Abraham Corona Ariza

Expediente 371/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
371/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Abraham Corona Ariza
  • Fiscal General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en el presente controvertido constitucional se concedió la suspensión de plano, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como, en términos de la fracción III, párrafo cuarto de la sección relativa a los "Expedientes que Corresponde Clasificar como Depurables o Destruibles por los Juzgados de Distrito de Conformidad con el Punto Vigésimo Primero" del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración, después de transcurridos tres años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos. Por tanto, se dejan sin efecto las medidas decretadas en el asunto, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula respectiva, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 371/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Antonio Josbán Ariza Velázquez, a favor de Abraham Corona Ariza; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en línea el veintidós de abril de dos mil veintiuno, recibido en esa data por el secretario de guardia de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula (fojas 1 y 2), Antonio Josbán Ariza Velázquez, solicitó el amparo favor de Abraham Corona Ariza, contra las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridades responsables Fiscal General del Estado de Puebla, Director de la Agencia Estatal de Investigación y elementos a su cargo, Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en su caso, también señalo a los elementos de policía a su cargo y quienes se encuentran en las instalaciones del citado Hospital custodiando al quejoso por órdenes de sus superiores, igualmente señalo como autoridad responsable al Secretario de Salud del estado de Puebla como superior jerárquico de las personas que laboran en el área de urgencias del citado nosocomio quienes impiden que los familiares del quejoso saber sobre su estado de salud, y también les reclamo el impedir su traslado a Hospital Privado para su atención médica. También señaló como responsable a quien dijo llamarse MARCELO BAUTISTA AVENDAÑO y ser policía de Tránsito del sector 2 de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. ACTO RECLAMADO. - A todas y cada una de las autoridades que he señalado como responsables les reclamo por y en representación del quejoso la incomunicación, tortura, la falta de atención médica y la detención fuera del procedimiento que han efectuado en contra del señor ABRAHAM CORONA ARIZA." El promovente, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías individuales violadas, las contenidas en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del Juicio. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno (fojas 3 a 11), se ordenó formar expediente y registrarlo con el número 371/2021, que es el que les correspondió en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. En dicho auto se concedió la suspensión de plano en relación con los actos reclamados y se requirió al directo quejoso para que manifestara si ratificaba la demanda de amparo promovida en su nombre, lo que ocurrió el veintidós de abril de dos mil veintiuno (fojas 17 y 18). Debido a ello, el veintitrés siguiente (fojas 28 a 31), se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes justificados de las autoridades responsables y se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Publio adscrito (foja 111). TERCERO. Cita para audiencia. Por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 166 y 167), cuyas dos primeras etapas -pruebas y alegatos- se desarrollaron al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, e informes justificados, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, Abraham Corona Ariza esencialmente reclama de las autoridades responsables, la incomunicación, falta de atención médica, detención y tortura, que supuestamente sufre al interior del Hospital de Traumatología y Ortopedia "Doctor y General Rafael Moreno Valle". TERCERO. Inexistencia y existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados a las responsables consistentes en la incomunicación, falta de atención médica y tortura. Ello es así, pues al pronunciarse en relación con tales actos reclamados, en sus informes justificados las responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 4. Secretario de Salud del Estado de Puebla, negaron categóricamente su existencia (fojas 85, 100 y 142 a 143), sin que la parte quejosa aportara dato alguno para desvirtuar su negativa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Y si bien el 3. Secretario de Seguridad y Tránsito Municipal del ayuntamiento de Puebla, y 5. Marcelo Bautista Avendaño, policía de tránsito del sector 2, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en su informe justificado conjunto (fojas 112 y 113), no se pronunciaron expresamente respecto de tales actos reclamados, pues se limitaron a afirmar que la detención que se les imputa (y que reconocen como cierta), no fue violatoria de garantías, lo cierto es que no es dable presumir la certeza de los actos que se analizan. Ello, pues en primer término se cuenta con la diligencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno, practicada por el actuario judicial adscrito a este juzgado (foja 17), de