Abraham Alejandro Perez Perez

Expediente 4/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
4/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2019

Partes del expediente

  • Abraham Alejandro Perez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 570/2019, proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual, informa que el siete de enero de dos mil diecinueve, dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo 4/2019 de nuestro índice, promovido por Abraham Alejandro Pérez Pérez; del que deriva este cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia legal declinada por este Juzgado de Distrito; radicándolo con el número 12/2019 de su índice; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo Abraham Alejandro Pérez Pérez, fórmese expediente y regístrese con el número 4/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA. En principio, cabe precisar que el acto que se combate en la presente vía constitucional, es la omisión de dar respuesta al escrito que el quejoso presentó el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el cual solicitó la cancelación de sus antecedentes penales derivados de la tramitación de la causa penal 60/2007 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Puebla, como se advierte de la copia simple del acuse de recibo que anexó a la demanda de amparo. Ahora bien, este juzgador estima que, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, no es legalmente competente, por razón de materia, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por el quejoso. En principio, debe señalarse que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento (entre ellos el juicio de amparo), es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, cuenta habida que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Ello, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, pues se erige como una sub garantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, esto es, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. De esa manera, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina diversos tipos de competencias para los Jueces de Distrito, entre las que destacan: Competencia por territorio. Competencia por materia. Competencia por grado; y, Competencia auxiliar. Sobre este contexto, conviene recordar que la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En ese aspecto, debe señalarse que del contenido de lo dispuesto en los artículos 51 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Y, a fin de advertir lo anterior (naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable), se debe atender a la naturaleza intrínseca del acto reclamado que se estima transgresor de garantías individuales, el cual debe ser considerado en sí mismo y objetivamente analizado, por lo que el carácter formal de la autoridad responsable (administrativo, laboral, civil, penal), no siempre es relevante para establecer la competencia por materia. Lo anterior, regularmente se puede determinar mediante: i) el análisis de las prestaciones reclamadas; ii) de los hechos narrados; iii) de las pruebas aportadas; y, iv) de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional competente, pues admitir una posición contraria implicaría prejuzgar y hacer uso de una facultad que no le ha sido otorgada por la ley al órgano declinante. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En cuanto a la especialización por materia y concretamente en la materia administrativa, del contenido del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que los Jueces de Distrito especializados en materia administrativa, conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas; contra actos de autoridad distinta a la judicial; contra actos de tribunales administrativos; o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, el derecho administrativo puede considerarse que constituye el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Así las cosas, resulta evidente que el acto aquí reclamado, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que el quejoso presentó el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el cual solicitó la cancelación de sus antecedentes penales derivados de la tramitación de la causa penal 60/2007 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Puebla, no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el citado artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues es formal y materialmente administrativo. En efecto, se estima así, porque las constancias de antecedentes penales y los documentos en que consta la identificación de individuos indiciados o inculpados con motivo de cualquier averiguación o proceso penal, son documentos de identificación administrativa, conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla que señala: "Artículo 213.- En el auto de formal prisión, por delito que merezca sanción corporal, se ordenará: I.- Que el acusado sea identificado por el sistema adoptado administrativamente, agregándose al expediente un ejemplar de la hoja de identificación. II. Que se pida informe al Director del Centro de Readaptación Social que corresponda, acerca de los anteriores ingresos del acusado, a dichos establecimientos." Por tanto, la omisión de dar respuesta a la solicitud de cancelación de antecedentes penales tiene la misma naturaleza -administrativa-. Y si bien, la identificación administrativa del quejoso tuvo su origen en un procedimiento penal, lo cierto es que la solicitud de cancelación de antecedentes penales, cuya omisión de darle respuesta se reclama, se formuló ante una autoridad administrativa fuera de dicho procedimiento, y una vez concluido éste, por tanto, es inconcuso que no se trata de una resolución judicial del orden penal, no afecta la libertad personal del impetrante, no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no es una resolución dictada en incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, no es una ley o disposición de observancia general en materia penal, ni una denuncia por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Por lo que, y dado que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a dar respuesta a la solicitud de cancelación de antecedentes penales del peticionario de amparo con motivo del proceso penal al que fue sujeto, este tribunal considera que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías de que se trata, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Puebla. Orienta lo anterior el siguiente criterio: "COMPETENCIA EN AMPARO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA DE CANCELACION DE UNA FICHA SIGNALETICA. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NO A UNO EN MATERIA PENAL. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto, reclamándose la negativa de cancelación de una ficha signalética de identificación administrativa elaborada al quejoso con motivo de un proceso penal, debe considerarse que resulta competente un Juez de Distrito en Materia Administrativa y no uno en Materia Penal, pues el referido acto no afecta la libertad personal, lo que se deriva de lo establecido por los artículos 51, fracción III, y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." Así, por las razones y fundamentos expuestos, es que se estima que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente para conocer de este juicio de amparo indirecto; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Puebla, EN TURNO, para conocer del presente asunto. Por lo que, se ordena remitir la presente demanda radicada con el número 4/2019-B, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, la turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla; y, se le solicita respetuosamente, se sirva acusar recibo e informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indicó en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas en la demanda de cuenta, pues no obstante que la parte quejosa pretende autorizarlos en los términos amplios previstos en dicho numeral, no proporcionó los datos suficientes a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tienen inscritas sus cédulas de Licenciados en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  3. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE TRES DE ENERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo Abraham Alejandro Pérez Pérez, fórmese expediente y regístrese con el número 4/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA. En principio, cabe precisar que el acto que se combate en la presente vía constitucional, es la omisión de dar respuesta al escrito que el quejoso presentó el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el cual solicitó la cancelación de sus antecedentes penales derivados de la tramitación de la causa penal 60/2007 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Puebla, como se advierte de la copia simple del acuse de recibo que anexó a la demanda de amparo. Ahora bien, este juzgador estima que, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, no es legalmente competente, por razón de materia, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por el quejoso. En principio, debe señalarse que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento (entre ellos el juicio de amparo), es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, cuenta habida que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Ello, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, pues se erige como una sub garantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, esto es, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. De esa manera, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina diversos tipos de competencias para los Jueces de Distrito, entre las que destacan: Competencia por territorio. Competencia por materia. Competencia por grado; y, Competencia auxiliar. Sobre este contexto, conviene recordar que la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En ese aspecto, debe señalarse que del contenido de lo dispuesto en los artículos 51 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Y, a fin de advertir lo anterior (naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable), se debe atender a la naturaleza intrínseca del acto reclamado que se estima transgresor de garantías individuales, el cual debe ser considerado en sí mismo y objetivamente analizado, por lo que el carácter formal de la autoridad responsable (administrativo, laboral, civil, penal), no siempre es relevante para establecer la competencia por materia. Lo anterior, regularmente se puede determinar mediante: i) el análisis de las prestaciones reclamadas; ii) de los hechos narrados; iii) de las pruebas aportadas; y, iv) de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional competente, pues admitir una posición contraria implicaría prejuzgar y hacer uso de una facultad que no le ha sido otorgada por la ley al órgano declinante. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En cuanto a la especialización por materia y concretamente en la materia administrativa, del contenido del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que los Jueces de Distrito especializados en materia administrativa, conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas; contra actos de autoridad distinta a la judicial; contra actos de tribunales administrativos; o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, el derecho administrativo puede considerarse que constituye el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Así las cosas, resulta evidente que el acto aquí reclamado, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que el quejoso presentó el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el cual solicitó la cancelación de sus antecedentes penales derivados de la tramitación de la causa penal 60/2007 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Puebla, no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el citado artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues es formal y materialmente administrativo. En efecto, se estima así, porque las constancias de antecedentes penales y los documentos en que consta la identificación de individuos indiciados o inculpados con motivo de cualquier averiguación o proceso penal, son documentos de identificación administrativa, conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla que señala: "Artículo 213.- En el auto de formal prisión, por delito que merezca sanción corporal, se ordenará: I.- Que el acusado sea identificado por el sistema adoptado administrativamente, agregándose al expediente un ejemplar de la hoja de identificación. II. Que se pida informe al Director del Centro de Readaptación Social que corresponda, acerca de los anteriores ingresos del acusado, a dichos establecimientos." Por tanto, la omisión de dar respuesta a la solicitud de cancelación de antecedentes penales tiene la misma naturaleza -administrativa-. Y si bien, la identificación administrativa del quejoso tuvo su origen en un procedimiento penal, lo cierto es que la solicitud de cancelación de antecedentes penales, cuya omisión de darle respuesta se reclama, se formuló ante una autoridad administrativa fuera de dicho procedimiento, y una vez concluido éste, por tanto, es inconcuso que no se trata de una resolución judicial del orden penal, no afecta la libertad personal del impetrante, no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no es una resolución dictada en incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, no es una ley o disposición de observancia general en materia penal, ni una denuncia por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Por lo que, y dado que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a dar respuesta a la solicitud de cancelación de antecedentes penales del peticionario de amparo con motivo del proceso penal al que fue sujeto, este tribunal considera que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías de que se trata, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Puebla. Orienta lo anterior el siguiente criterio: "COMPETENCIA EN AMPARO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA DE CANCELACION DE UNA FICHA SIGNALETICA. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NO A UNO EN MATERIA PENAL. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto, reclamándose la negativa de cancelación de una ficha signalética de identificación administrativa elaborada al quejoso con motivo de un proceso penal, debe considerarse que resulta competente un Juez de Distrito en Materia Administrativa y no uno en Materia Penal, pues el referido acto no afecta la libertad personal, lo que se deriva de lo establecido por los artículos 51, fracción III, y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." Así, por las razones y fundamentos expuestos, es que se estima que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente para conocer de este juicio de amparo indirecto; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Puebla, EN TURNO, para conocer del presente asunto. Por lo que, se ordena remitir la presente demanda radicada con el número 4/2019-B, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, la turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla; y, se le solicita respetuosamente, se sirva acusar recibo e informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indicó en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas en la demanda de cuenta, pues no obstante que la parte quejosa pretende autorizarlos en los términos amplios previstos en dicho numeral, no proporcionó los datos suficientes a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tienen inscritas sus cédulas de Licenciados en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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