Abrahana Ochoa Prieto

Expediente 63/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 46 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
63/2021
Año
2021
Actuaciones
46
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Abrahana Ochoa Prieto
  • Juez Cuarto de Primera Instancia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Ricardo Morales Carrasco, en calidad de autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, se le autoriza la consulta vía internet, con el nombre de usuario "MORCARR", en el Sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, atento a su petición, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicaran por la vía electrónica con el nombre de usuario citado en el párrafo anterior. En esas condiciones, se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta el nombre de usuario proporcionado, a efecto de que dicha parte se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 63/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por Abrahana Ocho Prieto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente original de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data ocho de marzo de dos mil veintiuno (fojas 31 al 34 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintitrés.********************En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por ********************, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. ********************En cuanto a los autos del incidente original de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data ocho de marzo de dos mil veintiuno (fojas 31 al 34 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental.********************Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos en el juicio de amparo 63/2021, y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el nueve de febrero de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz al día siguiente, Abrahana Ocho Prieto promovió demanda de amparo contra los actos del 1. Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Tierra Blanca, Veracruz y otra autoridad, por actos que más adelante se precisarán (fojas 2 a 8). SEGUNDO. Por auto de once de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó admitir la demanda, requerir los informes justificados de las autoridades responsables; emplazar a la Fiscal Federal de la adscripción, se ordenó se emplazara a ******************** ********************, ******************** y ********************, en su carácter de terceros interesados en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, asimismo, se señaló fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional (fojas 10 a 15). Con motivo del despacho emitido a efecto de emplazar a los terceros interesados se conoció que la tercero interesada ********************había fallecido, por lo que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, y se requirió al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación, informara si tiene conocimiento de que en el expediente ******************** de su índice, existía algún representante legal de la mencionada ********************, o bien si ya se denunció alguna sucesión a bienes de la de cujus, a fin de acordar lo que en derecho procediera (foja 129). Mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió al Oficial Encargado del Registro Civil, en Tierra Blanca, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos legales la notificación de dicho proveído remitiera a este Juzgado copia certificada del acta de defunción de la señora ********************(foja 146). En auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se requirió a la quejosa ********************, así como a los terceros interesados ********************y ******************** a efecto que informaran ante qué autoridad se registró el acta de defunción de ********************o en caso de desconocer lo anterior, informaran el lugar y fecha de nacimiento de dicha persona (fojas 186 a 188). Mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido oficio del Encargado del Despacho de la Dirección General del Registro Civil, con residencia en Xalapa, Veracruz, con el que remitió copia certificada del acta de defunción número 321 de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, a nombre de ********************y en auto de nueve de junio del mismo año, se tuvo por recibido oficio del registro de disposiciones testamentarias que mantiene el gobierno del Estado de Veracruz, informando que no se tiene anotación alguna a nombre de ********************(fojas 221 y 23). Dado que previo requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional a los Juzgados de Primera Instancia con sede en Cosamaloapan, Veracruz, se recibieron informes en el sentido que no se tiene registro de juicio de sucesión a bienes de ********************, por auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, se requirió al Fiscal General del Estado de Veracruz, para que designara e instruyera al fiscal que corresponda conforme lo dispone el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, a efecto que se gestinonara el juicio sucesorio respecto a la tercero interesada ********************(foja 256). En auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido oficio del Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro-Cosamaloapan, Veracruz, en donde hace del conocimiento que el juicio sucesorio intestamentario ********************a bienes de ********************, fue radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz con sede en Tierra Blanca, Veracruz (fojas 283 a 320). Por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la Secretaria de Acuerdos, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz con sede en Tierra Blanca, Veracruz, informando que en el juicio sucesorio intestamentario se designó como interventor de la sucesión a bienes de la finada ********************a ********************, en su carácter de Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al DIF Municipal en Tienrra Blanca, Veracruz, por lo que se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada a través del citado interventor (fojas 362 a 364). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (foja 27) y se cuenta con las constancias de notificación de los terceros interesados ********************, quien compareció al presente juicio por escrito y solicitó se negara la protección solicitada (fojas 80 y 85) ********************(foja 122) así como ********************, en su carácter de interventor en el juicio sucesorio intestamentario ********************a bienes de ********************(foja 380); asimismo, se tiene constancia de notificación de la Representación Social de la Federación adscrita a este Juzgado (foja 23) por lo que tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 387). CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso b, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclaman actos que se alega transgreden las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso de la quejosa, quien se ostenta como tercera extraña a juicio. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues dichos actos tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que éste juzgado tiene su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa que a las autoridades responsables 1. Juzgado Cuarto de Primera Instancia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, así como 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con sede en Tierra Blanca, Veracruz se les reclama: El ilegal emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario ******************** del citado Juzgado de Primera Instancia, relativo la sucesión de bienes del difunto ********************. Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior que la ahora quejosa dentro de la demanda de amparo haya hecho mención de la existencia del diverso juicio ********************que promomovieron ******************** y********************de apellidos ********************, por la sucesión intestamentaria de su tía ********************al que tampoco se le emplazó. Lo anterior dado que resulta un hecho notorio para el suscrito juzgador la existencia en este órgano jurisdiccional del diverso juicio de garantías ********************promovido por ********************, en el que el acto reclamado es precisamente la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario ********************del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Tierra Blanca, Veracruz, motivo por el cual resulta evidente que en el presente juicio de amparo el acto reclamado corresponde únicamente al señalado en los párrafos anteriores. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado atribuidos a las autoridades 1. Juzgado Cuarto de Primera Instancia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con sede en Tierra Blanca, Veracruz y 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con sede en Tierra Blanca, Veracruz. Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (foja 27) lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntó el titular del 1. Juzgado Cuarto de Primera Instancia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, relativas al juicio ordinario civil ******************** de su índice de las que se advierte la actuación de dicho juicio en las que se aprecian la diligencia de llamamiento a juicio a la quejosa, de veintisiete de febrero de dos mil catorce (foja 50). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior porque a la parte quejosa no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, al haber tenido pleno conocimiento de la existencia y sustanciación del juicio natural y, por tanto, al ser parte en el juicio de origen, se encontraba obligada a incorporarse a la relación jurídico-procesal que de allí se deriva, al no existir sentencia definitiva en dicho asunto, como a continuación se explicará. MARCO NORMATIVO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten personas extrañas; (.)" De la interpretación sistemática de los artículos invocados, se deriva que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro o fuera de juicio, cuando la persona que lo promueva no tenga el carácter de tercero extraño en el procedimiento. En el primero de los aludidos artículos se establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos que dicha causa resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Una de las distintas técnicas de integración de normas jurídicas, mediante la cual se colman lagunas existentes en el cuerpo normativo, es la interpretación en sentido contrario o a contrario sensu, la cual precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a estudio, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. Por su parte, el segundo de los preceptos trascritos establece la protección del juicio de amparo para la persona extraña a juicio. Acorde con las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propiodemandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Esto denota la existencia de dos supuestos de persona extraña al procedimiento: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado; el primero es aquella persona moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila y, el segundo, el sujeto que formando parte de la controversia, no fue llamado a juicio por haber sido ilegalmente emplazado para contestar la demanda o por no haber sido señalando como demandado en el juicio natural y, por ende, no se apersonó de modo alguno al mismo. Ahora bien, la afectación que resiente una persona extraña a juicio no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y pueda demostrar, sea con relación al bien debatido en el juicio; con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así porque cuando dos personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse; es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio y, desde el punto de vista onstitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan a todo gobernado los derechos de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio o en su ejecución, sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. En esas condiciones, cuando dentro del juicio o en ejecución de sentencia, se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el proceso, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Da respaldo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." También guarda relación la jurisprudencia VII.2o.C. J/21 