Abraham Porras Casillas

Expediente 181/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
181/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Abraham Porras Casillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte fue concedida y por otra negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento.. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte fue concedida y por otra negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento.. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  3. Principal

    En Córdoba, Veracruz, a las nueve horas del diez de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 181/2020 promovido por. con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, quien actúa con la licenciada. secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente. escrito de demanda de amparo presentado por Abraham Porras Casillas; y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. La Jueza acuerda. Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio: La Secretaria da cuenta con las copias autentificadas de la carpeta de investigación número. remitidas por la 3. Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, de Orizaba, Veracruz. A lo que la Jueza acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas en el presente asunto las mencionadas en el párrafo que precede, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos. Se hace constar que la partes, no formularon alegatos en el juicio en que se actúa, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Jueza acuerda. Al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo anterior concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; se levanta esta acta para constancia y se procede a dictar sentencia. Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 181/2020, promovido por. contra actos reclamados de la 1. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en este órgano jurisdiccional. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados de la 1. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, señalando como actos reclamados los siguientes. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda en auto de seis de marzo de dos mil veinte, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante proveído de uno de octubre del año en curso, se tuvieron por inexistentes a las autoridades 4. Fiscal Investigador de la Sub Unidad de Atención Temprana en Nogales, Veracruz, 5. Fiscal Investigador de la Sub Unidad de Atención Temprana en Camerino Z. Mendoza, Veracruz y 9. Comandante Encargado de la Coordinación de Unidades de Detectives del Distrito Judicial XV, con residencia en Orizaba, Veracruz, por lo que la presente determinación no se ocupará de ellas. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. en razón de que el acto reclamado, de ser cierto, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Fiscal Primera; 2. Fiscal Segunda, ambas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz. los tres Jueces de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Décimo Quinto Distrito Judicial, todos con sede en Orizaba, Veracruz, y 10. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en Ciudad Mendoza, Veracruz; al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Por su parte, la 3. Fiscal Cuarta, en representación de la Fiscalía Tercera, ambas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, de Orizaba, Veracruz, negó el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y su ejecución. La parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar esa negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La 3. Fiscal Cuarta, en representación de la Fiscalía Tercera, ambas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, de Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad y la indebida integración de la carpeta de investigación. sin embargo, manifestó que el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, la Fiscalía Tercera inició la carpeta de investigación número. en contra del aquí quejoso, por el delito de violencia familiar en agravio de la victima de identidad reservada con clave numérica. la cual se encuentra en trámite; de ahí que se acredite la existencia del acto consistente en la substanciación de la carpeta de investigación. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la substanciación de la carpeta de investigación. se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece. Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, la ley, el tratado internacional o el reglamento; y que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Esto es, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, por lo que para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo que es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Por tanto, si se reclama la substanciación de la carpeta de investigación. de la estadística de la Fiscal Tercera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia, residente en Orizaba, Veracruz; el juicio de amparo es improcedente, toda vez que no causa perjuicio a los derechos subjetivos públicos del promovente y como consecuencia no afecta su interés jurídico; estimar lo contrario obstaculizaría injustificadamente la potestad del fiscal de recabar datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Además, dicha actuación de la función persecutoria que posee el fiscal, no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, en términos del artículo 21 constitucional, pues interesa a la colectividad que se investiguen los hechos probablemente constitutivos de ilícitos; entonces, es válido afirmar que al no existir un derecho tutelado del gobernado para impugnar actos como el que ahora nos ocupa, no se surte el interés jurídico, ni legítimo, para combatirlo mediante el juicio de amparo. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por. contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el tercero y quinto. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.

  4. Incidental

    .AUDIENCIA INCIDENTAL. En Córdoba, Veracruz, a las doce horas del veinticinco de noviembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 181/2020, promovido por. la licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, quien actúa con. secretaria de la sección de amparo, que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierto el período probatorio con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes no ofrecieron pruebas en el presente incidente de suspensión. A lo que la Jueza acuerda. Toda vez que no hay pruebas que relacionar, se tiene por concluido dicho periodo. Abierto el período de alegatos con apoyo en el numeral antes invocado, se hace constar de igual manera, que las partes no hicieron uso de ese derecho. Acto continuo, la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo anterior, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia y se pasa al análisis del expediente con el fin de dictar interlocutoria. Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 181/2020, promovido por. contra actos de la 1. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, para resolver sobre la suspensión definitiva. PRIMERO. El quejoso, Abraham Porras Casillas, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente. SEGUNDO. Mediante proveído de uno de octubre del año en curso, se tuvieron por inexistentes a las autoridades 4. Fiscal Investigador de la Sub Unidad de Atención Temprana en Nogales, Veracruz, 5. Fiscal Investigador de la Sub Unidad de Atención Temprana en Camerino Z. Mendoza, Veracruz y 9. Comandante Encargado de la Coordinación de Unidades de Detectives del Distrito Judicial XV, con residencia en Orizaba, Veracruz, por lo que la presente determinación no se ocupará de ellas. TERCERO. Fiscal Primera; 2. Fiscal Segunda, ambas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz. tres Jueces de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Décimo Quinto Distrito Judicial, todos con sede en Orizaba, Veracruz, y 10. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en Ciudad Mendoza, Veracruz; al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos reclamados. Por su parte, la 2. Fiscal Segunda al rendir el informe previo en representación de la 3. Fiscal Tercera, ambas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz, negó la existencia de los actos que se le reclaman, y agregó que el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se radicó la carpeta de investigación número. en contra del aquí quejoso, por el delito de violencia familiar en agravio de la victima de identidad reservada con clave numérica. la cual se encuentra en trámite, sin embargo dicha manifestación no acredita la existencia de la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, por tanto, se tiene por inexistente dicho acto. La parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la negativa de las citadas autoridades responsables, razón por la cual se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados. CUARTO. Como se precisó en el considerando anterior, la 2. Fiscal Segunda en representación de la 3. Fiscal Tercera, Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz, señaló que el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se radicó la carpeta de investigación número. en contra del aquí quejoso, por el delito de violencia familiar en agravio de la victima de identidad reservada con clave. la cual se encuentra en trámite; de ahí que se acredite la existencia del acto consistente en la substanciación de la carpeta de investigación. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que de concederse se detendría la investigación de los hechos y con ello, se afectaría la integración de la investigación de delitos, pues se paralizaría dicho procedimiento, el cual es de orden público, e impediría al Fiscal realizar la función encomendada por el artículo 21 constitucional, esto es, la investigación y persecución de los delitos, de ahí que, ante el conflicto del interés particular de los quejosos con el de la Sociedad y el Estado, debe prevalecer el interés colectivo. Por lo expuesto, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a. la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta resolución, por los motivos ahí expuestos

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