Adalberto Alba Cisneros

Expediente 627/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
627/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2016

Partes del expediente

  • Adalberto Alba Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente ***, no impugnó el proveído tres de octubre del año en curso (fojas 24 a 30), por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de cinco años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Cumple prevención. Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por ***, con el que da cumplimiento a la prevención que se realizó por auto de veintisiete de septiembre del presente año (fojas 13 a 17). II. Se desecha demanda. El precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 18605, que dice: *** Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos noventa y ocho, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196923, que establece: *** Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 188643, cuyo rubro y texto dicen: *** En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que, en su caso, se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, con registro electrónico 180663, que dice: *** Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, y analizadas las constancias de autos, se advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, 6 (aplicado a contrario sensu) y 217, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, que se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales". De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de garantías, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo; dicho numeral establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional; consistente en que éste únicamente puede promoverse por aquella persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I, del artículo 5 de la ley de la materia, o en caso excepcional, este principio puede cumplirse a través del representante o apoderado del agraviado; su defensor, si se trata de un acto que derive de un procedimiento penal, o por cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, cuando se reúnan los siguientes supuestos de procedibilidad: 1.- Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento, multa excesiva, confiscación de bienes, y cualquier otra pena inusitada y trascendental), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2.- Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Además, dentro de los postulados básicos del juicio de garantías, están el de la iniciativa o instancia de parte agraviada y el de la existencia del agravio personal y directo; este último, contenido en el artículo 6°, en relación con el 61, fracción XII, de la ley de la materia, el cual consiste en que sólo puede promoverse amparo por quien resulte directamente perjudicado con un acto de autoridad, por aquel que resiente el agravio de manera directa y personal. Por tanto, para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quien figura como quejoso (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser el titular de la acción, es el único legitimado para decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis localizable en la página trecientos dieciocho, tomo II, segunda parte-1, Octava Época, con registro 230178, diciembre mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: *** Así como la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.75/97, sostenida por la Segunda Sala, visible en la página trescientos cincuenta y uno, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196956, de contenido literal: *** En efecto, la representación en sentido general, es un fenómeno jurídico que implica la actuación a nombre de otro, en el campo del derecho, en virtud de la cual una persona llamada representante realiza actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos en forma directa en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él; por lo que los derechos y obligaciones emanados del acto jurídico de que se trate, se imputan directamente al representado. Así, partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, fines que constituyen intereses jurídicamente tutelados, cuando el fin perseguido por una voluntad reúne los requisitos de licitud y exteriorización, nada se opone a que el derecho lo reconozca y tutele, atribuyéndole los efectos jurídicos buscados por el agente de la voluntad; para que esto suceda, se requiere que el representante esté autorizado para obrar por otro (representado) y que esta autorización esté exteriorizada. Ahora bien, la personalidad en el amparo debe comprobarse en los términos de las disposiciones legales relativas del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 10 de la Ley de Amparo, literalmente establece: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles...". A su vez, el numeral 11 señala: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido". Por lo que el poder otorgado puede adoptar las tres formas consagradas en el artículo 2554 del Código Civil aplicable, es decir, para pleitos y cobranzas, para administrar bienes o para actos de dominio, bastando insertar en los poderes la mención de estas facultades para que el apoderado esté legitimado para actuar en la extensión de las mismas. Sin embargo, si el apoderado tiene reconocida su personalidad para gestionar ante la autoridad responsable, es necesario que para representar al quejoso en el juicio de garantías, deba comprobar, con las constancias respectivas, que dicha responsable ya le había reconocido tal carácter. Además, dichos preceptos legales disponen que la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado. En efecto, el poder de representación es un acto unilateral que el mandante realiza frente a terceros a efecto de investir al mandatario de determinadas facultades, por esta razón el legislador mexicano exige que el poder se otorgue en determinada forma, ya sea en documento firmado ante dos testigos y con ratificación de firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los Jueces Civiles o ante autoridades administrativas, o en los procedimientos laborales; y precisamente porque el contrato es unilateral, el mandante puede revocar el mandato y el mandatario por su parte puede renunciar al mismo; se insiste, por tanto, en que la forma del poder es un elemento constitutivo del mismo y la voluntad del mandante debe constar expresamente en el poder, pues de lo contrario, ello denotaría su falta de consentimiento, lo que daría lugar a un acto jurídico celebrado por una persona que no es legítima representante y los actos que realizara carecerían de eficacia legal. Por lo que cabe concluir que, por regla general, para que un acto realizado por una persona a nombre de otra, tenga eficacia legal, es requisito indispensable que esté facultada mediante un poder notarial, carta poder o en cualquier otra forma en la que se reúnan los requisitos exigidos por la ley, de modo que si el agraviado, después de prevenido viene a ratificar o hacer suya la demanda instaurada en su favor, sin exhibir documento alguno con el cual acredite que las personas que vinieron al amparo en su representación, tenían la facultad de hacerlo, es inconcuso que no existía la voluntad del representado al momento del ejercicio de la acción constitucional. Para corroborar que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia en alusión, es preciso tener en cuenta que el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 2 a 7), ***, acudieron a interponer demanda de garantías en favor de ***, sin anexar poder notarial, carta poder o en cualquier otro documento que reuniera los requisitos exigidos por la ley, con el cual acreditaran la representación respecto del agraviado directo. Ante ello, el veintisiete siguiente (fojas 13 a 17), se previno a los promoventes, entre otras cosas, para que acreditaran con documento idóneo, la personalidad que ostentaban en relación con el quejoso directo. En respuesta a lo anterior, el treinta de septiembre de la presenta anualidad, el agraviado directo ***, presentó escrito con el cual pretendió cumplir con las prevenciones señaladas, manifestando bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ".hago mío el contenido de la demanda de amparo interpuesta por el C. Lic. José Alberto Vásquez Figueroa a quien en este acto ratifico como mi abogado particular, señalado para oír y recibir notificaciones los estrados de este tribunal, demanda que fue interpuesta en fecha 26 del presente mes y año, y además reconozco el cuerpo del contenido de la demanda como mío así como los actos que se reclaman de las autoridades señaladas como responsables, lo anterior toda vez que por error se estableció al inicio de la demanda de amparo como ser esta de carácter penal, siendo la naturaleza de la demanda de carácter administrativo." Sin anexar documento alguno, con el cual corroborara que ***, tenían personalidad al momento de instar la demanda a su favor. Sirve de apoyo la tesis número 1a. CCCLVII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veintiséis, tomo I, diciembre de mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2005131, de rubro y texto siguiente: ** En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, 6 (aplicado a contrario sensu) y 217, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 del citado ordenamiento legal.

