Abram Friessen Nuefeld
Expediente 69/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Abram Friessen Nuefeld
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, adjunto al cual remite el acuerdo dictado el treinta de junio del año en curso, en el amparo en revisión 212/2023 de la estadística del citado órgano, del que se advierte que se admitió el referido medio de impugnación y acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 69/2023-V; de lo que toma conocimiento este juzgado federal. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.kod
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la Encargada de la Administración Postal "Parque Central" del Servicio Postal Mexicano, Dirección Regional Norte, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a lo solicitado mediante oficio 15994/2023, de treinta de mayo del año en curso, envía copia certificada de la pieza postal registrada bajo el código 500719, relativa al oficio 13859/2023, dirigido a la autoridad responsable, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, e informa que ha sido entregado a este juzgado federal, el acuse postal relativo al diverso comunicado 13858/2023, registrado bajo el código 500718, dirigido al Congreso del Estado de Chihuahua, enviados a fin de notificar a las referidas responsables, el proveído de dos del propio mayo, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en el presente juicio. Consecuentemente, al realizar la búsqueda pertinente fue localizada la pieza postal que refiere la oficiante; con lo que se tiene a la autoridad oficiante acatando lo ordenado por este juzgado federal. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de referencia, al encontrarse debidamente integrado el recurso de revisión, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo; el escrito original de expresión de agravios y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Órgano Colegiado, previo cuadernillo de antecedentes se deje como constancia. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; a dos de mayo de dos mil veintitrés. Revisión Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de doce de abril del año en curso, en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número 69/2023-V. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las responsables y agente del Ministerio Público Federal adscrito, corriéndoles traslado con copia de los agravios que se atienden. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a doce de abril de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 69/2023-V, promovido por **********, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, ********** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Gobierno del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó: 1. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la aprobación y expedición de los Decretos siguientes: a). - Decreto No. LXVIII APLIE/0109/2021 1 P.O., de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el día 29 de Diciembre de 2021, específicamente, LOS ARTÍCULOS PRIMERO, en relación con el apartado de derechos, establecido en su tabla como 4.3 derechos por prestación de servicios, 4.3.2.3, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, así como el ARTICULO DECIMOTERCERO, con motivo de su primer acto de aplicación. b). - Decreto No. LXVIII EXLEY10107/2021 IP.O., por el cual se expidió la Ley estatal de derechos de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el día 29 de Diciembre de 2021, en específico la sección Tercera, articulo 29, fracción I, relativa al cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, cuya tarifa es de 167.3734 (ciento sesenta y siete punto tres mil setecientos treinta y cuatro UMAS.), por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos, con motivo de su primer acto de aplicación. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de los siguientes Decretos: (.) a). - Decreto No. LXVII/APLIE/0109/2021 1 P.O., (.) b). - Decreto No. LXVIII EXLEY10107/2021 IP.O. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 69/2023-V, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de los siguientes ordenamientos legales: Decreto LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, específicamente, los artículos primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero; Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en específico, el artículo 29, fracción I, con motivo de su primer acto de aplicación. b) De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación de los ordenamientos legales descritos en el inciso que antecede. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso y el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación, respectivamente, de los Decretos impugnados. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada; pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, pues considera que la parte quejosa no justificó su interés jurídico para combatir las normas que reclama. En efecto, los artículos en alusión establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) De los artículos transcritos, se desprende esencialmente que para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico o legítimo. Así, debe tenerse presente que la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, consagra qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter, quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ostente la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de forma personal y directa. En correlación con lo anterior, los artículos 5º, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual se traduce en que no basta que los actos de autoridad existan para que proceda el juicio de amparo, sino que es imprescindible que afecten un derecho fundamental o subjetivo público del quejoso, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en un tratado o convenio internacional y que éste justifique fehacientemente tal circunstancia. Por otro lado, la doctrina define el interés jurídico a que se alude en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como el derecho que asiste a un gobernado para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio en su perjuicio de derechos humanos, derechos fundamentales o garantías individuales; esto es, radica en la afectación de un derecho subjetivo protegido por una norma legal; o bien, en la ofensa, daño o lesión en los derechos e intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Luego, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es infringido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para exigir -demandar- ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el cese de esa transgresión; por ende, ese derecho salvaguardado por el orden legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo valora para la procedencia del juicio. Por tanto, tiene interés jurídico quien es titular de los derechos vulnerados por el acto reclamado; de ahí que, el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Lo anterior se sustenta en la siguiente jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72, Séptima Parte, página 55, con registro digital 245886, que reza: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial. Por consiguiente, la persona que estime se le ha vulnerado algún derecho protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenio o tratado internacional, deberá acreditar plenamente esa afectación. Encuentra sustento a lo anterior en la siguiente jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187777, de la Novena Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 15, del rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe indicarse que tanto el jurídico como el legítimo entrañan que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, pues la ley o acto que reclama no ocasiona agravio jurídico, aunque sólo cause uno de distinta naturaleza, por ejemplo, uno meramente económico. El interés legítimo no configura la existencia de un derecho subjetivo, en estricto