Adán Quezada Rodríguez
Expediente 65/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adán Quezada Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, con el cual se le tiene acusando recibo del diverso 3605, a través del que se le notificó el proveído de veintidós de febrero del año en curso y se devolvieron las constancias que allegó al juicio en que se actúa para justificar su informe de ley; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 27 a 34), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Adán Quezada Rodríguez, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Toda vez que, del sumario se aprecia que el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, envió en apoyo a su informe justificado el toca de apelación I-351/2018, con el cual se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrá como recibido a su entera satisfacción.
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POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO: FERREZAMORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que a la fecha ha trascurrido el plazo de veinte días que se otorgó a la parte quejosa para que acreditara haber realizado los trámites correspondientes para la publicación de los edictos ordenados en auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, a fin de emplazar al presente juicio al tercero interesado Julio César Buenrostro Villanueva (fojas 246 a 249), sin que lo hiciera; por tal motivo se provee en los términos siguientes: En el particular se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Dicho precepto es del tenor siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; Del artículo trascrito se obtiene que debe sobreseerse el juicio de amparo cuando el quejoso omita justificar que entregó los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de Ley de Amparo. Por su parte, dicho numeral 27 señala: Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. De lo expuesto, se advierte que en los casos en los cuales deba hacerse la notificación al tercero interesado mediante edictos, procede sobreseer en el juicio siempre y cuando la quejosa no haya acreditado que los entregó para su publicación en los siguientes veinte días al en que se pongan a su disposición. Ahora, de las constancias del juicio de amparo se aprecia, en lo que interesa para resolver, lo siguiente: Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 32 y 33), se tuvo como tercero interesado a Julio César Buenrostro Villanueva, por lo que se ordenó su emplazamiento en el domicilio ubicado en calle Paseo de Pátzcuaro, número 118, colonia Ex Hacienda El Refugio, en Zamora, Michoacán, sin que se lograra su llamamiento a juicio (foja 65). El diez de mayo de dos mil dieciocho (foja 76), se requirió a la parte quejosa para que informara el domicilio del tercero con interés, a quien por auto de dieciséis de mayo se le tuvo indicando como tal el ubicado en 5100 E. Tropicana, Av. 2-C en Las Vegas Nevada, Estados Unidos de Norteamérica, ZIP 89122 (foja 83); sin que se lograra el llamamiento a juicio como se deprende del acta circunstanciada de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, enviada por la Jefa de Departamento de Cooperación Procesal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con residencia en la Ciudad de México (fojas 141 a 145). Derivado de lo anterior, mediante auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió nuevamente al quejoso para que en el plazo de tres días, proporcionara el domicilio actual y correcto del tercero interesado (foja 146), sin que lo hiciera, motivo por el que, en proveído de cuatro de octubre pasado (foja 152), se inició el procedimiento de investigación que establece el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, para lo cual se giraron oficios a diversas dependencias para que proporcionaran información sobre el domicilio del tercero interesado (fojas152 y 153), sin que se lograra el emplazamiento, como se desprende de las diligencias que constan en autos a fojas 76 y 233. En acuerdo veintinueve de octubre del año pasado (foja 205), se tuvo a la moral tercera interesada Ferrezamora, Sociedad Anónima de Capital Variable, proporcionando como domicilio del tercero interesado Julio César Buenrostro Villanueva, el ubicado en calle Vasco de Quiroga, número 2, colonia Centro, en Zamora, Michoacán, sin se haya logrado su llamamiento en ese inmueble (fojas 239 a 245). Una vez que se agotó el procedimiento de investigación referido en líneas precedentes, así como las diligencias necesarias para lograr el emplazamiento del tercero interesado Julio César Buenrostro Villanueva en los domicilios obtenidos, tanto en la demanda de amparo, en las constancias que allegó la autoridad responsable, así como en los proporcionados por las autoridades que auxiliaron en su investigación, sin que se lograra el referido llamamiento a