Abraham Young Gameros
Expediente 421/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Abraham Young Gameros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento sin materia, de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo; con transcripción del presente proveído, acúsese el recibo correspondiente; en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió la protección de la justicia federal. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual modo, según lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido y negado la suspensión instada; mientras que el duplicado es susceptible de destrucción dentro del plazo de seis meses, conforme lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a). Luego, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Finalmente, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 421/2020-II, promovido por *******. Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el nueve de septiembre de dos mil veinte, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local Conciliación y Arbitraje, y el Actuario de su adscripción, de quienes reclamó lo siguiente: 1.- El ilegal emplazamiento de mi representada al juicio laboral *******, seguido por el actor, que genera los ilegales efectos subsecuentes que se desprenden de esta inicial actuación contraria a derecho para asistir a la etapa de Conciliación, Demanda y Excepciones. 2.- La omisión de la Junta Especial No. Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, señalada como responsable, de notificar a la quejosa, la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, por medio de listas de estrados que no cumplen los requisitos legales establecidos para tales efectos en claro perjuicio de seguridad jurídica. Segundo. Trámite del juicio y concesión de amparo. Luego, mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; a la postre, integrado el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el efecto de que la Junta Especial número Cuatro de la Local Conciliación, efectuara lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral *******, desde el emplazamiento practicado a *******, aquí quejoso, hasta la última actuación ahí dictada. Tercero. Proveído por el que causó ejecutoria la sentencia. A través de auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria tal sentencia, por lo que, se requirió a la autoridad de referencia, diera cabal cumplimiento a la misma. Cuarto. Determinación emitida por la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, la Junta Especial número Cuatro de la Local Conciliación, con sede en esta ciudad, informó y acreditó con las constancias respectivas, que dejó insubsistente la totalidad de actuaciones practicadas en el juicio de origen, a partir del llamamiento al mismo del aquí quejoso. Quinto. Vista al quejoso. En proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el dispositivo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista al quejoso, con el oficio y documental remitidos por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo haya hecho, como se asentó en la certificación de cuenta. Sexto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Quien suscribe, procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, para lo cual, se toman en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a *******, y lo informado por el Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local Conciliación, con sede en esta ciudad, se colige que dio cumplimiento a la ejecutoria federal, pues en proveído dictado el dos de febrero de dos mil veintiuno, dejó el insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral *******, desde el emplazamiento practicado a *******, aquí quejoso, hasta la última actuación ahí dictada, incluyendo, por supuesto, el laudo y las audiencias ahí verificadas. Así pues, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, se advierte que no se incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia y que se atendió al efecto determinado. En razón de lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues, con su actuación, se restituyeron al quejoso el goce de los derechos fundamentales que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 421/2021-II, ha quedado cumplida. Notifíquese, personalmente al quejoso, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral *******, desde el emplazamiento practicado a *******, aquí quejoso, hasta la última actuación ahí dictada. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo, y lo informe a este juzgado, con las constancias relativas, debidamente certificadas. Apercibido que de no hacerlo así, dentro del término que se le señala: a) Con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos moneda nacional ($8,688.00); y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Visto para resolver el juicio de amparo 421/2020-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el nueve de septiembre de dos mil veinte, turnado a este juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local Conciliación y Arbitraje, y el Actuario de su adscripción, de quienes reclamó lo siguiente: IV. El ilegal emplazamiento de mi representada al juicio laboral *******, seguido por el actor, que genera ilegales efectos subsecuentes que se desprenden de esa inicial actuación contraria a derecho para asistir a la etapa de conciliación, demanda y excepciones. La omisión de la Junta Especial No. Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje señalada como responsable de notificar legalmente a la quejosa, la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, por medio de listas de estrados que no cumplen con los requisitos legales establecidos para tales efectos en claro perjuicio del derecho de seguridad jurídica. