Abraham Sosa Zapata

Expediente 626/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
626/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Abraham Sosa Zapata
  • Ayuntamiento Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Recurso de revisión Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por signado por la Tesorera y la Directora de Ingresos, ambas del Municipio de Juárez, Chihuahua, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra de la sente ncia emitida el dieciocho de octubre del año en curso, dentro del presente expediente ********************/2023-I-2. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión y de la sentencia, dentro del plazo de tres días remítase al Tribunal del Decimoséptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo ********************/2023-I-2, así como el escrito de expresión de agravios de las recurrentes, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Con fundamento en el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución de las copias del medio de impugnación, entre las partes. Acceso expediente electrónico Se autoriza el acceso al expediente electrónico al tribunal que conozca del recurso en el Sistema Integral d e Seguimiento de Expedientes, a fin de que tal vinculación le permita substanciar la revisión interpuesta, de conformidad con lo establecido en el ordinal 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica; personalmente al quejoso ********************y agente del Ministerio Público de la Federación; así como por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercero interesada, corriéndoles traslado con copia de los agravios. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo *****. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinte de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *****, de la cual, por cuestión de turno conoció este juzgado al día siguiente. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Juárez, y otras autoridades, a quienes reclama el Procedimiento Administrativo de Ejecución, embargo, remate, adjudicación, posible e inminente ejecución, desalojo, desocupación del inmueble, la ilegal cancelación del instrumento; así como la inscripción de la escritura pública, del bien inmueble ubicado en calle Oasis de Viena 2218-20 (dos mil doscientos dieciocho-veinte), que se identifica como el lote 20 (veinte) de la manzana 15 (quince) IV, (cuatro romano) del Fraccionamiento Praderas de los Oasis II, Etapa I, II, III y IV de esta ciudad, la cual refiere posee física y materialmente en su calidad de propietario. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó al tercero interesado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda y su ampliación, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, se precisa que el acto reclamado consiste en el Procedimiento Administrativo de Ejecución, embargo, remate, adjudicación, posible e inminente ejecución, desalojo, desocupación del inmueble, la ilegal cancelación del instrumento; así como la inscripción de la escritura pública, del bien inmueble ubicado en calle Oasis de Viena 2218-20 (dos mil doscientos dieciocho-veinte), que se identifica como el lote 20 (veinte de la manzana 15 (quince) IV, (cuatro romano) del Fraccionamiento Praderas de los Oasis II), Etapa I, II, III y IV de esta ciudad, la cual refiere posee física y materialmente en su calidad de propietario. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidente Municipal en representación del Ayuntamiento de Juárez, Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación del Titular del Departamento de Notificación y Cobranza dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, todos en esta ciudad, así como el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en la ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos atribuidos por el quejoso en su demanda, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si una autoridad niega los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados a la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, Directora de Ingresos y Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos, todos del Municipio de Juárez, toda vez que manifestaron que se instauro un procedimiento administrativo de ejecución *****3/2012, contra el quejoso, el cual fue notificado por edictos al quejoso, al no haber encontrado el domicilio del aquí quejoso en estado de abandono, así como que por medio de la inscripción **** a folio *** del libro **** de la sección primera para el distrito judicial bravos, se realizó la adjudicación en rebeldía, en virtud del instrumento público número ****, volumen **** de nueve de octubre de dos mil trece, otorgado ante la fe del licenciado ***, Notario Público número 6, compareciendo ante el Municipio de Juárez, Chihuahua, a través de su representante ****, en su carácter de Tesorero Municipal a su vez en rebeldía de **** y **** derivado del procedimiento administrativo de ejecución y como parte adquiriente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, representada por */***. De igual forma deben tenerse por cierto el acto reclamado a la Tesorera Municipal, toda vez que si bien al rendir su informe justificado niega el acto atribuido por el quejoso, lo cierto es que, si participó en el procedimiento administrativo de ejecución *****/2012, tal y como se precisó en el párrafo que antecede. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de las constancias que conforman el procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/1833/2012, del índice del juzgado responsable, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinto. Procedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En su informe justificado, la Tesorera, Directora de Ingresos y Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Tesorería, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, aducen que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues el quejoso consintió los actos reclamados. Lo anterior, debido a que el término de quince días con el que contaba para promover este juicio de amparo, comenzó a transcurrir a partir de la última publicación del edicto de liquidación, lo que ocurrió el seis de junio de dos mil doce, de manera que, este juicio de amparo, se promovió con evidente extemporaneidad. Dicha causal de improcedencia se desestima, pues para determinar, como lo proponen las autoridades responsables, si este juicio de amparo está interpuesto en tiempo, este Juzgado necesariamente tendría que determinar cuándo quedó formalmente notificado de la liquidación del crédito fiscal a su cargo que reclama, lo que implica analizar y determinar si al quejoso le asiste el carácter de tercero extraño, o no, lo cual constituye la cuestión de fondo planteada, misma que no puede estudiarse con motivo del planteamiento de la actualización de una causal de improcedencia. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 135/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, página 5, materia Común, Novena Época, con registro digital 187973, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Asimismo, dichas autoridades responsables aducen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativo al principio de definitivdad, ya que luego de que el quejoso quedó notificado de la liquidación de crédito fiscal reclamada, estuvo en aptitud -y quedó obligado- de impugnarla conforme al Código Fiscal del Estado de Chihuahua y el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, antes de acudir al juicio de amparo. Dicho numeral establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Conforme al citado precepto, el juicio de amparo que se promueve contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que, como en el caso, puedan ser modificados, revocados o nulificados, mediante un recurso previsto por la ley que los regula, resulta improcedente. Lo anterior, siempre que conforme a dicha ley, los efectos del acto se suspendan de oficio o mediante la interposición del recurso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto reclamado, en sí mismo considerado, sea o no, susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Sin embargo, lo anterior tiene como excepción, entre otras, que el quejoso únicamente reclame violaciones directas a la Constitución, en cuyo caso, está eximido de agotar tales recursos o medios de defensa ordinarios; supuesto de excepción que se actualiza en el caso, pues lo que el quejoso reclama a través de este juicio de amparo, es esencialmente, que se vulneró en su perjuicio su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 Constitucional, cuestión de fondo que, como ya se indicó, constituye el estudio de fondo en este asunto. Por lo tanto, también dicha causal de improcedencia se desestima. Ya que no se hicieron valer diversas causas de improcedencia, ni se advierte la actualización de alguna, se procede a dictar la sentencia correspondiente, a la luz de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa, sin que sea necesaria su transcripción y sin que dicha omisión la deje en estado de indefensión, pues se insiste, precisamente tomando en cuenta sus argumentos es que se realizará el análisis de la resolución reclamada, pero además, como se indicará en el considerando que sigue, a la quejosa le asiste la suplencia de la queja. Sexto. Estudio de fondo. Ahora bien, el quejoso reclamó lo siguiente: Del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, la falta de notificación personal y/o ilegal emplazamiento al procedimiento administrativo de ejecución ******/2011, derivado del cobro del crédito fiscal por concepto de pago de impuesto predial del domicilio de la cuenta ******. De la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal la comparecencia a firmar la escritura pública en rebeldía del suscrito. De la Tesorera Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, la falta de notificación y/o ilegal notificación por edictos de la liquidación del crédito fiscal por concepto de pago de impuesto predial del domicilio de la cuenta *******0-0000, contenido dentro del expediente administrativo ******/2011, del índice del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. De forma destacada, la audiencia de remate del bien inmueble descrito, su adjudicación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la escrituración a favor de éste y la inminente orden de desocupación de dicho inmueble para ser entregado al adjudicatario. Del Titular del Departamento de Notificación y Cobranza de Recaudación de Rentas, la notificación de la liquidación del mencionado crédito fiscal y la ejecución del desalojo ordenado. Del Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el remate y adjudicación del inmueble que refiere el quejoso es de su propiedad sin dar aviso legal sobre dicho procedimiento y por ser quien posiblemente ordenó el desalojo de la vivienda. Del Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua, la notificación del procedimiento administrativo de ejecución, entre esos actos, la notificación de liquidación, dentro del expediente *******, del índice del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Del Director y Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad para el Distrito Judicial Bravos Estado de Chihuahua, la cancelación del instrumento correspondiente a la inscripción **, con folio **, libro ****, Sección Primera y que ampara la celebración de contrato de compraventa y contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, sobre el bien que refiere el quejoso es de su propiedad; así como la ilegal inscripción de la escritura pública número *****, de nueve de octubre de dos mil trece, pasada ante la fe del Notario Público número Seis del Distrito Bravos, que contiene la adjudicación del bien inmueble de mi propiedad, derivado del procedimiento administrativo de ejecución, agregada en la inscripción 111, folio 111, libro 6364 de Sección Primera del Distrito Judicial Bravos. Del Director de Seguridad Pública del Municipio Ciudad Juárez, Chihuahua, los actos tendentes en forma directa e inminente a llevar a cabo las órdenes dictadas por las responsables ordenadoras, en el procedimiento del cual provienen los actos reclamados, para llevar a cabo la ejecución de cualquier orden de desalojo y desocupación del bien inmueble del aduce ser propietario. Lo anterior, ostentándose tercero extraño por equiparación respecto del procedimiento natural y propietario del bien inmueble objeto del mismo. De manera que, el quejoso aduce la vulneración en su perjuicio al derecho de audiencia, por lo que actos reclamados deben estudiarse de manera oficiosa, pues la falta de verificación del emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, de hecho, de ocurrir así, se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a quien resuelve, a suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, por identidad de razones, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 22, del Tomo XII, Diciembre de 2000, materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con registro digital 190656, del rubro y texto siguientes: SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón. Pues bien, para una mejor comprensión de esta sentencia, en principio, se relatan los antecedentes de tales actos reclamados: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1.- La Tesorería Municipal, por conducto de la Directora de Ingresos, el trece de octubre de dos mil diez, emitió una liquidación de crédito fiscal, al quejoso *****, por concepto de adeudo de impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil seis al dos mil doce, en relación con la cuenta catastral *****. 2.- El Ministro Ejecutor adscrito a la Tesorería Municipal, hizo constar que el día veintiocho de mayo de dos mil doce, a las trece horas con cincuenta minutos, se constituyó en calle ******, en esta ciudad, a efecto de notificar al quejoso, la liquidación de crédito fiscal emitida en su contra; sin embargo, encontró dicha vivienda totalmente abandonada e insertó en su acta relativa a lo anterior, una fotografía del inmueble en cuestión. 3.- El acuerdo emitido por la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, el treinta y uno de mayo de dos mil doce, en el sentido de notificarle al quejoso la liquidación de crédito fiscal mencionada, mediante edictos, publicados en el Periódico Oficial del Estado, por dos veces consecutivas. 4.- El acuerdo emitido por la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, el siete de junio de dos mil doce, en el cual hizo constar que los días dos de junio de dos mil doce y seis de junio de dos mil doce, se realizaron las publicaciones del edicto de notificación de la liquidación de crédito fiscal emitida en contra del quejoso, por lo que comenzaba a correr el término de quince días hábiles para que realizara el pago de sus obligaciones líquidas, en el entendido de que en caso de no hacerlo, se procedería a exigir el pago mediante procedimiento administrativo de ejecución. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 5.- El acuerdo emitido por la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, el veintiocho de junio de dos mil doce, en el cual hizo constar que transcurrió el plazo para que el quejoso cumpliera con sus obligaciones líquidas, ya descritas, sin que lo hubiere hecho, por lo cual ordenó expedir mandamiento de ejecución, para ser notificado a través de la Primera Autoridad del Municipio de Juárez, toda vez que se ignoraba el domicilio del deudor y éste no contaba con representante legal, además, en caso de no obtenerse el pago, se embargarían bienes de su propiedad para cubrir el adeudo. 6.- El mandamiento de ejecución relativo, expedido el dos de julio de dos mil doce y el acta de requerimiento relativa, de la misma fecha, entendida con el Representante del Municipio de Juárez, Chihuahua, quien no realizó el pago requerido, ni señaló bienes para embargo; por lo que el Ministro Ejecutor adscrito a la Tesorería Municipal, señaló para embargo, y declaró formalmente embargado, el bien inmueble ubicado en calle ***** (sic). 7.- El acuerdo emitido por la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, el trece de julio de dos mil doce, en el cual ordenó llamar al diverso acreedor del deudor, aquí quejoso, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 8.- El acuerdo emitido por la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, el trece de julio de dos mil doce, en el cual nombró perito valuador de su parte. 9.- La notificación por estrados, realizada el trece de julio de dos mil doce, por la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, del auto de la misma fecha. 10.- El avalúo catastral y el plano catastral del bien inmueble que nos ocupa. 11.