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." De allí, que si la parte quejosa se ostenta como persona extraña al procedimiento, existe la obligación del juzgador de amparo de identificar si efectivamente de las constancias apareciere que tuvo conocimiento o no del juicio de origen, ya sea dentro de éste o después de concluido, lo que permitirá conocer el verdadero carácter con el que comparezca al juicio constitucional. Es decir, el juicio de amparo será procedente si efectivamente quien se ostente como tercera extraña al juicio, no hubiere tenido conocimiento de éste, ya sea porque no se le hubiere emplazado o, en su defecto, siendo parte, porque se le emplazó de manera ilegal. En consecuencia, si de las constancias que obran en el expediente existe prueba de que el quejoso tuvo conocimiento del juicio natural en el que le competía participar, el amparo en la vía indirecta es improcedente porque deja de ser persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses, en contravención del artículo 14 constitucional. Lo que se sostiene, pues cuando se trata de personas que conocieron del procedimiento natural y que, por ende, tuvieron la oportunidad de comparecer tanto a ejercitar su derecho de defensa, como la de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa; de manera que ante ello no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en razón de que conforme al criterio sostenido por ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado lo constituya la falta de emplazamiento a juicio o su ilegalidad, si antes de que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento respectivo, el promovente del amparo tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, pues con independencia de que no comparezca al mismo, ello es suficiente para estimar que pierde el carácter de extraño al juicio, ya que estuvo en aptitud de integrarse a la relación jurídica-procesal y ejercer su derecho de audiencia en el controvertido natural. Guarda relación la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Asimismo, guarda relación la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Hasta aquí las premisas anunciadas. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las copias certificadas del expediente de origen, se desprende lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil catorce, ******************** ********************, ******************** y ********************promovieron sucesión intestamentaria a bienes de ********************, a fin de que se les reconociera como únicos y universales herederos de la misma (fojas 29 y 30). 2. Por auto de catorce de febrero siguiente, el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, acordó: dar curso a la demanda; radicarla con el número de juicio ********************; dar vista a la fiscalía adscrita a ese órgano jurisdiccional; fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley y, requerir los informes respectivos sobre la existencia de disposición testamentaria otorgada por ******************** (foja 37). 3. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil catorce, los promoventes solicitaron se notificara por correo certificado a ******************** en el domicilio ubicado en ********************, para que compareciera al expediente a deducir sus posibles derechos hereditarios que le correspondieran (foja 39). 4. En proveído de dieciocho de febrero de dos mil catorce, se acordó: notificar a la aludida ******************** en el domicilio proporcionado, a fin de informarle el nombre de la persona finada, la radicación del aludido expediente y el nombre de sus promoventes, para que, de estimarlo, compareciera al asunto a deducir sus posibles derechos hereditarios (foja 40). 5. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, se llevó a cabo la notificación ordenada por conducto del actuario comisionado para tal efecto, misma que se entendió personalmente con la c. ********************(foja 50). 6. Por auto de trece de junio del citado año, se dio vista a la fiscalía adscrita al juzgado con las actuaciones del expediente, para que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 57) la cual manifestó por escrito que no existía objeción legal alguna para que se dictara la respectiva resolución en dicho asunto (foja 59). 7. Así, el siete de agosto de dos mil catorce, se resolvió: declarar como único y universal heredero a bienes de ********************, a los promoventes ******************** y ********************en su calidad de hijos del finado, así como ********************en su calidad de cónyuge del finado; y dejar a salvo los derechos hereditarios de ********************, para que los hiciera valer en la vía y forma que corresponda (fojas 62 a 63). 8. Luego, en diligencia de once de agosto de dos mil catorce, ********************fue designada albacea definitiva de los bienes de la sucesión de ********************, quien en ese momento aceptó y protestó el cargo conferido (foja 64 y 68). 9. Posteriormente mediante escrito presentado el trece agosto de dos mil catorce, se solicitó, entre otras cuestiones, se autorizara la separación del aludido juicio para continuarlo ante el Notario Público de su elección, lo que se acordó favorable por el juez instructor en acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil catorce (fojas 69 y 72). 10. Asimismo, de la demanda de amparo con que se formó este asunto, se advierte que la quejosa confesó que sus abogados le informaron que en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, de Tierra Blanca, Veracruz, existía el antecedente del: ".Juicio ********************, que presentaron mi mamá ******************** y mis hermanos ******************** y ********************, de apellidos ********************, por la sucesión intestamentaria de su esposo, y nuestro padre ********************." (párrafos cuarto y quinto de la foja 4). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Como se vio, la parte quejosa reclama el ilegal emplazamiento o notificación practicada el veintisiete de febrero de dos mil catorce, en el juicio sucesorio intestamentario ******************** del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Cosamaloapan, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. Asimismo, de los antecedentes del asunto se colige, que si bien los únicos y universales herederos, solicitaron y les fue autorizada la separación de la prosecución del juicio, para continuarlo ante el notario público de su elección, lo cierto es que dicho juicio sucesorio intestamentario no se encuentra concluido, pues habrá de continuarse su trámite ante el fedatario público designado y culminará con la adjudicación de los bienes que constituyen la masa hereditaria en favor del heredero. De igual forma, se desprende que la quejosa conocía de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamada, pero no ha comparecido a aquél, como lo confesó en su demanda de amparo. Luego, es incuestionable que resulta improcedente el presente juicio constitucional, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI de la Ley de Amparo, pues la solicitante del amparo tenía la posibilidad de comparecer al juicio natural e impugnar dicho llamamiento a través de los medios legales que para tal efecto establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en particular, el incidente de nulidad de actuaciones previsto en los numerales 55 y 90 de dicho ordenamiento y, de llegar a resultar desfavorable la resolución del medio de defensa, podía atacar esa violación procesal, en su caso, mediante el juicio de amparo directo que promoviera contra la sentencia definitiva que se llegara a dictarse en el juicio natural. Por tanto, si como ya se dijo, el juicio de amparo procede contra actos dentro del juicio siempre que se promueva por un tercero extraño; y en autos quedó demostrado que la quejosa no tiene tal carácter, pues -se insiste- al día de la presentación de la demanda, el juicio sucesorio intestamentario de origen no se encontraba concluido y la aquí quejosa conocía de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamada, pero no comparecido a aquél, es evidente que se concreta el motivo de improcedencia en estudio. No es obstáculo a lo antes concluido, la circunstancia que la quejosa enfatizara el hecho de que no ha sido oída ni vencida en juicio, ni se le ha otorgado oportunidad de defensa en el sumario a que se ha venido haciendo referencia al ocultarle la tramitación y no haber sido emplazada, pues al respecto es importante destacar que el Máximo Tribunal del País ha definido que cuando el acto reclamado se hace consistir en la falta de emplazamiento o llamamiento al juicio, o bien, se combate su ilegalidad, y el promovente del amparo tiene conocimiento del juicio seguido en su perjuicio antes de que se dicte sentencia definitiva, en esas circunstancias, se estima que no se le dejó en estado de indefensión. Ello es así, pues tiene la oportunidad de alegar y defenderse, antes de que se pronuncie la resolución definitiva correspondiente en perjuicio de sus intereses, en razón de que, si bien es cierto, de encontrase la quejosa en ese supuesto no está obligada a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales previstos en la legislación procesal que regule el procedimiento respectivo, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural, no obstante que no se encuentre firme. Lo anterior es así, si se toma en consideración que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio natural del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, o porque aun cuando se le señala como tal, no es llamado a juicio a defender sus derechos, y el acto que le afecta se trata de la sentencia del juicio natural, resulta claro que no puede estimarse como tercero extraño la parte quejosa que se ostenta con ese carácter, cuando en el propio juicio es formalmente parte demandada, o bien, se le haya reconocido alguna calidad en dicho juicio en términos de ley, o tiene conocimiento de la falta de emplazamiento legal o del llamamiento a juicio, antes de que se dicte la sentencia correspondiente, pues en tales condiciones, la parte quejosa tiene expeditos sus derechos para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan establecidos en la legislación procesal común, antes de promover el juicio de amparo. Resultan aplicables, por identidad de razón, las jurisprudencias ya citadas en el apartado de premisas de esta sentencia, con números 2a/J. 47/2011 (10a.) de rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA."; y, 1a/J. 67/2013 (10a.) de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." Sin embargo, esa sola falta de llamamiento a juicio, en el caso, no la faculta para instar la acción constitucional, pues como ya se dijo, si el juicio sucesorio intestamentario de origen no se encontraba concluido y la quejosa conocía de manera completa y exacta la existencia del mismo, el amparo promovido por ésta para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tuvo a su alcance la posibilidad de hacer valer los recursos ordinarios que estime pertinentes en defensa de los derechos que a su parecer le asisten. De igual forma, por identidad de razón, respalda lo anteriormente concluido la diversa tesis VI.2o.C.597 C del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión." En las apuntadas condiciones si, como se señaló con anterioridad, la ahora quejosa, a pesar de reconocer que tuvo conocimiento de la existencia del juicio sucesorio intestamentario en el cual, a pesar de que ya se dictó resolución de designación de herederos, también se destacó que se dejaban a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía correspondiente, y a pesar de ello, la amparista no acudió ante la autoridad del fueron común no puede considerarse que tenga el carácter de tercero extraño por equiparación al citado juicio. CONCLUSIÓN En consecuencia, al concretarse el motivo de improcedencia antes analizado, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79, todos de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto y autoridades precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expresados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a Jesús Antonio Mora Vázquez, en su carácter de representante de la finada Ana María Prieto Trinidad y a Exiquio Ochoa Prieto, parte tercero interesada, la sentencia engrosada el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

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