Abrahana Ochoa Prieto
Expediente 62/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 37 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Abrahana Ochoa Prieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por Abrahana Ochoa Prieto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución interlocutoria emitida en data seis de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que corresponde al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 62/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por Abrahana Ochoa Prieto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución interlocutoria emitida en data seis de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que corresponde al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos Exiquio Ochoa Prieto, parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos, la sentencia engrosada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Visto el estado que guardan los autos se advierte que de la notificación realizada por lista de acuerdos al tercero interesado el pasado treinta de agosto, el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asentó ".se notifica a las partes la sentencia engrosada el veintinueve de agosto." (lo resaltado es propio). Lo anterior, constituye un error involuntario mecanográfico, puesto que la sentencia que fue dictada en el presente juicio el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. En ese tenor, toda vez que la única parte que fue notificada por lista de acuerdos de la citada sentencia, lo fue el tercero interesado ******************** -puesto que del resto de las partes fueron notificadas de manera personal y electrónica, según se advierte de las constancias que integran los autos del presente juicio-, corresponde entonces, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, regularizar el procedimiento, y se ordena realizar nuevamente la notificación de la sentencia a la citada parte tercero interesada con los datos correctos; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado Exiquio Ochoa Prieto, la sentencia engrosada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos, misma que a la letra dice: ENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 62/2021 promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el nueve de febrero de dos mil veintiuno y turnado el diez de febrero siguiente a este órgano, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-9). SEGUNDO. Trámite. Por auto de once de febrero siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, emplazar al juicio a los terceros interesados (fojas 11-16). Se agregó a los autos el informe justificado de las autoridades responsables (foja 25). Se emplazó personalmente al presente juicio a los terceros interesados (fojas 141 y 172). El uno de febrero del año en curso, se acordó: requerir a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a nuevos conceptos de violación contra la notificación de quince de abril de dos mil catorce reclamada y, señalar fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 237). Luego de que se certificó que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo dentro del término concedido, se acordó que el presente juicio se continuara únicamente en relación con lo plasmado en el escrito inicial de demanda (foja 240). Y si bien, mediante escrito presentado el veintidós de febrero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, la quejosa pretendió ampliar su demanda, lo cierto es que como se determinó en el auto de dos de marzo siguiente, dicho escrito fue presentado de manera extemporánea (foja 256). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (foja 260). Luego, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se sobreseyó en el asunto (fojas 262-274). Inconforme con esa sentencia, la parte quejosa hizo valer recurso de revisión, por lo que mediante ejecutoria de dos de junio de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, revocó la aludida sentencia y ordenó la reposición del procedimiento, con los siguientes efectos: ".En tales condiciones, de conformidad con lo establecido por el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y, con base en lo expuesto, ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, con el objeto de que el juez federal requiera a la autoridad responsable ordenadora para que rinda su informe justificado respecto del diverso acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de la parte quejosa al diverso juicio sucesorio ********************; señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional y, en su oportunidad, resuelva lo que en derecho corresponda.". (fojas 311-317). En cumplimiento a dicha ejecutoria, por auto de veintiocho de junio siguiente, se acordó: requerir a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, rindiera su informe justificado respecto del acto reclamado relacionado con la falta de emplazamiento de la quejosa en el juicio sucesorio ********************de su índice y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 318-319). Se agregó en autos el informe justificado de la aludida autoridad responsable (foja 326) e integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclaman los ilegales emplazamientos en dos juicios sucesorios, susceptibles de afectar irreparablemente el derecho fundamental de audiencia previa de la quejosa, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan con precisión los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: a). El ilegal emplazamiento o notificación practicada el quince de abril de dos mil catorce, en el ******************** ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. b). El ilegal emplazamiento al ******************** ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados atribuidos al 1. Juez y al 2. Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, relacionados con el ******************** ********************en razón que al rendir su informe justificado reconocieron su existencia (foja 25). De igual forma, son ciertos los actos reclamados atribuidos al 1. Juez y al 2. Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, relacionados con el ******************** ********************en razón que así lo reconocieron al rendir su informe justificado (foja 326). Lo que se corrobora, pues dichas autoridades remitieron copia certificada de los expedientes ********************y ******************** en donde constan las actuaciones combatidas (fojas 47 y 350) las cuales adquieren valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Primer motivo de improcedencia En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados identificados en el inciso a) del considerando segundo de esta sentencia, consistentes en: "El ilegal emplazamiento o notificación practicada el quince de abril de dos mil catorce, en el ******************** ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz." Lo anterior porque a la parte quejosa no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, al haber tenido pleno conocimiento de la existencia y sustanciación del juicio natural y, por tanto, al ser parte demandada en el juicio de origen, se encontraba obligada a incorporarse a la relación jurídico-procesal que de allí se deriva, al no existir sentencia definitiva en dicho asunto, como a continuación se explicará. PREMISAS NORMATIVAS Los referidos artículos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" De la interpretación sistemática de los artículos invocados, se deriva que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro o fuera de juicio, cuando la persona que lo promueva no tenga el carácter de tercero extraño en el procedimiento. En el primero de los aludidos artículos se establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos que dicha causa resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Una de las distintas técnicas de integración de normas jurídicas, mediante la cual se colman lagunas existentes en el cuerpo normativo, es la interpretación en sentido contrario o a contrario sensu, la cual precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a estudio, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. Por su parte, el segundo de los preceptos trascritos establece la protección del juicio de amparo para la persona extraña a juicio. Acorde con las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Esto denota la existencia de dos supuestos de persona extraña al procedimiento: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado; el primero es aquella persona moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila y, el segundo, el sujeto que formando parte de la controversia, no fue llamado a juicio por haber sido ilegalmente emplazado para contestar la demanda o por no haber sido señalando como demandado en el juicio natural y, por ende, no se apersonó de modo alguno al mismo. Ahora bien, la afectación que resiente una persona extraña a juicio no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y pueda demostrar, sea con relación al bien debatido en el juicio; con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así porque cuando dos personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse; es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio y, desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan a todo gobernado los derechos de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio o en su ejecución, sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. En esas condiciones, cuando dentro del juicio o en ejecución de sentencia, se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el proceso, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Da respaldo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así como la diversa VII.2o.C. J/21 que se lee: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de 'persona extraña' es opuesta a la de 'parte' procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Y por analogía, también es aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno del Máximo Tribunal del País, que se lee: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." De allí, que si la parte quejosa se ostenta como persona extraña al procedimiento, existe la obligación del juzgador de amparo de identificar si efectivamente de las constancias apareciere que tuvo conocimiento o no del juicio de origen, ya sea dentro de éste o después de concluido, lo que permitirá conocer el verdadero carácter con el que comparezca al juicio constitucional. Es decir, el juicio de amparo será procedente si efectivamente quien se ostente como tercera extraña al juicio, no hubiere tenido conocimiento de éste, ya sea porque no se le hubiere emplazado o, en su defecto, siendo parte, porque se le emplazó de manera ilegal. En consecuencia, si de las constancias que obran en el expediente