- El acuerdo emitido por la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, el seis de agosto de dos mil doce, en el cual ordena la publicación del edicto de convocatoria de audiencia de remate en primera almoneda, el ocho de agosto de dos mil doce y dieciocho de agosto de dos mil doce, para el tres de septiembre del mismo año. 12.- La publicación, en el Periódico Oficial del Estado, de la convocatoria en primera almoneda, al remate del bien inmueble embargado, por lo el Tesorero Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se fijaron la hora ahí señalada, del tres de septiembre de dos mil doce, para llevar a cabo dicha audiencia. 13.- El escrito presentado por el representante legal del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual promovió tercería excluyente de preferencia, dentro del procedimiento administrativo de ejecución. 14.- El acuerdo emitido por la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, el veintidós de agosto de dos mil doce, en el cual dio trámite a dicha tercería. 15.- La resolución de treinta de agosto de dos mil doce, emitida por Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, en la cual determinó que la tercería excluyente de preferencia, promovida por el mencionado Instituto, era procedente, por lo que declaró la preferencia del gravamen hipotecario, sobre el bien inmueble objeto del procedimiento administrativo de ejecución, a su favor. 16.- El acta de audiencia de remate, llevada a cabo a las doce horas con veinticinco minutos del tres de septiembre de dos mil doce, en primera almoneda, en la cual el bien inmueble objeto del procedimiento administrativo de ejecución, se adjudicó a favor del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a quien tuvo designando, para efectos de protocolización, al Notario Público número seis para este Distrito, audiencia que se dio por concluida a las doce horas con cincuenta y cinco minutos de la misma fecha. Indicado lo anterior, se tiene que, suplida la deficiencia de la queja que le asiste al quejoso, su concepto de violación, en el sentido de que las autoridades responsables vulneraron en su perjuicio su garantía de audiencia, es fundado. A efecto de demostrar lo anterior, se cita el contenido de los artículos 125 y 126 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, relativos a las formas de notificación: Capítulo Segundo De las Notificaciones Sección Primera De las Formas de Notificación Artículo 125. Las notificaciones de los actos administrativos de afectación individual se clasifican en: Ordinarias. Extraordinarias. Son notificaciones ordinarias las que se realicen personalmente, por correo ordinario, telegrama, correo certificado y vía mensaje de datos con acuse de recibo en el buzón fiscal; y son extraordinarias, aquellas que por virtud de causa imputable a la persona que deba ser notificada no puedan realizarse en cualquiera de las formas antes señaladas. Artículo 126. Las notificaciones se realizarán en forma extraordinaria, por las causas y en las formas siguientes: Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro estatal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante; se oponga a la diligencia de notificación o desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, después de la notificación de la orden de visita y solicitud de información y documentación, o bien después que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes que este se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al registro estatal de contribuyentes, o habiéndose presentado el citado aviso, el domicilio señalado no cumpla con los requisitos que establece el artículo 17 del presente ordenamiento, y en los demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código. Por edictos, en el caso que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, y en los demás casos que se señalen en este Código o en las leyes fiscales. Por instructivo, solamente en los términos a que refiere el artículo el 133 de este Código. Conforme a dichos numerales, las notificaciones de los actos administrativos se clasifican en ordinarias y extraordinarias; dentro de éstas, se comprenden las notificaciones por estrados y por edictos. Ahora bien, en el caso, luego de que el Ministro Ejecutor adscrito a la Tesorería Municipal, hiciera constar en su acta de veintiocho de mayo de dos mil doce, que al constituirse en el domicilio ya indicado, que corresponde al bien inmueble cuyo impuesto predial (ejercicios fiscales dos mil seis a dos mil doce), se adeudaba, lo encontró "totalmente abandonado"; la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil doce, ordenó notificar "por edictos", la liquidación de crédito fiscal determinada en contra del aquí quejoso, incluso precisó que tales "edictos" deberían publicarse en el Periódico Oficial del Estado, por dos veces consecutivas. Sin embargo, es claro que el artículo 126, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, establece expresamente, que la notificación de carácter extraordinaria, de un acto administrativo, por edictos, procede en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, así como en los demás casos que señale ese ordenamiento legal o en las leyes fiscales (sin que en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, ni en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, se haya localizado supuesto diverso alguno). De manera que, dentro del procedimiento administrativo instaurado en contra del quejoso, no existía el presupuesto para ordenar que la liquidación de crédito fiscal emitida a su cargo, se practicara por edictos, máxime que ninguna información recabó al respecto el Director de Ingresos de la