Adarely Ferrer Jaime

Expediente 631/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 1 actuación registrada, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
631/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Adarely Ferrer Jaime

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 8739/2022, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 666/2022, de la estadística del referido juzgado. Con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, promovido por ***, contra actos de las autoridades: 1. Comandante de la VII Región Militar, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2. Comandante de la 36-A Zona Militar y Presidente del Consejo de Honor de la 36-A Zona, con sede en esta Ciudad. De quienes reclama: La posible orden emitida por el Comandante de la Séptima Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que se convoque ante el Consejo de Honor de la 36ª. Zona Militar en esta ciudad y se realice en contra de la aquí quejosa un procedimiento seguido en forma de juicio. El oficio *** 3500, de once de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se le comunica la orden para que comparezca a audiencia pública de Consejo de Honor, el uno de junio de dos mil veintidós, ello a fin de determinar respecto de la conducta presentada durante el año dos mil veintiuno, en virtud de que en el transcurso de ese año, acumuló un total de treinta y seis días de arresto, derivados de cinco correctivos disciplinarios. La omisión para dar respuesta a su solicitud de once de mayo de dos mil veintidós. La omisión para dar respuesta a su solicitud de trece de mayo de dos mil veintidós. Acúsese el recibo de estilo, vía interconexión, para lo cual se autoriza a la actuaria de la adscripción que corresponda, firmar electrónicamente el mismo e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 631/2022 VIII-B. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (.) Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La posible orden emitida por el Comandante de la Séptima Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que se convoque ante el Consejo de Honor de la 36ª. Zona Militar en esta ciudad y se realice en contra de la aquí quejosa un procedimiento seguido en forma de juicio. El oficio *** 3500, de once de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se le comunica la orden para que comparezca a audiencia pública de Consejo de Honor, el uno de junio de dos mil veintidós, ello a fin de determinar respecto de la conducta presentada durante el año dos mil veintiuno, en virtud de que en el transcurso de ese año, acumuló un total de treinta y seis días de arresto, derivados de cinco correctivos disciplinarios, consistentes en: (..) La omisión de dar respuesta a sus solicitudes de once y trece de mayo de dos mil veintidós No pasa inadvertido para el suscrito que la quejosa refiere que se duele de la omisión de doce de mayo de dos mil veintidós; sin embargo de la documental que anexa a su escrito de demanda se advierte que dicha petición es de trece del mes y anualidad citados. Establecido lo anterior, con relación a los actos reclamados consistentes en la posible orden emitida por el Comandante de la Séptima Región Militar, con sede en Tuxtla, para que se convoque ante el Consejo de Honor de la 36ª. Zona Militar en esta ciudad y se realice en contra de la aquí quejosa un procedimiento seguido en forma de juicio y el oficio *** 3500, de once de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se le comunica la orden para que comparezca a audiencia pública de Consejo de Honor, el uno de junio de dos mil veintidós, ello a fin de determinar respecto de la conducta presentada durante el año dos mil veintiuno, en virtud de que en el transcurso de ese año, acumuló un total de treinta y seis días de arresto, derivados de cinco correctivos disciplinarios: (.) Respecto al acto citado en párrafo que antecede, el suscrito considera que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, inciso b) del precepto 107, de dicho ordenamiento legal, aplicada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis integral del numeral transcrito en el último párrafo se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que son: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla consistente en que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es notable que lo establecido en el inciso a) del numeral y fracción que se analizan, el legislador sigue, en esencia, el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en el cual instituyó que dicho juicio sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas como las cometidas en el curso del procedimiento). En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva, y si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones al procedimiento. Entonces, si la regla general es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva, resulta evidente que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal para hacer expeditos los procedimientos administrativos, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, produciría, en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Apoya a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 196 del tomo XVII, abril de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. (.) Ahora bien, acerca del procedimiento administrativo para colocar a un militar en situación de retiro, al resolver la contradicción de tesis 317/2013,1 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que dicho procedimiento administrativo, se integra de 4 etapas, a saber: 1) declaración de procedencia de retiro; 2) otorgamiento del beneficio económico de retiro; 3) sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y, culmina con la 4) orden de baja en el activo y alta en situación de retiro emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda. En tal virtud, dicho criterio es aplicable de manera analógica para determinar que el procedimiento administrativo de separación definitiva de un miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, consta de etapas que culminan con la orden de baja emitida por el Secretario de la Defensa Nacional. En ese sentido, cabe precisar que la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tiene por objeto preservar la disciplina militar como principio de orden y obediencia que regula la conducta de los individuos que integran las fuerzas armadas, de tal manera que es la base fundamental para defender los intereses de la Patria. Por lo que quien incumpla con las disposiciones que al respecto se emitan, será sujeto de sanción por medio del Consejo de Honor que se establecerá en cada unidad militar, razón por la cual, el citado Consejo tendrá facultades para dictaminar