Adán Armando Hernández Suárez

Expediente 1015/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 43 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1015/2019
Año
2019
Actuaciones
43
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Adán Armando Hernández Suárez
  • Luis Enrique Luciano Lorenzo
  • Luis Enrique Luciano Lorenzo y Otros.
  • Adán Armando Hernández Suárez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el telegrama remitido por la Licenciada Jennifer García Reyes, Juez de Control de Proceso Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del oficio 16265/2022 de nueve de junio de este año, por el que se hizo de su conocimiento la determinación emitida en esa data. Cúmplase.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el telegrama remitido por la Licenciada Jennifer García Reyes, Juez de Control de Proceso Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del oficio 16265/2022 de nueve de junio de este año, por el que se hizo de su conocimiento la determinación emitida en esa data. Cúmplase.

  3. Principal

    Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por el Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, se advierte que en audiencia celebrada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 203/2019, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, el auto de vinculación dictado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en contra de Adán Armando Hernández Suárez y Luis Enrique Luciano Lorenzo, por su probable intervención en la comisión del delito de desaparición forzada de personas. Seguidamente, repuso el procedimiento a partir de la audiencia inicial celebrada en dicho proceso; aperturó nuevamente la audiencia en mención, en la que, en lo que trasciende, otorgó el uso de la voz a la Fiscalía, quien formuló la imputación en contra de los procesados Adán Armando Hernández Suárez y Luis Enrique Luciano Lorenzo, por el ilícito de desaparición forzada de personas; otorgó a la defensa la oportunidad de contestar los cargos, reservándose su derecho a declarar; concedió a la Fiscalía el uso de la voz para que procediera solicitar la vinculación a proceso, quien expresó los datos de prueba, así como la fundamentación y motivación de su acusación; y finalmente, cuestionó a los inculpados en qué momento deseaban que se resolviera su situación jurídica, a lo que éstos manifestaron que solicitaban la duplicidad del plazo constitucional. Posteriormente, el veintidós de marzo del referido año, fecha señalada para la continuación de la audiencia inicial, previo debate en relación con la solicitud de vinculación, el Juez de Control, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que, en lo que trasciende, indicó que los hechos delictuosos que se le imputan a los inculpados, encuadran únicamente en el tipo penal previsto en el numeral 27 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; enseguida, precisó los datos de prueba con los que, en su criterio, se justificó la probable participación de los imputados en dicho antisocial, y luego dio contestación a las manifestaciones realizadas por la defensa en relación con la solicitud de vinculación. ?????? Hecho lo anterior, determinó nuevamente dictar auto de vinculación en contra de los aquí quejosos, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas, previsto y sancionado en el artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de las víctimas de identidades resguardadas. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. ??????? Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el tomo de prueba y los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa y terceros interesados, y por oficio a las autoridades con el carácter de terceros interesados, por así estar ordenado en autos

  4. Incidental

    Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por el Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, se advierte que en audiencia celebrada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 203/2019, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, el auto de vinculación dictado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en contra de Adán Armando Hernández Suárez y Luis Enrique Luciano Lorenzo, por su probable intervención en la comisión del delito de desaparición forzada de personas. Seguidamente, repuso el procedimiento a partir de la audiencia inicial celebrada en dicho proceso; aperturó nuevamente la audiencia en mención, en la que, en lo que trasciende, otorgó el uso de la voz a la Fiscalía, quien formuló la imputación en contra de los procesados Adán Armando Hernández Suárez y Luis Enrique Luciano Lorenzo, por el ilícito de desaparición forzada de personas; otorgó a la defensa la oportunidad de contestar los cargos, reservándose su derecho a declarar; concedió a la Fiscalía el uso de la voz para que procediera solicitar la vinculación a proceso, quien expresó los datos de prueba, así como la fundamentación y motivación de su acusación; y finalmente, cuestionó a los inculpados en qué momento deseaban que se resolviera su situación jurídica, a lo que éstos manifestaron que solicitaban la duplicidad del plazo constitucional. Posteriormente, el veintidós de marzo del referido año, fecha señalada para la continuación de la audiencia inicial, previo debate en relación con la solicitud de vinculación, el Juez de Control, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que, en lo que trasciende, indicó que los hechos delictuosos que se le imputan a los inculpados, encuadran únicamente en el tipo penal previsto en el numeral 27 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; enseguida, precisó los datos de prueba con los que, en su criterio, se justificó la probable participación de los imputados en dicho antisocial, y luego dio contestación a las manifestaciones realizadas por la defensa en relación con la solicitud de vinculación. ?????? Hecho lo anterior, determinó nuevamente dictar auto de vinculación en contra de los aquí quejosos, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas, previsto y sancionado en el artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de las víctimas de identidades resguardadas. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. ??????? Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el tomo de prueba y los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa y terceros interesados, y por oficio a las autoridades con el carácter de terceros interesados, por así estar ordenado en autos

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