Adalberto Alba Cisneros

Expediente 672/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
672/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Adalberto Alba Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis (fojas 11 a 20), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede Saltillo, y otra autoridad. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 672/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado y antecedentes. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado el siguiente: "A) DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA QUE LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA. Se reclama la INMINENTE ORDEN DE CIERRE DE MI NEGOCIO DENOMINADO HUNTERS SALON Y QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE BOURBON NUMERO 20 DE LA COLONIA POTRERO DE LAS GLORIAS EN CIUDAD ACUÑA COAHUILA y que tiene el giro de CABARET. B) DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA que lo es el COMANDANTE DE LA POLICÍA DENOMINADA FUERZA COAHUILA CON DESTACAMENTO EN CIUDAD ACUNA COAHUILA RECLAMO LA INMINENTE CLAUSURA DE MI NEGOCIO DENOMINADO HUNTERS SALON UBICADO EN CALLE BOURBON NUMERO 20 DE LA COLONIA POTRERO DE LAS GLORIAS EN CIUDAD ACUÑA COAHUILA. Aduciendo como supuesto para la clausura el artículo 65 en su fracción XVI de la ley para la regulación de la venta y consumo de alcohol en el estado de Coahuila. NO RESPETANDO EL GIRO AL QUE SE DEDICA MI NEGOCIO QUE LO ES EL DE CABARET". Del capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD me permito hacerle saber que tuve conocimiento de los actos que reclamo en la presente demanda de garantías el día SÁBADO 8 DEL PRESENTE MES Y AÑO A LA UNA DE LA MAÑANA (01:00) APROXIMADAMENTE y al ser el suscrito propietario del negocio denominado HUNTERS SALON ubicado en UBICADO EN CALLE BOURBON NUMERO 20 DE LA COLONIA POTRERO DE LAS GLORIAS EN CIUDAD ACUNA COAHUILA QUE TIENE EL GIRO DE CABARET esto de acuerdo al refrendo de funcionamiento para expendedores de bebidas alcohólicas expedido por el GOBIERNO del Estado de Coahuila con número de licencia 25000008 con fecha de expedición 30 de Diciembre de 1994 y el día y hora que señaló se presentó ante mi trabajador de nombre JULIO CESAR GARCÍA MEZA encargado de mi negocio un oficial de la policía denominada FUERZA COAHUILA Y QUE DIJO SER EL COMANDANTE DE FUERZA COAHUILA DESTACAMENTADO EN ESTA CIUDAD y le dijo a mi empleado que ya iba a llevar a cabo la clausura de mi negocio que estaba esperando solo la orden de clausura otorgada por el SECRETARIO DE FINANZAS y eso porque no debía tener a personal femenino en mi negocio vistiendo ropa interior y que de una vez cerrara el negocio y al decirle mi trabajador que el ramo al que se dedica el negocio HUNTERS SALON DE MI PROPIEDAD era el de CABARET y que a este giro el de cabaret si se le permitía exhibir espectáculos para adultos solo dijo que no le importaba y que regresaría ya con la orden de clausura, por lo que considero que se trata de un acto inminente en el que se hace ver que me pueden clausurar mi negocio ya que existe un acto decisorio y solo falta la ejecución del mismo además de que existe un acto previo de la autoridad que señalo como responsable porque en fecha 18 de septiembre de este año se me dejo en el negocio HUNTERS SALON una ACTA DE VERIFICACIÓN con número de folio 157/2016 en el que me hacen ver una infracción de acuerdo al artículo 65 fracción XVI de la ley para la regulación de la venta y consumo de alcoholes y en ella hacen alusión a que se pone a disposición de la secretaria de finanzas del estado esa misma acta de verificación de acuerdo al artículo 50 de la misma ley, articulo que hace referencia a las causas de revocación de la licencia de alcoholes lo que indica una inminente clausura, pasando por alto el que el giro de CABARET que es el que tiene mi negocio y que se contempla en el artículo 4, de la citada ley que menciona lo que se considera cabaret y que además dispone afirmativamente de la venta de alcohol en espectáculos para adultos" De los antecedentes transcritos, se destaca que existe un acto previo de la autoridad responsable, en realizar los hechos de los que ahora se duele, toda vez que el dieciocho de septiembre de la presente anualidad, se le dejó una acta de verificación con número de folio 157/2016, derivada de una infracción al artículo 65, fracción XVI, de la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza; documental que fue anexada a la presente demanda de amparo. Ahora bien, de la certificación de cuenta, se advierte que en este órgano jurisdiccional se promovió demanda de amparo por *** contra actos del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y otra autoridad; en contra de la orden de clausura de la negociación denominada "Hunters Salon", con domicilio en calle Bourbon, número 20, del Potrero Las Glorias, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, en la cual adjuntó copia simple del acta de verificación 157/2016, emitida por la Comisión Estatal de Seguridad, Estación de Policía Región Norte II, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, de dieciocho de septiembre de dos mil dieciséis. IV. Desechamiento. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Ahora bien, el precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 186605, que dice: *** Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos noventa y ocho, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196923, que establece: *** Además, con la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 188643, cuyo rubro y texto dicen: *** En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido del numeral invocado, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos...". De igual manera, cabe destacar que los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así las cosas, el párrafo primero del ordinal referido, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, en su caso, al día siguiente en que el promovente se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el acto reclamado en la demanda de amparo no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17; por ende, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del consabido artículo. Bajo esa guisa, resulta inconcuso que el solicitante del amparo, contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de la Materia. Se arriba a dicha determinación, pues resulta inconcuso que el acto de autoridad que se refuta de inconstitucional, como ya se dijo, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se está impugnando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, tampoco, se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se trata de aquellos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni mucho menos, se trata de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Una vez precisado lo anterior, se reitera, la parte quejosa contaba con el término de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia, concatenado con el diverso 18 del citado cuerpo de leyes, en el cual se previenen diversas hipótesis a partir de las cuales inicia el lapso de tiempo para la presentación de la demanda de amparo, esto es, aquélla debe presentarse dentro del término de quince días. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, materia común, registro 165582, que a la letra dice: *** Se destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse oportunamente la demanda de amparo, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable, en virtud de la que, en fecha precisa, haga saber al agraviado el acto reclamado; en la inteligencia, que las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la parte quejosa no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda forma de computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha, de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo los conoció en forma directa, plena y completa; es decir, de manera integral, según lo sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y uno, consultable en la página ciento cincuenta, registro 222086, que dice: *** Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifiesta que sabe de la existencia del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque supone la fecha en que se ostenta sabedor de que el acto reclamado le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo, de tal manera que basta con que la solicitante de amparo, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la parte quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 primera parte, página setenta y uno, con número de registro 232213, que se lee como sigue: *** Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se observa que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, lo que autoriza afirmar que aún cuando exista manifestación expresa de la parte quejosa en cuanto a la fecha de conocimiento del acto reclamado o bien, constancia de notificación respectiva, de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedora de los mismos; según lo confirma el criterio aislado emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 217-228 cuarta parte, página ciento cinco, registro 239520, materia común, que dice: *** Así también, tiene aplicación la jurisprudencia 1ª./J 30/2007, que resolvió la contradicción de tesis 24/2006-PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y seis, tomo XXV, mayo de dos mil siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172550, que establece*** Antes de entrar en materia es conveniente señalar que el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó en su escrito de demanda que tuvo conocimiento de los actos reclamados el día ocho de octubre del presente año. Precisado lo anterior, se advierte que la parte quejosa, ofreció como prueba documental, el acta de verificación número 157/2016, emitida por la Comisión Estatal de Seguridad, Estación de Policía Región Norte II, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, de dieciocho de septiembre de dos mil dieciséis, la cual refiere en los antecedentes del acto reclamado, como consecuencia de la infracción contemplada en el artículo 65, fracción XVI, de LA Ley para la Regularización de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Documental que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2 , ya que fue expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, dicha documental a su vez fue también allegada al juicio de amparo 627/2016, índice de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en donde también reclamaba la orden de clausura de su negociación denominada "Hunters Salon", con domicilio en calle Bourbon, número 20, del Potrero Las Glorias, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, lo cual constituye un hecho notorio para quien resuelve con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2º de esta última legislación, en tanto que se trata de un juicio de amparo tramitado y resuelto en este Tribunal Federal, el cual se tiene a la vista, por lo que no es necesario que se agregue copia certificada de dicho sumario, y se invoca a efecto de acreditar la causa de improcedencia detectada. No obstante, en caso de ser recurrida la presente resolución, adjúntense al efecto, en lo que interesa, copia certificada de las constancias relativas al juicio de amparo antes anotado para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página doscientos ochenta y cinco, tomo XXV, junio de dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172215, que enseguida se transcribe: *** Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos sesenta y tres, del tomo XXIII, junio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 174899, que dice: *** De lo anterior se obtiene, que contrario a lo manifestado por el promovente en relación a la fecha del conocimiento del acto que reclama, es decir la orden de clausura de su negociación denominada "Hunters Salon", con domicilio en calle Bourbon, número 20, del Potrero Las Glorias, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, supo de su existencia desde el dieciocho de septiembre de dos mil dieciséis, fecha en que en el diverso juicio manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la orden de clausura reclamada, la cual se estima legal y, por ende, válida para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, en virtud de que esa confesión hace prueba plena de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En razón de lo expuesto, cabe precisar que el término para impugnar el acto reclamado transcurrió del diecinueve de septiembre al siete de octubre de dos mil dieciséis; sin contar para dicho cómputo los días inhábiles, a saber, veinticuatro y veinticinco de septiembre, uno y dos de octubre de dos mil dieciséis, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta irrefutable que al haberse presentado la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo hasta el trece de octubre de dos mil dieciséis, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues la demanda de amparo se promovió fuera del término de quince días a que se refiere el ordinal 17 del ordenamiento legal en cita, dado que el cómputo para la presentación de la misma transcurrió en exceso, tal y como se aprecia del cómputo supraindicado. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. V. Domicilio y autorizado de la parte promovente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José Alberto Vásquez Figueroa. VI. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona al oficial administrativo correspondiente para realizar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones de sentencias y toda información relacionada con el expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VII. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1 , 9 , 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente.

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