Abril Camacho Huerta
Expediente 125/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Abril Camacho Huerta
- Oficial Encargado del Registro Civil en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 125/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiséis de abril pasado, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ordenándose el archivo del presente asunto como totalmente concluido; sin que en dicho auto se proveyera en relación a los cuadernos incidentales relativos al presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y, se procede a acordar lo siguiente: Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión relativo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto a todos los actos reclamados, en resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós (fojas 42-53) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiséis de abril pasado, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ordenándose el archivo del presente asunto como totalmente concluido; sin que en dicho auto se proveyera en relación a los cuadernos incidentales relativos al presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y, se procede a acordar lo siguiente: Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión relativo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto a todos los actos reclamados, en resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós (fojas 42-53) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiséis de abril pasado, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ordenándose el archivo del presente asunto como totalmente concluido; sin que en dicho auto se proveyera en relación a los cuadernos incidentales relativos al presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y, se procede a acordar lo siguiente: Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión relativo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto a todos los actos reclamados, en resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós (fojas 42-53) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos, la sentencia engrosada el treinta de marzo de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad el diez de febrero de dos mil veintidós, turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, ABRIL CAMACHO HUERTA, por sí y en representación de la menor de iniciales, M.L.M.C., promovió juicio de amparo contra el actos que más adelante se precisará. SEGUNDO. Desechamiento y queja. Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, se acordó desechar la citada demanda, al considerar que en la especie se actualizaba una causa de improcedencia vinculada con el principio de definitividad (fojas 13-19); sentido que fue revocado mediante resolución aprobada en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintidós (fojas 49-62) por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz. TERCERO. Admisión. En consecuencia, mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas 64-69) se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; emplazar al tercero interesado, Jonathan Axel Mendoza Arrieta, a quien se emplazó a juicio (fojas 107) sin que hubiera comparecido al mismo; designar asesor jurídico a la menor quejosa, quien aceptó el cargo y por ello compareció mediante escrito presentado electrónicamente y acordado en auto de siete de diciembre de dos mil veintidós (foja 92); y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 38-42). CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 79-83) y que se emplazó al tercero interesado (foja 107); la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora señalada para tal efecto quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, pues se reclama un acto de una autoridad administrativa a quien se atribuye la trasgresión al Derecho Humano de Identidad de la menor, lo que resulta materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) en razón que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa, y de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa cuál es el acto reclamado, en el presente juicio, a la luz del análisis integral de la demanda de amparo, y que consiste sustancialmente en: La negativa para modificar el acta de nacimiento de la menor quejosa, a fin de suprimir de la misma el apellido paterno que se asentó de la misma, así como el nombre de quien aparece como su progenitor. Respecto de dicho acto negativo, la parte quejosa adujo que lo conoció el veintiocho de enero de dos mil veintidós (foja 4); lo cual no se encuentra desvirtuado en este proceso. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Oficial Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (fojas 79-83); lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Procedencia. No se hicieron valer causas de improcedencia, ni se advierte de oficio la existencia de alguna; por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se omite pues no existe disposición que lo exija. QUINTO. Estudio. Es infundado que la negativa en forma verbal, a la petición que se realizó en la misma forma, para modificar el acta de nacimiento de la menor quejosa, a fin de suprimir de la misma el apellido paterno que se asentó de ella, así como el nombre de quien aparece como su progenitor, lo que sustentó bajo la premisa de ser procedente en virtud de que se ha realizado un estudio de genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN a la menor y en la que se determinó que el aquí tercero interesado no es su padre biológico, afecte el derecho a tener una identidad acorde a su realidad social y entorno familiar, en franca vulneración a los artículos 1º, 3º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 18 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 7 de la Convención Sobre los derechos del niño, y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que han sido celebrados por el Estado Mexicano. Lo anterior, según se expone en los términos siguientes y bajo la precisión de que tal estudio se realizará bajo el principio del interés superior reconocido en favor de la menor involucrada en este juicio; atendiendo a las manifestaciones de la quejosa y el reconocimiento que del acto reclamado se desprende del informe justificado rendido por la autoridad responsable, aun cuando lo anterior adolezca de la formalidad exigida constitucionalmente en términos del artículo 8º de la Constitución Federal (por escrito) pero con la finalidad de superar la ociosidad que generaría en dicho interés de la menor, resolver que debe emitirse una resolución que atienda esa formalidad aunque fuera en mismo sentido de negar la solicitud. MARCO NORMATIVO En principio, conviene establecer las premisas que servirán de respaldo al suscrito para sostener el sentido de esta sentencia; según se describe enseguida. Como primer punto de aproximación es oportuno precisar que el concepto nombre, empleado en la fracción II del artículo 61 del Código Civil para el Estado de Veracruz, referido a un derecho humano, no únicamente se refiere al nombre propio, sino que incluye a los apellidos, siempre y cuando la acción no implique alterar las relaciones de parentesco que determinan la filiación, como en líneas subsecuentes se demostrará. Además, es necesario precisar que el nombre es un derecho humano, y éste no sólo se conforma con el nombre propio, sino también con los apellidos que lo integran. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1º, párrafo primero, y 29, dispone lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. [.]". "Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tale derechos." De los preceptos constitucionales trascritos, se desprende que nuestro Sistema Jurídico reconoce el nombre como un derecho humano, de tal naturaleza e importancia que no es susceptible de suspenderse ni restringirse aún en "estado de excepción". Por otra parte, en los artículos 18 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 7 de la Convención Sobre los derechos del niño, y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que han sido celebrados por el Estado Mexicano, se dispone lo siguiente: "Artículo 18. Derecho al Nombre. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario." "Artículo 7 1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida." "Artículo 24 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad." Ahora bien, en relación con el derecho humano a la identidad de un menor, sobre todo, en relación con su Nombre, se la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2424/2011 de su índice, en relación con el sentido y alcance del derecho humano al nombre, en lo que aquí interesa consideró: "55. Así pues, el nombre tiene por finalidad fijar la identidad de una persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la hace distinguible en el entorno, es decir, es una derivación integral del derecho a la expresión de la individualidad, por cuanto es un signo distintivo del individuo ante los demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto. 56. De lo anterior, se desprende que la identificación cumple con la función de ser el nexo social de la identidad, siendo uno de sus elementos determinantes el nombre; por tanto, éste al ser un derecho humano reconocido como tal, no emerge de las legislaciones particulares de cada Estado, sino que es inherente a la persona humana como tal, siendo, además, inalienable e imprescriptible. 