Tesorería Municipal y resultando un hecho notorio, que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el deudor, aquí quejoso, no tiene la calidad de fallecido. Por lo tanto, el vicio formal que vulneró el derecho de audiencia en perjuicio del quejoso, afecta también el procedimiento administrativo de ejecución, pues no es lógica, material, ni jurídicamente admisible, que si no tuvo los medios para enterarse oportuna y debidamente del primero, se haya enterado válidamente, de su secuela. Séptimo. Efectos del amparo. En ese contexto, lo procedente es conceder al quejoso Abraham Sosa Zapata, el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la Tesorera Municipal de Ciudad Juárez y el Director de Ingresos adscrito, dejen sin efectos todo lo actuado en el procedimiento administrativo y el consecuente procedimiento administrativo de ejecución del que derivan los actos reclamados, desde la última actuación ahí practicada, hasta el auto de treinta y uno de mayo de dos mil doce, en el que la segunda de dichas autoridades ordenó notificar la liquidación de crédito fiscal a cargo del quejoso, por medio de edictos; sin perjuicio de que posteriormente proceda con plenitud de jurisdicción. Al respecto, por las razones que informa, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 99/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 287, materia Común, Décima Época, con registro digital 2015693, del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. El subrayado es nuestro. Lo anterior, en el entendido de que la escritura de adjudicación del bien inmueble descrito, deberá ser cancelada en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, para lo cual, tales autoridades responsables deberán proveer lo conducente y el Titular del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, deberá realizar dicha cancelación. Se precisa que las demás alegaciones que hubiere realizado el quejoso no se abordarán, debido a que la garantía de audiencia es de estudio preferente, al ser la más grave de las violaciones procesales, que deja sin defensa al quejoso. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Abraham Sosa Zapata, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Abraham Sosa Zapata, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando cuarto, para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese en lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables y tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Constancia actuarial Vista la constancia levantada por la Actuaria de la adscripción, en la cual informa la imposibilidad que tuvo para emplazar a la parte tercero interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), ello en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, por los motivos que expresa en la misma. Emplazamiento al tercero interesado Ahora bien, de las constancias enviadas por la Tesorera Municipal, Directora de Ingresos y Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos, todos del Municipio de Juárez, se advierte como domicilio de la citada tercero interesada el ubicado en *************** (***************), en esta ciudad. En consecuencia, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción, a fin de que realice el emplazamiento a la parte tercero interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por medio de oficio en el domicilio precisado en el párrafo que antecede, toda vez que el mismo corresponde a las oficinas de dicha dependencia, ello a fin de lograr lo anterior, para lo cual deberá correrle traslado con la demanda de amparo y anexos que la acompañaron, así como de los informes justificados y de este proveído que se dicta; asimismo, se hace de su conocimiento que se encuentra a su disposición, en las instalaciones que ocupan este órgano jurisdiccional, las constancias del juicio de origen remitido por el Juez responsable, adjunto a su informe justificado, para que, si así lo desean, puedan consultarlo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la parte tercero interesada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos de la documental adjunta al informe justificado rendido por la Tesorera Municipal, Directora de Ingresos y Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos, todos del Municipio de Juárez, se desprende que al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), le reviste el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Emplazamiento al tercero interesado Atento a lo anterior, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción, a fin de que realice el emplazamiento del tercero interesado referido en el párrafo que antecede, en términos de ley, por conducto de su apoderado o de quien legalmente lo represente, en el domicilio ubicado en **********, en esta ciudad. A fin de lograr lo anterior, deberá correrle traslado con la demanda de amparo y anexos que la acompañaron, así como de los informes justificados y de este proveído que se dicta. También, deberá hacerle de su conocimiento que se encuentran a su disposición, en las instalaciones que ocupan este órgano jurisdiccional, las constancias del procedimiento administrativo de ejecución **********, para que, si así lo desea, pueda consultarlo. Diferimiento de audiencia En consecuencia, ante la imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional y para dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las nueve horas con diez minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al tercero interesado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.CLL/Marc

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