existe prueba de que el quejoso tuvo conocimiento del juicio natural en el que le competa participar, el amparo en la vía indirecta es improcedente porque deja de ser persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses, en contravención del artículo 14 constitucional. Lo que se sostiene, pues cuando se trata de personas que conocieron del procedimiento natural y que, por ende, tuvieron la oportunidad de comparecer tanto a ejercitar su derecho de defensa, como la de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa; de manera que ante ello no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en razón de que conforme al criterio sostenido por ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado lo constituya la falta de emplazamiento a juicio o su ilegalidad, si antes de que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento respectivo, el promovente del amparo tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, pues con independencia de que no comparezca al mismo, ello es suficiente para estimar que pierde el carácter de extraño al juicio, ya que estuvo en aptitud de integrarse a la relación jurídica-procesal y ejercer su derecho de audiencia en el controvertido natural. Criterio que se contiene en la jurisprudencia 1ª/J. 67/2013 (10a.) que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.', la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.', en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Y en la diversa 2ª/J. 47/2011 (10a.) que se lee: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." (Lo resaltado es propio de esta sentencia) Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES De las copias certificadas del expediente de origen, se desprende lo siguiente: 1). Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil catorce, ******************** promovieron sucesión intestamentaria a bienes de ********************, a fin de que se les reconociera como únicos y universales herederos de la misma (fojas 30-31). 2). Por auto de veinticinco de febrero siguiente, el Juez Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, acordó: dar curso a la demanda; radicarla con el número de juicio ********************; dar vista a la fiscalía adscrita a ese órgano jurisdiccional; fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley y, requerir los informes respectivos sobre la existencia de disposición testamentaria alguna otorgada por ******************** (foja 37). 3). Mediante escrito presentado el diez de marzo siguiente, los promoventes solicitaron se notificara por correo certificado a ******************** en el domicilio ubicado en ********************, para que compareciera al expediente a deducir sus posibles derechos hereditarios que le correspondan (foja 39). 4). En proveído de once de marzo de dos mil catorce, se acordó: notificar a la aludida ******************** en el domicilio proporcionado, a fin de informarle el nombre de la persona finada, la radicación del aludido expediente y el nombre de sus promoventes, para que, de estimarlo, compareciera al asunto a deducir sus posibles derechos hereditarios (foja 40). 5). El quince de abril de dos mil catorce, se llevó a cabo la notificación ordenada por conducto del actuario comisionado para tal efecto, misma que se entendió personalmente con ******************** (foja 47). 6). Por auto de cuatro de julio del citado año, se dio vista a la fiscalía adscrita al juzgado con las actuaciones del expediente, para que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 54) la cual manifestó por escrito que no existía objeción legal alguna para que se dictara la respectiva resolución en dicho asunto (foja 56). 7). Luego de que se ordenó la publicación del edicto a que se refiere el numeral 612 del código adjetivo de la materia (foja 60) y que se llevó a cabo la misma (fojas 70-80) se desahogó la audiencia de ley (fojas 90 y 94). 8). Así, el dos de julio de dos mil quince, se resolvió: declarar como único y universal heredero a bienes de ********************, al promovente ******************** en su carácter de sobrino de la finada; designar al aludido heredero como albacea definitivo, quien deberá aceptar y protestar el cargo y, dejar a salvo los derechos hereditarios de********************para que los haga valer en la vía y forma que corresponda (fojas 100-101). 9). Luego, en diligencia de cinco de agosto de dos mil quince, ******************** aceptó y protestó el cargo de albacea definitivo de los bienes de ******************** y, solicitó, entre otras cuestiones, se autorizara la separación del aludido juicio para continuarlo ante el Notario Público de su elección, lo que en la propia diligencia acordó favorable el juez instructor (foja 102 frente y vuelta). 10). Asimismo, de la demanda de amparo con que se formó este asunto, se advierte que la quejosa confesó que sus abogados le informaron que en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, de Tierra Blanca, Veracruz, existía el antecedente del: ".Juicio ********************que promovieron mis hermanos ********************, de apellidos ********************, por la sucesión intestamentaria de nuestra tía ********************." (párrafos cuarto y sexto de la foja 4). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Como se vio, la parte quejosa reclama el ilegal emplazamiento o notificación practicada el quince de abril de dos mil catorce, en el ******************** ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. Asimismo, de los antecedentes del asunto se colige, que si bien el único y universal heredero y, albacea definitivo, solicitó y le fue autorizada la separación de la prosecución del juicio, para continuarlo ante el notario público de su elección, lo cierto es que dicho ******************** no se encuentra concluido, pues habrá de continuarse su trámite ante el fedatario público designado y culminará con la adjudicación de los bienes que constituyen la masa hereditaria en favor del heredero. De igual forma, se desprende que la quejosa conocía de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamada, pero no ha comparecido a aquél, como lo confesó en su demanda de amparo. Luego, es incuestionable que resulta improcedente el presente juicio constitucional, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI de la Ley de Amparo, pues la solicitante del amparo tenía la posibilidad de comparecer al juicio natural e impugnar dicho llamamiento a través de los medios legales que para tal efecto establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en particular, el incidente de nulidad de actuaciones previsto en los numerales 55 y 90 de dicho ordenamiento y, de llegar a resultar desfavorable la resolución del medio de defensa, podía atacar esa violación procesal, en su caso, mediante el juicio de amparo directo que promoviera contra la sentencia definitiva que se llegara a dictarse en el juicio natural. Por tanto, si como ya se dijo, el juicio de amparo procede contra actos dentro del juicio siempre que se promueva por un tercero extraño; y en autos quedó demostrado que la quejosa no tiene tal carácter, pues -se insiste- al día de la presentación de la demanda, el ******************** de origen no se encontraba concluido y la aquí quejosa conocía de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamada, pero no comparecido a aquél, es evidente que se concreta el motivo de improcedencia en estudio. No es obstáculo a lo antes concluido, la circunstancia que la quejosa enfatiza el hecho de que no ha sido oída ni vencida en juicio, ni se le ha otorgado oportunidad de defensa en el sumario a que se ha venido haciendo referencia al ocultarle la tramitación y no haber sido emplazada, pues al respecto es importante destacar que el Máximo Tribunal del País ha definido que cuando el acto reclamado se hace consistir en la falta de emplazamiento o llamamiento al juicio, o bien, se combate su ilegalidad, y el promovente del amparo tiene conocimiento del juicio seguido en su perjuicio antes de que se dicte sentencia definitiva, en esas circunstancias, se estima que no se le dejó en estado de indefensión. Ello es así, pues tiene la oportunidad de alegar y defenderse, antes de que se pronuncie la resolución definitiva correspondiente en perjuicio de sus intereses, en razón de que, si bien es cierto, de encontrase la quejosa en ese supuesto no está obligada a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales previstos en la legislación procesal que regule el procedimiento respectivo, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural, no obstante que no se encuentre firme. Lo anterior es así, pues si se toma en consideración que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio natural del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, o porque aun cuando se le señala como tal, no es llamado a juicio a defender sus derechos, y el acto que le afecta se trata de la sentencia del juicio natural, resulta claro que no puede estimarse como tercero extraño la parte quejosa que se ostenta con ese carácter, cuando en el propio juicio es formalmente parte demandada, o bien, se le haya reconocido alguna calidad en dicho juicio en términos de ley, o tiene conocimiento de la falta de emplazamiento legal o del llamamiento a juicio, antes de que se dicte la sentencia correspondiente, pues en tales condiciones, la parte quejosa tiene expeditos sus derechos para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan establecidos en la legislación procesal común, antes de promover el juicio de amparo. Resultas aplicables, por identidad de razón, las jurisprudencias ya citadas en el apartado de premisas de esta sentencia, con números 2a/J. 47/2011 (10a.) de rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA."; y, 1a/J. 67/2013 (10a.) de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." Sin embargo, esa sola falta de llamamiento a juicio, en el caso, no la faculta para instar la acción constitucional, pues como ya se dijo, si el ******************** de origen no se encontraba concluido y la quejosa conocía de manera completa y exacta la existencia del mismo, el amparo promovido por ésta para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tuvo a su alcance la posibilidad de hacer valer los recursos ordinarios que estime pertinentes en defensa de los derechos que a su parecer le asisten. De igual forma, por identidad de razón, respalda lo anteriormente concluido la diversa tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, Febrero 2008, Novena Época, en la página 2270, con registro 170323, que dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión." Segundo motivo de improcedencia Por otra parte, se estima que respecto del acto reclamado identificado en el inciso b) del considerando segundo de esta sentencia, consistente en: "b). El ilegal emplazamiento al ******************** ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz." Sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, debido a que dicho acto ya fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables y respecto del propio acto, como a continuación se verá. MARCO NORMATIVO El artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)". (El subrayado se hace en esta sentencia) De la lectura del aludido numeral y fracciones de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio constitucional es improcedente cuando se actualice el siguiente supuesto: 1). La norma o acto que se reclamen en el juicio de amparo, son materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. 