Ada Elena Guillén Blanco

Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
576/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Ada Elena Guillén Blanco

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en este expediente se han reanudado los términos procesales, conforme a la SECNO/1/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte quejosa del auto de diecisiete de diciembre pasado por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se comisiona a la actuaria o actuario de la adscripción para que practique en forma personal la notificación del acuerdo de que se trata, a fin de que la parte quejosa quede debidamente enterada de su contenido Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en este expediente se han reanudado los términos procesales, conforme a la SECNO/1/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Uruapan, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito firmado electrónicamente por Juan Jesús Elvira Ríos; a través del cual cumple con la prevención contenida en acuerdo de catorce del mes y año en curso, y al efecto manifiesta que ostenta el cargo de defensor privado de Ada Elena Guillén Blanco, en el proceso penal 55/2020 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Región Uruapan, para lo cual además adjunta oficio signado por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, del que se advierte que tiene reconocido dicho carácter; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Desechamiento de la demanda de amparo por lo que ve a Ada Elena Guillén Blanco, por su propio derecho. Vista la demanda presentada por Ada Elena Guillén Blanco, por propio derecho, contra actos que atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento de Uruapan. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir en: ".la excesiva medida cautelar impuesta consistente en la garantía económica interpuesta en audiencia del 5 de diciembre del año en curso, lo anterior toda vez que la jueza de control no tomó en cuanta los principios de proporcionalidad y mínima intervención que rigen los instrumentos procesales conocidos como medidas cautelares y que se encuentran consagrados en los artículos 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para imponer la medida cautelar consistente en la inconmensurada y desproporcionada suma de un millón de pesos." Al respecto, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. *****Asentado lo anterior, del análisis integro de la totalidad de constancias que integran la demanda de amparo, se debe precisar que, como la demanda se presentó por medios electrónicos, esto es, por línea en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cual no cuenta con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación "FIREL" o con la "e.firma" (antes FIEL), de la quejosa directa, por ende, tomando en consideración que el acto reclamado es:. "la excesiva medida cautelar impuesta consistente en la garantía económica interpuesta en audiencia del 5 de diciembre del año en curso, lo anterior toda vez que la jueza de control no tomó en cuanta los principios de proporcionalidad y mínima intervención que rigen los instrumentos procesales conocidos como medidas cautelares y que se encuentran consagrados en los artículos 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para imponer la medida cautelar consistente en la inconmensurada y desproporcionada suma de un millón de pesos", se procede a analizar si este acto se encuentra en el supuesto de excepción, a que refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo y cumplen con la normativa señalada por los acuerdos generales 12/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto del año en curso, toda vez que son los que actualmente rigen y establecen la normativa para acceder a los servicios en línea mediante la Firma Electrónica Certificada por el Poder Judicial de la Federación "FIREL", en términos de lo dispuesto por los artículos 10, 14, 16 y 45 del referido Acuerdo General 12/2020 y artículos 28 y 29 del diverso 21/2020, que disponen en lo que interesa: "Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente" (sic). Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Por su parte, los artículos 3 y 109 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica." Y los artículos 5 y 10 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, establecen lo siguiente: "Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. (.)" "Artículo 10. Los certificados digitales expedidos por las Unidades de Certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación y además son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita y se le otorgan." De los anteriores numerales se desprende, que en específico la demanda de amparo presentada en forma electrónica -"juicio en línea"-, deberá cumplir con el requisito de tener la firma electrónica (FIREL), la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, salvo en el caso de excepción a que se refiere el citado artículo 109 de la Ley de Amparo y el diverso 10 párrafo segundo del mencionado Acuerdo General 12/2020, esto es, contra actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Materia, supuesto en el cual no se requerirá de firma electrónica De lo anterior, cabe señalar que mediante el Acuerdo General 12/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la normativa para acceder a los servicios en línea mediante la Firma Electrónica Certificada por el Poder Judicial