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo; vista para ampliarla y efectivo apercibimiento. Mediante auto de diez de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, a recibir en informe justificado de las responsables, entre otras cosas, se dio vista al quejoso a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, con relación a los conceptos de violación que esgrimió en torno al emplazamiento del que se dolió en este juicio -al haber afirmado que desconocía de la existencia del juicio de origen- o respecto de algún otro acto que advirtiera de aquél; sin que se haya recibido promoción alguna al respecto. En esa medida, en acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado y se ordenó la continuación del presente juicio únicamente respecto de los actos y autoridades precisados en su demanda de amparo, en los términos ahí indicados. Finalmente, luego de que en auto de nueve de octubre se difiriera la audiencia constitucional, por encontrarse en curso la vista para ampliación ya referida, se fijaron las diez horas con veinte minutos del once de noviembre de dos mil veinte, como nueva fecha para su verificativo; la cual no se llevó a cabo, debido a la suspensión de labores presenciales en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, ante la importante alza de contagios de la enfermedad Covid-19 en el mismo, tal como se determinó en la Circular SECNO/24/2020, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el oficio SECNO/STCCNO/543/2020 de doce de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se extendió la vigencia de aquélla, hasta el veintisiete de noviembre pasado; y, en auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, al reanudarse este asunto se fijó nueva fecha para su desahogo, la cual, fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: De la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje: Todo lo actuado en el juicio laboral ******* de su índice, a partir del emplazamiento que se le practicó; de forma destacada, la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y la notificación para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que se le realizó por medio de estrados. Lo anterior, ostentándose tercero extraño por equiparación. Del Actuario adscrito a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje: El emplazamiento que se le practicó en el juicio laboral ******* del índice de la Junta responsable. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por el quejoso, no obstante que la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y el Actuario de su adscripción, al rendir informe justificado, hayan señalado que no lo son. Ello es así, pues de las constancias con que acompañaron su informe, consistentes en todo lo actuado en el juicio natural, se desprende: La existencia del juicio laboral *******; La cita de espera e instructivo de emplazamiento de ocho y nueve de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente, de las que se advierte, tal como se dolió el quejoso, que no se colmaron los requisitos estipulados en la Ley Federal del Trabajo para esa índole de notificaciones, como se demostrará oportunamente. Que en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, verificada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, entre otras cosas, se ordenó la notificación por estrados al aquí quejoso de la fecha y hora determinadas para celebrar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Que el aquí accionante del amparo en momento alguno compareció en el juicio de origen. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario de Acuerdos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje. Ante lo anterior, es evidente la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, de tal suerte que sus negativas, se encuentran desvirtuadas. Cuarto. Procedencia. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional de los actos reclamados. Ahora bien, a pesar de que al quejoso sí le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación, como se expondrá enseguida, es improcedente otorgarle la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación -por ser la parte patronal en el juicio de origen- tal como lo expone la jurisprudencia 2a./J. 42/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia laboral, Novena Época y número de registro 197696, del rubro: SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. Asimismo, en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que dicho beneficio procesal sólo opera cuando se reclama el emplazamiento en materias civil, administrativa y mercantil, como se colige de la tesis de jurisprudencia P./J. 149/2000, titulada: SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Sentado lo anterior, se estima necesario invocar el contenido del numeral 107, fracciones III y VII, de la Constitución General de la República, que textualmente señala: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; Por su parte, en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, textualmente se establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.) Conforme al texto constitucional y al legal transcritos, la persona extraña a juicio es aquella distinta de las partes que discuten los derechos en una controversia primaria, en la cual, aquél no es parte ni ha sido llamado ni oído en el juicio; es decir, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte procesal". Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que se da cuando el sujeto que, formando parte de la controversia -por ser el demandado- no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Por tanto, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el tercero extraño en sentido estricto (que es el primero referido supra líneas; es decir, el que no es parte procesal en el asunto) y tercero extraño equiparado (que es el segundo, ya referido, que sí tiene el carácter de demandado en el asunto de origen, pero no fue legalmente emplazado al mismo). Así, en caso de que un quejoso se ostente como persona extraña a juicio, de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juzgador constitucional debe atender al supuesto en que se ubique, es decir, si tiene la calidad en estricto sentido o equiparada. Hecho lo anterior, de considerarse que efectivamente el quejoso sea persona extraña a la controversia y que sus derechos se vieron vulnerados, a fin de cumplir con el mandato del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la solución constitucional consistirá en concederle el amparo, para que sean restituidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos afectados, al no ser partícipe de esa relación procesal; pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural, pues la única intención es extraer de éste, sus derechos. Por otra parte, en el caso de que el quejoso sí sea persona extraña -por equiparación- el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores. Lo anterior, encuentra sustento en lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 7/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, titulada: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Asimismo, en la jurisprudencia VII. 2o.C.J/21, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de dos mil cinco, página 1305, con número de registro 177771, del rubro: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Indicado lo anterior, se tiene que el accionante del amparo, en su primer concepto de violación, argumenta medularmente lo siguiente: Que la diligencia de emplazamiento que le practicó el Actuario responsable, es ilegal, en virtud de que no cumplió con los requisitos que para tal diligencia, señala la Ley Federal de Trabajo (específicamente, indica, en los contenidos