57. Con base en lo expuesto y atendiendo a la interpretación sistémica y al principio pro personae, esta Primera Sala concluye que el derecho al nombre contenido en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano con el siguiente contenido y alcance: El nombre es el conjunto de signos que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad. Está integrado por el nombre propio y los apellidos. Está regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues debe ser elegido libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; por tanto, no puede existir ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, sí puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial. Incluye dos dimensiones: la primera relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro; por lo que, una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido. Es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción." Luego, de lo así considerado por la referida Primera Sala, se desprende, como ésta bien lo distingue, las conclusiones que son de la precisión siguiente: 1. El nombre es el conjunto de signos que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona y a través del cual es reconocido por la sociedad. 2. Tal signo de identidad se integra, no sólo con el nombre propio, sino con los apellidos. 3. El nombre se rige por el principio de autonomía de la voluntad, lo que implica que es susceptible de ser elegido libremente por la persona misma, o por sus padres o tutores, según el momento en que se actualice su registro y bajo los parámetros normativos que en su caso regulen tal derecho, pero sin que se pueda restringir ni interferir en esa decisión. 4. Este derecho tiene dos dimensiones; la relativa a tener un nombre y, la de modificar el originalmente dado por los padres al momento del registro; de ahí que, una vez registrada la persona, el Estado debe garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido, pues se trata de un derecho que no es susceptible de suspensión, ni aún en tiempos de excepción. Ahora bien, en abundancia a lo anterior, importa precisar que se ha sostenido el criterio en torno a que, si bien la variación de uno de los apellidos por virtud de la solicitud así promovida forma parte del derecho a modificar el nombre que lo identifica en sus relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, sin embargo, también se ha concluido que ello no implica alteración en la filiación respectiva, atento a que el cambio de nombre tiene como sustento la autonomía de la voluntad que lo rige, y con la finalidad de adaptar su identidad a la realidad social, pero sin que ello implique el establecimiento de una filiación a través del reconocimiento o desconocimiento del estado de hijo; máxime que la relación filial no deriva del nombre de una persona, sino de las relaciones de parentesco que guarda con sus ascendientes y descendientes. El criterio anterior se orienta por las Tesis Aisladas 1a. XXXII/2012 (10a.); 1a. XXV/2012 (10a) y 1a. XXXIII/2012 (10a), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son de rubros y textos siguientes: "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. ES UN ELEMENTO DETERMINANTE DE LA IDENTIDAD. El derecho humano al nombre a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin fijar la identidad de una persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la hace distinguible en el entorno, es decir, es una derivación integral del derecho a la expresión de la individualidad, por cuanto es un signo distintivo del individuo ante los demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto. Por tanto, si la identificación cumple con la función de ser el nexo social de la identidad, siendo uno de sus elementos determinantes el nombre, éste, al ser un derecho humano así reconocido es, además, inalienable e imprescriptible, con independencia de la manera en que se establezca en las legislaciones particulares de cada Estado." "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido esencial.". "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PROHÍBE CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA PERSONA, MODIFICANDO EL REGISTRO DE SU NACIMIENTO CUANDO HUBIERE SIDO CONOCIDO CON UNO DIFERENTE, ES VIOLATORIO DE AQUÉL. El citado precepto establece la prohibición de modificar el registro de nacimiento para variar el nombre, incluso en la hipótesis de que la persona hubiera sido conocida con uno distinto al que aparece en dicho registro. La razón de esta prohibición es el respeto al principio de la inmutabilidad del nombre: que consiste en un cambio en el estado civil o la filiación, actuaciones de mala fe, contrarias a la moral o que busquen defraudar a terceros. Lo anterior no puede considerarse un fin legítimo ni mucho menos una medida necesaria, razonable ni proporcional, porque el derecho al nombre implica la prerrogativa de su modificación debidamente reglamentada en ley. El supuesto previsto en el artículo 133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes consiste en que una persona haya utilizado en sus relaciones sociales, familiares o con el Estado un nombre diverso de aquel que está asentado en su acta de nacimiento, por lo que la solicitud de modificación de nombre encuentra su razón en adaptar la identificación jurídica a la realidad social de la persona. De lo anterior no deriva una modificación del estado civil ni de la filiación, pues la variación del apellido no implica una mutación en ésta cuando el resto de los datos que