2). Ambos juicios hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 90/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez." La finalidad de ese motivo de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios de amparo se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse en una sola ocasión. Hasta aquí el marco normativo. ANTECEDENTES De las copias certificadas del expediente de origen, se desprende lo siguiente: 1). Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil catorce, Ana María Prieto Trinidad, ******************** promovieron sucesión intestamentaria a bienes de ********************o ********************, a fin de que se les reconociera como únicos y universales herederos del mismo (fojas 329-330). 2). Por auto de catorce de febrero siguiente, el Juez Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, acordó: dar curso a la demanda; radicarla con el número de juicio ********************; dar vista a la fiscalía adscrita a ese órgano jurisdiccional; fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley y, requerir los informes respectivos sobre la existencia de disposición testamentaria alguna otorgada por el finado (foja 337). 3). El veintisiete de febrero de dos mil catorce, se llevó a cabo el emplazamiento por conducto del actuario comisionado para tal efecto, mismo que se entendió personalmente con ******************** (foja 350). 4). La existencia de la demanda de amparo presentada el nueve de febrero de dos mil veintiuno por********************en la que señaló como autoridades responsables al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con sede en Tierra Blanca, Veracruz y al 2. Actuario adscrito al mismo órgano jurisdiccional, de quienes reclamó: ".El ilegal emplazamiento al ******************** ********************del citado Juzgado de Primera Instancia, relativo la sucesión de bienes del difunto ********************Ochoa Hernández." 5). La admisión de dicha demanda y, radicación del juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado, donde el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el asunto. 6). Finalmente, por auto de doce de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la aludida sentencia de amparo, al no haber sido impugnada y, se ordenó el archivo definitivo del expediente. Se precisa que si bien la información narrada en los puntos 4, 5 y 6 de los antecedentes anteriormente citados no consta en autos, es apta para motivar la presente resolución, dado que se obtuvo de la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público sus acuerdos y resoluciones, lo que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que sea válido que se invoque de oficio lo publicado en ese medio electrónico. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO." así como la tesis XX.2o.33 K del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, se considera que existen circunstancias que impiden el ejercicio de la acción de amparo respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento al ******************** ********************dado que mediante resolución firme, se sobreseyó en el juicio de amparo que se promovió en su contra por la misma quejosa, lo que no puede ser desconocido en modo absoluto en este nuevo juicio de amparo, ya que prevalece y subsiste la cosa juzgada, por lo que dicha resolución no puede ser afectada o variada, debido el sentido del fallo del anterior juicio constitucional. Lo que se sostiene, debido a que de la información obtenida de la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público sus acuerdos y resoluciones y que se relataron en el apartado de antecedentes, se colige que el emplazamiento aquí reclamado ya fue materia de análisis y pronunciamiento en el diverso juicio de amparo ******************** del índice de este propio juzgado, por lo que resulta inmodificable, pues este órgano de control constitucional no puede examinar nuevamente tal actuación, porque ya fue analizada en definitiva en otro juicio de amparo promovido por la misma quejosa. Se destaca que las jurisprudencias y tesis que se citaron en esta sentencia y que se originaron con anterioridad a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, en tanto que no se opongan a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN Sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concretan los motivos de improcedencia aquí analizados, respecto de los actos reclamados relacionados con los ******************** ********************y ********************respectivamente, ambos del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, seRESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.
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