Abraham Fentanes Becerra
Expediente 1034/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Abraham Fentanes Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de diez de octubre de dos mil diecisiete que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvase al 1. Juez Municipal en Materias Civil y Penal de San Martín Texmelucán, Puebla (autoridad responsable), el duplicado del proceso 239/2015 de su estadística, que remitió en este asunto, como justificación de su informe rendido; requiriéndole para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *******, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 2. Directora General de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, 3. Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y 4. Juez Municipal en Materias Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en los diversos tercero, apartado I y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guarda el presente expediente, se aprecia que dado el evento sísmico acaecido el diecinueve de los corrientes, a las trece horas con diez minutos de ese día, fueron suspendidas las labores en este órgano jurisdiccional, así como que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró inhábiles y no laborables los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veinticinco del mes y año curso, en los que no correrán términos de ley. Lo anterior, constituye un hecho notorio para la suscrita en términos de lo dispuesto del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que resulte necesario agregar copia de dichas documentales. En virtud de lo último, es evidente que no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes por acuerdo dictado el seis de septiembre del actual, respecto al informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las once horas con cincuenta minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 12 DE septiembre DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 317/2017-E signado por la Titular de este órgano jurisdiccional, el cuaderno de antecedentes formado con copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 916/2017-E de este índice, promovido por Abraham Fentanes Becerra, y un anexo, en razón de la separación de juicios ordenada en dicho expediente. En virtud de lo anterior, radíquese este expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número de amparo 1034/2017-C; y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora, en primer término, conviene precisar que a razón de lo ordenado en proveído de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo 916/2017-E de la estadística de este Juzgado, en el que se ordenó la separación de juicios que dio origen al presente expediente, el sumario constitucional en que se actúa únicamente versará respecto de los actos reclamados por el quejoso Abraham Fentanes Becerra, a las autoridades responsables que se cita en el oficio de cuenta, de quienes reclama: La devolución de la garantía que exhibió para poder gozar de su libertad provisional bajo caución, en autos de la causa penal 239/2015, de la estadística del Juzgado Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, seguida en contra del quejoso ABRAHAM FENTANES BECERRA, por el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de MARÍA JOSÉ CAMELA SALINAS, ilícito previsto y sancionado por los artículos 305 y 306, fracción I, 311, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 12, 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. Precisado lo anterior, el suscrito secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 15, 33, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Abraham Fentanes Becerra, contra actos de la autoridad responsable 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 2. Directora General de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, 3. Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; y, 4. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado por la parte quejosa, y a criterio del suscrito secretario encargado del despacho o no procede tramitarlo de oficio, ya que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, pues no consiste en una orden de extradición y no son actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado. Igualmente, no ha lugar a requerir a las autoridades responsables 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 2. Directora General de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, 3. Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; y, 4. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, sus informes justificados, toda vez que los mismos ya obran en autos; y, con ellos se dio vista a las partes mediante acuerdos de dieciséis, veintidós y treinta y uno, de agosto de dos mil diecisiete, y seis de septiembre de esta anualidad, notificado por lista el diecisiete y veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (fojas 23 vuelta y 29 vuelta), uno y siete de septiembre de esta anualidad (fojas 49 vuelta y 53 vuelta), razón por la cual no ha lugar a dar nueva vista con ellos. Con fundamento en lo previsto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable 4. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, las documentales que se remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el duplicado del proceso penal 239/2015 de su índice, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. En ese sentido, en razón al cuantioso número de fojas que conforman el duplicado del proceso penal 239/2015 y que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, conservando el folio de origen, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. En otro orden, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo se le impondrá a cada una y por separado una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis., de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se señalan las trece horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que le corresponde. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, téngase con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, sin que haya lugar a ordenar su emplazamiento al presente juicio constitucional por medio de oficio, pues de actuaciones se advierte que el mismo ya se llevó a cabo (foja 26). Sin que haya lugar a ordenar el emplazamiento a este juicio de amparo de la parte agraviada, pues de autos se advierte que el Juez responsable informó que veintisiete de julio del dos mil dieciséis compareció MARÍA JOSE CAMELA SALINAS y otorgó su más amplio y cumplido perdón en favor de ABRAHAM FENTANES BECERRA y otra dándose por pagada de la reparación del daño material y moralmente, y en esa misma comparecencia se declaró extinta la acción penal (foja 50 vuelta), por lo que no se actualiza el supuesto a que alude la fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo, y como autorizados en términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ma. Isabel Escalona Pérez y a Marco Antonio Saavedra Lozano, ya que cuentan con cédula de licenciados en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública; y, como autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las restantes personas que refiere, ya que esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que las personas que indica cuentan con su cédula de licenciados en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública y en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; pues el solo hecho de indicar su nombre, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." También, hágase saber a las autoridades responsables que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá por hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo Aunado a ello, se les impondrá de forma separada una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: "(.) a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. (.)". Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial..."
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