permiten establecerla -nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge- no se modifican. No puede considerarse que la modificación solicitada cause perjuicios a terceros, ya que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas creadas entre dos o más personas, no se modifican ni se extinguen, sino por virtud de alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se encuentra el cambio en los asientos de las actas del Registro Civil. Máxime que, en todo caso, quedará constancia de dicha rectificación mediante la anotación marginal que se asiente en el registro principal de su nacimiento, pero no en la nueva acta que en su caso se expida. De ahí que tales derechos y obligaciones continúen vigentes con todos sus efectos. Por tanto, el citado artículo 133, al prever una prohibición que no encuentra una justificación constitucional ni constituye una medida necesaria, razonable o proporcional viola el derecho humano al nombre." Al margen de lo anterior, en el caso del Estado de Veracruz, el Código Civil del Estado, la regulación ordinaria se determina por los artículos 46, 47, 48 y 49 del "CAPITULO II.- Del nombre de las personas físicas" y 59, 60, 61, 62, 64 y 65 del "CAPÍTULO IV.- Del cambio de nombre", ambos del "TÍTULO tercero", que disponen lo siguiente: "ARTICULO 46. El nombre de las personas físicas se formará con sujeción a las reglas que se contienen en los artículos siguientes." "ARTÍCULO 47. Las hijas e hijos de matrimonio llevarán el nombre o nombres propios que les impongan su madre o su padre, seguidos de sus apellidos en el orden en que éstos decidan. "ARTICULO 48. Las hijas e hijos nacidos fuera de matrimonio llevarán el nombre o nombres que les impongan quien o quienes hagan el reconocimiento, seguidos del primer apellido de la madre y el del padre en el orden que éstos acuerden. Si solamente hace el reconocimiento la madre o el padre, llevarán los dos apellidos de quien haga el reconocimiento." "ARTICULO 49. Las sentencias ejecutoriadas que desconozcan o establezcan paternidad o maternidad, producirán el efecto de privar u otorgar, respectivamente, a la persona de cuya filiación se trate, el derecho de usar el apellido o los apellidos correspondientes; pero si el juicio fuere sobre desconocimiento de paternidad o maternidad, o impugnación de reconocimiento, el hijo tendrá derecho a seguir usando el apellido que le corresponda conforme a las reglas anteriores, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia condenatoria que ponga fin al litigio. "ARTÍCULO 59. Las personas físicas o morales a que se refiere este título, podrán mudar de nombre en los términos fijados por este Capítulo y sujetándose a los procedimientos que el mismo establece." "ARTÍCULO 60. Las personas físicas o morales podrán controvertir la retención de nombre que usen por medio de procedimientos que fijará el Código respectivo, y con los requisitos que marca este Capítulo." "ARTÍCULO 61. El cambio de nombre será procedente: I.- En casos de homonomia y para el efecto de que deje de usar el nombre homónimo la persona física o moral que sea posterior en la adquisición del derecho a usar el nombre controvertido; II.- Cuando voluntariamente decida alguno mudar de nombre, mediante la debida publicidad de su propósito y oído cualquier perjudicado o afectado con el cambio propuesto." "ARTÍCULO 62. El cambio de nombre se propondrá por parte interesada y podrá ser controvertido en los términos que marque el Código de Procedimientos Civiles." "ARTÍCULO 64. A toda solicitud de retención o cambio de nombre se le dará publicidad en la "Gaceta Oficial" del Estado y en otro periódico de tanta o mayor circulación en el lugar del domicilio del solicitante o en la población del Estado más inmediata en donde lo haya." "ARTICULO 65. Ejecutoriada la sentencia que ordene la retención o cambio de nombre, se expedirá una copia certificada de la parte resolutiva al Encargado del Registro Civil que corresponda, para que levante el acta y proceda en los términos del artículo 676, respecto del acta de nacimiento, de matrimonio o de cualquier otra especie que afecte o haya determinado la composición del nombre de que se trate. La resolución será publicada en los términos del artículo anterior." De los preceptos legales en cita, se destaca: La forma en que se compone el nombre de las personas físicas que, en el caso de las hijas e hijos de matrimonio llevarán el nombre o nombres propios que les impongan su madre o su padre, seguidos de sus apellidos en el orden en que éstos decidan y, en cuanto a los nacidos fuera de matrimonio, estos llevarán el nombre o nombres que les impongan quien o quienes hagan el reconocimiento, seguidos del primer apellido de la madre y el del padre, en el orden que éstos acuerden; en el entendido de que, si el reconocimiento sólo se hace por la madre o el padre, entonces llevarán los dos apellidos de quien haga el reconocimiento. Ahora bien, se destaca las sentencias ejecutoriadas que