la que se desprende, que dicho funcionario se constituyó en el Hospital de Traumatología y Ortopedia "Doctor y General Rafael Moreno Valle", donde fue informado por un trabajadora social que el hoy quejoso fue dado de alta por mejoría a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno anterior, y fue trasladado bajo custodia al hospital Christus Muguerza UPAEP. Lugar donde se constituyó el citado actuario, a las tres horas con cinco minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, hallando al peticionario de amparo Abraham Corona Ariza, en compañía de su madre Fabiola Ariza Velázquez, recibiendo atención médica por parte de un enfermero. Además, el propio quejoso le manifestó al fedatario que no estaba incomunicado pues le habían permitido comunicarse con sus familiares. Que sabía que se encontraba bajo custodia por un accidente de tránsito de vehículos. Que no había sufrido ningún acto de los contemplados por el artículo 22 Constitucional por parte de las autoridades responsables, que las molestias que presentaba (dolor) derivaban del accidente que sufrió y que se le ha dado una buena atención médica en el lugar donde se encuentra. En relación con lo anterior, obra en autos el informe del Director del Hospital de Traumatología y Ortopedia "Doctor y General Rafael Moreno Valle" (foja 36), al que se adjuntó el resumen clínico de Abraham Corona Ariza, del que se aprecia que se realizaron diversos estudios al paciente, con diagnóstico de policontundido y no presentó alteraciones ni compromiso que requiriera manejo quirúrgico ni hospitalario y solicitó el alta voluntaria del servicio de urgencias y ser trasladado a un hospital privado (foja 38). Asimismo, de la constancias que anexó el director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado correspondiente al 4. Secretario de Salud del Estado de Puebla (fojas 142 y 143), se obtiene que el hoy quejoso fue dado de alta de dicho nosocomio por mejoría a las 21:45, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, a cargo del comandante Artemio Hernández Gaspar de "Servicios Periciales" (fojas 148, 149 y 162). Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otro lado, también es inexistente el acto reclamado consistente en la detención del quejoso, atribuido al 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 4. Secretario de Salud del Estado de Puebla, pues al margen de que igualmente negaron categóricamente su existencia (fojas 85, 100 y 142 a 143), sin que la parte quejosa aportara dato alguno para desvirtuar su negativa, no se aprecia que alguno de ellos hubiera tenido participación en la detención de Abraham Corona Ariza, cuenta habida que, como se verá más adelante, la detención de mérito fue practicada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, por su participación en un accidente de tránsito y su posible responsabilidad de los daños y lesiones ocasionados en tal incidente. Así, se obtiene que los actos de referencia que inicialmente señaló la parte promovente no existieron, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En relación con la detención atribuida a las autoridades 3. Secretario de Seguridad y Tránsito Municipal del ayuntamiento de Puebla, y 5. Marcelo Bautista Avendaño, policía de tránsito del sector 2, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al rendir su informe justificado de forma conjunta, aceptaron los actos reclamados (fojas 112 a 113), por lo que se tiene plenamente acreditada su certeza. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con los anexos que remitieron en apoyo a su informe (fojas 114 a 139), de los que se desprende que Abraham Corona Ariza, fue detenido el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en avenida 7 Oriente y calle 20 Sur, de la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla, por el policía Segundo Marcelo Bautista Avendaño, adscrito a la Dirección de Control de Tránsito Municipal, por su probable responsabilidad en un accidente de tránsito que ocasionó diversos daños y lesiones; persona que fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia "Doctor y General Rafael Moreno Valle", para su valoración médica. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para poder analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el particular, respecto del acto reclamado consistente en la detención del quejoso, se advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Justamente, en relación con dicho acto, se itera que del contenido de las constancias que remitieron el 3. Secretario de Seguridad y Tránsito Municipal del ayuntamiento de Puebla, y 5. Marcelo Bautista Avendaño, policía de tránsito del sector 2, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se desprende que Abraham Corona Ariza, fue detenido el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en avenida 7 Oriente y calle 20 Sur, de la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla, por el policía Segundo Marcelo Bautista Avendaño, adscrito a la Dirección de Control de Tránsito Municipal, por su probable responsabilidad en un accidente de tránsito que ocasionó diversos daños y lesiones; persona que fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia "Doctor y General Rafael Moreno Valle", para su valoración médica. Indicando además que el citado Abraham Corona Ariza, fue puesto a disposición de la representación social por el hecho con apariencia