Adán Quezada Rodríguez
Expediente 457/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adán Quezada Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, téngase al quejoso Adán Quezada Rodríguez, dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve; por tanto, este órgano de control constitucional, emite determinación siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del ordinal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, la fracción II del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles, del Estado, señala: Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: (.) II. Contra la denegación de apelación; y, Del normativo citado se advierte que el recurso de queja tiene lugar, entre otras, contra la denegación de apelación. En el caso, el quejoso reclama el auto de 3 de septiembre del 2019, que no ha lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación, frente a la sentencia interlocutoria de 27 de agosto del 2019, relativa al incidente de revocación-remoción del cargo de depositario judicial, dentro del juicio sumario civil 397/2018. Ahora, contra el auto combatido en esta instancia, la parte quejosa debió interponer el recurso de queja, al ser parte formal en el juicio de origen por ser el demandado; de ahí que, el peticionario al ser parte formal en dicho controvertido estuvo en aptitud de promover el recurso ordinario. Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así como, la jurisprudencia I.6o.C.J/37 sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro y el texto siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Además, la tesis XI.1o.179 C, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que dice: QUEJA CONTRA DENEGACION DE APELACION, RECURSO DE. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO. El hecho de que el juicio natural se encuentre en período de ejecución, no es obstáculo para que alguna de las partes haga valer en contra del proveído que no le admite una apelación, el recurso de queja, puesto que el artículo 730, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, sólo establece que tal medio de impugnación tiene lugar contra la denegación de apelación, sin limitar su procedencia a los autos que recaigan antes del fallo. En tales condiciones, al no haber agotado la parte quejosa el medio ordinario de defensa señalado, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y por lo tanto, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
R.- Uruapan, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, téngase al quejoso Adán Quezada Rodríguez, dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve; por tanto, este órgano de control constitucional, emite determinación siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del ordinal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, la fracción II del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles, del Estado, señala: Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: (.) II. Contra la denegación de apelación; y, Del normativo citado se advierte que el recurso de queja tiene lugar, entre otras, contra la denegación de apelación. En el caso, el quejoso reclama el auto de 3 de septiembre del 2019, que no ha lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación, frente a la sentencia interlocutoria de 27 de agosto del 2019, relativa al incidente de revocación-remoción del cargo de depositario judicial, dentro del juicio sumario civil 397/2018. Ahora, contra el auto combatido en esta instancia, la parte quejosa debió interponer el recurso de queja, al ser parte formal en el juicio de origen por ser el demandado; de ahí que, el peticionario al ser parte formal en dicho controvertido estuvo en aptitud de promover el recurso ordinario. Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así como, la jurisprudencia I.6o.C.J/37 sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro y el texto siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Además, la tesis XI.1o.179 C, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que dice: QUEJA CONTRA DENEGACION DE APELACION, RECURSO DE. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO. El hecho de que el juicio natural se encuentre en período de ejecución, no es obstáculo para que alguna de las partes haga valer en contra del proveído que no le admite una apelación, el recurso de queja, puesto que el artículo 730, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, sólo establece que tal medio de impugnación tiene lugar contra la denegación de apelación, sin limitar su procedencia a los autos que recaigan antes del fallo. En tales condiciones, al no haber agotado la parte quejosa el medio ordinario de defensa señalado, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y por lo tanto, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: RECEPCIÓN Y REGISTRO. Agréguese a los autos el escrito de demanda que promueve Adán Quezada Rodríguez, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Uruapan, Michoacán, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el juicio de amparo 457/2019. Previo a acordar sobre la solicitud de admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracciones I y IV y 114 fracciones I y IV, en relación con los numerales 110 y 112 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, apercibida de las sanciones que establece el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, con el propósito de obtener una ventaja procesal, con copia para la autoridad responsable, terceros interesados, agente del ministerio público de la Federación y dos para el incidente de suspensión, aclare su demanda en cuanto a lo siguiente. Toda vez que del capítulo del acto reclamado, el quejoso lo hace consistir en lo siguiente: Al Juez Primero de lo Civil de Uruapan, Michoacán, se le reclama el acuerdo de 3 de septiembre del presente año, dictado en el juicio civil sumario 397/2018, mediante el cual no ha lugar a tener al quejoso, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria sobre revocación-remoción de depositario dictada el 27 de agosto del 2019. Po otro lado, en el capítulo de antecedentes del libelo constitucional, en los puntos cuarto y quinto precisó lo siguiente: Con fecha 27 de junio del 2019, se dicta sentencia interlocutoria, declarando improcedente en incidente hecho valer, con fecha 2 de septiembre del presente año, se interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria pronunciada el 27 de junio del 2019, y por auto de fecha 3 de septiembre del 2019 se le dice al quejoso, que no ha lugar a tenerlo interponiendo dicho recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria dictada el 27 de agosto del año 2019 sobre incidente de revocación-remoción de depositario. En consecuencia, el quejoso deberá precisar si el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el que no ha lugar a tener al quejoso, interponiendo recurso de apelación, es contra la sentencia interlocutoria de veintisiete de junio o veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Apercíbase al promovente, que de no cumplir con el requerimiento que antecede, o bien, no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Bucio Espinosa, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la restantes personas, por autorizarlas en esos términos. 4. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
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