desconozcan o establezcan paternidad o maternidad, tendrán como efecto privar u otorgar, respectivamente, a la persona de cuya filiación se trate, el derecho de usar el apellido o los apellidos correspondientes. Sin embargo, si el juicio fuere sobre desconocimiento de paternidad o maternidad, o impugnación de reconocimiento, el hijo tendrá derecho a seguir usando el apellido que le corresponda, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia condenatoria que ponga fin al litigio. Así también se regula que las personas físicas podrán mudar de nombre o controvertir la retención del que usen en los términos y conforme a los procedimientos que la propia codificación establece. De igual forma se precisa la procedencia del cambio de nombre, esto es, cuando exista homonomia y, de forma voluntaria, cuando alguno decida mudar de nombre, mediante la debida publicidad de su propósito, pero oyendo a cualquier perjudicado o afectado con el cambio propuesto. Así también describe la legitimación para el cambio de nombre y la norma procesal bajo la cual debe llevarse a cabo, esto es, en los términos que marque el Código de Procedimientos Civiles. También se distingue la carga que implica la solicitud de retención o cambio de nombre, que corresponderá a la publicación correspondiente en la "Gaceta Oficial" del Estado y en otro periódico de tanta o mayor circulación en el lugar del domicilio del solicitante o en la población del Estado más inmediato en donde lo haya. Finalmente se destaca que, una vez que cause ejecutoria la sentencia correspondiente al cambio de nombre, que deberá ser también publicada en los términos antes referidos, se expedirá una copia certificada de la parte resolutiva al Encargado del Registro Civil que corresponda, para que levante el acta y proceda en los términos del artículo 676 de la misma codificación civil del Estado de Veracruz, respecto del acta de nacimiento, de matrimonio o de cualquier otra especie que afecte o haya determinado la composición del nombre de que se trate. Así pues, conforme a lo anterior, se advierte que la legislación local no establece una prohibición expresa para modificar los apellidos del individuo; sin embargo, para lo que al caso importa, el derecho a modificar el nombre, incluidos los apellidos, habrá de sujetarse a los procedimientos previstos en la legislación local sustantiva y adjetiva, siempre y cuando la acción no implique alterar las relaciones de parentesco que determinan la filiación. En relación con la regulación procesal, ésta se destaca por diversos dispositivos que se contienen tanto en la propia codificación sustantiva como adjetiva; esto es, en los artículos 759, 760, 761, 762, 763 y 764 del "CAPITULO IX.- De la rectificación de las actas del estado civil" del Código Civil, y los diversos 20 del "TITULO PRIMERO.- DE LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES.- CAPITULO I.- De las acciones."; 503, 504 y 505 del ""TÍTULO DECIMOPRIMERO.- DEL CAMBIO DE NOMBRE.- CAPÍTULO ÚNICO", y 695, 697, fracción II, y 699-D, del "TÍTULO DECIMOSEXTO.- DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.- CAPÍTULO I.- Disposiciones generales." del Código procesal Civil del Estado de Veracruz, mismos que son del contenido siguiente: Código Civil para el Estado de Veracruz: "ARTICULO 759. La rectificación o modificación de un acta del estado civil, no puede hacerse sino ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de éste, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente y el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este Código. "ARTÍCULO 760. Cuando la rectificación tienda a enmendar yerros o defectos mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales del acta asentada, o a precisar los apellidos que conforme a su registro de nacimiento correspondan a alguno de los cónyuges que hubieren comparecido al reconocimiento de un hijo autodenominándose en los términos del artículo 53 de este Código, el que tenga derecho a pedir su corrección podrá acudir ante el Oficial Encargado del Registro Civil que corresponda, quien de acuerdo con los lineamientos que al respecto expida la Dirección General del Registro Civil y oyendo al Ministerio Público, acordará lo procedente. Si el acuerdo es negativo, el interesado deberá demandar la rectificación en juicio." "ARTICULO 761. Ha lugar a demandar la rectificación: I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó; y II.- Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia esencial del acto registrado." "ARTICULO 762. Pueden pedir la rectificación de un acta del estado civil: I.- Las personas de cuyo estado se trata; II.- Las que se mencionan en el acta como relacionadas con el estado civil de alguno; III.- Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores; IV.