sobre los castigos que deban imponerse de acuerdo a la infracción atribuida, incluso solicitar la baja del elemento por medio del Secretario de la Defensa Nacional, como se advierte de los numerales 34, 35, 36 y 40 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que a continuación se transcriben: (.) Por lo tanto, la orden reclamada sólo constituye una etapa del procedimiento seguido en forma de juicio (inicio del procedimiento), que por sí mismo no produce efectos jurídicos irreparables, ni afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, puesto que el Consejo de Honor aún no determina mediante la respectiva resolución la sanción a la que será merecedora por las faltas cometidas, la cual de dictarse, pudiera ser confirmada o revocada por el Secretario de la Defensa Nacional. En esa tesitura, dada la característica de procedimiento iniciado y seguido en forma de juicio en el que la autoridad prepara su decisión final y da intervención al gobernado, las violaciones que pudieran estimarse cometidas en cada una de las fases que lo conforman, pueden impugnarse a través del juicio de amparo hasta que se dicte la resolución definitiva con que éste culminará, y que será el acuerdo emitido por el Secretario de la Defensa Nacional por el cual, en su caso, determine el resultado del procedimiento administrativo instaurado. Lo anterior pone en evidencia que el acto combatido no constituye una resolución definitiva sino, por el contrario, es un acto emitido dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que no es susceptible de impugnación a través del juicio constitucional sino hasta que se emita una resolución definitiva, esto es, hasta en tanto se resuelva el procedimiento administrativo correspondiente. Resulta aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, segunda parte-2, Enero-Junio de 1989, Octava Época, visible en la foja 579, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. (.) Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el acto reclamado no constituye actuación que viole algún derecho sustantivo y tampoco priva a la parte quejosa del derecho de defensa, pues como ya se dijo, el hecho que la autoridad responsable haya emitido el acto reclamado, es una actuación con la que se da seguimiento al procedimiento, no se relaciona de forma alguna con derechos sustantivos, lo que provoca que los efectos del acto en estudio no se identifiquen con la fracción invocada de la ley de la materia, pues no ocasiona en su esfera un daño de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, son aquéllos que afectan de modo directo algunos de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución, sin que queden comprendidos en este concepto los derechos procesales o adjetivos, cuyos efectos quedan destruidos al obtener un fallo favorable que resuelva el procedimiento o juicio de que se trate, como se observa en las jurisprudencias consultables en la Compilación de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, páginas ciento sesenta y cuatro y ciento cincuenta y siete, que respectivamente establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ¨ejecución irreparable¨ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. (.) Se estima lo anterior, porque todavía existe la posibilidad de que la ahora quejosa pueda obtener una resolución favorable a sus intereses al final del procedimiento que traería consigo que se convirtieran en intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse del acto ahora reclamado, pues la autoridad deberá examinar los hechos, y los fundamentos de derecho, valorar los medios convictivos, en caso de ofrecerlos, y se dictará la resolución administrativa que proceda, lo que se destaca porque no debe perderse de vista que la ejecución irreparable para efectos del inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo debe presentarse en forma tal, que la violación no pueda ser remediada aun con el dictado de una resolución favorable, como ya se precisó, y en la especie esto no acontece. En ese sentido, es menester precisar que la quejosa no se ubica en el supuesto previsto en el segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B de la norma 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que de conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la restricción prevista en ese numeral, consistente en que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, únicamente aplica para los agentes del Ministerio Públicos, peritos y miembros de las instituciones policiales, no para los elementos del Ejército Mexicano. De ahí que, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues en caso de que en la resolución emitida en el procedimiento administrativo instaurado no sea a su favor, es posible que si obtiene una resolución favorable en el juicio de amparo que, en su caso, promueva en su contra, puede lograr la restitución de sus derechos afectados, pues no se encuentra condicionada a la aplicación de la restricción constitucional establecida en el segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 172/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4428, Décima Época, con registro digital 2021887, del rubro y texto siguientes: "MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. LA RESTRICCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO LES ES APLICABLE CUANDO HAYAN OBTENIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU BAJA. (.) Por lo expuesto, se considera que la demanda no se ubica en el supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo y, por ende, la parte quejosa deberá esperar hasta el dictado de la resolución con la que concluya el procedimiento, para hacer valer las violaciones que considera que se han cometido en su contra, pues de lo contrario, el acto reclamado no revestiría el carácter de definitivo. Tiene aplicación por las razones que expone la tesis II.3o.A.26 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 1912, libro 9, tomo III, agosto de 2014, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. SI BIEN, POR REGLA GENERAL, EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA SU ÚLTIMA RESOLUCIÓN, EXCEPCIONALMENTE, LOS ACTOS INTERMEDIOS SON INMEDIATAMENTE IMPUGNABLES EN ESA VÍA CUANDO SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O EL JUICIO SE PROMUEVA POR TERCEROS EXTRAÑOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE2013). (.) De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, mayo 2014, tomo III, visible a página 1539, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado consistente en:  La omisión de dar respuesta a sus solicitudes de once y trece de mayo de dos mil veintidós. En ese sentido, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un procedimiento en forma de juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la resolución que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento en forma de juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Sirve de apoyo, por su idea, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en la que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto. Por ello, se estima que los actos dictados en los procedimientos en forma de juicio siguen la misma suerte y, por ende, son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y solo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En el caso, la parte quejosa se duele de la omisión de dar respuesta a sus escritos de once y trece de mayo de dos mil veintidós, de parte de la autoridad responsable Comandante de la Trigésima Sexta Zona Militar y Presidente del Consejo de Honor, con sede en esta ciudad, en las que solicitó copias certificadas de los certificados médicos de veintiséis de septiembre y de siete de octubre de dos mil veintiuno, así como del consentimiento otorgado por la promovente, para que le practicaran examen médico o de laboratorio y del documento en el que se le realizó las recomendaciones con respecto al correctivo disciplinario de diez de diciembre de dos mil veintiuno; de igual forma, solicitó que se tomen la medidas pertinentes a efecto de que la audiencia señalada el uno de junio del dos mil veintidós, sea videograbada. Al respecto, este juzgador estima que dichos actos no constituyen para la parte promovente del amparo un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Para afirmar lo anterior, debe precisarse que cuando un individuo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, no obstante que se duela de violaciones al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo; por tanto, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el caso concreto, en virtud de que la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable no ha dictado la determinación correspondiente en el procedimiento de origen. Asimismo, dado que, por regla general, las omisiones en que incurre una autoridad al no acordar promociones de las partes en el procedimiento, o de proseguir en tiempo con su trámite, resulta una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. En efecto, los actos reclamados no tienen una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato, ya que no vulnera o menoscaba derechos sustantivos de las partes; por el contrario, únicamente produce efectos en el procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, una vez que se emita la resolución correspondiente. Lo anterior fue establecido por la Segunda Sala del citado Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 352/2015, en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, de la cual derivó la jurisprudencia 48/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el seis de mayo de dos mil dieciséis, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Por otro lado, cabe señalar que tampoco se está ante una abierta dilación del procedimiento o paralización total de este que amerite declarar procedente el presente juicio, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Lo anterior es así, pues al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se estime la existencia de una abierta dilación al procedimiento, susceptible de ser reclamada en vía de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad debió pronunciarse o realizar el acto procesal respectivo. Así lo plasmó en la jurisprudencia 2a./J.33/2019, con registro número 2019400, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De esta forma, atendiendo al contenido de dicho criterio jurisprudencial, el término de cuarenta y cinco días naturales que prevé, es el referente para estimar si en el caso existe una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. En ese contexto, en el presente asunto, la petición cuya respuesta reclama la parte quejosa, se realizó mediante escritos presentados el once y trece de mayo del año en curso, ante el Comandante de la 36ª Zona Militar y Presidente del Consejo de Honor, con sede en esta Ciudad, como se aprecia de los acuses de recibo que adjuntó a su demanda de amparo. En tal virtud, el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, inició el doce y catorce de mayo del año en curso, respectivamente, y concluirá el veinticinco y veintisiete de junio de esta anualidad, en su orden, con lo cual se tiene que a la fecha de presentación de la demanda constitucional (diecinueve de mayo de dos mil veintidós), habían transcurrido solo ocho días naturales respecto del escrito de once de mayo del año en curso y seis días naturales en relación al diverso ocurso de trece de mayo de la anualidad que transcurre, a partir de las fechas en que fueron formuladas dichas peticiones. De acuerdo a lo anterior, tal dilación no puede entenderse como una paralización total del procedimiento, y por tanto, la falta de contestación de que se duele la parte quejosa, no afecta derechos sustantivos, sino que solamente contraviene normas procesales durante la tramitación del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. De ahí que el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Luego entonces, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia antes analizadas, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por su propio derecho. JUCIO EN LÍNEA Y AUTORIZADOS Ahora, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 16 y 45 del ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, háganse las notificaciones personales que le correspondan a la parte quejosa a través del juicio en línea, con el usuario ***, relacionado con el correo electrónico ***. Sin que sea necesario proveer respecto del domicilio físico que proporciona la quejoso, en virtud que las notificaciones personales le serán hechas vía electrónica, por cumplir con los requisitos para juicio en línea establecidos en el citado Acuerdo General citado en el párrafo que antecede. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******; por no tener sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y Tribunales Federales. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus ***, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el arábigo 5 del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus Covid-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 962-698-7434, extensión 1101 y 1108. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus ***, para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CREACIÓN E INICIO DEL JUZGADO Toda vez que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes.

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