Adán Quezada Rodríguez
Expediente 27/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adán Quezada Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 16 a 21), que desechó la demanda de amparo, transcurrió del seis de al doce de febrero de dos mil diecinueve, sin contar el dos, tres, cuatro y cinco del presente mes y año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, pues dicho auto se notificó el treinta y uno de enero pasado (fojas 22 a 24), sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. La anterior circunstancia, hágase del conocimiento de la parte quejosa a efecto de no dejarla en estado de indefensión. Notifíquese personalmente. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Adán Quezada Rodríguez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 27/2019. IMPROCEDENCIA En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del ordinal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo...En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, la fracción II del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles, del Estado, señala: Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: (.) II. Contra la denegación de apelación; y, Del normativo citado se advierte que el recurso de queja tiene lugar, entre otras, contra la denegación de apelación. En el caso, el quejoso reclama el auto de quince de enero de dos mil diecinueve, que niega la admisión del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra el acta de secuestro de bienes practicada en el juicio sumario civil 397/2018 sobre interdicto para recuperar la posesión de inmueble que Ma. Refugio Quezada Villaseñor y otros, promovieron en su contra. Ahora, contra el auto combatido en esta instancia, la parte quejosa debió interponer el recurso de queja, al ser parte formal en el juicio de origen por ser el demandado; de ahí que, el peticionario al ser parte formal en dicho controvertido estuvo en aptitud de promover el recurso ordinario. Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario...En tales condiciones, al no haber agotado la parte quejosa el medio ordinario de defensa señalado, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y por lo tanto, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; y por autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Bucio Espinosa, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo acredita como licenciado en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas por autorizarlas en esos términos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita a la actuaria para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo, desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal al secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que se deje en autos y solo por conducto de la persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, quien autoriza y da fe.Lucía Lucía
- Principal
R. Uruapan, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Adán Quezada Rodríguez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 27/2019. IMPROCEDENCIA En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del ordinal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo...En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, la fracción II del artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles, del Estado, señala: Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: (.) II. Contra la denegación de apelación; y, Del normativo citado se advierte que el recurso de queja tiene lugar, entre otras, contra la denegación de apelación. En el caso, el quejoso reclama el auto de quince de enero de dos mil diecinueve, que niega la admisión del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra el acta de secuestro de bienes practicada en el juicio sumario civil 397/2018 sobre interdicto para recuperar la posesión de inmueble que Ma. Refugio Quezada Villaseñor y otros, promovieron en su contra. Ahora, contra el auto combatido en esta instancia, la parte quejosa debió interponer el recurso de queja, al ser parte formal en el juicio de origen por ser el demandado; de ahí que, el peticionario al ser parte formal en dicho controvertido estuvo en aptitud de promover el recurso ordinario. Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario...En tales condiciones, al no haber agotado la parte quejosa el medio ordinario de defensa señalado, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y por lo tanto, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; y por autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Bucio Espinosa, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo acredita como licenciado en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas por autorizarlas en esos términos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita a la actuaria para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo, desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal al secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que se deje en autos y solo por conducto de la persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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