-Los que según los artículos 279, 280 y 281, pueden continuar o intentar las acciones de que en ellos se trata." "ARTICULO 763. El juicio de rectificación de acta se seguirá en la forma que se establezca en el Código de Procedimientos Civiles." "ARTICULO 764. La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al Encargado del Registro Civil para que se haga la inserción y apéndice correspondiente, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación." Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz: "ARTÍCULO 20. Las acciones del estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento y defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio, conservación o cambio de nombre, y ausencia; o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil, benefician o perjudican aun a los que no hayan litigado. Las acciones del estado civil fundadas en la posesión de estado, producirán el efecto de que se ampare o restituya a quien la disfrute contra cualquier perturbador." "ARTÍCULO 503. Los cambios de nombre por homonimia contra persona determinada, se ventilarán en la forma que para el juicio establece este Código." "ARTÍCULO 504. En cualquier otro caso en que se solicite el cambio de nombre, se mandará publicar el extracto de la solicitud, por tres veces consecutivas en la 'Gaceta Oficial' y en otro periódico de mayor circulación, a juicio del juez. Si dentro de los quince días siguientes a la última publicación se presentare algún reclamante, con él se substanciará el juicio correspondiente. Si no hubiere reclamación, se concederá el cambio." "ARTÍCULO 505. Las sentencias que se pronuncien en esta materia, se comunicarán al Encargado del Registro Civil." "ARTÍCULO 695. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez o del notario, sin que esté promovida ni se promueva controversia alguna. En los casos que intervengan menores, los mismos deberán estar representados en términos de la ley. Nunca se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria de que pueda resultar perjuicio a la Hacienda Pública. Las que se practiquen en contravención a lo dispuesto en este artículo, no producirán efecto legal. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición." "ARTICULO 697. Se oirá precisamente al Ministerio Público: I.- (.) II.- Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o discapacitados; (.)" "ARTÍCULO 699-D. Cuando alguna persona quiera cambiar su nombre o nombres propios que le impusieron sus padres, podrá hacerlo ante notario, exhibiéndole copia certificada del acta de nacimiento o reconocimiento. El notario extenderá acta donde haga constar la solicitud y señalará el nuevo nombre que desee usar el interesado; un extracto de la misma se mandará publicar, por dos veces, con intervalo de diez días en la Gaceta Oficial del estado, y en un periódico de los de mayor circulación en el lugar de residencia del solicitante. Transcurridos quince días, contados a partir de la última publicación, sin que nadie acuda ante el notario a manifestar su inconformidad con el cambio propuesto, levantará el notario una segunda acta donde se haga constar la falta de oposición, se adjuntarán las publicaciones, y se le expedirá al interesado testimonio, desde cuya fecha podrá utilizar el nuevo nombre. Simultáneamente, el notario remitirá copia certificada del testimonio al oficial encargado del Registro Civil del lugar donde conste el asentamiento del interesado, para que haga la anotación que procede al margen de dicha acta o partida de nacimiento." Ahora bien, en torno a las disposiciones legales antes trascritas se arriba a las siguientes conclusiones: a). Las personas físicas, con relación a su nombre, tienen derecho a: 1. Cambiar de nombre; 2. Controvertir la retención del nombre que usan; 3. Solicitar la rectificación de yerros o defectos meramente accidentales del acta asentada, o a precisar los apellidos que conforme a su registro de nacimiento correspondan a alguno de los cónyuges que hubieren comparecido al reconocimiento de un hijo y, o 4. Demandar la rectificación o la modificación de un acta del estado civil (Art. 59, 60, 759 y 760 del Código Civil local). b). El cambio de nombre procede: 1. En casos de homonimia y 2. Cuando el solicitante decida voluntariamente cambiar de nombre (Art. 61 del Código Civil local y 699-D del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz). c). Tanto para el caso de retención de nombre, cambio del mismo, o rectificación de un acta de estado civil, habrá de darse la publicidad respectiva (Art. 64, 762 y 764 del Código Civil local). d). La rectificación o modificación de un acta del estado civil que busque enmendar yerros o errores mecanográficos, ortográficos, numéricos u otros accidentales del acta, mediante solicitud de rectificación ante el Oficial Encargado del Registro Civil que corresponda, quien de acuerdo con los lineamientos que al respecto expida la Dirección General del Registro Civil y oyendo al Ministerio Público, acordará lo procedente (Art. 760 del Código Civil local). e). La rectificación o modificación de un acta del estado civil, procede mediante juicio, cuando: 1. Se niegue la solicitud presentada ante el Oficial Encargado del Registro Civil que corresponda y mediante la cual busque enmendar errores mecanográficos, ortográficos, numéricos u otros accidentales del acta; 2. Por falsedad de lo asentado en el acta respectiva, al alegarse que el evento registrado no sucedió, y 3. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia esencial del acto que se registró (Art. 759, 760, 761 y 763 del Código Civil local). f). La acción de conservación (retención) o cambio de nombre y la de rectificación de actas del registro civil son distintas, aunque relativas al estado civil de las personas (Art. 20 del Código Procesal Local). g). La acción de conservación o cambio de nombre por homonimia en contra de una persona determinada, debe ventilarse a través del juicio respectivo, en tanto que las sustentadas en el cambio voluntario del nombre, podrán solicitarse a través de la jurisdicción voluntaria, o ante Notario Público únicamente cuando involucre la modificación del nombre propio, pero no de sus apellidos; en ambos casos se dará la publicidad necesaria y la remisión de las constancias necesarias al encargado del Registro Civil que corresponda, a fin de que haga la anotación que proceda al margen del acta correspondiente (Art. 503, 504, 505, 695 y 699-D del Código Procesal Local). Conforme a lo anterior, la acción de modificación o cambio de nombre y la rectificación de actas, son acciones distintas, con elementos, requisitos de procedencia diversos y con efectos también diferentes, para el caso de resultar procedentes. Finalmente, importa precisar que la consecuencia jurídica que producirá el cambio de nombre, cuando resulte procedente, será autorizar al solicitante en lo sucesivo el uso de su nuevo nombre; en tanto que la de rectificación de acta, de resultar fundada, producirá sus efectos también hacia el pasado, atendiendo a que la pretensión no sólo constriñe que se autorice el empleo de un nuevo nombre, sino la retroacción del reconocimiento de la variación concedida. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES De las documentales aportadas en juicio y las manifestaciones que se vierten en el escrito de demanda y el contenido del informe justificado rendido en el presente juicio, se advierten los antecedentes que en lo que al caso importa son de la relatoría siguiente: 1. El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (foja 11) se registró ante la institución registral civil aquí señalada como autoridad responsable, el nacimiento de la menor, Mia Leilany Mendoza Camacho, acaecido el dieciocho anterior, como hija de la quejosa, ABRIL CAMACHO HUERTA y Jonathan Axel Mendoza Arrieta. 2. Por otro lado, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte (foja 12) se recibieron el "Resultado de filiación mediante prueba de identificación por ADN" practicado a la citada menor quejosa, en relación con el aquí tercero interesado, Jonathan Axel Mendoza Arrieta, del que se desprende la exclusión de una relación filial de paternidad entre ambas personas. 3. Como consecuencia de lo anterior, la aquí quejosa, ABRIL CAMACHO HUERTA se presentó ante la autoridad señalada como responsable, a fin de solicitar que se suprimiera del acta de nacimiento de la menor aquí quejosa, el apellido paterno de la misma, así como el nombre de quien se asentó como padre de ésta, en relación con lo cual, se obtuvo una respuesta "verbal" en sentido negativo, bajo el argumento de que resultaba necesario para ello que dicha solicitud se tramitara a través de la promoción de un juicio civil. SUBSUNCIÓN Conforme al marco normativo y antecedentes del acto reclamado que se han dejado anotados, se advierte que la pretensión constitucional de la parte quejosa es que se conceda la protección constitucional, a fin de que se deje sin efecto la negativa que, en forma verbal, recayó a la petición que la propia impetrante de amparo realizó, en la misma forma, para modificar el acta de nacimiento de la menor quejosa, a fin de suprimir de la misma el apellido paterno que se asentó de ella, así como el nombre de quien aparece como su progenitor, lo que sustentó bajo la premisa de ser procedente en virtud de que se ha realizado un estudio de genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN a la menor y en la que se determinó que el aquí tercero interesado no es su padre biológico; sobre todo, al considerar que tal negativa afecta el derecho de la citada infante a tener una identidad acorde a su realidad social y entorno familiar. Como también se anunció, lo anterior es infundado. Esto es así, pues como quedó precisado, se ha reconocido constitucionalmente el derecho a modificar el nombre de una persona, incluso para "sustraer" el apellido paterno, aun cuando ello conlleva como consecuencia eliminar el nombre del mismo y sustituir aquel apellido por el diverso de la madre, implica variar el nombre de la menor quejosa. Sin embargo, la modificación que se pretenda realizar en tales términos implica una