Abner Jimenez Giron

Expediente 1143/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1143/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Abner Jimenez Giron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la notificación personal de dieciocho de noviembre de este año, practicada por la fedataria judicial de este Juzgado de Distrito al directo quejoso Abner Jiménez Girón, en cumplimiento al auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, de la cual se advierte que la fedataria de este juzgado asentó las siguientes manifestaciones (se transcribe): "Solicita visita carcelaria de su defensor público". (sic). En consecuencia, se faculta al actuario judicial para que notifique a ****, autorizado en términos amplios del citado quejoso y le haga de conocimiento la manifestación de su representado; y se le requiere para que justifique ante este órgano jurisdiccional en un término de tres días contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, que mantuvo comunicación con el impetrante del amparo para atender la visita carcelaria que solicita en dicha notificación personal. Notifíquese; personalmente al directo quejoso en el lugar de su reclusión, así como a su defensor público. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y agréguese a los presentes autos el escrito signado por el Licenciado ***, Defensor Público adscrito al Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad y con tal carácter de ***, parte quejosa en el presente juicio de amparo y anexos, mediante el cual en cumplimiento al auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, manifiesta que ha mantenido informado a la parte quejosa de su asunto penal y del presente juicio, por lo que anexa acta de visita carcelaria de nueve de noviembre del año en curso. Conforme lo anterior, se tiene al citado Defensor Público, dando cumplimiento al auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, en consecuencia, esta Juzgadora tiene a bien a dejar sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. SE LEVANTA RESERVA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el diverso proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, este Juzgado se reservó de proveer el contenido de la notificación personal de dieciocho de octubre de la presente anualidad, así como del escrito de presentado ante esta autoridad federal el dieciséis de del mismo mes y año; por lo tanto, se levanta dicha reserva y se provee al respecto. Se le tiene a la parte quejosa ***, ratificando el escrito de diecisiete de octubre del año en curso, mediante la cual desahoga las prevenciones formuladas en el diverso proveído de auto de tres de octubre del año que transcurre. DESECHAMIENTO Ahora bien, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentran consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse; en el caso concreto la parte quejosa Abner Jiménez Girón, bajo protesta de decir verdad manifestó que el auto de formal prisión le fue notificado el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, surtiendo sus efectos el mismo día, y dicho plazo corrió a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 92 del anterior Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación practicada al aquí quejoso, de la resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados, de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor del acto tildado de inconstitucional. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional en el presente sumario, no se ubica en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando una norma autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que el promovente de amparo acude a esta vía constitucional, para reclamar ****. Así, tomando en consideración la fecha en que el quejoso aduce bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés (fecha en que ******), resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con artículo 17, en relación con el numeral 18, del mismo cuerpo normativo, se insiste, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, esto es, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado; entonces, el citado plazo inició el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, para concluir el veinte de septiembre del mismo año. Por ende, se considera que en tal caso debe atenderse a la regla general contenida en el primer párrafo del precepto 17 de la Ley de la Materia, en que se prevé que la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, pues sólo al legislador le corresponde exclusivamente imponer los plazos y términos para el ejercicio de acción y defensa ante los tribunales competentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1ª./J.14/2012 (9ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 62, Tomo 1, Agosto de 2012, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro digital 160015, que dice: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR. La reserva de ley establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", responde a la exigencia razonable de ejercer la acción en lapsos determinados, de manera que, de no ser respetados, podría entenderse caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales, lo cual constituye un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, la indicada prevención otorga exclusivamente al legislador la facultad para establecer plazos y términos razonables para ejercer los derechos de acción y defensa ante los tribunales." De ahí que, al haberse presentado la demanda de amparo génesis del presente sumario, hasta el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, como se advierte del sello de recepción del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad (foja 1); de tal suerte, que resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, el plazo para su presentación ocurrió posterior a que feneció el término concedido. Cobra aplicación al caso, la tesis aislada número 1a. CCCLXXI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 981, Tomo I, Noviembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, registro digital 2010501, que expone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." De igual forma, resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo I, Mayo de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, registro digital 2009174, que expone: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Debe decirse que la aplicación de los criterios antes citados, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dichas tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente; y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Finalmente, toda vez que del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 3, en el Estado de Chiapas (CERSS en su escrito de demanda,), con domicilio en ********; se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, para que le notifique el contenido íntegro presente proveído. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a su Defensor Público. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual ****, pretende desahogar la prevención formulada en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés (20-26). Atento a lo anterior, y previo a proveer lo que en derecho procede en relación con el contenido del escrito de cuenta, es dable precisar que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Por otra parte, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada por Abner Jiménez Girón, en la demanda de amparo, tal y como se advierte del siguiente cuadro comparativo: Firma de demanda Firma del escrito de cuenta Por lo anterior, no se tiene la certeza de que se trate de la misma persona; pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce del escrito inicial de la demanda de amparo. En consecuencia, a efecto de estar en posibilidades de proveer lo procedente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para que notifique personalmente al directo quejoso quien se encuentra interno en ***, de esta Ciudad; y lo requiera para que manifieste si ratifica o no la firma que calza el escrito que se atiende e indique si la reconoce como suya; lo anterior, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo. Toda vez que en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó la notificación del Licenciado ****, defensor público, para efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido, por lo tanto, se ordena al actuario judicial adscrito a este Juzgado, le notifique también el contenido del presente proveído. Notifíquese; personalmente al quejoso y a su defensor. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y agréguese el oficio signado por el Subdirector Regional del Instituto de Defensoría Pública, Zona 02, con sede en esta Ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés (fojas 28- 31), notificado mediante oficio 24725/2023, el once de ese mismo mes y año (foja 34), informa que se nombró al licenciado ****, Defensor Público en el Estado, adscrito al Juzgado de Ejecución de Tapachula, con domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en carretera ***; para que patrocine y asesore al quejoso ***. Conforme lo anterior, este Juzgado queda enterado de lo informado por la institución oficiante y se tiene por cumplido el requerimiento ordenado en auto de nueve de octubre de la presente anualidad, por ende, esta Juzgadora tiene a bien a dejar sin efecto el apercibimiento decretado en el mismo. Bajo ese contexto, se comisiona al Actuario Judicial para que notifique personalmente la presente determinación al Defensor Público ***, asimismo, en el acto de la diligencia lo requiera para que acepte y proteste el cargo conferido; por lo que, una vez que lo acepte, le dé vista al citado profesionista, con la notificación de cinco de octubre de la anualidad que transcurre (foja 27), a través de la cual, el impetrante de amparo se reserva el desahogo de las prevenciones formuladas en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés (fojas 20-26). En ese sentido, córrasele traslado al citado defensor, con copia de la mencionada notificación personal, el escrito de demanda, y del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés (fojas 20-26), para que dentro del término de cinco días a partir al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice las gestiones conducentes para asesorar al quejoso a fin de desahogar satisfactoriamente la prevención formulada en autos, o bien, manifieste la imposibilidad para hacerlo. También, se le hace de su conocimiento que quedan a su disposición la totalidad de las constancias que integran el juicio en que se actúa para que se imponga de las mismas. En el entendido de que el término para desahogar el requerimiento realizado en esa data, transcurrirá, hasta en tanto, surta efectos la notificación del presente proveído, que se realice al citado defensor, mismo acto en el que se le correrá traslado con las constancias mencionadas con antelación. Ilustra lo anterior, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sétimo Circuito, con número de tesis XXVII.1º.7 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 81, de diciembre de 2020, tomo II, página 1731, con registro digital 2022584, de rubro y texto siguientes: "TÉRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD SE LE NOTIFICA PERSONALMENTE EL PLAZO PARA AMPLIAR SU DEMANDA Y NO TIENE LA ASESORÍA DE UN DEFENSOR, A FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO COMPLETO Y EFICAZ A LA JUSTICIA, NO DEBEN CORRERLE AQUÉLLOS NI PRECLUIR SU DERECHO PARA EFECTUARLA. En la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, que permite ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. De esta forma, indicó que cuando una persona privada de la libertad, en virtud de un proceso penal, presenta la demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional del conocimiento debe prevenirle para que nombre a un abogado que la represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores; y, en caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el juzgador deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual, requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-, y ésta deberá prestarlo. En seguimiento a dicho criterio, cuando al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión se le notifica personalmente el auto que le otorga un plazo para ampliar su demanda de derechos fundamentales, pero no cuenta con la asesoría de un defensor, no debe correrle dicho término ni precluir su derecho a promover la ampliación, porque al privársele de esa asistencia, no se le brindan los elementos necesarios para instar. Por tal razón, en estos casos, para garantizar un acceso completo y eficaz a la justicia, los Jueces de amparo deben considerar que la promoción relativa es oportuna, mientras no se efectúe esa designación. Máxime cuando el recurso intentado y procedente contra el desechamiento de la ampliación es el de queja y no el de revisión, siendo el primero en el que no podría ordenarse la reposición del procedimiento para que se efectúe la designación y se le brinde la oportunidad para ampliar la demanda." Asimismo, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con número de tesis II.4o.P.23 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, de abril de 2022, tomo IIV, página 2894, con registro digital 2024481, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR ESTE DERECHO AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD, EL JUEZ DE DISTRITO, ADEMÁS DE VELAR POR QUE TENGA UN DEFENSOR, DEBE DARLE VISTA A ÉSTE CON LOS INFORMES JUSTIFICADOS RENDIDOS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ANTES DE SU DESIGNACIÓN, PARA QUE ESTÉ EN POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR SU CONTENIDO Y SU REPRESENTADO CUENTE CON UNA ADECUADA ASISTENCIA JURÍDICA. Hechos: En el juicio de amparo indirecto en materia penal el Juez de Distrito le designó un defensor al quejoso privado de la libertad; sin embargo, no le dio vista a dicho profesionista con los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables antes de su designación, solamente ordenó notificarle el informe que después rindió diversa autoridad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al quejoso privado de la libertad, el Juez de Distrito, además de velar por que tenga un defensor, debe darle vista a éste con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables antes de su designación, para que esté en posibilidad de desvirtuar su contenido y su representado cuente con una adecuada asistencia jurídica. Justificación: Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), estableció que con la finalidad de ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando una persona privada de la libertad en virtud de un proceso penal promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional debe prevenirla para que nombre a un abogado que la represente y, en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, deberá designarle uno de oficio, en el entendido de que el incumplimiento de esta obligación constituye una violación a las normas fundamentales del procedimiento, que trae como consecuencia la reposición del juicio de amparo, siempre que no genere mayor beneficio la resolución de fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Por esa razón, para garantizar el derecho señalado, el Juez de Distrito debe darle vista al defensor con los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables antes de su designación, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga de su contenido y, en su caso, controvertirlos, pues el ejercicio del derecho citado implica que el quejoso cuente con una adecuada asistencia jurídica; de no hacerlo, dicha omisión constituye una violación a las normas fundamentales del juicio de amparo, con trascendencia al resultado del fallo, que tiene como consecuencia la reposición del procedimiento, en términos del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia." Hágase del conocimiento de lo anterior a la parte quejosa en el lugar donde guarda reclusión hasta en tanto el Defensor de referencia acepte y proteste el cargo conferido. Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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