Abraham Bergen Peters

Expediente 1441/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1441/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Abraham Bergen Peters

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada el dos de diciembre de dos mil veinte en este asunto; por lo tanto, con fundamento en el numeral 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena enviar el presente asunto al archivo de trámite y tomando en consideración que se sobreseyó por todos los actos reclamados, aunado al hecho que no es de relevancia documental, procede determinar que este expediente es destruible en un plazo de tres años, contado a partir de la notificación de este proveído. Por tanto, una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cabe precisar que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, motivo por el que no se considera de información reservada, además, no obran en autos documentos originales que devolver.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a su contenido, se tiene a la autoridad responsable Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, remitiendo las constancias que acreditan que el trámite del quejoso se resolvió de manera positiva respecto del expediente CHI-L-2962-11-11-19, en la resolución contenida en el oficio BOO.0906.01-6393 E, lo cual se notificó al promovente el treinta de octubre del año en curso. Ahora, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. Luego, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, entre las cuales se encuentran las documentales allegadas por la responsable en el oficio señalado líneas arriba, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En la especie, los actos reclamados consisten en la omisión de emitir acuerdo y/o contestación a su petición presentada el once de noviembre de dos mil diecinueve, a la que le fue asignado el número de expediente administrativo CHI-L-2962-11-11-19. Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, copia certificada de las constancias que acreditan que se dio respuesta al referido escrito y se resolvió procedente otorgar la autorización referente al expediente CHI-L-2962-11-11-19 y se realizó la notificación el treinta de octubre de este año y se entregó el título de concesión número 832353 al quejoso Abraham Bergen Peters. En estas condiciones, si el quejoso reclamó, precisamente, la omisión de la responsable de dar trámite a su solicitud, y la autoridad procedió en esos términos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la moral inconforme, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, se actualiza la causal invocada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte.

  3. Principal

    Visto el estado actual de los autos, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, tomando en consideración que mediante oficio CCJ/ST/2784/2020 de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular de este juzgado, se autorizó a Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; por lo tanto, hágase lo anterior del conocimiento de Guillermo Alberto Flores Cano 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8f.dd 22/03/21 14:01:31 las partes para que de ser el caso, puedan hacer valer lo que corresponda. Cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Julio de 2010, Tomo XXXII, página 312) En ese orden de ideas, a efecto de que las partes se impongan del contenido del presente acuerdo, se difiere la audiencia prevista para el día de hoy y se fijan en su lugar las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio BOO.906.00.1-66622 signado por la Delegada de la autoridad responsable Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, mediante el cual en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veinte, relativo al expediente administrativo CHI-L-1029-22-03-19 y acta de notificación de veintiséis de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo vigente, dese vista de lo anterior a la parte quejosa, para que, en el plazo de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, exprese lo que a sus intereses convenga. En el entendido de que, transcurrido dicho plazo, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia dictada en este juicio de Amparo, está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirse.

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