Ada Peralta Palafox
Expediente 103/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ada Peralta Palafox
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiere recurrido la sentencia mediante la cual se NEGÓ EL AMPARO EN EL PRESENTE JUICIO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este asunto como concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión son conservables y deberán transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de audio y video que remitió el licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiere recurrido la sentencia mediante la cual se NEGÓ EL AMPARO EN EL PRESENTE JUICIO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este asunto como concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión son conservables y deberán transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de audio y video que remitió el licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo indirecto 103/2023, promovido por*** contra actos del*** Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con sede en La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos tutelados por los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 fracción I, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 7.1, 7.3, 7.6, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos*** CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, debido a que la resolución reclamada se notificó a la quejosa el diecinueve de enero de dos mil veintitrés; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el veinte de ese mes. Por tanto, el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda contra dicho acto, transcurrió del veintitrés de enero al trece de febrero de dos mil veintitrés, sin contar los días veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero siguientes, por ser inhábiles en términos del numeral 19 de la legislación de la materia. Luego, si Ada Peralta Palafox promovió el juicio de amparo el nueve de febrero de dos mil veintitrés; entonces, la demanda fue presentada de manera oportuna. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Al no existir causa de improcedencia planteada por las partes y no advertirse de oficio la actualización de alguna, procede el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** SÉPTIMO. CONSIDERACIONES PREVIAS. En el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, pues los actos reclamados son relativos a la materia penal y la quejosa es la imputada. Aunado a ello, cabe destacar que el análisis de constitucionalidad del acto reclamado debe realizarse de conformidad con los artículos 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, ya que fue dictado aplicando el sistema penal de corte acusatorio, instrumentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, el acto reclamado se analizará de acuerdo a las disposiciones del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en la época en que acontecieron los hechos; y únicamente con base en los aspectos debatidos en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no hubieren sido materia de discusión. OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son ineficaces los conceptos de violación formulados por la quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. La impetrante señala en el inciso B) de su apartado "DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES VIOLADAS", que el juez responsable la obligó y a sus abogados a renunciar a su derecho de acceder en cualquier momento a la carpeta de investigación*** Lo expuesto a ese respecto es ineficaz, toda vez que de los archivos de audio y video remitidos por el juez responsable se advierte que, previo a la celebración de la audiencia relativa a la solicitud de sobreseimiento formulada por la impetrante, la fiscalía solicitó su diferimiento debido a que el día anterior la defensa le solicitó copia de la carpeta de investigación, y dado que ésta consta de cuatro tomos y la premura de su solicitud no había tenido el tiempo suficiente para expedírsela. Petición a la que se opuso la defensa, no obstante que el juez responsable le informó que al no contar con la carpeta de investigación y no tener conocimiento de la misma se encontraba en desventaja con la fiscalía; sin embargo, la defensa, previa consulta con la quejosa, solicitó se llevara a cabo la audiencia aún y cuando no contara con dichas constancias, asumiendo la responsabilidad de lo que se resolviera*** De ahí que resulten ineficaces los argumentos a estudio, pues no puede hacer valer ahora, como violación procesal, una omisión a acceder a la carpeta de investigación previo a la emisión del acto, cuando expresamente, como estrategia litigiosa, solicitó la celebración de la audiencia y en consecuencia se resolvió el incidente. Por otra parte, la impetrante señala, en el apartado cuarto de antecedentes del acto reclamado, que dentro de su petición de sobreseimiento de treinta de noviembre de dos mil veintidós, sus abogados puntualizaron cada una de las situaciones que dan pauta para poder acceder al sobreseimiento, incluso señalaron jurisprudencias a fin de aportarle al juez elementos para que resolviera favorablemente, ya que desde su detención ha sido víctima de omisiones, humillaciones e incluso abuso sexual, lo que ha manifestado en todas las audiencias que ha llevado*** Sin embargo, de la participación de la defensa no se desprende que hayan invocado jurisprudencia alguna y en cuanto a los malos tratos y abuso de que señala ha sido sujeta, no se advierte de la constancia de la audiencia celebrada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés que lo hubiere expuesto ante el juzgador de origen, y menos aún que ahí hubiere precisado la razón por la que estimara que ello da lugar al sobreseimiento de la causa. Se dice lo anterior, ya que de la intervención de la defensa se advierte que expuso*** Por tanto, las manifestaciones que ahora expone la impetrante, a las que se ha hecho referencia, no pueden tomarse en consideración para resolver sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada, ya que de lo contrario se transgredería el principio de contradicción que rige el proceso penal, el cual establece que para llegar a la verdad de los hechos debe considerarse el debate que se realice entre los argumentos y los datos de prueba de las partes, pues el imputado y su defensa tienen la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga para que así, el Juez pueda considerar el debate que se suscite y resolver. En ese entendido, si durante el desarrollo de la audiencia la quejosa o su defensa no plantearon los argumentos antes reseñados ante el Juez de control; entonces, no puede emitirse pronunciamiento al respecto en esta instancia constitucional, ya que hacerlo implicaría abordar cuestiones que no fueron materia de análisis en el procedimiento y desatender el principio de contradicción que rige en el nuevo