Adalberto García Galán
Expediente 746/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Adalberto García Galán
Actuaciones
- Principal
1. Firme desechamiento. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Recepción de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por Adalberto ..., contra actos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. 1.1 Personalidad. Personalidad que acredita con copia certificada de la sentencia interlocutoria civil dictada el doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 34/998, relativo al juicio sucesorio intestamentario, de su índice. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 746/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I y 28 párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General. 5. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De esta disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 4. Acto concreto. En el caso a estudio se reclama de las autoridades responsables Municipio de Piedras Negras, Coahuila; Cabildo del Municipio de Piedras Negras; Dirección de Ecología e Imagen Urbana del Municipio de Piedras Negras, Coahuila; Dirección de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, todos con sede en esta ciudad; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Coahuila y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en Coahuila, ambos con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Ciudad de México y Dirección General del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Monterrey, Nuevo León, la construcción de un puente en el inmueble rustico localizado hacia el norte y finca urbana, ubicado en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con las medidas y colindancias: 1137.00 metros de norte a sur y de poniente a oriente con la prolongación de la calle Ocampo hasta el Río Bravo del Norte. Al Norte con Fructuoso García Zuazua. Al Sur con Calle Colón. Al Oriente con el Río Bravo Norte. Al Poniente con Prolongación Calle Ocampo. 5. Improcedencia de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es improcedente, porque respecto del acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones X y XIV, de la Ley de Amparo. 5.1. Litispendencia. De acuerdo con la causal establecida en la fracción X, del artículo 61 de la ley de la materia, es improcedente el juicio de amparo contra actos que son materia de diverso juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. En efecto, en su escrito de demanda la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Municipio de Piedras Negras, Coahuila; Cabildo del Municipio de Piedras Negras; Dirección de Ecología e Imagen Urbana del Municipio de Piedras Negras, Coahuila; Dirección de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, todos con sede en esta ciudad; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Coahuila y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en Coahuila, ambos con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Ciudad de México y Dirección General del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Monterrey, Nuevo León, la construcción de un puente en el inmueble rustico localizado hacia el norte y finca urbana, ubicado en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con las medidas y colindancias: 1137.00 metros de norte a sur y de poniente a oriente con la prolongación de la calle Ocampo hasta el Río Bravo del Norte. Al Norte con Fructuoso García Zuazua. Al Sur con Calle Colón. Al Oriente con el Río Bravo Norte. Al Poniente con Prolongación Calle Ocampo. Al respecto se debe señalar que en este Juzgado de Distrito se tramita el juicio de amparo 152/2022, instado por Adalberto García Galán, en su carácter de albacea de la sucesión de Margarita Galán Ramón de García, contra las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados, es decir, cualquier afectación que recaiga sobre el bien inmueble rustico localizado hacia el norte y finca urbana, ubicado en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con las medidas y colindancias: 1137.00 metros de norte a sur y de poniente a oriente con la prolongación de la calle Ocampo hasta el Río Bravo del Norte. Al Norte con Fructuoso García Zuazua. Al Sur con Calle Colón. Al Oriente con el Río Bravo Norte. Al Poniente con Prolongación Calle Ocampo. En el análisis comparativo de la información derivada de este juicio de amparo 746/2022, frente a la que se advierte en el diverso 152/2022, se aprecia que ambos juicios de amparo fueron promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, lo que es suficiente para acreditar la actualización de la causal de improcedencia de que se trata. Argumento el anterior que se robustece al advertirse que en el juicio de amparo 152/2022, mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa intentó ampliar su demanda por los mismos actos y las mismas autoridades por los cuales ahora promueve este nuevo amparo; además, en aquél asunto en proveído de uno de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional desechó la ampliación de demanda al determinar que el quejoso reclamaba los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades que señaló en su escrito inicial de demanda, es decir, sobre cualquier afectación al inmueble que defiende. Al evidenciarse de manera plena la existencia de la figura de la litispendencia en el juicio de amparo, en virtud de que las dos instancias constitucionales se plantearon por el mismo quejoso Adalberto García Galán, en su carácter de albacea de la sucesión de Margarita Galán Ramón de García, actualizándose la identidad de actos y autoridades. Además de que el juicio de amparo 152/2022 a la fecha se encuentra en trámite. Las actuaciones del juicio de amparo 152/2022 se invoca en este asunto como hecho notorio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2° de esta última, ya que se trata de un expediente del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso adjuntar copia certificada de las constancias correspondientes al juicio de amparo antes anotado. 5.1.1 Criterios aplicables. Resulta aplicable al caso las tesis I.11o.C.31 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y XIII.3o.4 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito; así como las jurisprudencias P./J. 74/2006 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 103/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5.2 Extemporaneidad. En términos de los preceptos 17 y 18 de la ley de la materia, el plazo de quince días para promover el amparo se computará a partir del siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o bien, a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 invocado prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: i) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días. ii) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será de ocho años. iii) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. iv) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se podrá presentar en cualquier tiempo. En ese contexto, el plazo para promover este juicio de amparo, es de quince días, ya que no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis de excepción antes señaladas. Conforme al artículo 18 de la ley de la materia el plazo aludido se contabilizará: i) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; ii) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto que reclama o de su ejecución; o, iii) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destacan estas formas para computar el plazo de quince días, dentro del cual ha de promoverse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada; todas con características propias y excluyentes entre sí. La primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. La tercer forma establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución, lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. 5.2.1 Caso concreto. Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, presentó escrito de ampliación de demanda como ya se estableció por los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades por los cuales ahora acude a solicitar este nuevo amparo. Por tanto, si tuvo conocimiento del acto reclamado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el plazo de quince días comenzó a transcurrir al día siguiente hábil que fue el uno de abril de dos mil veintidós y concluyó el veintiséis de abril del año en curso; sin contabilizar los días dos, tres, nueve, diez, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles. Por consiguiente, si su demanda la presentó hasta el veintitrés de junio de dos mil veintidós, es evidente su extemporaneidad. 6. Conclusión. Conforme a lo expuesto, fundado y motivado, este órgano constitucional determina que el juicio de amparo promovido deviene improcedente; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. 7. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle .... Se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo al licenciado Antonio Moreno Ponce, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales; y en términos restringidos del citado numeral a Jesús Abraham Arriaga Sifuentes, María del Rosario de la Rosa Echeverría y Julieta Robles Garay, por no tener sus cédulas registradas en dicho sistema, de quienes se acordará su autorización en amplios términos una vez que se registre su cédula en el mencionado sistema. 8. Consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y la práctica de notificaciones vía electrónica al solicitante con nombre de usuario "j.arriaga". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 8.1 Instrucción al Oficial Judicial A. Se instruye a la Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 9. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 10. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 11. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que se serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter de reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 12. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 13. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 14. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Marco Antonio Sáenz Cárdenas, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
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