en los artículos 742, fracción I y 743, de dicha legislación). Ello pues, aduce, aquél omitió señalar medios de cercioramiento suficientes y confiables, para acreditar que se constituyó en el inmueble en que indicó estar, pues estima que hacer referencia a vialidades, a una finca y describirla superficialmente, es insuficiente para comprobarlo. Asimismo, alega que dicha autoridad ejecutora no se cercioró de que fuera efectivamente su domicilio, al basarse completamente, para acreditar ese extremo, en la entrevista que dijo tener con una persona a quien le solicitó "la presencia del apoderado de la negociación demandada", a pesar de que se trata en el caso, de una persona física. Con dicha actuación, indicó que se vulneraron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, el principio de seguridad jurídica y el derecho de audiencia. Que la Junta responsable, ilegalmente, convalidó el contenido del emplazamiento de referencia, censurando en su perjuicio dichas prerrogativas. Dicho motivo de disenso resulta fundado. Primero, es de destacarse el contenido del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, que establece: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. El precepto constitucional transcrito, consagra el derecho de audiencia, que constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de la libertad, sus propiedades y en general de todos sus derechos. Así pues, la autoridad que pretenda privar de los bienes jurídicos enunciados en el propio artículo 14 constitucional, deberá agotar un procedimiento seguido en forma de juicio, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; ello, previamente al acto privativo. En torno a dicho precepto constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que la disposición en comento, otorga a la persona el derecho a una defensa adecuada previamente a la emisión de un acto privativo o de molestia, lo que implica para la autoridad el deber de respetar las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de evitar que las personas queden en estado de indefensión. Así, según lo ha sostenido el Alto Tribunal, el derecho a una defensa adecuada -en términos generales- se traduce en: I. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. II. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. III. La oportunidad de alegar; y, IV. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En efecto, esas formalidades esenciales del procedimiento permiten que las personas desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica. De esta forma, se debe partir del hecho de que los sujetos titulares de este derecho, son todas las personas -sin distinción- quienes gozan del derecho de ser oídas y vencidas en defensa de los bienes tutelados por este derecho, a través de un juicio previo. Así, la audiencia previa a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en un principio de seguridad jurídica para las personas, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades, para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Estas consideraciones se encuentran sustentadas en la Jurisprudencia P./J. 47/95 emitida por el Pleno del Más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, del rubro: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Asimismo, en la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 3, febrero de 2014, tomo I, página 396 del rubro: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. En ese orden de ideas, es dable concluir que cuando por un mandato de autoridad se intenta privar a alguna persona de su propiedad (y otros), debe preceder un procedimiento establecido legalmente, en donde se llame al propietario a quien se pretende despojar de sus bienes para que tenga oportunidad de defenderse. Dicho lo anterior, respecto a las formalidades que deben observarse para realizar una diligencia de emplazamiento, en los artículos 739, 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, se dispone lo siguiente: Artículo 739. (.) Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones, o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. La notificación es personal y se diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743. (.) Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; (.) Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. De tales numerales se advierte que: La parte actora deberá señalar el domicilio de la persona contra quien promueva, o el último lugar en que prestó sus servicios, para que la parte demandada reciba notificaciones. El emplazamiento es de índole personal. El notificador, primero, debe cerciorarse de que la persona a quien notificará, tiene su domicilio o trabaja en el inmueble señalado. Si está la persona buscada o su representante, efectuará la notificación y entregará copia del auto materia de la notificación. En caso de no localizar ni al interesado ni al representante, dejará cita de espera, para una hora determinada del día posterior. En caso de que no se atienda al citatorio, se entenderá la notificación con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el inmueble. Si el domicilio está cerrado, fijará en la puerta instructivo de notificación. Si la persona que está en el inmueble se niega a recibir la notificación, se fijará en la puerta instructivo de notificación. En todos los casos, el actuario asentará razón en autos e indicará claramente los elementos de convicción en que se apoye. Estas formalidades establecidas en la ley, obligan a las autoridades responsables, a cumplir detalladamente las reglas básicas de la primera notificación personal, dado que el emplazamiento es la primera notificación practicada a la parte demandada y reviste gran importancia, porque salvaguarda la prerrogativa de audiencia contemplada en el artículo 14 constitucional, a fin de que, la parte demandada, con pleno conocimiento de lo que se le está reclamando, comparezca al juicio para ser oída en su defensa. En efecto, las formalidades esenciales del procedimiento constituyen las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso, sea jurisdiccional o administrativo, a fin de garantizar la adecuada defensa del gobernado, previamente al acto privativo de sus derechos fundamentales. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que puedan desarrollar las demás, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; es decir, el emplazamiento. Determinado lo anterior, se considera pertinente relatar los antecedentes de los actos reclamados: En escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciséis, en la oficialía de partes común de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, en esta localidad, ******* (aquí tercero interesado), por conducto de sus apoderados, demandó a ******* y a *******, por las siguientes prestaciones: (.) a) Se reclama el pago de INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL consistente en tres meses de salario. b) Se reclama el pago de SALARIOS VENCIDOS O CAÍDOS (.). El veinte de abril de dos mil dieciséis, fue radicada dicha demanda bajo el número *******. En escrito presentado ante la Junta responsable el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el trabajador, por conducto de sus apoderados, amplió su demanda y señaló a la moral *******, como demandada. A la postre, el ocho de agosto de dos mil dieciocho, el Actuario responsable señaló que se constituyó en el inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, en búsqueda de *******, aquí quejoso y, al no encontrarlo, dejó cita de espera para el día hábil posterior; misma que es del siguiente contenido: CITA DE ESPERA En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 08:45 horas del día 08 de agosto de 2018, el suscrito actuario adscrito a la junta especial número CUATRO de la local de conciliación y arbitraje, en relación al expediente número ******* promovido por ******* en contra de ******* me constituí en el domicilio señalado en autos para notificar a la parte demandada, sito en: *******, de esta ciudad, y cerciorado de que es el domicilio correcto en que se actúa toda vez que tengo ante mi vista inmueble tipo casa habitación de dos plantas color beige con número correcto visible. Siendo este el domicilio correcto donde habita la persona física demandada, además de que así lo manifiesta; persona del sexo masculino quien dice llamarse ******* cuya media filiación es de tez morena clara, complexión delgada, cara ovalada, bigote, de 25 años aproximadamente, quien manifiesta ser empleado de la persona física demandada, a quien le solicito la presencia del apoderado de la negociación demandada y en virtud de que no se encontró presente a la persona por notificar, procedo a dejarle citatorio para las 08:45 del día 09 de agosto de 2018, recibiendo dicha cita la persona que atiende la presente diligencia, a quien en este acto le hago saber que en caso de que el interesado no atienda dicho citatorio, la notificación se hará con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se actúa, o en su caso se fijarán las copias de traslado en la puerta de entrada, por lo que en uso de la palabra la persona que recibe el citatorio manifiesta: Que recibe la cita de espera, que la hará llegar al interesado y que no firma para constancia, lo anterior con fundamento en los artículos 742 fracción I, 743, fracciones I, II y IV, y demás relativos y aplicables de la ley federal del trabajo. CONSTE DOY FE. (Firma ilegible.) Licenciado José Antonio Hernández Gutiérrez (Sic). Instructivo elaborado por el Actuario responsable, del que se advierte que constituido en *******, en esta ciudad, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de agosto de dos mil dieciocho, hora y fecha determinadas para que el aquí quejoso lo esperara, y al no encontrarlo, le emplazó a través de ese medio, por conducto de la persona que dijo ser *******, quien no firmó ni el Actuario responsable anotó la razón para abstenerse de suscribir la constancia. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, entre otras cosas, la parte actora de desistió de la demanda respecto a las diversas demandadas, ******* y *******; se hicieron efectivos los apercibimientos decretados en el auto de radicación a *******, aquí quejoso, y se tuvo por contestada la demanda, en sentido afirmativo. Posteriormente, el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, fue emitido el laudo en el juicio de origen, de cuyo contenido se advierte que se resolvió: PRIMERO.- La parte actora acreditó su acción y el demandado al no comparecer a juicio, no opuso excepciones ni defensas. SEGUNDO.- Se CONDENA al demandado *******, al pago de las prestaciones que reclama el actor en su escrito inicial de demanda de conformidad con el considerando respectivo, concediéndoseles un término de 15 días a fin de que den cumplimiento al presente laudo. TERCERO.- Notifíquese personalmente al actor por conducto de su apoderado (.). (.) (Sic). Finalmente, en diligencia de requerimiento de pago y embargo de dieciocho de agosto de dos mil veinte, el Actuario responsable señaló que se constituyó en el inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, acompañado del actor en el juicio; por lo que, tras tocar la puerta en diversas ocasiones, dentro de un lapso de diez minutos y no ser atendido, el actor solicitó "que en el acto solicito proceda a embargar un bien inmueble y finca sobre el construida debidamente registrado ante las oficinas del Registro Público de la Propiedad con los siguientes datos de registro: inscripción *******, folio *******, libro ******* de la Sección *******, en favor del demandado y condenado físico *******, solicitado que se trabe en embargo definitivo y hasta por la cantidad que despacha el Presidente Ejecutor, solicitando se gire atento oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad con copia de la presente diligencia de embargo a efecto de que haga la anotación marginal correspondiente. Por lo que hecho lo anterior, el suscrito declaro el Embargo sobre el Bien Inmueble señalado y descrito (sic) (.)". Ahora bien, de la cita de espera de ocho de agosto de dos mil dieciocho, referida supra líneas, se desprende lo siguiente: Como ya se dijo, el actuario responsable indicó que se constituyó en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, señalado para emplazar al demandado, aquí quejoso. Dijo cerciorarse de que el inmueble era el correcto, pues apuntó: toda vez que tengo ante mí vista inmueble tipo casa habitación de dos plantas color beige con número correcto visible (sic). Dijo tener conocimiento de que en ese inmueble se ubicaba el demandado, pues así lo manifestó la persona de nombre *******, quien dijo ser su empleado. El Actuario responsable asentó su media filiación (tez morena clara, complexión delgada, cara ovalada, bigote, de 25 años aproximadamente [sic]). Indicó que requirió a dicha persona la presencia del apoderado legal de la negociación demandada -a pesar de que acudió en búsqueda de una persona física- y la persona de nombre Eduardo Núñez le dijo que aquél no se encontraba presente. Por ello, dejó citatorio en que exhortó al demandado, a esperarlo en el inmueble apuntado, bajo el apercibimiento que en caso hacerlo así, la notificación se entendería con cualquier persona en el domicilio, o que se fijarían, en su caso, las copias de traslado en la puerta. Al entregar el citatorio, apuntó que la persona de nombre *******, no firmó, sin anotar la razón por la que no deseó firmar. Por último, al calce