de la Federación "FIREL", en términos de lo dispuesto por los artículos 10, 14, 16 y 45; y, en los artículos 28 y 29 del diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, estableció como eje rector la tramitación de los juicios en línea y los requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea, que el Consejo de la Judicatura federal puso a disposición de los usuarios a partir del tres de agosto de dos mil veinte. En esa tesitura, en el presente caso la demanda de amparo se presentó en forma electrónica (juicio en línea); sin embargo, la misma carece de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación "FIREL" o con la "e.firma" (antes FIEL), de la quejosa directa Ada Elena Guillén Blanco, requisito necesario que establece el artículo 3 de la Ley de Amparo, 16 del citado Acuerdo General 12/2020 y 29 del diverso Acuerdo General 21 /2020, toda vez que de las constancias acompañadas a la demanda de garantías se advierte que carece de firma electrónica "Firel". En consecuencia, resulta improcedente la demanda de amparo de que se trata por lo que ve a Ada Elena Guillén Blanco, por propio derecho; sin que, en la especie se encuentre en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de la Materia y el diverso 10 párrafo segundo del mencionado Acuerdo General 12/2020, ya que en el presente caso, la parte quejosa reclama como actos "la excesiva medida cautelar impuesta consistente en la garantía económica interpuesta en audiencia del 5 de diciembre del año en curso, lo anterior toda vez que la jueza de control no tomó en cuanta los principios de proporcionalidad y mínima intervención que rigen los instrumentos procesales conocidos como medidas cautelares y que se encuentran consagrados en los artículos 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para imponer la medida cautelar consistente en la inconmensurada y desproporcionada suma de un millón de pesos"; de ahí que no se trata de aquellos actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de amparo, ni tampoco se equiparan a los que se refiere el citado Acuerdo General 12/2020, en su artículo 10 segundo párrafo. Ahora bien, la quejosa no acreditó encontrarse autorizada para hacer uso de los recursos que el Portal de Servicios en Línea, del Consejo de la Judicatura ofrece, es decir no se encontró el anexo correspondiente a la criptoevidencia que se genera con cada solicitud formulada por los medios electrónicos, y que acreditan que la parte solicitante está facultada para usar las herramientas de dicho portal, pues el que adjuntó a su demanda corresponde a una tercera persona y no a la de la referida quejosa directa. Por tanto, con fundamento en los artículos 3, 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO presentada por vía electrónica por Ada Elena Guillén Blanco, por propio derecho, pues el hecho de que carezca de la firma electrónica FIREL, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Encuentra sustento la presente determinación en lo dispuesto jurisprudencia de texto, rubro y datos de identificación siguientes: Tesis: P./J. 8/2019 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2019715 2 de 6 Pleno Libro 65, Abril de 2019, Tomo I Pag. 79 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. ****** Desechamiento de la demanda por lo que ve a Juan Jesús Elvira Ríos, en su carácter de defensor privado de Ada Elena Guillén Blanco. Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. ******Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ***** Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En principio, es conveniente precisar que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo lo siguiente: ".la excesiva medida cautelar impuesta consistente en la garantía económica interpuesta en audiencia del 5 de diciembre del año en curso, lo anterior toda vez que la jueza de control no tomó en cuanta los principios de proporcionalidad y mínima intervención que rigen los instrumentos procesales conocidos como medidas cautelares y que se encuentran consagrados en los artículos 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para imponer la medida cautelar consistente en la inconmensurada y desproporcionada suma de un millón de pesos." Esto es, analizado la demanda de amparo, como un todo, se advierte que la parte promovente reclama del Juez de Control y Enjuicimiento Región Uruapan: La medida cautelar impuesta en audiencia de cinco de diciembre del año en curso, en la causa penal 55/2020, de su índice, consistente en la exhibición de una garantía económica. En el caso, respecto del acto reclamado precisado con antelación se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual conlleva a desechar de plano la demanda de amparo como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.-****** En efecto, por lo que corresponde al acto reclamado en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que -como ya se dijo- establece que el juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Establecido lo anterior, cabe señalar que el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:(.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares;(.)