Adela Hernández Urbina
Expediente 578/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adela Hernández Urbina
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por en cuanto representante especial del menor; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Asimismo, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ADELA HERNÁNDEZ URBINA, EN CUANTO REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR M.G.H, EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO; Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por en cuanto representante especial del menor; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Asimismo, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ELVIRA LUISA CORREA VAZQUEZ. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite el Juez Segundo Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con la documental que exhibe. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, para lo cual deberá correrse traslado con copia simple del oficio y anexo en mención; en el entendido que este Juzgado, en su oportunidad, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, de acuerdo a las constancias de autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA) Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ADELA HERNÁNDEZ URBINA, EN CUANTO REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR M.G.H. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Adela Hernández Urbina, en cuanto representante especial del menor M. G. H., contra actos del Juez Quinto Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número IV-578/2019. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo se advierte que la moral peticionaria de amparo precisó el acto reclamado en la forma siguiente: "IV ACTO RECLAMADO.- Reclamo el auto de fecha 26 de abril de 2019 dentro del Juicio Oral Familiar 1567/2018 del Juzgado Quinto Familiar de Morelia, Michoacán, en el cual se fijó por parte de la Autoridad Responsable una audiencia de conciliación, y respecto de la cual se apercibe a las partes que en caso de no asistir se les aplicará una multa por 3 tres unidades de medida y actualización" (Sic). De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa, así como de las constancias que en copia simple adjuntó al libelo constitucional se obtiene lo siguiente: I. Se encuentra en trámite el juicio oral familiar 1567/2018, del índice del Juez Quinto Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán, promovido por Julia Zavala Oliva en contra de Martín Guerra Villaseñor y Adela Hernández Urbina. II. Controvertido en el que el abogado de la quejosa [Alejandro Martínez Caballero], el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve solicitó a la autoridad responsable la audiencia de escucha de menor; petición a la que recayó el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en la que la autoridad responsable fijó las doce horas del diecisiete de junio de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de conciliación y/o mediación dentro del juicio subyacente, con el apercibimiento que en caso de no comparecer a dicha diligencia se le impondría multa equivalente a tres unidades de medida y actualización. Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado. fijación del acto reclamado. De un estudio integral de la demanda de amparo, analizada como un todo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) El auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio oral familiar 1567/2018 del índice del Juzgado Quinto en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, en el que fijó las doce horas del diecisiete de junio de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de conciliación y/o mediación dentro del controvertido en comento y la apercibió con la imposición de multa equivalente a tres unidades de medida y actualización para el caso de no comparecer a dicha diligencia. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En el caso, respecto al acto reclamado por la quejosa, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con los numerales 107, fracción V interpretado en sentido contrario y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa tuvo su génesis en el auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en la que la autoridad responsable fijó las doce horas del diecisiete de junio de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de conciliación y/o mediación dentro del juicio subyacente, con el apercibimiento que en caso de no comparecer a dicha diligencia se le impondría multa equivalente a tres unidades de medida y actualización; sin embargo, dicho acto no produce en la esfera jurídica de la quejosa una afectación que sea de ejecución irreparable, sino únicamente la posibilidad de que ello ocurra. Lo anterior, se estima en ese sentido, toda vez que el auto en el que se cita a las partes a la audiencia de mediación o conciliación es un acto meramente intraprocesal; y, en caso de trascender a su esfera jurídica, únicamente constituiría una violación procesal susceptible de combatirse en el juicio de amparo directo que en su caso se llegara a plantear contra la resolución definitiva que pusiera fin a la controversia principal, en términos de los numerales 170, 171 172 de la Ley de Amparo. En efecto, el hecho de que se haya citado a la quejosa a la celebración de la audiencia de conciliación o mediación con apercibimiento de imposición de multa, en modo alguno transgrede derechos sustantivos, requisito necesario para estimar la procedencia del juicio constitucional contra actos dentro de procedimiento, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Para mejor comprensión de los justiciables, respecto a los actos de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo indirecto, resulta pertinente acudir por identidad de razón a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, cabe decirse que dentro de la contradicción de tesis 377/2013, de la cual derivó la jurisprudencia antes citada, el Pleno del Máximo Tribunal determinó: "Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]'. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal, resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos; por tanto, las violaciones de índole procesal deberán, en su caso, ser impugnadas en conjunto con la sentencia que ponga fin al juicio del que deriva el acto reclamado. En abono a lo anterior, debe decirse que el auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve en el que la autoridad responsable citó a la quejosa a la audiencia de conciliación o mediación dentro del juicio subyacente, no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación, dado que, en su caso sería una violación meramente formal y es remediable si el afectado obtiene una sentencia favorable, y para el caso que la misma le fuera adversa puede reclamarse en el juicio de amparo directo, como violación procesal análoga a las previstas en el artículo 172, fracción XII de la Ley en la Materia. Lo anterior, se explica dado que el acto reclamado en comento no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sostener lo contrario, implicaría que contra cualquier infracción en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia ] sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. De igual manera resulta improcedente el juicio de amparo contra el apercibimiento de multa contenido en el auto de veintiséis de abril último emitido en el juicio subyacente, en virtud de que dicho apercibimiento no es un acto considerado actual o inminente, uno de los elementos necesarios para la procedencia del juicio de amparo biinstancial [elemento inmerso en el primer párrafo de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo]. Lo anterior, se explica en virtud de que la multa con que se le apercibió a la quejosa es un acto de naturaleza futura e incierta el cual en palabras llanas depende directamente de la actitud que la quejosa tome respecto de lo ordenado por el Juez responsable dentro del juicio subyacente; en efecto, el proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve con el que se le apercibió con la imposición de tres unidades de medida y actualización para que en caso de no comparecer a la audiencia de conciliación y/o mediación, es un acto cuyos efectos se proyectan al futuro, dependiendo de la condición resolutoria en él mismo inmersa, pues no existe la seguridad de que ello ocurra, pues como se indicó en líneas precedentes ello depende de la actitud que la quejosa tome frente al mandato del juez. Ello es así, toda vez que el juicio de amparo únicamente procede contra actos actuales e inminentes conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y en ese contexto dicho acto tampoco constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Por tanto, inconcuso resulta que el acto que se reclama actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. Idéntico criterio sostuvo la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo". Criterio que fue acogido recientemente en la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) Sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que a manera de ilustración se invoca y que es del literal siguiente: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. No es inadvertido para este juzgador, que las causales de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiadas en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que indica: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así también, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Criterios jurisprudenciales que se aplican en atención a que no obstante las reformas a la Ley de Amparo, no se contraponen a ésta, por lo que no se afecta la defensa del ocursante. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por autorizado únicamente para esos efectos a los profesionistas que indica, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
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