Adolfo Alonso Olivares
Expediente 255/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adolfo Alonso Olivares
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia Irapuato, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Adolfo Alonso Olivares. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Visto el escrito presentado por XXXXXXXX, contra actos de la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato y otras autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 255/2018. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si este órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la demanda de amparo formulada por Adolfo Alonso Olivares, es preciso establecer que el impetrante señala como actos reclamados: a) El auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, emitido por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, en el concurso mercantil 8/2017, por el cual le impuso una multa por la cantidad de $9,672.00 (nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y lo apercibió que en caso de no cumplir con lo requerido se le impondría un arresto hasta por treinta y seis horas; b) El proveído de veintidós de marzo del actual año, dictado por la citada autoridad judicial en el concurso mercantil supraindicado, por el cual desechó el recurso de revocación interpuesto contra el auto que antecede y le impuso un arresto por veinte horas. Asimismo, designó como autoridades responsables, a las siguientes: 1.- Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato. 2.- Conciliadora designada en el Concurso Mercantil 8/2017, declarado a "Asfaltos Modificados de México", Sociedad Anónima de Capital Variable, contadora Ana Luisa Ramírez Hernández. Estas como autoridades ordenadoras. 3.- Coordinador de Seguridad Pública de Salamanca, Guanajuato y/o; 4.- Cualquier otra autoridad que pretenda ejecutar o se encuentre ejecutando materialmente el acto reclamado. Las supraindicadas como autoridades ejecutoras. En ese sentido, y dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene o no para conocer del presente juicio de amparo. Para tal efecto, es necesario destacar lo que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." En ese tenor, es importante precisar que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló tener su domicilio en calle Tampico número cuatrocientos cuatro, interior H, Colonia Bellavista en Salamanca, Guanajuato. Y como se indicó, los actos reclamados consisten en el proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, emitido por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, en el concurso mercantil 8/2017, por el cual le impuso una multa por la cantidad de $9,672.00 (nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y lo apercibió que en caso de no cumplir con lo requerido se le impondría un arresto hasta por treinta y seis horas, así como el auto veintidós de marzo del actual año, dictado por la citada autoridad judicial en el concurso mercantil supraindicado, por el cual desechó el recurso de revocación interpuesto contra el auto que antecede y ordenó el arresto -por veinte horas- contra el quejoso, al hacer efectivo el apercibimiento en cita. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es nuestro). Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las características y naturaleza de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se estima que son de aquellos en los que necesariamente se requieren de una ejecución material para que se concreten, es decir, la propia ejecución del cobro de la multa y la orden de arresto que el quejoso aduce se giró en su contra, la cual señala estará a cargo de la autoridad ejecutora Coordinador de Seguridad Pública de Salamanca, Guanajuato o cualquier otra autoridad que pretenda ejecutar materialmente el acto reclamado. De lo anterior, se colige que este juzgado es legalmente incompetente para conocer el presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo antes transcritos. Para arribar a dicha convicción, debe considerarse fundamentalmente que el quejoso en su escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad señaló que tiene su domicilio en el municipio de Salamanca, Guanajuato, y que la orden de deriva de un procedimiento de concurso mercantil radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato. En consecuencia, si los actos que se reclaman en el presente juicio de garantías, son de aquéllos que tienen ejecución eminentemente material; y, atendiendo a la narrativa del quejoso, en cuanto a que su domicilio se ubica en Salamanca, Guanajuato, lugar donde preponderantemente podrá ejecutarse el cobro de la multa y la orden de arresto decretadas en su contra, entonces debe concluirse que se surte la competencia a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en Salamanca, Guanajuato, en el caso, a favor de la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, conforme a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo. Además, no se advierte que el acto reclamado tenga principio de ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado; lo anterior, porque tanto la autoridad que emitió los actos reclamados (cobro de multa y orden de arresto), como el lugar donde preponderantemente podrán ejecutarse éstos, se encuentran dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato. Y si bien, la autoridad responsable ordenadora lo es la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, también lo es que en dicha localidad existe un diverso órgano jurisdiccional a favor de quien se surte la competencia para conocer del presente libelo constitucional. En consecuencia, atendiendo a la primera de las reglas establecidas por el numeral 37 de la Ley de Amparo reformada, se considera que se surte competencia para conocer de la presente demanda a favor del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, pues dentro de su jurisdicción deben tener ejecución los actos que aquí se reclaman. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta o puede ejecutar los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez." No obsta que el quejoso señale como una diversa autoridad ejecutora a "cualquier otra autoridad que pretenda ejecutar o se encuentre ejecutando materialmente el acto reclamado", dado que dicha designación resulta ambigua y por lo tanto insuficiente para que la competencia se surta a favor de este juzgado federal. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en consideración con lo dispuesto por el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara carente de competencia legal para conocer de la la demanda promovida por Adolfo Alonso Olivares, declinando la competencia para tal efecto a favor de la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato. En ese sentido, se ordena remitir la demanda, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como se informe si acepta o no la competencia planteada, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicítese a la Superioridad el acuse de recibo de estilo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se le tiene señalando como domicilio procesal la lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo y como autorizados en los términos amplios a que alude dicho numeral aIgnacio Pumarejo González, Aurora Villegas Santillán y América Fernanda Yáñez Pérez tienen inscritas respectivamente las cédulas profesionales federales número 1919412, 8270308 y 8431861 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en los términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Antonio Magallanes Calvillo, Julio Daniel Ramírez Esparza, Celeste Anahí Quintero Mendoza y Sharon Elisa Cortés González, toda vez que las cédulas profesionales federales 228232, 235060, 10192077 y 9586022, no se encuentran registradas en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que en caso de acreditar dicho extremo, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el precepto legal en cita y al resto de los indicados, en los mismos términos restringidos, por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, el suscrito habilita días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto.
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