juicio, por auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 246 a 249), se ordenó emplazarlo por medio de edictos, en términos del numeral 27, fracción III, inciso b), por lo que se otorgó al quejoso el plazo de veinte días, para que acreditara haber realizado los trámites correspondientes para su publicación. Dicho proveído fue notificado el veintiocho siguiente por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado (foja 252). Durante dicho término, el tres de enero de dos mil diecinueve, el quejoso compareció por escrito a manifestar que se encontraba imposibilitado para hacer los trámites correspondientes a su publicación (fojas 253 a 254). De igual forma, el catorce de enero siguiente, acudió a este juzgado Héctor Miguel Moreno Gatica, autorizado del quejoso a recoger los mencionados edictos (foja 257) Mediante escrito recibido en este juzgado el veintidós de enero del año en curso, compareció el quejoso nuevamente por escrito a manifestar su imposibilidad económica para realizar la publicación de los edictos (fojas 287 a 296) En ese sentido, el término de veinte días siguientes a que se refiere el inciso b) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo comenzó a computarse a partir del dos de enero de dos mil diecinueve concluyendo el veintinueve siguiente, en virtud de que fueron inhábiles los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero pasado, por ser inhábiles, sin que haya acreditado haber realizado los trámites para su publicación. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. Cabe referir que conforme al artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, existe una salvedad para cumplir con la carga procesal de publicar los edictos, esto es, cuando a juicio del órgano jurisdiccional el quejoso se trate de una persona de escasos recursos, supuesto en el cual se ordenará la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Para hacer operante dicha salvedad, el juez debe acudir a las constancias que integran el juicio de amparo para advertir si existen indicios de los que se desprenda que la parte quejosa se trata de una persona de escasos recursos. En relación con el significado del término "escasos recursos", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que se trata de un concepto dinámico el cual debe interpretarse ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquéllas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Por tal motivo, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y, tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos, existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal publique los edictos a su costa, para lo cual debe tomarse en cuenta: La materia del juicio; Los datos aportados por el quejoso o por las autoridades responsables de donde se advierta su condición económica; y, Las características particulares del caso concreto. En el presente caso, la materia del juicio versa sobre un asunto penal en el que la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, Michoacán, embargó un bien inmueble del cual el quejoso se ostenta propietario, dentro del incidente de ejecución de sentencia de reparación del daño, registrado bajo el número II-10/2013, derivado de la condena impuesta al tercero interesado Julio César Buenrostro Villanueva, dentro del proceso penal 351/2006, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Zamora, Michoacán. Sin embargo, la sola materia del expediente de origen no constituye un indicio que resulte suficiente para acreditar que el quejoso es una persona de escasos recursos, pues conforme al problema jurídico planteado, sólo es factible advertir que en la causa penal subyacente se condenó al tercero interesado Julio César Buenrostro Villanueva al pago de la reparación del daño, por lo que dentro del incidente de ejecución de sentencia de reparación del daño, registrado bajo el número II-10/2013, se ordenó el embargo del bien inmueble del que el quejoso dice ser propietario. Cuestión de la cual no se advierte que el directo quejoso cuente con una condición de escasos recursos. De igual modo, el solicitante del amparo pretendió ofrecer medios de convicción a fin de demostrar que es una persona de escasos recursos, sin embargo, los mismos son insuficientes para acreditar dicho extremo. En efecto, de la narrativa expuesta en el presente auto respecto del acontecer procesal del juicio que nos ocupa se desprende, que la parte quejosa únicamente compareció ante este juzgado a recoger los edictos sin que acreditara haber realizado la publicación de los mismos. En su lugar, mediante escrito de veintidós de enero del año en curso hizo del conocimiento que no se encontraba en posibilidades de realizar la publicación de los edictos que había recogido toda vez que al acudir a las oficinas del periódico La Voz de Michoacán, con residencia en Zamora, Michoacán, le informaron