Adalberto Goche Soriano
Expediente 204/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adalberto Goche Soriano
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponde la pieza postal devuelta por la Administración de Correos de esta ciudad que contiene el oficio 4075, deducido del auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; pieza postal que contiene la leyenda: "Autoridad legalmente inexistente en el domicilio". Ahora, toda vez que el Agente del Ministerio Público en cita se encuentra adscrito a la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, reenvíese el oficio 4075, por conducto del Fiscal Regional de Morelia, Michoacán, a fin de que quede legalmente notificado del acuerdo de veintidós de febrero actual. Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y tomando en consideración que ya transcurrió el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que este asunto es depurable. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa recibo del comunicado 1746/2018, deducido del auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (foja 174-180), en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este juicio de amparo el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello.... De ahí que, la normativa que invoca el juez de la causa para fundamentar la competencia, código de procedimientos penales del estado y ley orgánica de esta entidad federativa, son aplicables al caso concreto; tan es así que el artículo 43, del ordenamiento legal citado en primer término, cohonesta con el artículo constitucional y derecho convencional precisados, puesto que también establece que uno de los límites de la competencia es el momento de la ejecución del hecho. ...También, acató el lineamiento trazado en el punto 2, toda vez que emitió una nueva resolución, en la que analizó la competencia del juez natural y de manera fundada y motivada determinó que el proceso debe regirse y sustanciarse conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho; ello, según se constata con lo contenido en el inciso b) y la transcripción conducente inserta al final de dicho inciso. En consecuencia, lo procede es concluir que al haber sido reparado el agravio sufrido por la parte quejosa, la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Ahora bien, por lo que ve a las manifestaciones hechas por la defensa del quejoso respecto al cumplimiento dado al fallo protector, se estiman infundados e inoperantes, pues contrario a lo pretendido por el ocursante, la autoridad responsable sí cumplió en sus términos con la sentencia de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución reclamada y emitió otra debidamente fundada y motivada en la que analizó la competencia del juez natural y estableció los lineamientos procesales que deben regir en el proceso penal seguido en contra del quejoso; asimismo, en cuanto a su argumento en el sentido de que la responsable, en la resolución en la que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó diversos cuestionamientos sobre la legalidad de la sentencia de amparo concedida, agregando que en todo caso, tales argumentos debió hacerlos valer en vía de agravio mediante el recurso de revisión que al efecto establece la ley; sin embargo, tales apreciaciones se estiman incorrecta por una parte e infundada por otra, pues en primer lugar, del análisis integral de dicha resolución, no se advierte que la responsable haya hecho referencia alguna al supuesto que menciona (cuestionar la ejecutoria de amparo) y, en segundo lugar, es pertinente establecer que el más Alto Tribunal de la Nación, ya se ha pronunciado en jurisprudencia obligatoria, respecto de que las autoridades jurisdiccionales, inclusive los del orden penal, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, en los juicios de amparo en que figuren como responsables. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia ... Atento a lo anterior, se ordena notificar al peticionario del amparo, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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