de la constancia, sólo aparece la firma del Actuario responsable, sin espacio alguno para que la persona con quien entendió la diligencia, firmara. Lo anterior evidencia, que tal como lo indicó el aquí quejoso, no fueron colmadas las formalidades que para la diligencia de emplazamiento del demandado prevé la Ley Federal del Trabajo. Ello es así pues, primero, a efecto de corroborar que efectivamente el actuario en cuestión se constituyó en el inmueble al cual fue enviado, además de asentar la ubicación espacial donde se encontraba, debió apuntar tan detalladamente como le fuera posible las características distintivas del inmueble, tales como señalamientos al exterior; colocación en relación con otros inmuebles, (es decir, en medio de la calle o en la esquina); colindancia con algún inmueble comercial; particularidades del inmueble apreciables objetivamente (tales como si tiene barandales y su color, si tiene cochera, si advirtió jardín frontal, material de la puerta); por mencionar algunos. Al respecto, el Actuario responsable se limitó a transcribir el domicilio donde dijo estar constituido, pues apuntó: "(.) me constituí en el domicilio señalado en autos para notificar a la parte demandada, sito en: *******, de esta ciudad, y cerciorado de que es el domicilio correcto en que se actúa toda vez que tengo ante mí vista inmueble tipo casa habitación de dos plantas color beige con número correcto visible (sic). Es decir, se limitó a señalar la ubicación espacial donde dijo estar constituido y al apuntar que era la correcta, precisó vagamente la descripción del lugar, lo que impide tener por satisfecha la formalidad apuntada. En efecto, aludir a que se encontraba frente a una finca tipo casa habitación y describirla superficialmente, es insuficiente para tener por colmado el primer requisito legal que a su actividad, en casos de esa índole, le fue impuesto. Asimismo, al manifestar "número correcto visible" debió precisar a qué se estaba refiriendo específicamente y de dónde se desprendió tal dato; esto es, debió señalar si refería a que observó el numeral del inmueble (******* [*******]), o bien, el número interior, (interior ******* [*******]); o ambas opciones; así como la forma en que se cercioró, a través de sus sentidos de que fuera así, es decir, si advirtió dicho dato de alguna placa con número (para exteriores de inmuebles) y dónde vio que se ubicaba ésta. De lo previo se desprende, que no esbozó razonamiento lógico bastante para sustentar su fe pública y otorgar validez a su actuación, a pesar de estar obligado a señalar de manera exhaustiva, con claridad y precisión los medios de convicción que tuvo a su alcance, a través de sus sentidos (objetivos, captados por él directamente), al constituirse en el inmueble señalado en autos para emplazar al demandado; con el objeto de comprobar que, efectivamente, se constituyó en el mismo. Este requisito obedece a la necesidad de cuidar la adecuada realización del emplazamiento, pues éste -como ya se acotó- constituye el acto procesal de mayor entidad en todo proceso, por lo que debe existir total certidumbre de que la demandada ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el órgano que conoce del juicio y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de desplegar su defensa. En ese sentido, la obligación del actuario judicial de asentar los signos exteriores del inmueble exige una descripción objetiva y exhaustiva de las características físicas del lugar en el que dicho funcionario judicial se ha constituido para la práctica de la diligencia, que haya apreciado mediante sus sentidos y que sean suficientes para identificarlo y ubicarlo, sin perjuicio de que pueda allegarse de otros medios para integrar su actuación, como puede ser el uso de nuevas tecnologías que le permitan tomar imágenes del lugar y anexarlas a modo de demostración a sus actuaciones. Luego, además del anterior elemento -estar constituido en el bien inmueble a donde fue comisionado y asentarlo adecuadamente, tan detalladamente como sea posible, que no fue colmado a cabalidad- el Actuario responsable, enseguida, tiene el deber de cerciorarse eficazmente de que el domicilio donde se encuentra constituido, corresponda a la parte que busca, es decir, que ahí puede localizarla. El término cerciorar, a que refiere el artículo 743, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, significa asegurar a alguien la verdad de una cosa y, de ahí, cerciorarse se entiende como asegurarse de la verdad de algo. De manera que si la Ley Federal del Trabajo establece, en dicho numeral que el actuario que efectúe la primera notificación personal en un juicio laboral debe cerciorarse de que la persona que busca, habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar señalado en autos para practicar la notificación, ello debe entenderse en el sentido de que tal funcionario debe "asegurarse de que verdaderamente" la persona por notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar donde se constituye. Ello porque la mera ubicación espacial de que el fedatario se situó en el lugar indicado para realizar el emplazamiento, es independiente del cercioramiento de que la persona a notificar tenga ahí su domicilio. Con relación a lo previo, tal responsable adujo estar ante el inmueble donde aparentemente donde vive el aquí quejoso, de forma dogmática, sin que se haya cerciorado eficazmente de que el mismo era donde podía localizarlo, por tener ahí su domicilio. Ello es así, pues para colmar dicho requisito, únicamente señaló que así se lo indicó la persona de nombre *******, quien dijo ser trabajador del aquí quejoso, a quien, luego se señalar su media filiación, requirió "la presencia del apoderado legal de la negociación demandada". Tal discrepancia, es trascendental en el acto de emplazamiento, pues el Actuario responsable debe acudir, en primer término, con el pleno conocimiento de a quién busca notificar. Por tanto, si aparentemente fue en búsqueda de una persona física, como lo es el aquí quejoso, pero al momento de señalar cómo se cercioró de que fuera el inmueble donde podía emplazarlo al asunto, indicó que buscaba a su "apoderado", y se refirió a aquél como una "negociación" es evidente que no tenía en claro a quién buscaba emplazar. Dicha discrepancia, contraria a la lógica, no puede enmendarse con la fe pública del Actuario responsable, pues, inconsistencias de esa especie, son trascendentales al momento de analizar si se efectuó correctamente la diligencia de emplazamiento, o no. En efecto, la inexactitud en ese dato, se reitera, no se subsana con la fe pública de que goza el actuario responsable, sino que corresponde directamente a éste, dotar su actuación de certeza jurídica y validez, así como realizar la actuaciones de esa índole, con la debida diligencia que un acto de tal naturaleza, requiere; lo que a su vez, implica otorgar seguridad jurídica a las partes en el juicio. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/189, invocada por propio el quejoso, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, septiembre de dos mil, con número de registro 191230, por identidad jurídica, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Es verdad que la finalidad que persigue la ley, en lo que a determinadas notificaciones se refiere, es la de que se practiquen, preferentemente, con la persona a quien va dirigida la notificación, sobre todo cuando se trata del llamamiento a juicio, ya que así se desprende del texto del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla; pues se infiere que de esa manera la persona notificada, al tener conocimiento de la existencia del juicio al que se le llama, está en posibilidad de hacer valer en el mismo todos los derechos que la ley procesal le concede; sin embargo, no puede jurídicamente sostenerse la legalidad del emplazamiento cuando, por ejemplo, en la constancia correspondiente, el actuario que la practicó haya asentado que primero se constituyó en un domicilio donde dejó el citatorio y que, el día siguiente, se "volvió a constituir" en otro, pues la circunstancia de que tal funcionario esté investido de fe pública, no convalida las marcadas contradicciones en que incurra; por lo cual se concluye que, precisamente en atención a la fe pública que merecen los actos de los funcionarios con potestad para otorgarla y a las alteraciones o contradicciones que se desprenden del acta respectiva, resulta evidente que no se le puede atribuir valor probatorio alguno, ya que es de explorado derecho que las afirmaciones contradictorias violan las reglas generales de la lógica, las cuales señalan que no puede una cosa ser y dejar de ser al mismo tiempo. Enseguida, si bien el emplazamiento se llevó aparentemente con quien dijo llamarse *******, quien dijo ser trabajador del aquí quejoso, lo cierto es que la sola manifestación de dicha persona respecto a su identidad, no basta para tornar legal la actuación, pues correspondía al Actuario responsable -una vez que se hubiera identificado como tal ante dicha persona, lo cual, dicho sea de paso, tampoco se desprende de la diligencia en cuestión- solicitar expresamente a quien dijo llamarse ******* que se identificara, sin que evidentemente lo haya efectuado, ni en la diligencia donde se dejó la cita de espera, ni donde se dejó el instructivo de emplazamiento. La necesidad de constatar la identidad de la persona con quien se entiende la diligencia de emplazamiento, versa en la trascendencia de la naturaleza de ésta, lo que hace imprescindible tener la mayor seguridad posible de que se realizó, efectivamente, en acatamiento a todas y cada una de las pautas señaladas en la Ley Federal del Trabajo. Para ello, obvio es, el Actuario responsable debió requerirle que le exhibiera identificación oficial, tal como credencial de elector, pasaporte o cédula profesional. Aunado a lo anterior, en la diligencia en análisis en análisis, el Actuario responsable en momento alguno asentó que solicitó a la persona con quien entendió la diligencia, que firmara, sino que se limitó a apuntar "que no firma para constancia", omitiendo cuestionarla sobre el motivo u origen de tal circunstancia (su negativa) y asentarlo debidamente, empleando cualquier expresión gramatical -clara y precisa- para describir lo informado; es decir, no era necesaria la anotación de alguna frase especifica o sacramental, sino la mera enunciación de los motivos que le dio la persona para no firmar. El objetivo material de ello, es que tanto las partes en el juicio natural, como cualquier persona que se imponga de dicha constancia, sepa las razones por las que la persona con quien se entendió la diligencia, no deseó o no pudo firmarla. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la contradicción de tesis 1a./J. 15/99, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y nueve, con número de registro 194071, que consta del rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES. LOS NOTIFICADORES DEBEN SEÑALAR CLARA E INDUBITABLEMENTE LA RAZÓN POR LA QUE LOS COMPARECIENTES NO FIRMARON EL ACTA RESPECTIVA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ). Los artículos 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y 125 (reformado) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco obligan al notificador, en su calidad de funcionario investido de fe pública, a señalar de manera clara e indubitable el hecho de que la persona con quien se entendió la diligencia no firmó el acta correspondiente, haciendo constar la circunstancia de dicha negativa; es decir que deberá señalar si el interesado dijo no saber, no poder o no querer firmar; sin que sea necesario verificar la autenticidad de su dicho, ni el motivo aducido para no poder, no querer o no saber hacerlo, ya que a esto no se advierte que lo obliguen los preceptos citados. Continuando, tal como lo señala la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 9/99, invocada por el quejoso, emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, del rubro EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE "POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA" PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO, cuando alguien informa a un actuario que "por el momento no se encuentra" la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige la Ley Federal del Trabajo, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al demandado conocer el inicio del procedimiento. Por lo que, el hecho de que la persona que dijo llamarse ******* haya señalado al actuario responsable que la persona que buscaba, no se encontraba -máxime que, como ya se acotó, lo cuestionó por el "apoderado de la negociación demandada"- no significa que en ese lugar, indefectiblemente, tenía su domicilio el demandado, aquí quejoso, pues, tal como lo precisa la tesis de jurisprudencia en cuestión, el actuario responsable debió recabar otros datos objetivos que le permitieran asegurarse de que efectivamente ahí habita el destinatario de la notificación. Así, si el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, exige que al realizar la primera notificación en los juicios laborales, como ya fue precisado, el actuario se cerciore, esto es, se asegure de que verdaderamente la persona que busca, habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar señalado en autos para ello, y el hecho de que alguien -quien ni siquiera se identificó en el acto- le informe que "por el momento no se encuentra", tal circunstancia, por sí sola, no