Abraham Bergen Peters

Expediente 1438/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1438/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Abraham Bergen Peters

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta que antecede y toda vez que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término que establece el artículo 86, primer párrafo, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1438/2020-VI, promovido por **************, por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, diez de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 61, 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la Delegada del Director Local de la Comisión Nacional del Agua Chihuahua, residente en esta ciudad; mediante el cual, informa que resolvió procedente el la solicitud de la parte quejosa relativa al expediente CHI-L-2963-11-11-19. Al efecto, remite copia certificada del oficio BOO.0906.01-6382 E, así como su respectiva notificación, practicada el uno de diciembre del año en curso. Ahora, es menester precisar que la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. En seguida, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos; cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable; es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En la especie, los actos reclamados consisten en lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: DEL DIRECTOR LOCAL CHIHUAHUA, DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, reclamo la omisión de emitir acuerdo y/o contestación a mi petición de Autorización para la transmisión de títulos, según fue solicitado por el suscrito y recibida la solicitud por la autoridad responsable el 11 de Noviembre del año 2019, al cual le fue asignado el num de exp. CHIL2963111119." Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, copia certificada de las constancias que acreditan que, el veintisiete de octubre de dos mil veinte, resolvió procedente la solicitud de transmisión de títulos y su registro, relativo al expediente administrativo CHI-L-2963-11-11-19. Asimismo, de las constancias que obran en el presente expediente, se desprende que el veintisiete de octubre de dos mil veinte, el Director Local, remitió el expediente administrativo al Registro Público de Derechos de Agua, con sede en Ciudad de México; para su debida calificación registral, quien a su vez, procedió a inscribir el título de concesión número 832660, el veintiocho de octubre de dos mil veinte. Respecto de las actuaciones anteriores, la parte quejosa quedó notificada el uno de diciembre mismo año. En estas condiciones, si el quejoso reclamó precisamente la omisión de la responsable de dar trámite a su solicitud y su correspondiente notificación, y durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad procedió en esos términos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la quejosa, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, se actualiza la causal invocada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del doce de enero dos mil veintiuno. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que el veinticuatro de noviembre del año en curso, se suspendió la tramitación del presente juicio de garantías, en cumplimiento a lo previsto por las circulares SECNO/24/2020 y SECNO/25/2020, suscritas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el treinta de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, respectivamente; mediante las cuales, se suspendieron las labores los plazos y términos procesales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de este Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, durante el plazo comprendido del tres al veintisiete del mes y año que transcurre; lo anterior, con la finalidad de proteger la salud de los justiciables, así como de los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Luego, toda vez el plazo de suspensión ha fenecido, se reanuda el trámite del presente juicio de amparo, en los términos precisados por el Acuerdo General 21/2020, del pleno del consejo de la judicatura federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes, que el trámite del juicio de garantías en que se actúa, se regirá bajo los lineamentos decretados en proveído de ocho de octubre del año en curso. Por otra parte, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, de la que se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el Secretario autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez, así como por el secretario con quien actúe, en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto. Además, agréguese lo de cuenta; con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del informe justificado de la autoridad responsable Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad; para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, téngasele designando como delegados en términos del artículo 9º de la ley de la materia, a las personas que menciona. De igual forma, téngasele ofreciendo como pruebas la documental que anexa a su informe justificado; la instrumental de actuaciones, así como la ??????? presuncional legal y humana, con las cuales hágase relación en la audiencia constitucional respectiva, ello con sustento en los preceptos 119 y 124, de la Ley de Amparo. Por último, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar

  4. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, de los que se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, de conformidad con la Circular SECNO/STCCNO/543/2020, suscrita el doce de noviembre de dos mil veinte, por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se suspende la tramitación del presente juicio de amparo. Ello es así, toda vez que a través de la diversa circular SECNO24/2020, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el treinta de octubre de dos mil veinte; informó que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19, en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua", con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las personas que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas; en la que se precisó que los órganos jurisdiccionales de este Decimoséptimo Circuito, se retrotraen al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19; durante el periodo comprendido del treinta y uno de octubre al trece de noviembre de dos mil veinte. Luego, el doce de noviembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó la propuesta de extensión de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19, en el Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, contenida en la circular SECNO/25/2020, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; en la que se extienden las medidas adoptadas el treinta de octubre del año en curso, durante el periodo comprendido del catorce al veintisiete de noviembre del año que transcurre; con la finalidad de proteger la salud de los justiciables, así como de los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Por tanto, este Juzgado de Distrito, continuará tramitando ocursos que sean considerados como "urgentes", independientemente de la forma de presentación; asimismo, dará seguimiento a los asuntos ya radicados que reúnan la misma naturaleza; procediendo a la suspensión de todos aquellos asuntos que no se encuentren dentro de este supuesto. De igual manera, se recibirán y tramitarán asuntos nuevos que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con la excepción de aquellos en los cuales se requiera celebración de audiencias o diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y no pueda desahogarse mediante videoconferencia o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. En ese contexto, se precisa que de conformidad con el AG 13/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, los asuntos considerados como urgentes, son los siguientes: "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: I. Los asuntos competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. II. En materia penal: a) Ejercicio de la acción penal con detenido; b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d) Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h) Determinaciones sobre extradición; i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j) Procedimiento abreviado; k) Suspensión condicional del proceso; l) En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción; m) En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. III. En ejecución penal: a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución; c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba; d) Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril de 2020; e) Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización); f) Asuntos relacionados con segregación y tortura; y g) Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento. IV. En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. V. En amparo civil: a) Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; b) Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y c) Amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. VI. Medidas cautelares en concursos mercantiles, ya sea que se trate de solicitudes o demandas nuevas, o los que ya estuvieran en trámite. VII. Declaración de inexistencia de huelga. VIII. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente, la omisión de emitir acuerdo y/o contestación relativo a la petición que dio origen al expediente administrativo CHI-L-2963-11-11-19, del índice de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad. En ese tenor, se advierte que en el presente juicio de garantías, no se reclama alguno de los actos señalados en el dispositivo legal antes transcrito; por tanto se suspende su tramitación, hasta en tanto se reanuden las labores de los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua. Por último, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

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