del delito de daño en propiedad ajena y lesiones, en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I-006506/2021. Y, en ese sentido, se cuenta con el informe requerido por esta potestad federal, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, a Verónica Medina Morales, agente del Ministerio Público de la Unidad de Flagrancia C5 de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quién es la fiscal que conoce de la supracitada carpeta de investigación; funcionaria que hizo del conocimiento de este juzgado que el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dejó Abraham Corona Ariza, interno en el hospital UPAEP de la ciudad de Puebla y se solicitó al Juez de Control y Oralidad de la Región Judicial Centro (Javier Vázquez Fernández), audiencia de control de detención. De ahí que el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, Javier Vázquez Fernández, juez de control de la citada región judicial, calificó de legal la detención de Abraham Corona Ariza, lo vinculó a proceso y ordenó su libertad, fijando como plazo para el cierre de investigación dos meses, en la causa penal 1200/2021/PUEBLA, la cual fue remitida -a solicitud de las partes- el treinta de abril de dos mi veintiuno, a la Coordinación General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (fojas 177 a 185). Así las cosas, es dable concluir que los efectos de la detención reclamada cesaron, ya que fue sustituida por la determinación del juez de control de referencia al calificar de legal la detención del directo quejoso. Justamente, en ese sentido, el numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. En dicha audiencia, el fiscal deberá justificar las razones de la detención y el Juez procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en el código. De modo que la detención efectuada ya no tiene eficacia jurídica, tomando en consideración que el nuevo procedimiento penal contempla una resolución en la que el juez de control deberá convalidar o no tal acto, sustituyéndolo procesalmente sin importar el sentido de tal determinación, lo que redunda en la imposibilidad de que a través del juicio de garantías, se puedan restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se SOBRESEE en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado consistente en la detención de Abraham Corona Ariza, atribuido al 3. Secretario de Seguridad y Tránsito Municipal del ayuntamiento de Puebla, y 5. Marcelo Bautista Avendaño, policía de tránsito del sector 2, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Tienen aplicación al caso, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto 371/2021, promovido por Abraham Corona Ariza, en términos de los considerados tercero, apartado I y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Intégrense a los autos, el oficio 6912/2021 signado por la agente de Ministerio Público de la Unidad de Flagrancia Central I en Cuautlancingo, Puebla., Verónica Medina Morales, mediante el cual remite las constancias atinentes al cumplimiento de lo ordenado en auto de veinte de los corrientes, de las que se aprecia la situación jurídica actual del hoy quejoso; de lo que este Juzgado Federal toma conocimiento. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio CGAJ/DPC/3834/2021 signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación de su titular, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de catorce de mayo del año en curso, informa que la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I-006506/2021, se encuentra a cargo de la licenciada Verónica Medina Morales, agente de Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia C5 de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dato que le fue informado a través del diverso FGEP/FIM/UF-C5/7004/2021 signado por el Titular de la Unidad de Flagrancia C5, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, del cual adjunta copia. En consecuencia, a fin de estar en condiciones de obtener las pruebas necesarias para la resolución del presente controvertido constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a Verónica Medina Morales, agente de Ministerio Público de la Unidad de Flagrancia C5 de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que, en el improrrogable plazo de veinticuatro horas computado legalmente, informe a este Juzgado Federal la situación jurídica actual del aquí quejoso ABRAHAM CORONA ARIZA, debiendo precisar con toda claridad si se encuentra a su disposición, si ha sido puesto en libertad o si se encuentra a disposición de algún órgano jurisdiccional o de alguna otra autoridad, señalando el motivo de cualquiera de tales circunstancias. En la inteligencia, que de encontrarse a disposición de alguna autoridad judicial, deberá precisar cuál es la situación jurídica que guarda el supracitado peticionario de amparo, en relación con la carpeta judicial administrativa que corresponda. Remitiendo, cualquiera que sea el caso, copia certificada de las constancias que acrediten fehacientemente lo que tenga a bien informar. Se apercibe a la citada autoridad que de no cumplir de forma total y cabal el presente requerimiento, se le impondrá una multa de ciento cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la agente de Ministerio Público de la Unidad de Flagrancia C5 de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

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