implica que efectivamente la persona interesada, habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar. En efecto, si alguien informa al actuario encargado de realizar la primera notificación personal que a quien busca "no se encuentra por el momento", para llegar a la conclusión de que ahí habita, trabaja o tiene su domicilio, tendría que realizar una operación intelectiva que le permitiera deducir, a partir de aquella expresión, una segunda afirmación. Es decir, si alguien informa que "por el momento no se encuentra" la persona que se busca, tiene que deducirse mentalmente que "si no se encuentra en ese momento, en otros momentos sí se encuentra y que eso quiere decir que ahí habita, trabaja o tiene su domicilio". Sin embargo, esa operación mental -que puede llevar a la conclusión de que una persona sí habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar donde se constituye el actuario y en el cual le informan que no se encuentra por el momento- no cumple con lo dispuesto en el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que exige al funcionario que realice la primera notificación personal que se asegure de que la persona buscada verdaderamente habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, sin permitirle que llegue a tal seguridad a partir de sus propias deducciones, sin contar con otros elementos que lo lleven a tal convicción. Además, debe tomarse en consideración que, de tenerse por cierto que en el lugar donde informan al actuario que "por el momento no se encuentra", necesariamente habita, trabaja o tiene domicilio la persona que busca, se facilitaría la comisión de actos que maliciosamente tienden a burlar la realización del emplazamiento, para evitar que la persona interesada tenga conocimiento del procedimiento al cual se le cita. Entonces, dicha aseveración, no implica de manera indudable e irrefutable que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de la demanda y de la fecha en que debía comparecer a dar contestación y presentar las pruebas pertinentes de sus excepciones; cuestiones que conforman el objeto del emplazamiento de las partes. Por tanto, al haber omitido el Actuario responsable a) apuntar razonamiento lógico bastante para sustentar su fe pública y otorgar validez a su actuación, con el señalamiento suficiente de datos descriptivos del inmueble donde dijo haberse constituido; b) la inexactitud al solicitar "la presencia del apoderado legal de la negociación demandada", a pesar de que el demandado, aquí quejoso, es una persona física; c) cerciorarse eficazmente de que dicho inmueble era el domicilio del demandado, aquí quejoso, d) solicitar a la persona con quien entendió la diligencia que se identificara y valiéndose únicamente del dicho de ésta, que indicó llevar ese nombre y e) solicitar a la persona con quien entendió la diligencia le indicara los motivos o razones que tenía para no querer firmar el acta; torna ilegal el emplazamiento practicado, pues la fe pública de que goza aquél, no surtió plenamente sus efectos ante dichas situaciones, lo que a su vez, eliminó la presunción de validez de las actuaciones aquí combatidas. Se insiste, a pesar de que el actuario está dotado de fe pública, tiene la ineludible obligación de cumplir de manera exacta y puntual, con las formalidades que le impone la Ley Federal del Trabajo, para poder sustentarla jurídicamente y dotar a sus actos de ella, así como plasmar en los mismos, por ende, validez y legalidad. En consecuencia, ante las anteriores consideraciones, resulta evidente la trasgresión aludida por el quejoso. Además de los criterios ya referidos, resulta aplicable, por identidad de razones, la tesis 1a./J. 36/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, septiembre de dos mil dieciocho, con número de registro 2017895, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO A JUICIO ORAL MERCANTIL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "SIGNOS EXTERIORES DEL INMUEBLE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 15 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. La disposición normativa apuntada establece, entre otras cuestiones, que en la diligencia del emplazamiento al juicio oral mercantil, el notificador se identificará ante la persona que atienda su llamado y asentará en el acta respectiva los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, así como los "signos exteriores del inmueble" que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado. Este requisito obedece a la necesidad de cuidar la efectiva realización del emplazamiento que si bien ya de suyo constituye el acto procesal de mayor entidad en todo proceso judicial, tratándose del juicio oral adquiere una mayor importancia, que justifica la exigencia al actuario judicial de cumplir con una serie de requisitos adicionales a los que tradicionalmente se establecían para su práctica, pues ante la supresión de las notificaciones personales durante el juicio, debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso judicial en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el Juez que conoce de la causa y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de acudir a las audiencias en las que tendrá oportunidad de ser notificado de las decisiones que ahí se adopten y producir su defensa. En ese sentido, la obligación del actuario judicial de asentar los "signos exteriores del inmueble" exige una descripción objetiva de las características físicas del lugar en el que dicho funcionario judicial se ha constituido para la práctica de la diligencia, que haya apreciado mediante sus sentidos y que sean suficientes para identificarlo y ubicarlo, sin perjuicio de que pueda allegarse de otros medios para integrar su actuación, como puede ser el uso de nuevas tecnologías que le permitan tomar imágenes del lugar o bien describir la media filiación de la persona con la que entendió la diligencia, pedir información a alguno de los vecinos cercanos, etcétera. En ese sentido, el requisito de registrar los signos exteriores del inmueble no se colma con el hecho de que el actuario asiente que tuvo a la vista el nombre de la calle y el número del inmueble, pues además de que esos datos no corresponden a una descripción del lugar, su vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad apuntada, lo que genera la nulidad de la diligencia, siempre que dicha actuación no haya sido convalidada. Además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 74/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, con número de registro 192969, del siguiente contenido: EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental. De igual forma, en la tesis 1a./J. 39/2011, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, mayo de