Ada Elena Guillén Blanco
Expediente 577/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ada Elena Guillén Blanco
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa vía electrónica.
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veinte.DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada vía medios electrónicos por Juan Jesús Elvira Ríos, quien se ostenta defensor privado de Ada Elena Guillen Blanco, contra actos que atribuye al Juez de Control y Enjuicimiento Región Uruapan; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 577/2020.DESECHAMIENTO.Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir en: "(.)ACTOS RECLAMADOS:De la autoridad responsable señalada se reclama: las excesiva medida cautelar impuesta consistente en la garantía económica interpuesta en audiencia del 5 de diciembre del año en curso, lo anterior toda vez que la jueza de control no lomó en cuenta los principios de proporcianalidad y mínima intervención que rigen los instrumentos procesales conocidos como medidas cautelares y que se encuentran consagrados en los artículos 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para imponer la medida cautelar consistente en la inconmensurada y desproporcionada suma de un millón de pesos.Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano.Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el numeral 113 de la legislación antes mencionada, procede desechar la presente demanda de garantías.Es así, en virtud a que el artículo 61, de la Ley de Amparo, en su fracción X, establece:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:**** X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;***En efecto, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio constitucional cuando exista en trámite un diverso juicio de amparo en el que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por la parte quejosa, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, puesto que su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia constitucional.**Ahora bien, como se aprecia en la certificación de cuenta, Juan Jesús Elvira Ríos, quien se ostenta defensor privado de Ada Elena Guillen Blanco, promovió el juicio de amparo 576/2020 ante este órgano jurisdiccional, en donde señaló como acto reclamado lo siguiente: ***De la autoridad responsable señalada se reclama: las excesiva medida cautelar impuesta consistente en la garantía económica interpuesta en audiencia del 5 de diciembre del año en curso, lo anterior toda vez que la jueza de control no lomó en cuenta los principios de proporcianalidad y mínima intervención que rigen los instrumentos procesales conocidos como medidas cautelares y que se encuentran consagrados en los artículos 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para imponer la medida cautelar consistente en la inconmensurada y desproporcionada suma de un millón de pesos. (.)". Así las cosas, de ambas demandas de garantías se advierte que la parte quejosa impugna el mismo acto, en contra de la misma autoridad responsable; en efecto, es de imponerse que la demanda que dio origen al juicio de amparo 576/2020 fue presentada en línea en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el diez de diciembre de dos mil veinte, misma que se radicó en auto de esta misma; por tanto, se concluye que en el presente asunto, Juan Jesús Elvira Ríos, quien se ostenta defensor privado de Ada Elena Guillen Blanco, acude ante esta Instancia Federal a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra el referido acto materia del diverso juicio de amparo de referencia, el cual se encuentra en trámite; de ahí que resulta improcedente el presente juicio constitucional.Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia 235, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193, Tomo VI, Común, Quinta Época, Apéndice 2000, del texto siguiente:"IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS.- ****De igual forma, es aplicable a lo antes expuesto, por analogía jurídica sustancial, la tesis VI.2o.121 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 655, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:"IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. ****En virtud de lo anteriormente expuesto, y por constituir un hecho notorio que no debe pasar inadvertido, recábese copia certificada de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo 576/2020 del índice de este Juzgado, y demás constancias que lo integran, a efecto de que sean agregadas a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar.Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.103/2007, que es del texto siguiente:"HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. ****Por todo lo anterior, es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en el diverso numeral 62, del Ordenamiento Legal en consulta, procede DESECHAR la demanda de amparo promovida por Juan Jesús Elvira Ríos, quien se ostenta defensor privado de Ada Elena Guillen Blanco.NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS En términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa se le realicen las notificaciones electrónicas respectivas en el nombre de usuario "Lic.ElviraR", conforme a la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, para cuyo efecto se ordena al actuario de la adscripción para que realizarle las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; haciendo la aclaración que éste no es un juicio en línea porque el promovente no solicitó el acceso al expediente electrónico, pues para ello es necesaria la solicitud expresa, la cual no otorgó en su ocurso de cuenta, lo anterior, en términos de los artículos 34, 35 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, cuando por la naturaleza de la notificación lo amerite, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda.Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. a las demás partes, a que de ser posible continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para en caso de ser necesario, se establezca el contacto.A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley.Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental3, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita.Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).Notifíquese personalmente en el domicilio físico proporcionado por el promovente.
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