." Del precepto legal antes transcrito se desprende que procede el recurso de apelación en resoluciones dictadas por el juez de control en las que se pronuncie sobre medidas cautelares. Ahora, en el escrito de demanda, la parte quejosa refiere que en audiencia de cinco de diciembre del año en curso, llevada a cabo en la causa penal 55/2020, por el Juez de Control y Enjuicimiento Región Uruapan, se le impuesto una medida cautelar consistente en la exhibición de una garantía económica, a su decir excesiva, lo cual constituye el acto reclamado. Ahora, como ha quedado precisado en líneas que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en comento, contra las resoluciones dictadas por el juez de control en las que se pronuncie sobre medidas cautelares, precede un medio de defensa ordinario por virtud del cual podía ser revocada o modificada dicha determinación, a saber, el recurso de apelación. En ese orden de ideas, al no haber agotado el medio de impugnación antes aludido -recurso de apelación-, resulta inconcuso que no agotó el referido principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que implica que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que ve a dicho acto. Resulta aplicable al caso la Tesis: II.3o.P.59 P (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2694, Libro 64, Marzo de 2019 Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ****** Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ****** En suma, al existir medio de defensa ordinario que debía interponerse en forma previa a acudir al juicio de amparo respecto de los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuicimiento Región Uruapan, Michoacán, es que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por lo que ve a Juan Jesús Elvira Ríos, en su carácter de defensor privado de Ada Elena Guillén Blanco, por notoriamente improcedente. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles con excepción de los días que se llegaren a declarar inhábiles no laborables para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Datos personales. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente en el domicilio físico proporcionado por el promovente.

  3. Principal

    DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por Ada Elena Guillén Blanco, por su propio derecho y Juan Jesús Elvira Ríos, quien se ostenta defensor privado de la primera, contra actos que atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento Región Uruapan, se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 576/2020. CONSIDERACIONES PREVIAS. El artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. A efecto de acordar lo que proceda sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario precisar que el promovente Juan Jesús Elvira Ríos, se ostenta defensor privado de Ada Elena Guillén Blanco; sin embargo, el promovente no satisface el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;". [.] "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido." En tales condiciones, resulta necesario para este órgano de control constitucional que Juan Jesús Elvira Ríos acredite el carácter que ostenta, toda vez que solo refiere ser defensor privado de la quejosa directa Ada Elena Guillén Blanco, pero no dice ante que autoridad tiene tal carácter, o en su caso, cumpla expresamente con lo establecido en el artículo 11, de la Ley de Amparo, señalando si es que ello ocurre de esa forma, que tiene reconocido el carácter ante determinada autoridad y en determinado proceso; lo anterior, para el efecto de que este Juzgado Federal pueda pronunciarse sobre la admisión de la demanda. Por lo antes expuesto, es necesario imponer la siguiente: PREVENCIÓN. Con fundamento en los artículos 108, fracción I, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: ÚNICO. Acredite encontrarse en el supuesto establecido en los artículos 11 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual deberá acreditar tener la calidad de defensor particular que aduce o bien, hacer las manifestaciones a que se refiere el primero de esos numerales, de ser el caso. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo requerido en el término concedido, con fundamento en el artículo 114 de la ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Asimismo, se indica al defensor que deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su representante legal, y no por medio de sus autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; sin embargo, sí podrán presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de sus autorizados en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Lo anterior, en virtud de que las facultades que el numeral en cita confiere a los autorizados se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentra ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Asimismo, al dar cumplimiento a la prevención impuesta, la parte quejosa deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Domicilio procesal. Se tiene a la aquejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y se autoriza el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario Lic.ElviraR en el que también solicita que se le hagan las notificaciones en línea en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con ese usuario; con esto último el juicio se llevaría completamente en línea, con todas las herramientas y beneficios del sistema; para lo cual, se ordena a la funcionaria encargada del SISE que otorgue los permisos correspondientes en el sistema. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles con excepción de los días que se llegaren a declarar inhábiles no laborables para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Datos personales. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano