Adán Rodríguez Nicanor
Expediente 496/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adán Rodríguez Nicanor
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Lázaro Cárdenas, realizara lo siguiente: Deje sin efectos el auto de quince de julio de dos mil veintidós, en la parte relativa al señalamiento de la fecha de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral J-VIII-61/2021. Señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, acorde con el plazo establecido en la fracción VIII, del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector: La autoridad responsable en proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, realizó lo siguiente: Dejó sin efectos el auto de quince de julio de dos mil veintidós, en la parte relativa al señalamiento de la fecha de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de origen. Asimismo, señaló las trece horas del día catorce de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de la parte quejosa, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En siete de octubre de dos mil veintidós, el suscrito Ernesto Adame Ruíz, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo CERTIFICO: Que el plazo de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia que concedió el amparo y protección, en el presente asunto transcurrió para las partes como se indica a continuación: ( Autoridades responsables, del veintiuno de septiembre al cuatro de octubre de dos mil veintidós; y ( Parte quejosa, del veintitrés de septiembre al seis de octubre de dos mil veintidós. Descontando los días inhábiles; virtud a que fueron notificadas por oficio y por lista el diecinueve y veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, sin que lo hubieran hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que por un lado sobreseyó y por otro concedió el amparo y protección al quejoso Adán Rodríguez Nicanor; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1 SE REQUIERE CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se les remitió copia oportunamente. No obstante, se le reitera que los efectos de la sentencia amparadora, son: "Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo a la parte quejosa, es a efecto que la autoridad Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Lázaro Cárdenas: ( Deje sin efectos el auto de quince de julio de dos mil veintidós, en la parte relativa al señalamiento de la fecha de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral J-VIII-61/2021. ( Señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, acorde con el plazo establecido en la fracción VIII, del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. 1.2. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las once horas con seis minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 496/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acorde al citado Acuerdo General 16/2022. Posteriormente, da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente sellado, foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con las documentales que la autoridad responsable Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Lázaro Cárdenas, acompañó a su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio laboral número J-VIII-61/2021, de su estadística. El Juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las referidas documentales en razón de su naturaleza y por precluido el derecho a las diversas partes para ofrecer y desahogar medios de convicción. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; mientras que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la representante social formulando pedimento ministerial, y a al resto de las partes precluido su derecho de expresar alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 496/2022, promovido por Adán Rodríguez Nicanor, por conducto de su apoderado legal Víctor Hugo Solís Rumbo, contra actos de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Lázaro Cárdenas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Adán Rodríguez Nicanor, por conducto de su apoderado legal Víctor Hugo Solís Rumbo, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridad que a continuación se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE. Se señaló como autoridad responsable la siguiente: Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Lázaro Cárdenas. ACTOS RECLAMADOS: "La violación al derecho humano a que se le administre justicia laboral en los plazos y términos que fijen las leyes. La violación al derecho humano a una justicia pronta y expedita en los términos que marca la Ley Federal del Trabajo. La violación al principio Pacta Sunt Servanda, que reza lo pactado se cumple. La omisión de la autoridad responsable de realizar todas las gestiones necesarias a fin de que en el procedimiento laboral 61/2021, sean respetados todos los términos procesales establecidos en la Ley Federal del Trabajo hasta el dictado del laudo correspondiente a fin de que no se siga vulnerando el artículo 17 de nuestra Carta Magna en perjuicio del ahora quejoso. La violación en exceso de los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, concentración, economía y sencillez procesal que rigen los procesos laborales consagrados en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo." El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa data, se registró con número de expediente 496/2022; se admitió a trámite, se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que compete al Fiscal de la adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos omisivos a un autoridad dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Lázaro Cárdenas: La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el quince de julio de dos mil veintidós, a efecto de que señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral J-VIII-61/2021, del índice de la Junta Especial número Ocho de la de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Lázaro Cárdenas. La omisión realizar todas las gestiones necesarias a fin de que se le administre justicia pronta y expedita en los términos y plazos procesales legales, dentro del procedimiento y hasta el dictado del laudo correspondiente en el juicio laboral J-VIII-61/2021, sin tomar en consideración los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, concentración, economía y sencillez procesal que lo rigen, consagrados en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable precisado en el inciso a), consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el quince de julio de dos mil veintidós, a efecto de que señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral J-VIII-61/2021, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. En tal virtud, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto del referido acto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 284, Materia Común, visible en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, ya que la parte quejosa reclamó de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Lázaro Cárdenas, la omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el quince de julio de dos mil veintidós, a efecto de que señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el juicio laboral J-VIII-61/2021. Ahora, de la documental certificada que adjuntó la autoridad responsable Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Lázaro Cárdenas, a su informe justificado, relativa a las constancias del juicio laboral número J-VIII-61/2021, de su estadística, a la cual se le concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2° de ésta última, se advierte que mediante acuerdo de quince de julio de dos mil veintidós, la referida autoridad señaló las nueve horas del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el cual fue notificado a Víctor Hugo Solís Rumbo, apoderado legal del quejoso Adán Rodríguez Nicanor, en el domicilio procesal señalado para tales efectos en su escrito inicial de demanda del referido juicio de origen. De lo anterior se observa que resulta inexistente la referida omisión reclamada por la parte quejosa, en virtud que, del análisis de las constancias del expediente laboral número J-VIII-61/2021, de donde emanan los actos reclamados, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de agosto de dos mil veintidós) ya había dictado el auto de quince de julio de dos mil veintidós, en el que la responsable se pronunció sobre la fecha y hora de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, incluso el día seis de agosto del año en curso, se le notificó personalmente en su domicilio procesal. Lo anterior es así, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, como se dijo anteriormente, lo que procede es sobreseer respecto del citado acto, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a/J.3/94, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 79, correspondiente al mes de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En virtud del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. CERTEZA DE LA OMISIÓN RECLAMADA PRECISADA EN EL INCISO B). Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Lázaro Cárdenas, relativo a la omisión realizar todas las gestiones necesarias a fin de que se le administre justicia pronta y expedita en los términos y plazos procesales legales, dentro del procedimiento y hasta el dictado del laudo correspondiente en el juicio laboral J-VIII-61/2021, sin tomar en consideración los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, concentración, economía y sencillez procesal que lo rigen, consagrados en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante a que lo haya negado al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias relativas al juicio laboral de origen; documental con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Del estudio oficioso de las causas de improcedencia, que exige el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el presente asunto no se advierte actualizada ninguna de ellas, ni tampoco fueron hechas valer por las partes. Tiene sustento, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Virtud a lo anterior, procede analizar los conceptos de violación expuestos. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y/O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO U OMISIÓN RECLAMADA. La parte quejosa aduce que la responsable ha vulnerado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia. Lo anterior es fundado. Los artículos 17, segundo párrafo constitucional, así como la fracción VIII del numeral 878 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: En cuanto a la Constitución Federal, en lo conducente establece: "Artículo. 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Por su parte, la fracción VIII del numeral 878 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la vigente (aplicable al caso de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la actual), establece lo siguiente: "Artículo 878.- La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución." Del citado artículo constitucional, se arriba a las siguientes conclusiones: En esa norma constitucional se tutela a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. Entre los diversos derechos fundamentales que se prevén en el citado precepto está el relativo al acceso efectivo a la administración de justicia; debiendo precisar que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Los plazos y términos que se establezcan en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido se deben encontrar justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Ante tales elementos, resulta inconcuso que en el artículo 17 constitucional se tutela a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el de acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso en el cual, se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes, para tal efecto; pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que no se puede ejercer al margen de los cauces establecidos por el legislador. Luego, interpretando de manera armónica la fracción del artículo transcrito de la legislación federal del trabajo, se observa que al concluir el periodo de demanda y excepciones la Junta, citará dentro de los diez días siguientes a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006, interpretó la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde, esencialmente, definió que la violación a dicha garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, con dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En el caso, la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el seis de abril de dos mil veintiuno, presentó la demanda laboral de origen, la cual se radicó el tres de mayo siguiente, siendo el día doce de mayo de dos mil veintidós, en que se celebró la audiencia de continuación de demanda y excepciones, en la que se señalaron las doce horas del día once de julio de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; sin embargo, la misma no fue llevada a cabo en esa fecha, por lo que, por auto de quince de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable señaló de nueva cuenta las nueve horas del veinticuatro de octubre para la celebración de audiencia en cita; lo cual se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio de origen. De ahí que se estime fundado el motivo de inconformidad en el cual la parte quejosa argumenta que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la fecha fijada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas excede el plazo de los diez días que le concede la ley de la materia para ese efecto. Además, incumple con los principios procesales de economía, concentración y sencillez previstos por la Ley Federal del Trabajo, cuya naturaleza es de carácter social, debe garantizar la pronta e imparcial administración de justicia al sector socialmente desprotegido. Es aplicable, la jurisprudencia IV.3°.T.J/57 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". A su vez, por analogía tiene aplicación al caso, la tesis X.1°.99 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que indica: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EXCEDIÉNDOSE DEL TÉRMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse." Por tanto, lo procedente es CONCEDER a Adán Rodríguez Nicanor, la protección constitucional solicitada. ALEGATOS. En otro aspecto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público adscrito; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Es ilustrativa, la jurisprudencia, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo a la parte quejosa, es a efecto que la autoridad Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Lázaro Cárdenas: Deje sin efectos el auto de quince de julio de dos mil veintidós, en la parte relativa al señalamiento de la fecha de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral J-VIII-61/2021. Señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, acorde con el plazo establecido en la fracción VIII, del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. Cabe precisar que el amparo y protección de la Justicia concedido no es extensivo para los actos posteriores a los antes analizados, ya que los alcances de la concesión del amparo deben de limitarse en función de los actos reclamados y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúan dichos actos dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis 2a. CV/2013 (10a.) que modifica la jurisprudencia 45/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Adán Rodríguez Nicanor, por conducto de su apoderado legal Víctor Hugo Solís Rumbo, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Adán Rodríguez Nicanor, contra los actos u omisiones y por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el correlativo octavo de esta sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese A
- Principal
En treinta de agosto de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho, con el oficio anexos y pedimento ministerial registrados bajo los folios 11483 y 11502. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por la Presidente de la Junta Especial número Ocho de la de Conciliación y Arbitraje, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, en su en atención a su contenido y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo INFORME JUSTIFICADO, al que acompaña copia certificada de la totalidad de los autos que integran el expediente laboral número J-VIII-61/2021, de su estadística; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. CORREO ELECTRÓNICO. Asimismo, se tiene a la referida autoridad responsable señalando el correo electrónico junta.8@michoacan.gob.mx; por tanto, manténganse bajo resguardo este dato, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. PEDIMENTO MINISTERIAL. Por otra parte, agréguese a los autos el pedimento ministerial suscrito por el Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. DIFERIMIENTO. Para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe justificado recibido en esta propia fecha, la audiencia constitucional señalada en autos se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
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