que sólo podría realizarse la publicación de los edictos en el periódico local y por lo que respecta a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, le informaron que debería realizar las gestiones en la ciudad de Morelia, Michoacán. Por tal motivo, refirió, le realizaron una cotización en una hoja respecto del costo que tendría la publicación de los edictos, sin que le otorgaran un documento oficial que avalara su dicho; documento que agregó al escrito de veintidós de enero y agregó que de acuerdo a la cotización que le fue proporcionada, el costo total de las publicaciones ascendía a veinte mil doscientos diecisiete pesos aproximadamente. Cantidad que adujo no poder erogar ya que carece de recursos económicos suficientes puesto que en las quincenas del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y del uno al quince de enero de dos mil diecinueve, percibió como nómina salarial las cantidades de $3,339.93 (tres mil trecientos treinta y nueve pesos 93/100 moneda nacional) y $2,550.40 (dos mil quinientos cincuenta pesos 40/100 moneda nacional), respectivamente. Y para acreditar su dicho exhibió las impresiones de recibos de nómina correspondientes a las fechas citadas. Así, el planteamiento formulado por el quejoso para hacer operante la salvedad establecida en la Ley de Amparo para publicar a su costa los edictos parte de dos premisas, a saber: Que el costo de los edictos asciende a la cantidad de $20,217.00 (veinte mil doscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Que conforme a los ingresos que percibe con motivo de su salario, no está en posibilidad de sufragar el costo de los edictos citados. Ahora, por lo que ve a la primer premisa, con las pruebas ofrecidas por el directo quejoso no se demuestra que, en realidad, el costo total de la publicación de los edictos ascienda a la cantidad de $20,217.00 (veinte mil doscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Esto se explica toda vez que, para demostrar su dicho, ofreció como prueba de su parte una documental consistente en una hoja en cuyo contenido aparece con letra de molde en tinta azul una leyenda que dice: "COTIZACIÓN DE EDICTOS" y enseguida, una serie de sumas aritméticas en donde, aparentemente, aparece el costo del total de tres publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico de mayor circulación a nivel nacional y el periódico de mayor circulación a nivel local. Documento que al carecer de sello, membrete o firma autógrafa de la que se desprenda quién lo suscribe o, en su caso, quién expidió tal cotización, carece de valor probatorio para acreditar lo pretendido, a saber, que efectivamente el costo total de la publicación de los edictos asciende a 20,217.00 (veinte mil doscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Ello, toda vez que conforme lo ha sostenido el Alto Tribunal de la Nación, el documento privado en el que se consigne un determinado hecho, carece de eficacia probatoria si ese documento no está signado por una persona o autoridad, pues es manifiesto que lo asentado en el mismo sólo obliga o perjudica al que lo suscribe. En el mismo tenor de ideas, con los medios de convicción exhibidos por la parte quejosa tampoco se demuestra la segunda premisa en la que se sustenta la imposibilidad de realizar la publicación de los edictos, a saber, que conforme a los ingresos que percibe con motivo de su salario, no está en posibilidad de sufragar el costo de los edictos citados. El solicitante del amparo sostuvo que en las quincenas del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y del uno al quince de enero de dos mil diecinueve, percibió como nómina salarial las cantidades de $3,339.93 (tres mil trecientos treinta y nueve pesos 93/100 moneda nacional) y $2,550.40 (dos mil quinientos cincuenta pesos 40/100 moneda nacional), respectivamente, cantidades que, a su decir, son inferiores al costo total de la publicación de los edictos. Sin embargo, como quedó precisado con antelación, en autos no quedó demostrado que el costo total de la publicación de los edictos ascendiera a $20,217.00 (veinte mil doscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Por ello, el solo planteamiento del quejoso en el sentido de que sus ingresos son insuficientes para erogar la publicación de los edictos, torna infundada su planteamiento para hacer operante la salvedad establecida en la Ley de Amparo. Pues dicho planteamiento no parte de la premisa de que se encuentre en una condición de escasos recursos sino que, en su lugar, el mismo descansa en la hipótesis consistente en que su salario nominal es inferior al costo de las publicaciones, mismo que, a su decir, es de 20,217.00 (veinte mil doscientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), siendo el caso que este último aspecto no quedó demostrado, pues como se precisó en líneas precedentes, la parte quejosa no acreditó