variación esencial del nombre que condiciona el ejercicio de tal derecho en los términos establecidos en las normas civiles y bajo los procedimientos que se establecen en la codificación procesal de esa materia. De ahí que, si dicha pretensión no constituye una corrección, rectificación o modificación de un acta del estado civil que busque enmendar yerros o errores mecanográficos, ortográficos, numéricos u otros accidentales del acta, y que sea procedente realizar en sede administrativa, es decir, ante el propio Oficial Encargado del Registro Civil correspondiente, tal como lo establece el artículo 760 del Código Civil del Estado de Veracruz, sino que pretende la variación sustancial del nombre de la menor impetrante de amparo, entonces ello requiere que su tramitación se realice a través del juicio correspondiente, según se describe en los diversos artículos 759, 760, 761 y 763 del Código Civil. Máxime que, como se apuntó, la modificación o cambio de nombre procede mediante la tramitación de un juicio en la vía civil: 1. Por falsedad de lo asentado en el acta respectiva, al alegarse que el evento registrado no sucedió, y 2. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia esencial del acto que se registró. Incluso, también es procedente el citado juicio en la vía civil, según la procedencia prevista en los aludidos numerales, atendiendo a que el juicio también es procedente contra la negativa que recaiga a la solicitud presentada ante el Oficial Encargado del Registro Civil que corresponda y mediante la cual busque enmendar errores mecanográficos, ortográficos, numéricos u otros accidentales del acta. En tales términos, se concluye que la negativa reclamada se considera acorde a la regulación civil y procesal civil del Estado de Veracruz, según los parámetros establecidos en el marco normativo que precede, sin que se advierta trasgresión al derecho de identidad de la menor, así como el diverso del interés superior de la misma, previstos en los artículos 1º y 4º constitucionales. Máxime, porque se considera que es en el juicio civil de procedencia en el que tendrá que justificar a través del medio probatorio correspondiente, que puede ser incluso el resultado del examen de genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN practicado a la menor y en la que se determinó que el aquí tercero interesado no es su padre biológico. Sobre todo, porque será en dicho juicio en el que se tendrá que llamar a aquel, quien en su caso tendrá el correlativo derecho de oponerse a la pretensión aludida, al ser la persona que en su momento reconoció, en todo caso, la paternidad de la menor; máxime que la procedencia del cambio de nombre cuando una persona voluntariamente decida mudarlo, abarca tanto al nombre propio como a los apellidos, siempre y cuando no implique alterar las relaciones de parentesco que determinan la filiación, lo que sucede sobre todo, cuando la variación del apellido implica mutación en aquélla cuando exista alteración del nombre del padre, como se advierte lo constituye la pretensión de origen. Lo anterior, en sentido contrario a su conclusión, se ve orienta por la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que es del contenido siguiente: CAMBIO DE NOMBRE. LA POSIBILIDAD DE MUDARLO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 61 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, INCLUYE LOS APELLIDOS SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE ALTERAR LAS RELACIONES DE PARENTESCO QUE DETERMINAN LA FILIACIÓN. Del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con el nuevo marco constitucional y atendiendo al principio pro persona, en relación con el diverso numeral 61, fracción II, del Código Civil para el Estado de Veracruz, que prevé la procedencia del cambio de nombre cuando una persona voluntariamente decida mudarlo, debe interpretarse en el sentido de que tal prerrogativa abarca tanto al nombre propio como a los apellidos, siempre y cuando no implique alterar las relaciones de parentesco que determinan la filiación, lo que no sucede cuando la variación del apellido no implica mutación en aquélla, al no sufrir alteración alguna el nombre de la madre o del padre. CONCLUSIÓN Así, ante lo infundado de los conceptos de violación que fueron materia de análisis en el presente asunto, debe negarse el amparo solicitado por la parte quejosa, quien en todo caso, tendrá expedito el derecho para ejercerlo en la vía y forma que se ha anotado en esta sentencia. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes, copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ABRIL CAMACHO HUERTA, por sí y en representación de la menor de iniciales, M.L.M.C., respecto del acto reclamado a la autoridad responsable que son precisos en el considerando segundo y tercero de esta sentencia, por los motivos señalado en el quinto considerando de la misma. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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