sistema penal acusatorio. De ahí la ineficacia de sus argumentos. Por otro lado, también resulta ineficaz lo manifestado por la quejosa en el apartado D), en el sentido de que no existió un debido proceso ni igualdad de las partes debido a que no se valoraron ni se tomaron en cuenta las pruebas expuestas y presentadas por la quejosa en tiempo y forma teniendo como resultado la resolución que se combate. Ello, debido a que de la audiencia incidental se advierte que no ofreció dato o medio de prueba alguno en su intervención tendente al sobreseimiento promovido (foja 7), por lo que no se advierte obligación alguna de pronunciarse al respecto. En el inciso F) de su apartado "DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES VIOLADAS", refiere que se vulneró su derecho de presunción de inocencia, ya que ha sido víctima de malas prácticas procedimentales desde las autoridades aprehensoras, pasando por la fiscalía y por el juez de control, afectándola directamente, ya que es la única de todos los coacusados que se encuentra privada de su libertad. Lo expuesto a ese respecto también es ineficaz, pues la litis en este juicio se limita a la resolución que declaró improcedente declarar el sobreseimiento del proceso instruido en contra de la quejosa; y en ese entendido las violaciones procesales que se hubieren cometido en el juicio, ajenas al incidente de sobreseimiento, no pueden ser materia de estudio en este asunto. De ahí la ineficacia de su manifestación. En el apartado tercero de los antecedentes del acto reclamado, la quejosa, a manera de concepto de violación, manifiesta que la autoridad responsable falló en su perjuicio, ya que de resolver en su favor tendría que modificar los fallos que había hecho anteriormente con los coacusados que están dentro del mismo procedimiento (foja 3). Aunado a ello, en el inciso B) de su apartado "DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES VIOLADAS", señala que el juez responsable no acató lo establecido por el artículo 14 constitucional, ya que no analizó que lo que la fiscalía estaba planteando en su escrito de acusación, se encontraba sin fundamento (foja 5). Agrega que se vulnera en su perjuicio lo establecido por los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, toda vez que el juez responsable no realizó una valoración minuciosa de cada una de las actuaciones que señaló en su proemio, dando como resultado que el fallo interlocutorio tuviera como resultado un perjuicio irreversible para la quejosa, ya que la autoridad no realizó una correcta valoración del fondo en cuanto a que no se tipificó ni el delito de daños ni el delito contra la seguridad comunidad (foja 5). Lo expuesto a ese respecto también es ineficaz, debido a que el juez responsable, al emitir la resolución reclamada determinó*** Que para actualizar la hipótesis de sobreseimiento a que alude el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa estaba obligada a ofrecer medios de prueba de descargo que hubiesen demostrado que el hecho cometido no constituye delito, que para ello tuvo que precisar con exactitud en dónde pretendía aplicar esta figura del sobreseimiento; y que si era para desvirtuar el auto de vinculación a proceso, tuvo que haber precisado con exactitud cómo destruir la teoría del caso de la fiscalía en su elemento fáctico, jurídico y probatorio y dentro de sus pretensiones que obran en audio y video, no se advirtió que la defensa lo haya hecho. 2. Que el defensor no estableció si el sobreseimiento lo solicitaba respecto de la acusación de la fiscalía dentro de la etapa intermedia, que de ser así sería improcedente, porque aún se encontraba en su etapa escrita, sin que se hubiere desahogado la oral, dado que la fiscalía aún no había corrido traslado a la defensa con el escrito de acusación y con el descubrimiento probatorio la defensoría particular, ni viceversa por parte de éstas sobre la contestación de la acusación y el descubrimiento probatorio. 3. Que ante tales circunstancias la defensa particular no fue clara en su pretensión al aludir de manera incorrecta a términos jurídicos que no son aplicables dentro de la audiencia de sobreseimiento, cuando se advirtió que si bien al referirse al actuar de la fiscalía como "acusación" lo correcto tendría que haber sido "la imputación dentro de la etapa de término constitucional" lo cual nunca se especificó; que sin embargo, debido a que la defensa aludió fechas de audiencia sin exponer de qué se trataban éstas, las cuales se pudieron referir a que se encuentran inmersas dentro del término constitucional y por lo tanto los términos jurídicos son diferentes a los que se utilizan en la etapa intermedia, ello ocasionó que los argumentos de la defensa sean confusos al no utilizar correctamente los términos y no precisar con exactitud dónde pretende aplicar la figura del sobreseimiento, si es en contra del auto de vinculación a proceso o dentro de la etapa intermedia. De lo que deriva que la resolución reclamada se basó en que la defensa no precisó la etapa respecto de la cual consideraba que se surtía la causal para invocar la inexistencia del delito y con ello el sobreseimiento; que no fue clara para plantear su pretensión al aludir términos jurídicos de una etapa procesal en una que no son aplicables; y que fue omisa en ofrecer prueba alguna para demostrar la inexistencia de los delitos por los que se le sigue proceso a la quejosa. De ahí que no hiciera pronunciamiento alguno sobre pruebas ni sobre la cuestión de fondo, dada la consideración de que para actualizar la hipótesis de sobreseimiento a que alude el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa estaba obligada a precisar con exactitud en dónde pretendía aplicar la figura del sobreseimiento, y que ello no ocurrió. Finalmente, son inoperantes las manifestaciones tendentes a combatir la figura de la prisión preventiva, ya que el acto que se reclama por esta vía se hizo consistir en la resolución recaída a la solicitud de sobreseimiento de la causa y no en la imposición de tal medida cautelar. En tales condiciones, al resultar ineficaces los conceptos de violación formulados por la quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados respecto al acto reclamado en este juicio. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de trece de febrero de dos mil veintitrés (foja 14) se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA a*** contra el acto reclamado al Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con sede en La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, señalada en el considerando tercero, por los motivos precisados en diverso octavo, de esta sentencia. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese, por lista al quejoso, y por oficio a las autoridades con el carácter de terceros interesados.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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