dos mil once, página 24, con número de registro 162075, que consta del rubro: NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL. Asimismo, las anteriores consideraciones encuentran sostén en la tesis III.2o.T.J/11, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 1452, con número de registro 170761, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. ES NULO EL REALIZADO POR EL ACTUARIO SI SOLAMENTE SE CERCIORA DE QUE EL LUGAR EN EL QUE ACTÚA ES LA CASA O LOCAL SEÑALADO EN AUTOS PARA PRACTICAR LA DILIGENCIA, PERO OMITE CORROBORAR QUE AHÍ HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO LA PERSONA A QUIEN DEBE NOTIFICAR. La fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo prevé, como requisito de validez para la primera notificación personal, que el actuario se cerciore que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. En tal virtud, si de las actas del citatorio y del emplazamiento se aprecia que el funcionario referido solamente se cercioró de que el lugar en que se constituyó era la casa o local señalado en autos para practicar la diligencia, pero omitió corroborar que éste fuera donde habitaba, trabajaba o tenía su domicilio la persona que debía notificar, dicho emplazamiento es ilegal y, consecuentemente, nulo, toda vez que de esto último debe asegurarse de manera independiente respecto de la mera ubicación espacial; y, por ende, su aseveración de que se constituyó en el domicilio del demandado resulta, por una parte, insuficiente para tener por cumplido el requisito en comento; y, por otra, dogmática al no apoyarse en cercioramiento fehaciente de que así fuera; consecuentemente, tales actuaciones son nulas de conformidad con el artículo 752 de la aludida legislación, puesto que el citatorio y el emplazamiento no se practicaron conforme al artículo primeramente referido. También, por identidad jurídica, se sustenta en la tesis I.7o.C.31 C, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, mayo de dos mil, página 933, con número de registro 191834, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL, POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Con motivo de la reforma al artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, en la diligencia de emplazamiento, el notificador, además de los otros requisitos señalados en dicho artículo, deberá identificarse ante la persona con la que entienda esa diligencia, requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado; la finalidad de los requisitos señalados en la reforma, evidentemente atienden a que por tratarse de la primera notificación en el procedimiento, es indispensable tener mayor seguridad de que el emplazamiento se realizó efectivamente con el interesado, o con cualquiera de las personas que precisa el mismo precepto legal y el 117 del código citado, y en el caso de negarse a proporcionar su identificación deberá exponerse tal circunstancia en el acta relativa; en consecuencia, no basta que el fedatario asiente en su razón que la persona con quien entendió la diligencia dijo ser el buscado, si no cumplió aquél con el requisito de requerirle su identificación. Además, tiene apoyo en la tesis VI.2o.C.208 K, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página 1340, con número de registro 179918, que consta del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL SI EL DILIGENCIARIO ÚNICAMENTE SE BASA EN EL DICHO DEL ACTOR PARA OBTENER CERTEZA SOBRE LA IDENTIDAD DE LA PERSONA CON QUIEN SE PRACTICA. El hecho de que el funcionario que practica el emplazamiento, se valga únicamente del dicho del actor para identificar a la persona con quien entiende esta diligencia, sin utilizar algún otro medio a su alcance para esa finalidad, torna ilegal la actuación así practicada, ya que quien está obligado a alcanzar la certeza de que se habla, es precisamente el funcionario judicial que la realiza y no quien instauró la acción. Conjuntamente resulta aplicable la tesis VI.T. J/7, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, página 1636, con número de registro 176018, del rubro CITATORIO Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. AUN CUANDO EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS RELATIVAS CIERTAS FORMALIDADES PARA QUE AQUÉLLOS SEAN JURÍDICAMENTE VÁLIDOS. No se pierde de vista que la ilegalidad de las posteriores actuaciones de las que se duele el quejoso, fueron originadas precisamente por el incorrecto emplazamiento practicado por el Actuario responsable; empero, en primer término, correspondía a la Junta responsable cerciorarse de la legalidad del emplazamiento en cuestión. Por lo tanto, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral *******, desde el emplazamiento practicado a *******, aquí quejoso, hasta la última actuación ahí dictada. Concesión que, evidentemente abarca los actos destacados por el quejoso, consistentes en la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y la notificación para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que se le realizó por medio de estrados, porque los mismos derivaron de la ilegalidad que el quejoso atribuyó a las diligencias de citación y emplazamiento de ocho y nueve de agosto de dos mil dieciséis, las que como ya se vio, efectivamente resultaron ilegales. Máxime, que dichos actos destacados, no se reclamaron por vicios propios sino como consecuencia de aquéllas. Por último, es innecesario abordar el resto de los conceptos de violación esgrimidos, pues de ninguna manera alterarían el resultado del análisis del emplazamiento reclamado, pues su ilegalidad prevalece y en nada cambiaría el sentido de esta sentencia. Lo previo encuentra sustento en la tesis V.2º.J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 86, del tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 1991, Octava Época, cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado der ese estudio, nada variaría el sentido de la sentencia. Sexto. Notificación de la sentencia. Atendiendo a lo dispuesto en la Circular CAP/3/2020, en el sentido de que pueden resolverse los expedientes que estén listos para sentencia y lo establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la notificación del presente asunto deberá realizarse por lista, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; razón por la cual la notificación surtirá efectos una vez que se reanuden los plazos y términos procesales. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra de las autoridades que señaló en este juicio como responsables, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Segundo. Notifíquese la presente sentencia, en términos del considerando sexto. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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