se emitieron las recomendaciones y lineamientos a seguir para el regreso a labores, circular con una vigencia señalada del 1 al 31 de agosto del 2020, sin embargo, dichas medidas a la fecha se han seguido aplicando. Ahora, para decidir sobre la existencia o no de la omisión que se reclama, es necesario precisar que el derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece varias garantías primarias o prestacionales que cualquier autoridad u organismos público se encuentra obligado a cumplir, cuando se eleva ante ellos una petición por escrito, pacífica y respetuosa. Al respecto, el precepto legal señala: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De esta trascripción se advierte, que el derecho de petición es un derecho humano de seguridad jurídica, que otorga a las personas el poder jurídico de exigir a cualquier autoridad, el cumplimiento de las obligaciones correlativas (garantías primarias y positivas) que comprende dos aspectos primordiales, el primero se refiere a la posibilidad de elevar ante cualquier autoridad una petición. El segundo aspecto comprende la obligación a cargo de la autoridad de dar una respuesta a cualquier petición que se formule por escrito, (1) en breve término, debiendo como corolario de ello, (2) hacerlo saber al gobernado, también (3) en breve término; siempre y cuando el gobernado haya designado un domicilio, dentro de la jurisdicción de la autoridad, para tal efecto. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". (4) También que la respuesta debe ser congruente con la petición y (5) estar debidamente fundada y motivada. Ahora, dado que el derecho de petición contempla varias obligaciones correlativas que cualquier autoridad debe cumplir, existen varios escenarios en que se puede ver violentada o desconocida la garantía individual en estudio, y por ello las consecuencias jurídicas son diversas. El caso particular se ubica en la primera hipótesis, ya que la quejosa asegura que no se la han recibido los documentos que ha intentado presentar para completar el trámite administrativo que le incube, incuso señala que los documentos que pretende presentar los remitió a los correos electrónicos patytovar_6@hotmail.com ivonmhgs23@gmail.com, terep_2011@hotmail.com, renemauriciosr@gmail.com, praraili@gmail.com, alejandro.calderon.unam@gmail.com, todos enviados desde la cuenta de la quejosa a.adelizariz@gmail.com; sin embargo, de tales constancias no se aprecia que sus destinatarios efectivamente hayan recibido los correos en comento, o que se trate de los que se encuentran autorizados para el trámite que pretende la parte quejosa, además, como se advierte de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, existen otras alternativas para que los documentos citados puedan ser entregados mediante el sistema de citas, la que puede agentarse en los números telefónicos que se encuentran a disposición en la página de internet https://directorio.michoacan.gob.mx/dependencia/4/oficinas, tal como se aprecia de la siguiente inserción: En virtudes lo anterior, la negativa que la quejosa atribuye a la Jefe del Departamento de Servicios Generales de la Secretarías de Educación en el Estado de Michoacán también es inexistente; por tanto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dichos actos se refiere. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adela lizaldi Arizmendi, al (1) Gobernador del Estado de Michoacán, (2) Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, (3) Subsecretaría de Educación Inicial de la Secretaría de Ecuación y la (4) Jefe del Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, en virtud de su inexistencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita; por oficio a las autoridades responsables.
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Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adela lizaldi Arizmendi, al (1) Gobernador del Estado de Michoacán, (2) Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, (3) Subsecretaría de Educación Inicial de la Secretaría de Ecuación y la (4) Jefe del Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, en virtud de su inexistencia.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con cuarenta minutos del once de febrero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo III-703/2020, promovido por ********************, por conducto de su apoderado jurídico ********************, contra las autoridades y actos siguientes: NUM. AUTORIDADES RESPONSABLESACTO RECLAMADO1Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.La omisión de ordenar la reapertura ordenada, vigilada y segura, de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, a efecto de que, de forma ordenada 2 Secretario de Educación Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. La omisión de ordenar la reapertura ordenada, vigilada y segura, de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, a efecto de que, de forma ordenada, vigilada y segura, con medidas de protección sanitarias necesarias para el ingreso del público en general, se lleve a cabo una reactivación de las actividades de atención al público en general. La negativa a recibir documentos para trámites y demás asuntos pendientes que atañen no solo a mi Mandante, sino al público en general 3 Subsecretario de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán de Ocampo La omisión de ordenar la reapertura ordenada, vigilada y segura, de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, a efecto de que, de forma ordenada, vigilada y segura, con medidas de protección sanitarias necesarias para el ingreso del público en general, se lleve a cabo una reactivación de las actividades de atención al público en general. La negativa a recibir documentos para trámites y demás asuntos pendientes que atañen no solo a mi Mandante, sino al público en general 4 Encargado o Director de la Oficialía de Partes de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán de Ocampo La negativa a recibir documentos para trámites y demás asuntos pendientes que atañen no solo a mi Mandante, sino al público en general. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda, prevención de treinta de octubre de dos mil veinte, escrito aclaratorio, auto de admisión de cuatro de noviembre de dos mil veinte. Por otra parte, en cuanto a los informes justificados que obra en autos, el secretario hace relación de los mismos mediante la tabla siguiente: No. AUTORIDAD SENTIDO 1 Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, representación del Gobernador del Estado. Niega 2 Selene Beatriz Villegas Cisneros, en representación del Secretario de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad. Niega Los autos que los tuvieron por recibidos y las documentales que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda. Auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo a la parte quejosa aclarando la aclara que la denominación correcta de las autoridades responsables que había señalado como Subsecretario de Educación Inicial y Director de la Oficialía de Partes, ambos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, lo es: AUTORIDAD RESPONSABLE Subdirectora de Educación Inicial de la Secretaría de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad. Encargado del Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, en cuanto a los informes justificados respecto a las autoridades mencionadas en la tabla que antecede el secretario hace relación de los mismos mediante la tabla siguiente: AUTORIDAD SENTIDO Jefe de Departamento de Servicios Generales de la Secretaría de Educación en El Estado de Michoacán Niega 2 Subsecretaría de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad Niega Los acuerdos que los tuvieron por recibidos, así como las documentales que rindieron las mencionadas autoridades en la tabla que antecede. Asimismo, el secretario hace constar: Que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló alegatos. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterados los proveídos mediante los cuales se tuvo a las autoridades responsables rindiendo informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que obran las documentales que anexaron al informe las autoridades responsables y las que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, así como la instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana; a lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que únicamente la representante social de la adscripción hizo manifestaciones en esta etapa; a lo que el Juez acuerda: Se tiene formulando los que a su parte corresponden, las cuales se tomaran en consideración al momento de resolver este asunto y por perdido el derecho a las partes de expresarlos, por lo que se cierra esta fase. Acto seguido, el Juez declaró vistos los autos y dispuso que cuando las labores del juzgado lo permitan, se pronuncie la sentencia respectiva. Doy fe. LIC. REYNALDO PIÑÓN RANGEL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN LIC. Juan Francisco Orozco Córdova SECRETARIO DEL JUZGADO. Essio.
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