sentido, empero, sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no constituye ni un derecho subjetivo ni la carencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de un individuo o de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la garantía de que el interesado o interesados pertenecen a ella. Sentado lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede interpretarse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica, y que puede ser de índole económica, social, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, tratándose de normas generales, el interés legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales normas, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. De conformidad con los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcritos, los elementos constitutivos del interés legítimo se acreditan al demostrar que: Existe una norma constitucional en la que se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, El promovente pertenece a esa colectividad. Por estas razones, el interés legítimo supone una afectación jurídica a la parte quejosa, lo que implica que debe demostrar su pertenencia al grupo o colectividad identificada o identificable que sufrió o sufre el agravio; además, los elementos constitutivos antes referidos son concurrentes, pues son requisitos que deben cubrirse de manera conjunta para promover legítimamente el juicio de garantías y ante la ausencia de alguno de ellos, la acción de amparo es improcedente. Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico el artículo 29, fracción I, así como del diverso LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O. por el que se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, específicamente los artículos primero apartado 4.3.2.3 y decimotercero, todos con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, las reclama en su carácter de heteroaplicativas, los cuales establecen lo siguiente: Artículo Primero.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2022, la Hacienda Pública Estatal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en pesos, que a continuación se enumeran: [.] DERECHOS. Los ingresos que se perciban por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, así como por la prestación de los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establezcan las disposiciones fiscales. 4. DERECHOS [.] 4.3.2.3 De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado 465,000,000 Artículo Decimotercero.- A fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29: en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para dicha fracción. En lo que respecta a la fracción XXVI, inciso a), el estímulo se calculará sobre el 50% del valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, en cuanto a la revocación de la donación, se calculará sobre el 100% del valor más alto entre los citados y en el caso de los arrendamientos y operaciones similares señaladas en la fracción IV, el valor de operación será el moro de las rentas anticipadas, o bien, el monto de la renta por un año. El estímulo se aplicará sobre la cuota a pagar por el concepto de la fracción de que se trate, bajo el siguiente esquema: VALOR Estímulo Fiscal (pesos) Límite Inferior Límite Superior 0.00 ********** 86% **********1 ********** 80% ********** 400,000.00 60% **********1 ********** 30% [.]" Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: (.) En este sentido, se concluye, que se trata de normas heteroaplicativas, toda vez que, de momento, su sola entrada en vigor no genera perjuicio alguno a la parte quejosa, sino que la regulación ahí prevista está sujeta a una individualización condicionada. Efectivamente, la norma reclamada es heteroaplicativa porque el solo inicio de su vigencia no causa en automático un perjuicio al universo de residentes en esta localidad, pues no modifica alguna situación jurídica de éstos ni les restringe el ejercicio de algún derecho. De ahí que, si la individualización de la norma reclamada está condicionada a que la quejosa se ubique en una determinada hipótesis, como lo es que el realizar el pago de 167.3734 unidades de media y actualización respecto de las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos que realice; entonces se trata, como se anticipó, de una norma de naturaleza heteroaplicativa. En ese contexto, para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, debe demostrarse la existencia de un acto de aplicación para que se produzca el agravio personal y directo que afecte su esfera jurídica para que, entonces, se encuentre en aptitud de combatirla. Sin embargo, en el caso, no acreditó que las normas reclamadas se hayan individualizado en su perjuicio. Se dice lo anterior, pues a fin de acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió copia simple del certificado de pago con número de operación 5967697 de treinta de diciembre de dos mil veintidós, en el que aparece el nombre del contribuyente A**********; así como copia simple de solicitud para el pago de derechos por actos jurídicos del Registro Público de la Propiedad a nombre del disconforme. Sin embargo, para acreditar el acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos, el solicitante de derechos fundamentales ofreció como prueba de su intención certificado de pago relativo a la operación 5967697 de treinta de diciembre de dos mil veintidós, a nombre de diversa persona, a saber, **********, siendo que el nombre del quejoso es **********. Documental ésta última que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues cuenta con folio fiscal, sello digital del emisor, sello digital del Servicio de Administración Tributaria y cadena original de complemento de certificación del Servicio de Administración Tributaria. Cobra aplicación la tesis I.7o.A.410 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, Materia Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de octubre de 2005, página 2471, registro digital 176863, que reza: RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión. Como se advierte de lo anterior, en el caso, la quejosa no alegó una afectación real o colectiva, cualificada, actual y jurídicamente relevante que surja de su especial situación frente al orden jurídico, sino una afectación personal y directa derivada de un derecho subjetivo (solicitud de pago de un derecho), el cual alega le ha sido vulnerado por los actos de las autoridades responsables. En consecuencia, es claro que si el cobro de derechos que aquí reclama el quejoso, no se aplicó en su contra, es indudable que el mismo no afecta de manera real y directa su esfera jurídica de derechos, al no violentar algún derecho subjetivo que le corresponda. Por tanto, las documentales aportadas en copia simple se consideran insuficientes para tener por acreditado el primer acto de aplicación respecto del numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua y artículos primero, apartado 4.3.2.3 y decimotercero de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, que se reclaman en esta instancia, pues su contenido se encuentra contradicho con la documental pública aportada por el quejoso, la que cuenta con valor probatorio pleno por los motivos apuntados con antelación. Derivado de todo lo expuesto, es que se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a que la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar las normas ya precisadas. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias de rubros y textos: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. Por todo lo anterior, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para analizar el estudio de las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58, de rubro SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Con motivo de lo expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: UNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto promovido por **********, en términos de lo analizado en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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