que el costo total de las publicaciones ascendiera a la cantidad antes citada. Luego, los recibos de nómina exhibidos en impresión con sello fiscal digital merecen valor probatorio únicamente para acreditar que Luis Roberto Buenrostro Villanueva percibió como nómina salarial las cantidades de $3,339.93 (tres mil trecientos treinta y nueve pesos 93/100 moneda nacional) y $2,550.40 (dos mil quinientos cincuenta pesos 40/100 moneda nacional), por lo que ve al periodo comprendido del quince de diciembre de dos mil dieciocho al quince de enero de dos mil diecinueve. Sin que los mismos merezcan valor probatorio para demostrar que esas cantidades sean insuficientes para sufragar sus gastos cotidianos de tal manera que lo coloquen en una situación de desventaja social para considerarlo como persona de escasos recursos. En abono a lo anterior, el quejoso no demostró que tales ingresos sean los únicos que percibe cotidianamente, pues tampoco acreditó que su única actividad económica lo sea la de operador de centro de trasmisiones o, en su caso, que no reciba más percepciones en forma adicional a las referidas por parte de su patronal como consecuencia de dicho empleo. En ese orden, se estima que dentro de las constancias que obran en autos no existen indicios suficientes para acreditar la condición de escasos recursos que aduce el quejoso a fin de actualizar la excepción prevista en el citado artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Finalmente, las características particulares del asunto tampoco revelan que el quejoso cuente con la calidad de ser persona de escasos recursos pues, como ha quedado establecido, el contenido de las constancias que integran el presente asunto sólo permiten revelar que en el expediente de origen se ordenó el embargo de un bien inmueble del que se dice propietario el quejoso, pero no se advierte que se encuentre en una condición de desventaja social que le impida erogar los gastos de la publicación de edictos y, de ese modo, cumplir con la carga procesal que le ha sido impuesta. Luego, si conforme al procedimiento en este juicio, se requirió a la parte quejosa para que recogiera los edictos o acreditara su imposibilidad para hacerlo en un plazo de veinte días, siendo omisa en cumplir con lo anterior, es indudable que resulta procedente hacer efectiva la sanción procesal con la que fue apercibida, a saber, decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Pues tal como lo refirió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 275/2013, la debida integración de la relación jurídico-procesal no debe quedar al arbitrio de las partes, sino que la misma corresponde al juzgador, de tal manera que es válida la imposición al quejoso de la carga procesal de publicar los edictos o acreditar la imposibilidad que tiene para hacerlo. Por tal motivo, si en autos no obra constancia de que el quejoso cuente con la categoría de ser de escasos recursos, no puede actualizarse en su favor la salvedad establecida en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Carga procesal que, por una parte, tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a ninguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el contenido conducente del artículo 14 constitucional y, por otra, tal carga se encuentra concebida en función del diverso artículo 17 constitucional que impone el deber a los juzgadores de impartir justicia en los plazos y términos establecidos en la ley. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento. Tampoco puede considerarse que el quejoso se encontraba exento de realizar las gestiones inherentes a la publicación de los edictos por la sola circunstancia consistente en que, en el plazo de veinte días otorgado, hubiese acudido a recoger los edictos y a manifestar su imposibilidad económica para la publicación. Ya que, como ha quedado precisado, la integración debida de la relación jurídico procesal no puede quedar al arbitrio de las partes y, por tanto, éstas tienen el deber de sujetarse a los plazos y términos establecidos para cumplir cada uno de los deberes procesales impuestos a fin de procurar la debida marcha del asunto. Consecuentemente, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción II y 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio promovido por Luis Roberto Buenrostro Villanueva; por ello, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta minutos de esta fecha. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ADÁN QUEZADA RODRÍGUEZ. Cumplimiento a la prevención Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Adán Quezada Rodríguez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de treinta de enero de dos mil dieciocho, toda vez que precisó en vía de ampliación de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. Que dentro del procedimiento de interdicto 39/2018, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Uruapan, Michoacán, se dictó un proveído el uno de octubre de dos mil dieciocho, en el que se determinó la improcedencia de la petición hecha valer por quejoso , esto es la remoción del depositario judicial respecto de un bien inmueble materia del interdicto; 2. En ese tenor, el quejoso promovió recurso de apelación en contra de dicha determinación, el cual tocó conocer al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; 3. Así, el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho el tribunal de alzada resolvió infundados los agravios formulados por el aquí quejoso [determinación de la que se duele el peticionario de amparo]. Por tal motivo, se tiene por cumplido el requerimiento realizado a la parte quejosa por parte de este órgano jurisdiccional. Sin que haya lugar a registrarla en el libro de gobierno ni en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dado que ello se hizo con anterioridad bajo el número II-65/2019. ? Fijación del acto reclamado Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: ? La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho dentro del toca de apelación I-351/2018, del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el cual resolvió como infundados los agravios hechos valer por el quejoso contra el auto en el que se determinó improcedente la solicitud de remoción del depositario judicial respecto de dos bienes inmuebles denominados "La Galera" y "El Morito", ubicados en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, en Tancítaro, Michoacán; ello, al estimar que tal petición debía tramitarse en la vía incidental. ? Desechamiento de la demanda Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107 -interpretado en sentido contrario- y todos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "107. El amparo indirecto procede: [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Los dispositivos invocados tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". (Lo resaltado es propio) En el caso, el acto reclamado emerge de un juicio sumario sobre interdicto para recuperar la posesión. Cabe referir que, conforme lo sostenido por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los interdictos son procedimientos que tienen por objeto decidir interinamente sobre la actual y momentánea posesión, o sea, sobre el hecho de la tenencia, sin perjuicio de los derechos de los interesados, y también suspender o evitar un hecho que perjudica o puede causar daño. El interdicto para recuperar la posesión tiene por finalidad que se reintegre al solicitante en la posesión o tenencia que ha sido despojado y deja la posibilidad de que mediante un juicio se decida en definitiva sobre el mejor derecho a poseer. Conforme a la naturaleza de estos procedimientos, puede darse el caso de que, en forma previa, a dictar la resolución que concluye el interdicto, el juez dicte una medida cautelar en la que determine momentáneamente poner en posesión de una de las partes el bien inmueble materia del interdicto. En la legislación del Estado de Michoacán, por lo que ve al interdicto para recuperar la posesión, el artículo 656 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán dispone que el juez, al admitir la demanda, podrá dictar medida cautelar de secuestro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el diverso artículo 651 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán que reza lo siguiente: "Artículo 651. En los interdictos para retener la posesión y sobre suspensión de obra nueva, el actor ofrecerá informe de testigos para comprobar que tiene la posesión material del inmueble o derecho real de que se trata, y en su caso, los actos perturbatorios que debe precisar en la demanda". Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido, tienen su origen dentro de la sustanciación del procedimiento de interdicto 397/2018, solicitado por Ma. Refugio, Adolfo, Efraín, Nancy Erendira, José Fidencio, Héctor Gerardo y Víctor Hugo, todos de apellidos Quezada Villaseñor en contra de Adán Quezada Rodríguez y Josué Efraín Quezada Jáuregui para recuperar la posesión de dos inmuebles denominados "La Galera" y "El Morito", ambos ubicados en la población de Tancítaro, Michoacán. En ese orden, el uno de febrero de dos mil dieciocho el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Uruapan, Michoacán, admitió a trámite en la vía sumaria civil la demanda de los promoventes, ordenando girar exhorto a la ciudad de Morelia, Michoacán, a fin de que emplazaran a los codemandados y se impusieran de dicho procedimiento de interdicto. Una vez recabada la información conforme al ordinario 651 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, el juez primigenio fijó fianza a la parte actora relativa al secuestro de la cosa reclamada, misma que los accionantes consignaron ante el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Así pues, en proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho, el multicitado juez tuvo por depositario judicial de dichos predios a Carlos Gerardo Vázquez López, depositario que fue designado por la parte actora conforme al numeral 656 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Asimismo, mediante ocurso signado por el codemandado Adán Quezada Rodríguez, solicitó la revocación del depositario judicial, toda vez que, a su decir, el predio denominado "El Morito" se encuentra bajo "daños y perjuicios" provocados por el depositario judicial designado por la parte actora. En razón de lo anterior, el juez primigenio en auto de uno de octubre de dos mil dieciocho determinó que no había lugar a la solicitud del codemandado, o sea, remover al depositario judicial, ya que dicha petición debía tramitarse en la vía incidental. Por ello, el aquí quejoso presentó recurso de apelación en contra de dicha determinación, el cual conoció la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, registrándolo con el toca de apelación I-351/2018, y mediante resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho determinó confirmar el auto recurrido por Adán Quezada Rodríguez. Dicha determinación es la que constituye el acto reclamado. Así, el acto reclamado emana del trámite relativo del procedimiento de interdicto solicitado por Ma. Refugio Quezada Villaseñor y otros frente a Adán Quezada Rodríguez y Josué Quezada Jáuregui, en la que se confirmó el auto recurrido, dicha circunstancia pone en evidencia que no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no constituye una determinación que restrinja los derechos sustantivos de la parte quejosa. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. La determinación que constituye el acto reclamado no es de ejecución irreparable, lo que se estima en ese sentido en virtud de que esa determinación, se insiste, no restringe derechos sustantivos de la parte quejosa, como podrían ser la posesión, propiedad, libertad, salud, etcétera. En efecto, de lo que se duele la parte quejosa es respecto a la resolución que emitió el tribunal de alzada en el sentido de confirmar el auto recurrido, esto es, negar la remoción del depositario judicial que mantiene en secuestro los bienes inmuebles materia del procedimiento de interdicto para recuperar la posesión, el cual tiene la finalidad de otorgar, de forma interina, un derecho a quien tiene o le reviste un mejor poseer. Así, el acto reclamado únicamente tiene como consecuencia de que se continúe el trámite del juicio sumario manteniendo al depositario judicial que fue designado originalmente en el cargo, cuestión que sólo tiene repercusiones en el aspecto procesal del juicio en lo que concierne a la administración del bien materia del interdicto. No se soslaya que la parte quejosa haya manifestado el posible daño que sufre un predio secuestrado dentro del procedimiento interdictal, sin embargo, una de las características de dicho procedimiento es que conforme al numeral 656 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, el secuestro de bienes trae aparejada una fianza, la cual deberá cubrirse por la parte actora por el monto que haya fijado el juez. Dicha garantía tiene como propósito de que queden garantizados los posibles daños o perjuicios que se deriven del secuestro, por ello, si en un último momento el juez de la causa advierte que los bienes secuestrados sufrieron un deterioro o menoscabo, entonces podía hacer efectiva la fianza hecha valer por la parte actora en favor de la demandada, si es que en una última instancia se determinó ineficaz la acción entablada en contra del demandado. Por otro lado, no se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona, incluso las morales, tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley o la Convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Ahora, el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese contexto, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Asimismo, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos procesales dentro del procedimiento judicial, deben ventilarse a través de los mecanismos que la propia ley establece para ello y ante los tribunales que estén facultados para su conocimiento, en tanto que la cuestión principal es precisamente la que se encuentra sujeta a debate judicial. Por otro lado, es pertinente indicar, que el Pleno del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, realizó un nuevo razonamiento en torno a la jurisprudencia P.J. 4/2001 , en el que estableció que para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, determinó abandonar el criterio jurisprudencial P.J. 4/2001, para ahora tomar el anterior, mismo que quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, y con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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