  3. Principal

    I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *** y ***, quienes se ostentan como representantes de ***, contra actos de Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y otra autoridad. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 627/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Prevención. Ahora bien, respecto a la solicitud de la parte promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 114, que establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El normativo anterior dispone previo a acordar sobre la admisión de la demanda, estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Así, del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte la falta de requisitos formales, los cuales son necesarios para el análisis de la viabilidad de la admisión de la demanda. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia número I.4o.C. 26 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página sesenta y tres, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece: *** En esa tesitura, de conformidad con el artículo 114, fracciones I III y IV en relación con el numeral 108 , fracciones I, IV y V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo bajo protesta de decir verdad: a) Exhiba documento idóneo y legible con el cual acredite de manera fehaciente la personalidad que ostenta tener en relación con ***; toda vez que no exhibió documento alguno. Es de citarse la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de dos mil nueve, página siete, de la Novena Época, registro 167431, del rubro y texto siguientes: *** Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia número 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y ocho, tomo IV, Julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 200084, cuyo rubro son del tenor siguiente: *** b) Aclare el acto reclamado. Lo anterior, dado que por una parte señala como acto reclamado el cierre del negocio denominado Hunters Salón, con domicilio en calle Bourbon, número 20, del Potrero Las Glorias; sin embargo, en el capítulo denominado "suspensión", manifiesta que solicita la medida cautelar para que no sea despojado de su vehículo. Por tal razón, es necesario que precise que acto le reclama a cada autoridad señalada como responsable. Al respecto debe decirse que de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo solo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los término en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicio de garantías. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochocientos setenta y uno, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 202853, de rubro y texto: *** c) Manifieste el giro comercial y ubicación del establecimiento denominado Hunters Salon, con domicilio en calle Bourbon Número 20, del Potrero Las Glorias. Ello, toda vez que del contenido del escrito de demanda no se desprende. Sobre el tema cobra aplicación la jurisprudencia 1ª./J. 64/2015, de la Primera Sala, consultable en la página setecientos setenta y tres, libro 24, noviembre de dos mil quince, tomo I, Décima Época, con registro electrónico 2010471, que dice: *** d) Aclare los términos en los cuales solicita la suspensión del acto reclamado. Esta apreciación se vigoriza con la jurisprudencia VI.1o.A. J/15 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página dos mil trescientos diez, Libro 16, tomo III, marzo de dos mil quince, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008724, que versa: *** Por tal razón, es necesario que el promovente de amparo de cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional; asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberán acompañar las copias necesarias -cinco- del escrito con el que desahoguen dicha prevención, para correr traslado a las partes. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis número P/J.36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y nueve, tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario, a la letra dice: *** Con el apercibimiento que de no cumplir con las prevenciones realizadas en los incisos a), b) y c), exhibiendo las copias del escrito en que la desahogue para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. A su vez, en caso de no cumplir con la prevención realizada en el inciso d), se postergará la apertura del incidente de suspensión. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . V. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados *** y José Alemán Rincon. VI. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona al oficial administrativo correspondiente para realizar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones de sentencias y toda información relacionada con el expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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