Abraham Bergen Peters

Expediente 1440/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1440/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Abraham Bergen Peters

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y toda vez que de la misma se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo auto causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la responsable no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad por lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso b), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. De igual forma, el presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, diez de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite el Director Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del título de concesión con número de registro 06CHI107665, relativo al expediente administrativo CH-L-2958-11-11-19, así como su respectiva notificación. Ahora, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias allegadas por la autoridad responsable anexas al oficio de cuenta, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, cabe destacar la jurisprudencia 2a./J. 9/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos diez, del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De lo anterior, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso, la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, en el artículo anteriormente transcrito, se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En el caso, el quejoso reclamó de la autoridad responsable la omisión de emitir acuerdo y/o contestación la solicitud presentada y registrada bajo el número de expediente CH-L-2958-11-11-19, para la concesión de transmisión de títulos. Ahora, de las constancias allegadas al expediente mediante oficio BOO.906.00.1.-6992, en que se actúa, pone de manifiesto que la autoridad responsable, mediante oficio BOO.0906.01.6454 E, remitió el título de concesión con número de registro 06CHI107665, derivado del expediente CHI-L-2958-11-11-19, y notificó según se advierte del acta practicada a la parte quejosa, por el notificador adscrito a la Comisión Nacional del Agua, el uno de diciembre de dos mil veinte, y la cual cuenta con firma autógrafa de recibido. En ese contexto, es evidente que han cesado los efectos de la omisión de substanciar y resolver la solicitud presentada y registrada bajo el número de expediente CH-L-2958-11-11-19, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, se actualiza la invocada causa de improcedencia, por lo que con fundamento en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia ciento tres, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia I.7o.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer circuito, consultable a página mil seiscientos, del Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Determinación a la que se arriba, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de improcedencia que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal que con ningún otro medio probatorio se puede desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender aguardar hasta que se verifique la audiencia constitucional para poder resolver el presente asunto, por ende, en perjuicio de la garantía de administración de justicia pronta y expedita tutelada por el ordinal 17 del Pacto Fundamental. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dado la determinación que antecede, se deja sin efectos la audiencia señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

  3. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que se trascurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable Director Local de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, para rendir su informe justificado. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la autoridad, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior, con acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril del 2000, página 5, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Por último, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular de este Juzgado, licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y dado que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; por ende, se declara que el mismo CAUSÓ ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto y 214, en relación con el tercero transitorio, de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, archívese el presente expediente como asunto concluido; hágase la anotación en el libro respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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